17:51 | Lunes 03 de Agosto de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
"Vine a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos". Alberto Fernández
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Nacionales - 01-08-2020 / 08:08
JUNTOS POR EL CAMBIO Y MEDIOS OPOSITORES VEN AMENAZADO SU "JUGUETE": LA JUSTICIA MACRISTA
Las verdaderas razones del rechazo macrista a la reforma judicial
El rechazo, sin siquiera conocer lo que rechazaban, se explica porque cualquier cosa que fuera, venía a desmontar el dispositivo que los poderes fácticos, mediáticos y políticos construyeron en Comodoro Py. Una "virtud republicana" que hace lo contrario de lo que predica.
No importa el contenido de la Reforma Judicial, lo que importa es que no se metan con mi juguete. Es lo que transmite el rechazo macrista a la Reforma Judicial antes de conocer su contenido.
Periodistas que no dijeron nada cuando Mauricio Macri quiso introducir de contrabando a dos jueces en la Corte, ahora escriben enjundiosos y largos artículos con puras conclusiones subjetivas porque, en concreto, la propuesta que llega al Senado consiste hasta ahora en la unificación de dos fueros, lo cual es bueno porque aumenta los juzgados del fuero federal, y punto.
Sin embargo, no fue una reacción caprichosa la de los dirigentes ni la de la señora de Recoleta que escuchó el discurso de Alberto Fernández y corrió a la cocina a buscar la cacerola. No importa el contenido de la Reforma, porque el Poder Judicial ha sido el campo de golf de los dueños del país y son los únicos que tienen derecho a meter mano.
Si el dueño mete mano con una mesa judicial clandestina como sucedía durante el macrismo, no les parece mal. Pero que lo haga un gobierno democrático por vía institucional es un horror, venga la cacerola.
Bastan algunos ejemplos. Tres jueces provinciales de primera instancia protegieron a las corporaciones mediáticas con situación dominante en el mercado y frenaron durante cuatro años una ley de medios discutida y aprobada por el Congreso que, en esencia, era una ley antimonopólica.
Un juez provincial acaba de amparar al directorio de la empresa Vicentin acusado por proveedores y por sus mismos accionistas de administración fraudulenta. Una empresa que estafó millones de dólares a los bancos públicos no puede ser ni siquiera intervenida por el principal perjudicado que es el Estado porque se lo impide un juez nacido y criado en San Vicentin.
En ninguno de los dos casos se trataba del poder de los jueces, sino del poder de las grandes corporaciones que protegían.
Periodistas que no dijeron nada cuando Mauricio Macri quiso introducir de contrabando a dos jueces en la Corte, ahora escriben enjundiosos y largos artículos con puras conclusiones subjetivas porque, en concreto, la propuesta que llega al Senado consiste hasta ahora en la unificación de dos fueros, lo cual es bueno porque aumenta los juzgados del fuero federal, y punto.
Sin embargo, no fue una reacción caprichosa la de los dirigentes ni la de la señora de Recoleta que escuchó el discurso de Alberto Fernández y corrió a la cocina a buscar la cacerola. No importa el contenido de la Reforma, porque el Poder Judicial ha sido el campo de golf de los dueños del país y son los únicos que tienen derecho a meter mano.
Si el dueño mete mano con una mesa judicial clandestina como sucedía durante el macrismo, no les parece mal. Pero que lo haga un gobierno democrático por vía institucional es un horror, venga la cacerola.
Bastan algunos ejemplos. Tres jueces provinciales de primera instancia protegieron a las corporaciones mediáticas con situación dominante en el mercado y frenaron durante cuatro años una ley de medios discutida y aprobada por el Congreso que, en esencia, era una ley antimonopólica.
Un juez provincial acaba de amparar al directorio de la empresa Vicentin acusado por proveedores y por sus mismos accionistas de administración fraudulenta. Una empresa que estafó millones de dólares a los bancos públicos no puede ser ni siquiera intervenida por el principal perjudicado que es el Estado porque se lo impide un juez nacido y criado en San Vicentin.
En ninguno de los dos casos se trataba del poder de los jueces, sino del poder de las grandes corporaciones que protegían.
Tercer ejemplo: el procurador interino Eduardo Casal, nombrado por Macri luego de desplazar con presiones y extorsiones a la procuradora Alejandra Gils Carbó, se excusó ante la comisión bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. Le habían pedido una rendición de cuentas de su gestión desde 2017 hasta la fecha.
