03:37 | Martes 29 de Septiembre de 2013 | Entre Ríos

Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar

"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández

Nacionales - 06-08-2020 / 11:08

LE PROVEÍAN INFORMACIÓN AL DIPUTADO MACRISTA TONELLI

La fiscal que investiga a Macri denunció que el PRO se infiltró en su oficina

La fiscal Gabriela Boquin fue citada a raíz del sumario por supuestos malos tratos que le abrió la semana pasada el procurador interino, Eduardo Casal. Reveló que una de las denunciantes pasaba información a Pablo Tonelli, vinculado al vaciamiento de la empresa Correos, del clan Macri.

La valiente fiscal Gabriela Boquin, quien llevó adelante la acusación contra la familia Macri en la causa Correo Argentino, denunció este miércoles ante una comisión bicameral que una empleada de su fiscalía "le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa al diputado (del Pro) Pablo Tonelli" y que al denunciar esa situación ante su superior, el Procurador interino, Eduardo Casal, "no tomó ninguna medida al respecto".

Boquin expuso este miércoles ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. La semana pasada, Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, le inició un sumario administrativo por supuesto maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía.

La comisión bicameral tiene previsto volver a reunirse en diez días para tratar una serie de denuncias y pedidos de juicio político contra Casal por supuestas arbitrariedades en traslados y medidas disciplinarias contra fiscales que investigaban al macrismo.

En su presentación, la fiscal Boquin, que interviene en una de las causas más complicadas para el ex presidente y su familia, dijo: "Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, a una de las testigos el traslado lo pedí yo".

Y amplió Boquin que realizó ese pedido "por falta de confianza" de la empleada de su fiscalía tras "descubrir que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli".

"Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli estaban relacionados con su propia vinculación en la causa porque cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino", agregó la fiscal.

Boquín sostuvo que al "descubrir" esa maniobra, se la comunicó personalmente a Casal para que transfiriera a la empleada de su fiscalía: "tardaron 9 meses en trasladarla, siempre me negaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos porque la situación era insostenible".

Y amplió ante la bicameral: "Luego de 9 meses que solicitara el traslado, el doctor Ugarte me dice que él había puesto en conocimiento a esta secretaria de la situación que yo pedía su traslado, pero que ella no se quería ir de la fiscalía. Yo digo... si una persona se siente maltratada se niega a irse de la fiscalía para irse a trabajar al que era su lugar original y un lugar de mayor rango".

Boquin esgrimió que las denuncias en su contra comenzaron tras su intervención en la causa Correo y sus decisiones que perjudicaron tanto al gobierno macrista como a la empresa de la familia Macri. La primera denuncia fue presentada en enero de 2018, dos meses después de la asunción de Casal.

La Opinión Popular

REVELÓ QUE TENÍA UNA INFILTRADA QUE PASABA INFORMACIÓN DE LA CAUSA CORREO

La fiscal Boquín declaró ante la Comisión Bicameral y contó las maniobras contra ella

"¿Qué le puedo decir? ¡Esto es todo una farsa!", exclamó la fiscala Gabriela Boquin ante la Comisión Bicameral que controla al Ministerio Público Fiscal.

Fue citada a raíz del sumario por supuestos malos tratos que le abrió la semana pasada el procurador interino, Eduardo Casal, cuando avanzaba el tratamiento de los pedidos de juicio político en su contra. Boquin fue quien frenó a comienzos de 2017 el acuerdo para licuar la deuda del Correo Argentino, de la familia Macri, cuando Mauricio Macri era presidente, y luego denunció múltiples maniobras de vaciamiento.

Esta es la primera vez que habla públicamente. Detalló irregularidades en las declaraciones de empleadas y empleados que la habían acusado. Dijo que uno de ellos fue coaccionado, pero ni Casal ni nadie en la Procuración hizo la denuncia penal. Que una mujer había querido irse de la fiscalía porque su marido concursaba para camarista y la presencia donde tramitaba el caso Correo no lo ayudaba.

"Es falaz que se retiraron de mi dependencia por malos tratos. Es más, uno de los traslados lo pedí yo por falta de confianza. Porque descubrí que le entregaba documentación en pleno trámite de la causa del Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli, (vinculado con) el vaciamiento ya que habían facturas suyas retirando millones de pesos del Correo".

