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Nacionales - 05-09-2020 / 08:09
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El intento macrista de cerrar el Congreso es una nueva forma de golpismo

El intento macrista de cerrar el Congreso es una nueva forma de golpismo
El escándalo que protagonizaron en el Congreso los diputados macristas coincidió con las marchitas insalubres y desopilantes que ellos convocaron para contagiarse, más una campaña de medios macristas y de sus intelectuales orgánicos, más la aparición destemplada del ex presidente Duhalde.
El intento del macrismo de impedir el funcionamiento del Congreso tiene una gravedad institucional inusitada, que no produjo mayores consecuencias porque los bloques opositores más chicos no se sumaron al boicot.
 
La Justicia rechazó el recurso que plantearon para anular la sesión del martes y concedió una prórroga para el funcionamiento virtual. A pesar de su fracaso, la actitud de la oposición reavivó presagios destituyentes con el intento de utilizar al Congreso como plataforma para un golpe institucional.
 
Puede parecer paranoico hablar de golpes, al estilo del ex presidente Eduardo Duhalde, quien no por casualidad apareció meneando la amenaza de una interrupción golpista. El golpe militar como lo imaginó Duhalde no es posible. Seguramente que el golpe institucional parlamentario, al estilo del que funcionó en Brasil para destituir a Dilma Rousseff, tampoco.
 
Pero el hecho de que al cumplirse apenas los primeros ocho meses del Gobierno, el macrismo busque el cierre del Congreso, plantea un llamado de alerta. Al que se sumó ayer el desconocimiento inédito de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi al derecho del Senado a convocarlos como estipula la Constitución.
 
El oficialismo, con 119 diputados, es la primera minoría y necesita diez más para tener mayoría. Esas matemáticas lo ubican en una situación vulnerable porque depende, como en este caso, de los bloques más pequeños para mantener la actividad parlamentaria que el macrismo busca boicotear.
 
El escándalo que protagonizaron en el Congreso los diputados macristas coincidió con las marchitas insalubres y desopilantes que ellos convocaron para contagiarse, más una campaña de medios macristas y de sus intelectuales orgánicos, más la aparición destemplada del ex presidente Duhalde.
 

 
En diciembre de 2015, gran parte del electorado venezolano se abstuvo en las elecciones en protesta por la crisis económica. Nicolás Maduro, al que la oposición acusa de no ser democrático, reconoció su derrota, con lo cual la oposición pasó a controlar el Congreso. Entonces, el Congreso desconoció la autoridad de Maduro y eligió un presidente que fue reconocido por Washington.
 
El golpe fracasó porque Maduro retuvo el respaldo popular y el de las Fuerzas Armadas. En las elecciones siguientes movilizó a sus militantes para convocar al electorado y sacó una amplia ventaja sobre la oposición en una votación súper controlada y transparente. Pero el gobierno venezolano tiene propiedades en Estados Unidos y 31 toneladas en barras de oro en Gran Bretaña.
 
Obvio: los gobiernos de Estados Unidos y el de Gran Bretaña no quieren entregar las propiedades ni el oro, porque reconocieron como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, un político que si se presentara a elecciones ni llegaría al diez por ciento de los votos. En este momento ni siquiera lo reconoce la mayoría de la oposición, porque Henrique Capriles dio señales de volver a candidatearse.
 
Hablar de Venezuela pone los pelos de punta a medio planeta porque tiene mala prensa. Pero viene al caso porque allí se intentó usar el Congreso, como lo está haciendo ahora el macrismo en Argentina, y porque el gobierno de Mauricio Macri depositó en Inglaterra once toneladas de barras de oro que se habían atesorado en el Banco Central durante los gobiernos kirchneristas.
 
Es para tenerlo en cuenta cuando se producen turbulencias como las del Congreso que en apariencia no tienen explicación racional. No existen situaciones límite por parte del Gobierno que justifiquen contramedidas extremas del macrismo. Esas digresiones alimentan sospechas razonables.
 
No puede haber gobiernos menos legítimos y con menos respaldo ciudadano que los de Jeanine Añez en Bolivia o la ilusión de Juan Guaidó en Venezuela. Sin embargo, fueron instalados (o intentaron hacerlo) y reconocidos por el gobierno norteamericano, que aparece otra vez en el continente como un jugador brutal sin la sutileza de la diplomacia ni la zanahoria de los tratados de libre comercio.
 
La reacción destemplada del macrismo se activó cuando el oficialismo comenzó a hablar de la ley de organización y competencia de la Justicia Federal. Una fuerza que instaló un organismo paraestatal como la "mesa judicial" para manipular desplazamientos y designaciones en la Justicia no reacciona por interés republicano, sino para defender los espacios de influencia que logró en la Justicia a través de mecanismos no republicanos.
 
Si se cuadruplican los tribunales en la Justicia Federal, será más difícil controlarla a través de un puñado de funcionarios como hizo el macrismo para aplicar el lawfare contra la oposición. De la misma forma reaccionó cuando el Consejo de la Magistratura decidió revisar la situación de los jueces que fueron designados de manera irregular durante el macrismo.
 
Hay dos, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron puestos en la Cámara Federal sin la aprobación del Senado exigida por la Constitución. La negativa de ambos a asistir a la reunión de ayer en la Comisión de Acuerdos implicará el voto contrario a su permanencia en la Cámara y el pedido de juicio político en la Magistratura.
 
Y está el procurador interino, Eduardo Casal, que fue designado por Macri y que protegió al fiscal Carlos Stornelli de las numerosas citaciones del juzgado de Dolores, donde fue procesado en una causa por asociación ilícita.
 
Son apenas tres situaciones irregulares de las muchas que produjo la "mesa judicial". Ahora los periodistas macristas descubrieron la teoría del contrapoder y el valor de la independencia de los jueces. Pero si no abrieron la boca cuando el macrismo avanzaba sobre el Poder Judicial, no tienen autoridad moral para hacerlo ahora.
 
En Brasil, en toda América Latina, han denunciado que el lawfare fue diseñado por Estados Unidos y difundido en seminarios que organizaba el Departamento de Justicia de ese país con funcionarios judiciales latinoamericanos. Es sabido que el fallecido juez Claudio Bonadio, encargado de la persecución a Cristina Kirchner, era recibido como un héroe en la embajada norteamericana.
 
El escándalo que protagonizaron los diputados macristas tuvo un antecedente llamativo además de la campaña mediática y las marchitas del contagio: fue la participación estelar del embajador de Donald Trump en Argentina, el ex juez Edward Prado, en un Foro organizado el lunes por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
 
No se trata de un organismo gremial, sino de una agrupación de ex funcionarios macristas, defensores de genocidas y abogados de grandes empresas que, en documentos públicos, justificó el accionar de la dictadura.
 
Las intervenciones públicas de los embajadores extranjeros son pensadas al detalle, no son inocentes. El ex juez conservador de Texas fue designado por Trump en pleno lawfare y el mismo Prado afirmó que venía a colaborar con el "mejoramiento de la Justicia". Fue la época en que Bonadio disponía de un poder que para muchos excedía a la Casa Rosada.
 
El foro fue el lunes, Clarín lo publicó el martes, el mismo día de la sesión en Diputados. El embajador de Trump hizo un discurso para defender la independencia de los jueces y otros oradores se dedicaron a criticar las propuestas del Gobierno para la Justicia.
 
Oscar Parrilli pidió una cuestión de privilegio en el Senado para criticar lo que consideró una intervención en los asuntos internos del país: "Este embajador de Trump en la Argentina hizo mucho daño --señaló--, lo mejor que debería hacer es callarse la boca".
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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