Casal dijo que no tuvo tiempo para explicar en qué gastó su presupuesto, pero sí lo tuvo para sumariar a la fiscal Gabriela Boquin, a cargo de la causa del Correo que reclama el pago de millones de dólares de las empresas de Macri al Estado. Casal es interino, no tiene tanto poder. El poder está detrás suyo, son los intereses que defiende cuando hostiga a la fiscal que Macri quiere sacar.
Son tres ejemplos sin contar todas las causas abiertas por el lawfare contra ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, con peritos truchos, cuentas infladas, testigos extorsionados y jueces y fiscales parcializados, como el fallecido Claudio Bonadio o el fiscal Carlos Stornelli imputado en una causa de extorsión y espionaje relacionada con algunas de las causas de lawfare que este polémico funcionario tiene a su cargo.
El contraste entre la actitud de funcionarios de la gestión kirchnerista y la de Mauricio Macri ante la Justicia también es revelador. Macri ha hecho lo imposible para obstruir la investigación sobre espionaje durante su gobierno y sobre los préstamos irregulares a Vicentin.
Se negó a entregar su celular y cuando el juez se lo reclamó de todos modos, y lo iba a citar a indagatoria, Macri se fue del país. Aunque regrese, difícilmente lo haga antes de dos meses, con lo cual interfiere la acción de la justicia, que estaba a punto de imputarlo en las causas.
Con todo en contra, un juez que la perseguía, la hostigaba y buscaba humillarla, Cristina Kirchner y ninguno de los exfuncionarios kirchneristas, pusieron obstáculos a la investigación como sí lo hace ahora el expresidente Macri.
La reforma judicial no se limitará a esa primera medida que figura en el proyecto que llegó esta semana al Senado, sino que se irá produciendo a partir del trabajo del Consejo Asesor integrado por once personalidades.
Los juristas militantes de la derecha que opinan como si fueran técnicos sin alineamiento, responden a los partidos de la oposición y por ese motivo son los que tienen mayor presencia mediática.
Son los que han salido a criticar la iniciativa en los medios. Pero son figuras con poca legitimidad. Los que en algún momento pudieron tener cierto prestigio en el ámbito judicial, lo rifaron, porque fueron cómplices o mantuvieron el silencio cuando el gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Elisa Carrió vandalizaron el Poder Judicial desde el Ejecutivo.
No son teóricos impolutos del derecho. Quedaron manchados por el silencio y la complicidad con la Mesa Judicial del macrismo.
Por esa razón, la furia por la propuesta, en contrapartida bastante sensata y moderada, del oficialismo no se basa en sus contenidos, sino en su fundamentación.
Cuando el Presidente dijo que se buscaba "una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos", estaba hablando de lo que ellos han consentido y generado.
Fue más claro todavía al considerar que los años de Mauricio Macri "estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho".
Y fue contundente al expresar su rechazo "a una política que judicializa los disensos para eliminar el adversario de turno". Y recalcó: "Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron".
Los "constitucionalistas" cuyos rechazos a la reforma judicial de Alberto Fernández fueron tan amplificados son los que avalaron la perversión del Poder Judicial en los cuatro años de macrismo. Tendrán que buscar nuevos "constitucionalistas" serios.
El rechazo, sin siquiera conocer lo que rechazaban, se explica porque cualquier cosa que fuera, venía a desmontar el dispositivo que ellos montaron. Cuando en las redes acusan de "traidora" a Graciela Camaño, esa actitud queda clara.
Porque el voto de la diputada en el Consejo de la Magistratura habilitó la investigación del traslado irregular de diez jueces en el fuero federal. El proyecto de reforma judicial no habla de desplazar jueces, pero esta resolución sí. Y afectará la estructura de poder que construyó el macrismo en Comodoro Py.
La reforma judicial traspasa el ámbito de la Justicia y se incrusta en el imaginario sobre el cual construyó su identidad la nueva derecha representada en Cambiemos y ahora en Juntos por el Cambio.
La derecha rehúye el debate sobre economía y política porque sus planteos son elitistas, pero hace su bandera con una construcción ficticia sobre la ética y los principios republicanos. Es ficticia porque en el mismo momento que la enuncia, la transgrede.
Proclamarse defensores del sistema republicano y armar una mesa judicial que opera en las sombras para presionar y extorsionar jueces, fiscales y testigos, que maniobra para sacar y poner funcionarios es decir una cosa y hacer la contraria.
El macrismo y sus aliados no pueden soportar la develación de esa práctica porque destruye la esencia de su identidad y por eso la reacción es tan desproporcionada en relación con lo que propone el oficialismo. La Reforma Judicial deshace el discurso que convoca a la derecha.