Boquin contó ante las y los diputadas y senadoras/es de la Bicameral que desde que recibió el expediente sobre el concurso de acreedores del Correo, en 2016, empezó a ser hostigada de distintas formas. "Violentaron mi auto, en la puerta de mi casa, donde viven mis hijos menores, sacando y revisando papeles. Un ladrón que venga a buscar papeles es extraño. Se llevó un maletín. No se robó otra cosa. Tenía copias del expediente del Correo, que había entrado 15 días antes. No sé cómo sabían que estaba en el baúl. Tengo la filmación donde al ladrón se lo ve ponerse guantes. Hice la denuncia penal, le tocó a (José María) Campagnoli, pero nunca más me llamaron", relató Boquin.

A partir de 2017, después que presentó el dictamen para frenar el acuerdo entre el Estado nacional y el Correo, para perdonarle la deuda algo mayor a 4500 millones de pesos, ante cada nueva presentación que hacía -relató- "me sacaban la custodia, la pedía, y me la volvían a poner". Las denuncias por supuestos malos tratos de dos personas que trabajaban en su fiscalía también coinciden con sus planteos en el expediente que complicaba a los Macri.

La audiencia, ante la comisión que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos) duró casi cuatro horas de alta intensidad, donde los representantes de la oposición intentaron bombardear a la fiscala con chicanas que ella respondía de a una.

Uno de los cruces más fuertes fue con Cristian Ritondo, que trató de asociarla al oficialismo político al decir pedirle que confirme si había sido asesora del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, en su mandato anterior, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

"Estoy orgullosa", dijo ella. "Trabajamos el tema de las off shore y descubrimos que detrás de Cromañón (el boliche) había una", completó.

Luego tomó una frase del propio Ritondo: "Usted dijo que yo soy una persecutora de la familia Macri. Usted sabrá por qué habla de la familia Macri, porque yo lo llamo Correo. Le quiero decir que en el mismo sentido de mi dictamen estuvo el del fiscal (Gerardo) Pollicita, igual, idéntico, en el fuero federal penal. Entonces él es un persecutor de la familia Macri, lo mismo que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La cámara es persecutora de la familia Macri (...) de acuerdo a su idea todo el Poder Judicial que intervino es persecutor de la familia Macri. Su idea del Poder Judicial es un poco dudosa".

Boquin explicó los pormenores de la denuncia en su contra y ante la provocación del diputado radical Emiliano Yacobitti, que le decía si Casal no era también víctima de persecución por los pedidos de remoción en su contra, respondió: "Lo que le puedo decir es que yo (subrayó), me siento perseguida. Si no le alcanza, no sé". "No es cierto que numerosas personas pidieron traslados" a otras dependencias, aclaró.

Y detalló que ella misma le pidió a Casal que sacara de su fiscalía a una mujer porque había perdido la confianza al descubrir que estaba en comunicación con Tonelli -diputado de Juntos por el Cambio y consejero de la Magistratura- "le iba mostrando los pasos del expediente" del Correo, donde él aparecía vinculado a una de las maniobras de vaciamiento con retiros de más de 4 millones de pesos. Pero además escondía material sobre él a la propia Boquin, señaló.

"Le comuniqué esto al procurador Casal personalmente y tengo el mail donde le solicité la reunión, diciéndole que necesitaba que la transfiriera", dijo. Precisó que, además, su cargo original era en la Procuración, con lo cual no debía ser complicado. Primero, Juan Pablo Ugarte, mano derecha de Casal, le respondía que no la trasladarían. Ante su insistencia lo hicieron: "tardaron nueve meses", recordó.

La fiscala dejó entrever que las primeras denunciantes fueron condicionadas o presionadas de algún modo para comprometerla. La primera, Verónica Fernández, se presentó en la Procuración a poco de asumir Casal. Tenía una discapacidad, por lo que Boquin dijo que incluso ella le había generado un régimen especial de trabajo.

"Yo no la jubilé ni le pedí una junta médica, la engañaron", aclaró, ya que es lo que la mujer le atribuye. También decía que había un "destrato generalizado en la fiscalía", pero la fiscala dijo que le parecía extraño porque no había ido a la oficina por más de un año.

