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Nacionales - 09-09-2020 / 09:09
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El macrismo solivianta a la Policía Bonaerense y convoca a un cacerolazo de apoyo

El macrismo solivianta a la Policía Bonaerense y convoca a un cacerolazo de apoyo
En medio de toda la vorágine, aparecieron los oportunistas de siempre. Como si algo le faltaba al tenso momento que se vive en las fuerzas de seguridad bonaerense, ahora se le suma la militancia 2.0 por parte de los dirigentes Juntos por el Cambio y los trolls rentados del macrismo, pidiendo un cacerolazo de apoyo.
Numerosos fantasmas recorren las manifestaciones de sestores de la Policía Bonaerense. El Gobierno de Axel Kicillof anunció que habrá subas ya previstas, mientras los grandes medios porteños y el sector más gorila del macrismo se lanzaron desaforadamente a erosionar la gestión del gobierno provincial, y legisladores y dirigentes de Juntos Por el Cambio salieron en respaldo de la desobediencia policial.
 
En el gobierno de la Provincia entienden que la situación es compleja en varios niveles y reconocen que los salarios policiales acumularon un retroceso del 30 por ciento de su poder adquisitivo durante los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal.
 
Desde hace tiempo está claro que los ingresos policiales se vienen deteriorando fuertemente. Siempre estuvieron por debajo de la Policía Federal y la Policía de la CABA, pero los "negocios" ilegales completaban los sueldos. La pandemia produjo un cambio total en esa situación:
 
* No hay partidos de fútbol, que no sólo implican horas extras, sino "negocios" con las barras bravas. Estacionamientos, puestos de comidas y hasta cobertura en distintos delitos.
* El coronavirus terminó con otros peajes, como el de la prostitución, los curanderos o las ferias de productos falsos.
* La actividad de los desarmaderos -y por lo tanto el robo de autos- bajó al caer la demanda de repuestos. También el juego clandestino.
* Al no haber atención masiva en los bancos -solo con turnos- se redujo la tajada por permitir estacionamientos o hacer viajes de custodia.
 

 
Por otra parte, un sector de Policía Bonaerense está utilizando la decadente situación en la que siempre se encontró la fuerza para doblarle el brazo al ministro de Seguridad Sergio Berni, quien llegó a un acuerdo con los intendentes para que ellos formen parte de las policías departamentales.
 
A su vez, el desembarco de las fuerzas federales en el conurbano encendió las alertas de más de un comisario corrupto. Alberto Fernández encabezó el lanzamiento del plan de seguridad que tiene como punto central el desembarco de 4.000 efectivos de las fuerzas federales en el conurbano bonaerense. "Ellos llegan, no tienen idea de los acuerdos de los efectivos de la zona y muchas veces descubren casos de corrupción que comprometen a los policías bonaerenses", confesaron.

 
La protesta no es política, es un reclamo económico justo. Pero en medio de toda la vorágine, aparecieron los oportunistas de siempre. Como si algo le faltaba al tenso momento que se vive en las fuerzas de seguridad bonaerense, ahora se le suma la militancia 2.0 por parte de los dirigentes Juntos por el Cambio y los trolls rentados del macrismo, pidiendo un cacerolazo de apoyo.

Las operaciones opositoras buscan profundizar el conflicto. El macrismo alienta la desobediencia de la mano de los retirados y exonerados. Los manifestantes no consiguen unificar una representación que facilite el diálogo, por lo que el gobierno provincial mantiene su plan de anunciar el jueves los aumentos prometidos.
 
La Opinión Popular
 
 
UN RECLAMO FOGONEADO POR MÚLTIPLES VIENTOS
 
Policía bonaerense: ¿de dónde sale la protesta?
 
Numerosos fantasmas recorren la protesta de los policías bonaerenses. Se sabe que un suboficial o un oficial, por más que tenga bajos ingresos, no se lanza a la calle sin tener un guiño "de arriba" y hay acusaciones cruzadas sobre ese visto bueno. El primero que aparece apuntado es el jefe de la Bonaerense Daniel Alberto "El Fino" García, porque es su tropa la que rompió la disciplina.
 
En Puente 12, en La Matanza, estuvo García reunido con los congregados y les dijo: "yo estoy con ustedes. ¿Qué problema tienen?". Detrás de él operaron una serie retirados, exonerados y funcionarios de algunos municipios que alentaron las protestas, muy en línea con dirigentes de Cambiemos. No es casual que Florencia Arietto, la exfuncionaria de Patricia Bullrich, haya hablado hasta de "protesta general" el domingo pasado.
 