Hubo poco caceroleo esta vez. En los barrios del sur nada. Se sintió algo en Caballito y fuerte en Recoleta. La señora que revoleó su cacerola tampoco sabía nada de lo que propone la reforma judicial. Pero no puede soportar el discurso que la fundamenta porque destruye el imaginario que la diferencia y le da una identidad.
Ese lugar falso proporciona el alivio de verse como un luchador contra la corrupción. Esa ambigüedad de decir una cosa y hacer lo contrario es habitable mientras la verdad no sea revelada. No importa que no sea cierto mientras la gente crea que lo es.
Por Luis Bruschtein
Fuente: Página12
03-08-2020 / 12:08
La tarea principal del gobierno de Alberto Fernández es la reducción de daños, el apoyo a los sectores populares en la dura cuarentena y el mantenimiento de la paz social. Para eso tuvo que preservar fuentes de trabajo y derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización. Coherentes con la historia social del peronismo, afrontando resistencias de grandes empresarios y medios opositores.
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
Para colaborar en las reactivaciones provinciales, Alberto prepara un proyecto de obras públicas para todo el país que apuntale la economía. Entre Ríos estará en agenda con el avance de dos tramos de la ruta nacional 18 (Paraná - Concordia) y obras hídricas en La Paz y Paraná. En el listado de las obras públicas a comenzar este año, tras la pandemia y luego del arreglo por la deuda externa, para Entre Ríos figuran cuatro obras por un monto de 466 millones de pesos.
Puntualmente serían dos tramos de la ruta nacional Nº 18 que unirá Paraná y Concordia, la ampliación de una planta de potabilización en La Paz y otra en la capital entrerriana. El plan implicará una inversión en todo el territorio nacional de unos 4700 millones de pesos. Hasta aquí la relación Alberto-Bordet suena como un violín afinado.
En la Rosada, Bordet firmó un convenio con el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro, para habilitar el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa por 1.640 millones de pesos.
Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió a Bordet en el Congreso, con el objetivo puesto en la recuperación pospandemia. Dialogaron sobre el excedente de la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande y la automaticidad para el desarrollo productivo entrerriano; obras de agua para el Gran Paraná -"importante para el desarrollo y calidad de vida de la región más poblada de esa provincia"- y la ampliación de la Moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrianos.
El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo entrerriano ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de Bordet para transitar el duro camino hacia la nueva normalidad.
Para dejar atrás la pesada herencia macrista y el covid-19, el objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que sigue a la progresiva liberación de actividades económicas, que habían quedado paralizadas por la pandemia, y que fue logrado gracias al accionar del sistema de salud en el combate contra el avance del virus.
La Opinión Popular
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
Para colaborar en las reactivaciones provinciales, Alberto prepara un proyecto de obras públicas para todo el país que apuntale la economía. Entre Ríos estará en agenda con el avance de dos tramos de la ruta nacional 18 (Paraná - Concordia) y obras hídricas en La Paz y Paraná. En el listado de las obras públicas a comenzar este año, tras la pandemia y luego del arreglo por la deuda externa, para Entre Ríos figuran cuatro obras por un monto de 466 millones de pesos.
Puntualmente serían dos tramos de la ruta nacional Nº 18 que unirá Paraná y Concordia, la ampliación de una planta de potabilización en La Paz y otra en la capital entrerriana. El plan implicará una inversión en todo el territorio nacional de unos 4700 millones de pesos. Hasta aquí la relación Alberto-Bordet suena como un violín afinado.
En la Rosada, Bordet firmó un convenio con el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro, para habilitar el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa por 1.640 millones de pesos.
Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió a Bordet en el Congreso, con el objetivo puesto en la recuperación pospandemia. Dialogaron sobre el excedente de la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande y la automaticidad para el desarrollo productivo entrerriano; obras de agua para el Gran Paraná -"importante para el desarrollo y calidad de vida de la región más poblada de esa provincia"- y la ampliación de la Moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrianos.
El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo entrerriano ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de Bordet para transitar el duro camino hacia la nueva normalidad.
Para dejar atrás la pesada herencia macrista y el covid-19, el objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que sigue a la progresiva liberación de actividades económicas, que habían quedado paralizadas por la pandemia, y que fue logrado gracias al accionar del sistema de salud en el combate contra el avance del virus.
La Opinión Popular
03-08-2020 / 11:08
02-08-2020 / 11:08
02-08-2020 / 10:08
02-08-2020 / 09:08
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