"La Procuración a mí me ocultó un expediente sobre ella", añadió. Para completar el cuadro, explicó que la empleada que pidió sacar porque pasaba datos a Tonelli, aparecía copiada en forma oculta en e-mails vinculados con la situación de Fernández. Boquín dijo que presentó las pruebas de todo esto ante el Consejo Evaluador de la procuración y ofreció testigos, pero a nada le hicieron lugar.

Otra denunciante fue María Caliza, a quien la fiscala contó que conoce hace 20 años, que está casada con el juez comercial Sebastián Sánchez Cannabó, quien concursaba para camarista, en la sala que intervenía también en el caso del Correo.

"Cuando se inicia el tema me manda un whatsapp preocupada porque el portal 'La política online' me trataba de kirchnerista y que ella (Calzia) trabajaba conmigo y había sido secretaria de Nissen. Me manifiesta su preocupación porque su marido estaba en carrera", contó ante la comisión.

Después de que comenzó una suerte de campaña difamatoria en su contra con "hostigamiento y presiones", que "iban por todas las radios a difamarme", "el presidente (Macri) dio una conferencia de prensa y a la CNN le dijo que yo hacía cuentas estrafalarias", recapituló Boquin. "Me vino a ver directamente el marido de Calzia para decirme que necesitaba un traslado" porque le iba a complicar la "posibilidad de acceder a las ternas de los concursos para ser camarista".

Cuando se fue, le mandó agradecimientos, que la fiscala leyó. Tiempo después, la Procuración la quiso devolver a la fiscalía, pero Calzia se oponía. Ahí fue que apareció una denuncia de ella que comprometía a Boquin por supuestos malos tratos y mobbing.

Luego habló de los testigos, "elegidos en forma arbitraria" en el expediente administrativo y no declararon bajo juramento de verdad. Aludió a uno en particular y de uno en particular, Gonzalo Rodríguez, con quien incluso escribió libros. El pedía ser trasladado a Mar del Plata porque allí estaba su pareja embarazada. El mismo, contó ella, dijo que lo habían presionado (Casal y Ugarte) para darle esa posibilidad, pese a que Boquin daba su conformidad. Debía acusarla a ella. "Estoy entre dos fuegos", contó que le expresó.

Rodríguez lo relató -dijo Boquín- ante el delegado de la Unión de Empleados de la Justicia, Juan Cruz Alvarez, pero no se animó a denunciar la situación y, en cambio, terminó acusándola a ella "de que lo maltrataba y no lo dejaba crecer". "Denuncié en mi contestación que el doctor Gonzalo Rodríguez había sido coaccionado por las autoridades y ofrecí testigos. Hay prueba evidente. Pero nadie tomó un testimonio al respecto, ni hizo un sumario". Casal, que estaba complicado, tampoco denunció.

"Cuando planteé estas irregularidades Casal me dijo que no era importante, que se podría subsanar con el sumario. Ahora que lo abrió dice que hay que investigar mis rasgos de personalidad para ver si soy una jefa severa o una maltratadora. Discúlpenme, esto si me pasa por ser mujer. Quiero saber a cuántos hombres le hicieron esto (...) Tengo el tono que tengo, es una voz gritona, de pitio, pero no soy maltratadora (...) Parece que me volví loca, claro el estereotipo. La loca que trata mal a los empleados y tira expedientes al aire", se descargó Boquin.

La diputada Graciela Ocaña le dijo que a ella también le había pasado, pero no era una forma de solidarizarse. "Me llamaron cucaracha, gorda, son gajes del oficio", ironizó. Boquin le replicó que había en ese punto un problema: "Es algo que no tenemos que naturalizar".

Boquin contó que entre otras formas de hostigarla le reclamban desde la Procuración hasta un pen-drive de 2010 y dejaron de publicar actos de su fiscalía en la página de la procuración. "Lo mismo hicieron con Gabriel de Vedia", desplazado de la investigación de delitos de la seguridad social. La senadora radical Silvia Elías de Pérez también se sumó al análisis de la perspectiva de género aunque sugirió que debía soportar presiones como fiscal.

Sobre ella y Ocaña, Boquin dijo: "Me hubiera gustado muchísimo que tuvieran la misma idea de proteger al género y a la mujer cuando Tonelli decía en los diarios y radios que yo era cualquier cosa o Juan Mocoroa que no reunía condiciones", les devolvió. La senadora María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos), le mostró apoyo y dijo que todo su problema era tener el caso del Correo.

