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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-09-2020 / 09:09
ANÁLISIS POLÍTICO SEMANAL

La derecha ataca con el tema de la inseguridad

La derecha ataca con el tema de la inseguridad
EL MÉTODO DE LA OPOSICIÓN TIENE SUS ÉMULOS EN EL OFICIALISMO. Volvió la agenda de Bullrich: la amenaza represiva. El ala derecha de la coalición gobernante entra en el juego, motivando un internismo que debilita a Fernández y al gobernador Axel Kicillof. El ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni es el emisor más potente e irresponsable. Parece dedicado al divisionismo.
Simplifica, miente simplificando, que algo quedará. La derecha política o mediática reformula el consejo de Goebbels y lo aplica cotidianamente. El Consejo de Juristas se cifra en "Berardi". La Reforma judicial en "la cláusula Parrilli". Confundir, adrede, la parte con el todo.
 
Demonizar a determinados protagonistas "garpa" al menos para una platea ideológicamente afín y emocionalmente predispuesta a la ira. Desde ya, la máxima generadora de los males es la vicepresidenta Cristina Fernández.
 
Inventar problemas, exagerarlos, exasperar, constituyen labores diarias. Cuando no hay un problema, se inventa. Más fácil es magnificar o distorsionar los que existen.
 
La inseguridad, por ejemplo, que afecta y preocupa a la gente común. Para narrarla, también se miente, manipula y simplifica. Minga de contexto, me ne frego en la historia y los precedentes.
 
Una narrativa falaz propone un puro presente, exclusiva responsabilidad del actual gobierno. O de otros chivos emisarios: los pobres, los vagos, los piqueteros, los barones del conurbano. Hasta los mapuches caen en la volteada.
 
El empobrecimiento general agranda las necesidades. Estos trazos (por si hace falta remarcarlo) no justifican las violaciones a la ley ni las reparan. Apenas tratan de encuadrarlas. Simplificar, el designio de las derechas. Complejizar, comprender sin resolver, el karma de los progresismos, las centro izquierdas, los nacional -populares.
 
Profesionales de la salud, fatigados y sobre exigidos alertan a la sociedad civil y a mandatarios. El incremento de indicadores tremendos en materia sanitaria es una amenaza cabal, creciente, terrible. El peligro del desborde social es incomparablemente menor.
 

 
De las violencias a las tomas:
 
El número de delitos creció en 2019 pese a la política represiva del macrismo. Bajó el número de homicidios, una tendencia de años. El colega Raúl Kollmann lo describió rigurosamente días atrás en Página 12: https://www.pagina12.com.ar/289416-el-delito-con-macri-crecio-pese-a-la-mano-dura
 
En pandemia las violencias se incrementan, en todo el planeta. Crecen desde el pie, acrecientan tendencias preexistentes, no arrancan de cero. Michelle Bachelet, funcionaria de las Naciones Unidas, da cuenta del fenómeno global, con especial énfasis en delitos graves intrafamiliares o femicidios.
 
En la Argentina ocurre lo mismo. Las explicaciones son evidentes: el hacinamiento o la convivencia más extendida, las dificultades de las víctimas para pedir auxilio. Montado sobre la base anterior, de por sí tremebunda.
 
Las estadísticas criminales, como todas, pecan de imperfección en la inédita coyuntura. Registran la rareza de marzo-abril, los meses de la cuarentena intensa en todo el país.
 
A ojo, funcionarios avezados registran que durante ese lapso creció la violencia a nivel privado mientras bajaron de modo atípico e insostenible en el tiempo ciertos delitos que requieren "gente en la calle" desde arrebatos o salideras hasta venta de droga al menudeo. Como los accidentes de tránsito, otra variable dependiente de la "normalidad" que volverá a subir.
 
La violencia institucional, las violaciones recurrentes de derechos Humanos, se agravan con la omnipresencia de las Fuerzas de Seguridad, empoderadas por discursos benevolentes o elegíacos que algunos uniformados traducen a su manera.
 
 
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El default novedoso:
 
El lunes pasado el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron el resultado de canje de deuda con acreedores privados. El martes un editorialista de Clarín anunció la existencia de "default en Seguridad". Alejado en parte el económico, la guerra enfila hacia otros frentes.
 
Tras cartón llueven novedades sobre el punto. "Las encuestas", aseguran, revelan que la inseguridad es la máxima preocupación de los argentinos, por delante de la economía o la salud. La encabezaban hasta que se cerró el canje, mirá vos.
 
Los sondeos no se detallan, su unanimidad es sospechosa. Este cronista es ateo frente a esa religión, las encuestas de opinión suelen fallar por problemas técnicos, mala fe. A veces, devoción a quien las paga. Añádale la dificultades para medir durante la peste... no les crea, lectora o lector.
 
Se visibilizan crímenes urbanos, dolorosos, cuyas víctimas son personas comunes, trabajadoras. La empatía de otros argentinos es automática, justificada tanto como la noticiabilidad de los delitos. Se carece de indicadores cuantitativos, por ahora. Los opositores resuelven que se incrementaron. Se torna imposible convalidar o refutar de plano las afirmaciones.
 
