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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 01-08-2020 / 08:08
JUNTOS POR EL CAMBIO Y MEDIOS OPOSITORES VEN AMENAZADO SU "JUGUETE": LA JUSTICIA MACRISTA

Las verdaderas razones del rechazo macrista a la reforma judicial

Las verdaderas razones del rechazo macrista a la reforma judicial
El rechazo, sin siquiera conocer lo que rechazaban, se explica porque cualquier cosa que fuera, venía a desmontar el dispositivo que los poderes fácticos, mediáticos y políticos construyeron en Comodoro Py. Una "virtud republicana" que hace lo contrario de lo que predica.
No importa el contenido de la Reforma Judicial, lo que importa es que no se metan con mi juguete. Es lo que transmite el rechazo macrista a la Reforma Judicial antes de conocer su contenido.
 
Periodistas que no dijeron nada cuando Mauricio Macri quiso introducir de contrabando a dos jueces en la Corte, ahora escriben enjundiosos y largos artículos con puras conclusiones subjetivas porque, en concreto, la propuesta que llega al Senado consiste hasta ahora en la unificación de dos fueros, lo cual es bueno porque aumenta los juzgados del fuero federal, y punto.
 
Sin embargo, no fue una reacción caprichosa la de los dirigentes ni la de la señora de Recoleta que escuchó el discurso de Alberto Fernández y corrió a la cocina a buscar la cacerola. No importa el contenido de la Reforma, porque el Poder Judicial ha sido el campo de golf de los dueños del país y son los únicos que tienen derecho a meter mano.
 
Si el dueño mete mano con una mesa judicial clandestina como sucedía durante el macrismo, no les parece mal. Pero que lo haga un gobierno democrático por vía institucional es un horror, venga la cacerola.
 
Bastan algunos ejemplos. Tres jueces provinciales de primera instancia protegieron a las corporaciones mediáticas con situación dominante en el mercado y frenaron durante cuatro años una ley de medios discutida y aprobada por el Congreso que, en esencia, era una ley antimonopólica.
 
Un juez provincial acaba de amparar al directorio de la empresa Vicentin acusado por proveedores y por sus mismos accionistas de administración fraudulenta. Una empresa que estafó millones de dólares a los bancos públicos no puede ser ni siquiera intervenida por el principal perjudicado que es el Estado porque se lo impide un juez nacido y criado en San Vicentin.
 
En ninguno de los dos casos se trataba del poder de los jueces, sino del poder de las grandes corporaciones que protegían.
 

 
Tercer ejemplo: el procurador interino Eduardo Casal, nombrado por Macri luego de desplazar con presiones y extorsiones a la procuradora Alejandra Gils Carbó, se excusó ante la comisión bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. Le habían pedido una rendición de cuentas de su gestión desde 2017 hasta la fecha.
 
Casal dijo que no tuvo tiempo para explicar en qué gastó su presupuesto, pero sí lo tuvo para sumariar a la fiscal Gabriela Boquin, a cargo de la causa del Correo que reclama el pago de millones de dólares de las empresas de Macri al Estado. Casal es interino, no tiene tanto poder. El poder está detrás suyo, son los intereses que defiende cuando hostiga a la fiscal que Macri quiere sacar.
 
Son tres ejemplos sin contar todas las causas abiertas por el lawfare contra ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, con peritos truchos, cuentas infladas, testigos extorsionados y jueces y fiscales parcializados, como el fallecido Claudio Bonadio o el fiscal Carlos Stornelli imputado en una causa de extorsión y espionaje relacionada con algunas de las causas de lawfare que este polémico funcionario tiene a su cargo.
 
El contraste entre la actitud de funcionarios de la gestión kirchnerista y la de Mauricio Macri ante la Justicia también es revelador. Macri ha hecho lo imposible para obstruir la investigación sobre espionaje durante su gobierno y sobre los préstamos irregulares a Vicentin.
 
Se negó a entregar su celular y cuando el juez se lo reclamó de todos modos, y lo iba a citar a indagatoria, Macri se fue del país. Aunque regrese, difícilmente lo haga antes de dos meses, con lo cual interfiere la acción de la justicia, que estaba a punto de imputarlo en las causas.
 