Boquin se despidió con un párrafo que le dedicó a Ritondo: "No tengo ninguna afiliación política, cuando fui asesora de la IGJ fue por mis méritos. Trabajé 23 años y dejé un estudio donde me iba bien, para dejar de representar al sector privado. Que tengo una ideología, sí claro. Contra el fraude, en favor de los vulnerables y para tener una Argentina más sana y donde podamos vivir igualitariamente. Si eso se considera partidismo, lo dejo a consideración de ustedes".

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

28-09-2020 / 10:09

El irresponsable lenguaje macrista de la deslegitimación

"Nunca en toda nuestra historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo. Hasta acá, las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado", señalaron los legisladores del interbloque opositor.

Este texto forma parte de una declaración en la cual un conjunto de legisladores de Juntos por el cambio "exhortan" a la Corte a intervenir en la cuestión abierta sobre la anulación del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidida en su momento por el entonces presidente Macri a través de un decreto.

La mentira en la discusión de los hechos consiste en que se rechaza una "remoción", cuando de lo que se trata es justamente del restablecimiento de la forma establecida por la Constitución, violentada durante el anterior gobierno y reemplazada por la decisión presidencial sin necesidad del paso por el Senado: la famosa designación "a la carta". Pero la cuestión principal no es la falsificación de los hechos sino el tono del documento.

Lo realmente inédito en los años posteriores a 1983 es la expresa deslegitimación de un gobierno producida por el principal bloque de oposición. Una deslegitimación que, además, no surge del entusiasmo de un discurso de barricada, sino que forma parte de un documento de diputados del Congreso de la nación dirigido nada menos que a la Corte Suprema.

En buen romance, miembros de un poder de la república le piden a otro poder que restablezca la vigencia de la constitución alterada por la acción de un tercer poder -el ejecutivo. Eso sí que es un ataque directo y perverso a la legalidad democrática en uno de sus aspectos cardinales como es el carácter soberano del sufragio popular, el principio de la mayoría electoral como forma de elegir las autoridades.

28-09-2020 / 10:09

Ricardo Lorenzetti sufrió un escrache de la derecha macrista

En vísperas del fallo del martes sobre la causa por la anulación de los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, manifestantes de la derecha macrista realizaron una protesta frente a la casa de Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte Suprema, en la localidad santafesina de Rafaela.

En medio de la avanzada opositora y de las fake news de los grandes medios cercanos al macrismo, con bocinazos, banderas argentinas y diversos carteles, una caravana de lujosos autos se acercó en la tarde del sábado hasta la casa donde el magistrado suele pasar sus fines de semana. La protesta fue repudiada por distintos funcionarios de peso del Gobierno nacional.

Los vehículos llevaban pegados carteles contra el Frente de Todos. "Señores jueces, dejen de violar la Constitución", "Alberto y Cristina, fuera de la Argentina" y "Despierten argentinos, no a la impunidad K", rezaban algunas de las pancartas. Señalan a la militante ultra macrista Corina Vecchioli como organizadora del escrache propio del fascismo.

Lo que hacen los dirigentes del sector más derechista de Juntos por el Cambio, extremadamente fanatizados, es bochornoso, no tiene límites ni vergüenza. En la caravana cantaron consignas destituyentes y buscan proteger los cargos de los jueces puestos a dedo, para lograr la impunidad de Mauricio Macri en todos los delitos que habría cometido.

Ahora bien, si la Corte Suprema viola la Constitución y avala la demanda enfurecida de la oposición macrista ¿los próximos jueces se nombrarían por decreto del presidente Fernández?

La Opinión Popular

27-09-2020 / 11:09

El peronismo se abroquela en defensa de Alberto y la democracia

Si en la Argentina hubiera un golpe de Estado exitoso contra el gobierno peronista, los diarios del día siguiente hablarían de transición, de unidad y de preservar las instituciones. La mayoría de los canales de noticias y de las radios consagradas le darían voz solamente a los conspiradores y callarían las denuncias sobre la violencia y la ilegalidad de los acontecimientos.