La mirada dominante enfoca las "tomas", ocupaciones de terrenos. No nacieron en agosto ni de un repollo. Son una constante que se prolonga desde décadas atrás. Muchos barrios o villas actuales comenzaron así. De nuevo, suceden y alarman a las autoridades (intendentes en especial) de cualquier bandería.
 
La derecha punitivista propugna soluciones rústicas para cuestiones multicausales. El reduccionismo se expande. Las argumentaciones sociales se desechan con desdén. No son grupos de personas pobres, señalan con el dedito en ristre, sino un negocio inmobiliario de un puñado de vivos.
 
La escalada verbal alisa terreno para una réplica represiva. El ala derecha de la coalición gobernante entra en el juego, motivando un internismo que debilita a Fernández y al gobernador Axel Kicillof.
 
El ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni es el emisor más potente e irresponsable. Parece dedicado al divisionismo. Viene "diferenciándose" de su par nacional Sabina Frederic desde el comienzo de la gestión. Con franqueza tan proverbial como reprobable, emite spots de campaña.
 
Frente a las tomas copa el lado derecho del mapa político. Acusa al Movimiento Evita, en general y a Fernando "Chino" Navarro en especial. Es el segundo funcionario nacional al que descalifica. Su verborragia preocupa al presidente quien --comentan fuentes indubitables de la Casa Rosada-- le encareció más de una vez que se callara. Berni, describe con gracia el periodista Martín Rodríguez, se define como soldado pero obra como francotirador.
 
La desmesura verbal más grave la comete Berni al discutir con Cristina Castro, la madre de Facundo. Lo hace a cielo a abierto, en franca disparidad de poder. El respeto a las víctimas es una de las mejores claves de la historia reciente, maltratarlas la contradice.  El funcionario, para peor, viene derrapando en esa cuestión. Prometió encontrar vivo al pibe, un exceso de voluntarismo o de soberbia.
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, siempre busca oro en el filón de la mano dura. Se aparta de sus labores específicas para anunciar que se privará de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los supuestos okupas.
 
Un despropósito, ajeno a su competencia, no previsto en las normas respectivas. Un derecho social no se quita así como así solo por una denuncia... menos que menos en un gobierno peronista. Massa lo sabe pero su objetivo es armonizar con sectores de opinión pública encolerizados. Azuza la estigmatización de los "planeros".
 
Otros integrantes del Gobierno aluden a la génesis social de las tomas. La necesidad, agravada por la larga recesión y el derrumbe económico en los meses recientes. La polémica los condiciona y pone a la defensiva.
 
Las preguntas por "sí" o por "no" operan como un arma para quitar densidad a los debates. "Por sí o por no. ¿Ocupar terrenos es delito?" Queda bárbaro responder afirmativamente, es derechísticamente correcto. Algunos funcionarios caen en la celada o quedan entrampados.
 
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A criminalizar, a criminalizar:
 
Las tomas preocupan a los intendentes, atentos a las reacciones de los vecinos. El Estado tiene deberes varios respecto del derecho a la vivienda digna: prohijar ocupaciones de predios no se cuenta entre ellas. Puesto de otra manera: tiene deberes más estrictos. También la carga de preservar el orden público.
 
Los punitivistas cortan el nudo gordiano: criminalizan las tomas. Son delito, alegan. En una interesante columna de opinión publicada el sábado en este diario Juan Grabois (referente de MTE/UTEP) explica las tomas, desde un ángulo social y político.
 
En materia jurídica, el abogado Grabois interpela "ocupar no es usurpar (...) existe algo llamado derecho penal". Tiene razón. En un breve diálogo telefónico el profesor-presidente Alberto Fernández discurre parecido.
 
"El derecho penal no resuelve todo. El delito de usurpación no está previsto para estos casos. Si yo fuera juez no condenaría a quien se instaló en estado de necesidad. Menos en pandemia cuando se le pide a la gente que se guarezca, que se quede en sus viviendas". Redondea con un tecnicismo: "Sería una acción típica pero no antijurídica".
 
El mandatario conoce, por boca de periodistas y alcaldes conurbanos, que hay personajes que venden tierras que no les pertenecen, o cobran un alquiler trucho, abusando de la necesidad de los humildes. Esas personas sí delinquen, agrega este cronista, cometiendo estafa solo para empezar. Pero explotan a gente común, carenciada: no la representan ni expresan a su conjunto.
 
Eduardo de la Serna, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, conoce como baqueano a esas prácticas y a los territorios en que vive. Publicó este sábado: "es de esperar que haya buenas políticas sociales, habitacionales que eviten la cantidad de personas que lucran con la necesidad: narcotraficantes, punteros políticos, avivados, fuerzas de seguridad, empresarios inescrupulosos".
 