Con todo en contra, un juez que la perseguía, la hostigaba y buscaba humillarla, Cristina Kirchner y ninguno de los exfuncionarios kirchneristas, pusieron obstáculos a la investigación como sí lo hace ahora el expresidente Macri.
 
La reforma judicial no se limitará a esa primera medida que figura en el proyecto que llegó esta semana al Senado, sino que se irá produciendo a partir del trabajo del Consejo Asesor integrado por once personalidades.
 
Los juristas militantes de la derecha que opinan como si fueran técnicos sin alineamiento, responden a los partidos de la oposición y por ese motivo son los que tienen mayor presencia mediática.
 
Son los que han salido a criticar la iniciativa en los medios. Pero son figuras con poca legitimidad. Los que en algún momento pudieron tener cierto prestigio en el ámbito judicial, lo rifaron, porque fueron cómplices o mantuvieron el silencio cuando el gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Elisa Carrió vandalizaron el Poder Judicial desde el Ejecutivo.
 
No son teóricos impolutos del derecho. Quedaron manchados por el silencio y la complicidad con la Mesa Judicial del macrismo.
 
Por esa razón, la furia por la propuesta, en contrapartida bastante sensata y moderada, del oficialismo no se basa en sus contenidos, sino en su fundamentación.
 
Cuando el Presidente dijo que se buscaba "una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos", estaba hablando de lo que ellos han consentido y generado.
 
Fue más claro todavía al considerar que los años de Mauricio Macri "estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho".
 
Y fue contundente al expresar su rechazo "a una política que judicializa los disensos para eliminar el adversario de turno". Y recalcó: "Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron".
 
Los "constitucionalistas" cuyos rechazos a la reforma judicial de Alberto Fernández fueron tan amplificados son los que avalaron la perversión del Poder Judicial en los cuatro años de macrismo. Tendrán que buscar nuevos "constitucionalistas" serios.
 
El rechazo, sin siquiera conocer lo que rechazaban, se explica porque cualquier cosa que fuera, venía a desmontar el dispositivo que ellos montaron. Cuando en las redes acusan de "traidora" a Graciela Camaño, esa actitud queda clara.
 
Porque el voto de la diputada en el Consejo de la Magistratura habilitó la investigación del traslado irregular de diez jueces en el fuero federal. El proyecto de reforma judicial no habla de desplazar jueces, pero esta resolución sí. Y afectará la estructura de poder que construyó el macrismo en Comodoro Py.
 
La reforma judicial traspasa el ámbito de la Justicia y se incrusta en el imaginario sobre el cual construyó su identidad la nueva derecha representada en Cambiemos y ahora en Juntos por el Cambio.
 
La derecha rehúye el debate sobre economía y política porque sus planteos son elitistas, pero hace su bandera con una construcción ficticia sobre la ética y los principios republicanos. Es ficticia porque en el mismo momento que la enuncia, la transgrede.
 
Proclamarse defensores del sistema republicano y armar una mesa judicial que opera en las sombras para presionar y extorsionar jueces, fiscales y testigos, que maniobra para sacar y poner funcionarios es decir una cosa y hacer la contraria.
 
El macrismo y sus aliados no pueden soportar la develación de esa práctica porque destruye la esencia de su identidad y por eso la reacción es tan desproporcionada en relación con lo que propone el oficialismo. La Reforma Judicial deshace el discurso que convoca a la derecha.
 
Hubo poco caceroleo esta vez. En los barrios del sur nada. Se sintió algo en Caballito y fuerte en Recoleta. La señora que revoleó su cacerola tampoco sabía nada de lo que propone la reforma judicial. Pero no puede soportar el discurso que la fundamenta porque destruye el imaginario que la diferencia y le da una identidad.
 
Ese lugar falso proporciona el alivio de verse como un luchador contra la corrupción. Esa ambigüedad de decir una cosa y hacer lo contrario es habitable mientras la verdad no sea revelada. No importa que no sea cierto mientras la gente crea que lo es.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
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