Este martes al mediodía, el ministro Sergio Berni les propuso a los 500 reunidos en Puente 12 que formaran una comisión para mantener un diálogo y evaluar los reclamos. Pero los policías, ex policías, exonerados y familiares reunidos allí no se pusieron de acuerdo y en todo el día no pudieron designar un grupo representativo ni entregar un petitorio.
 
El sistema que rige es que el que quiere toma el micrófono de los medios principalmente opositores, habla, lo aplauden y termina yéndose. En muchísimos casos, los integrantes de los Comandos de Patrulla no se conocen entre sí, de manera que resulta complicado elegir alguien que los represente.
 
De acuerdo a la información oficial, pese a la protesta, los servicios se siguen prestando y el 911 responde en forma normal. En conferencia de prensa el martes por la mañana, Berni y el jefe de Gabinete Carlos Bianco evaluaron "un retraso del treinta por ciento" en el salario policial y recordaron que el Gobierno provincial tenía subas previstas en un Plan Integral de Seguridad que se anunciará en unos días.
 
 
¿Negociaciones?
  
Al atardecer ya quedaba claro que sectores de la oposición buscaban ponerle aún más fuego al conflicto salarial, con alientos más o menos explícitos. Cambiemos dejó la marca en el orillo con un comunicado en que le reclamó al gobernador Axel Kicillof que "atienda los reclamos salariales" en lugar de instar a los efectivos a que depongan su actitud.
 
Exoficiales de la Bonaerense intentaron convencer a los efectivos en cada una de las zonas, a veces con éxito y otras con rechazos, y los referentes que aparecían eran oficiales o suboficiales que tuvieron peso durante la gestión de María Eugenia Vidal.
 
Este diario pudo constatar que el 911 sigue funcionando, que los patrullajes se estaban haciendo --aunque en unos pocos distritos se disminuyó la intensidad--, y que en las concentraciones participaban esencialmente familiares de policías o efectivos que no estaban en turno.
 
Eso no significa que los uniformados en servicio discreparan con los reclamos: hay unanimidad en que existe un notorio atraso salarial. También se pide, por ejemplo, que los servicios de Policía Adicional, que son las horas extras, no se demoren 120 días, que se aumente el valor de las horas Cores (Compensación de Riesgo de Servicio), que haya atención en materia de medicamentos y que se les suministren los elementos necesarios frente a la pandemia.
 
Hay reclamos que no son explícitos pero son tradicionales en las fuerzas. No hubo un cambio significativo en la conducción de la Bonaerense, con lo que muchos oficiales que esperaban ascensos quedaron a la espera y eso produce malestar en todos los niveles. Además, no hay una cúpula que sea del riñón del nuevo gobierno.
 
Según una estimación oficial, este martes hubo concentraciones en el Gran Buenos Aires y en el interior provincial: en total fueron 25. En la mayoría de los casos no se trató de presencias masivas, pero sin dudas es una ruptura de la disciplina y un hecho de trascendencia.
 
La cuestión no es fácil de resolver porque no hay referentes ni líderes globales con los que establecer un diálogo. No existe un sindicato -prohibido por ley- y en las redes aparecen pliegos de condiciones que supuestamente sintetizan los pedidos de los policías, pero que no tienen real representatividad y en algunos casos carecen de toda lógica.
 
La responsabilidad inicial de encauzar la situación le corresponde al jefe de la Bonaerense, El Fino García, un hombre que fue el número 2 del anterior titular de la fuerza, Fabián Perroni, quien apareció en su momento en los timbreos de Cambiemos.
 
Berni mantuvo a García en el cargo pese a ser un hombre de directa relación con el anterior ministro, Cristian Ritondo. Desde un punto de vista objetivo, un jefe es el responsable de la ruptura de la disciplina de sus subalternos, más en fuerzas verticales como son las policías.
 
Como es obvio, el que debe manejar la situación es el ministro del área, Berni, para lo que envió a un delegado a la concentración de Puente 12. Dado que no hay una comisión de los policías, al cierre de esta edición se barajaba directamente hacer un anuncio con los aumentos y las mejoras en las condiciones de trabajo.
 
Como viene sucediendo con casi todos los hechos, la oposición y los medios alineados se lanzaron desaforadamente a alentar el conflicto y la ruptura de la disciplina. El objetivo -como ocurrió con las tomas de tierras, el coronavirus y con casi todos los temas- es erosionar al gobernador Kicillof. Cerca del mandatario señalaron: " Es un reclamo genuino, lo reconocemos y por eso estábamos trabajando en la recomposición salarial en el marco del plan integral".
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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