Otra vez se toma una partecita, la peor, para descalificar al todo... y clamar para que encanen a los que buscan una morada. Sin ser jurista, sin usar la jerga técnica, De la Serna da en la tecla desde un punto de vista moral: "los pobres, que deben dejar la casa paterna con sus nuevas familias y encuentran terrenos no aptos, pero al menos posibles, ¿roban?" pregunta. Como buen predicador, induce a la respuesta ética.
 
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La política también existe:
 
La construcción de viviendas es, quizás, la política pública central entre los planes reactivadores de Fernández. La persistencia del virus lentifica la instrumentación. Se prolonga la gigantesca deuda interna.
 
Las controversias internas en el Frente de Todos (FT) corresponden a roles diferentes y a ambiciones distintas. El modo de participar en las futuras acciones diferencia a movimientos sociales e intendentes.
 
Existen también reyertas entre Berni y los alcaldes. El plan de seguridad lanzado el viernes complace de modo diverso a distintos protagonistas. Los intendentes, de todas las fuerzas políticas, celebran tener recursos técnicos, más efectivos, móviles, cámaras etc.
 
Saben que eso sintoniza con los reclamos de la gente común. Berni pudo haber sido puenteado un poquito pero se atendió a una demanda iniciática suya: el envío de gendarmes para ampliar el número de uniformados en las calles.
 
De cualquier modo, las tensiones o los (válidos) objetivos diferentes necesitan sustanciarse con cuidado porque acecha una oposición a menudo salvaje que quiere erosionar al Gobierno. Su facción más extrema, temible y minoritaria va por más: coquetea con una opción destituyente. Los de afuera juegan y fuerte. La máxima del Martín Fierro tendría que llevar al autocontrol dentro las filas oficialistas.
 
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El revival de la guerra mapuche:
 
Mezclar todo, otro artificio de los manipuladores. Se reaviva el espectro del peligro mapuche, utilizado por el gobierno del presidente Mauricio Macri hace tres años. En aquel entonces la violencia institucional causó los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este último en la zona de Villa Mascardi.
 
La ministra Patricia Bullrich envió a los Albatros de la Prefectura, un grupo de elite, que disparó munición de plomo contra ocupantes del lugar, familias enteras.
 
Los derechos de los pueblos originarios, crónicamente conculcados, fueron reconocidos por la Constitución reformada en 1994. Hacerlos operativos es complejo porque interfieren cosmovisiones diferentes, siglos de hostigamientos. La sangre derramada de Rafita Nahuel ahonda las disidencias.
 
El actual gobierno armó una mesa de diálogo encomendada a Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Es una prestigiosa dirigente rionegrina que fue senadora. La mesa hace su trabajo, en una maraña de malentendidos que no se resolverán en pocos meses.
 
Las tomas de tierras derivan de reclamos ancestrales, del rechazo a los criterios de propiedad imperantes, razones religiosas. No las resumimos en una apretada nota de domingo. Pero poco o más bien nada tienen que ver con las ocupaciones en el Conurbano.
 
Las monsergas a favor de la propiedad privada carecen de sentido porque los terrenos ocupados son públicos. Los manifestantes se autoconvocaron con consignas temibles que describe con minucia el periodista local Santiago Rey (@santiagorey): "plomo y más plomo", "repriman a esos delincuentes", "nos juntamos unas 300 personas con palos, piedras y algún arma de 'juguete' y los sacamos como se debe" "prendan fuego y vallan (sic) armados". Buenos vecinos.
 
Violencia privada en defensa del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo nombre es una expresión mapuche.
 
La prensa dominante desliza opiniones de invitados ignotos quienes hablan de "terroristas", agitan el espantajo de una guerra con Chile y otras lindezas. El ex presidente Eduardo Duhalde, por ahí envejeció mal o tuvo un desvarío temporario. Pero se cayó para el lado al que se inclina: no se troskeó ni volvió socialista... Lo que es peor, no está solo en su prédica protogolpista y antidemocrática.
 
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Los riesgos reales:
 
La bancada de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exige sesiones presenciales. No las hay en los Legislativos de la Ciudad Autónoma ni en Mendoza. En esta provincia se insta una reforma constitucional mientras el diputado radical Alfredo Cornejo vocifera que hay que evitar temas divisivos durante la pandemia.
 
En su distrito, el gobernador Rodolfo Suárez resolvió reinstaurar restricciones preocupado por la ocupación de camas en terapia intensiva y la suba de contagios. La regresión a fases anteriores sucede en Santa Fe, en San Luis, en Jujuy, en Córdoba.
 
Contra toda evidencia el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta promueve reaperturas de bares y restaurantes en la vía pública, quiere habilitar terracitas internas. Mira sin ver el relajamiento de la conducta ciudadana mientras crece el número de contagios y muertes en su distrito y en todo el país.
 
Profesionales de la salud, fatigados y sobre exigidos alertan a la sociedad civil y a mandatarios. El incremento de indicadores tremendos en materia sanitaria es una amenaza cabal, creciente, terrible.
 
El peligro del desborde social o de una insurrección de pueblos originarios es incomparablemente menor, por decirlo con un eufemismo.
 
Estas historias continuarán.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

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