La oposición política no quebraría lanzas para defender la democracia. Los gobiernos de la región, como Brasil y Bolivia, no tardarían en reconocer la legitimidad de las autoridades de facto. Estados Unidos tampoco. Si todo llega a consumarse, revertirlo será una tarea imposible.

De ahí la urgencia, más actual que en ningún otro momento desde la década del '80, de que todos aquellos que estén comprometidos con el estado de Derecho, políticos, sindicalistas, empresarios y referentes de la sociedad civil, medios y comunicadores, de todos los colores políticos, dejen de lado cualquier diferencia para trazar una línea y renovar el compromiso del Nunca Más.

Es un escenario todavía lejano, a solo nueve meses de las elecciones que Alberto Fernández ganó con holgada mayoría, con una gestión que a pesar de la doble crisis de la economía y el coronavirus consigue sostener una tensa calma social, con algunos números que invitan a pensar en una incipiente recuperación y con el apoyo de las dos cámaras del Congreso, las centrales obreras y una enorme mayoría de los gobernadores.

También es cierto que la sociedad argentina ha tramitado su vínculo con la dictadura de forma más madura que sus vecinos, con un compromiso por los derechos humanos que es ejemplar en todo el mundo y la resistencia a un intento golpista, al parecer, aún es muy fuerte en la sociedad, incluso entre sectores netamente opositores.

27-09-2020 / 10:09

Dar pelea frontal a las fake news de la oposición y los grandes medios porteños

La protesta de la Policía Bonaerense que llegó hasta Olivos y la columna de Macri en La Nación que apuntó a romper todo diálogo entre Gobierno y oposición convencieron al Presidente y a su entorno de que era necesario salir a dar pelea y retomar la iniciativa de la agenda política.

De hecho, ya aquella respuesta que tuvo el reclamo policial, más allá de que el Presidente la anunció en su tono habitual calmo, mostró una nueva actitud: la decisión de transferir a la provincia de Buenos Aires buena parte de los recursos que hasta entonces se enviaban a la Ciudad tomó a la oposición por sorpresa.

Aunque a partir de entonces hubo algunos cortocircuitos con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la mira de la Casa Rosada está puesta en el sector ultra que encabezan Macri y Patricia Bullrich, con declaraciones ya abiertamente desestabilizadoras como cuando hablan de "sustitución" del Gobierno o del "fraude" con el que supuestamente ganó Fernández al que hizo referencia el senador Esteban Bullrich.

"Culpar de la crisis a la pandemia es algo abstracto, está claro que el Gobierno tiene que personalizar las críticas en alguien y Macri es el indicado. Dejó el país hace unos meses incendiado, se fue de vacaciones al exterior mientras la gente padecía y en las encuestas es el dirigente de peor imagen", detallaba un funcionario que trabaja en el mensaje oficial. Eso explica que en las últimas apariciones desde Fernández para abajo se acentuaran las referencias al ex presidente.

26-09-2020 / 10:09

Alberto cruzó al ex abogado de Clarín que preside la Corte

El presidente Alberto Fernández mostró su fastidio por las actitudes del presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y lo criticó en dos ocasiones. Por su actitud frente a la política de género y, fundamentalmente, por su activa participación en defensa de los jueces trasladados a dedo por el macrismo.

"¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando?", se preguntó Alberto respecto a la decisión de Rosenkrantz de convocar a un acuerdo extraordinario en el máximo tribunal para tratar los recursos presentados por los jueces macristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes buscan impedir sus traslados.

Para entender mejor las palabras de Fernández hay que saber que había trascendido la información de un encuentro reservado entre Rosenkrantz y Mauricio Macri para decidir una estrategia para tratar de mantener en sus puestos a estos jueces movidos a dedo por el ex presidente.

"Me llama mucho la atención por los comentarios que me llegan, por cosas que se ven dentro de la Corte, porque, la verdad, lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido por el gobierno anterior", expresó el Presidente complementando otras críticas al Tribunal por las demoras en la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial. La Corte emitió luego un comunicado respondiendo sólo a este último punto.

En las dos intervenciones del Presidente, los cuestionamientos estuvieron dirigidos principalmente a Rosenkrantz, ex abogado del Grupo Clarín, a quien en Gobierno ya ven actuando en sintonía con la estrategia del macrismo y de los grandes medios porteños afines.