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Entre Ríos - 31-07-2020 / 19:07

Urribarri y los otros acusados contraatacan, tras el pedido que les hizo la Justicia por la megacausa del “Sueño Entrerriano”

Urribarri y los otros acusados contraatacan, tras el pedido que les hizo la Justicia por la megacausa del “Sueño Entrerriano”
El soñador entrerriano.
 
Los abogados de los imputados en la causa conocida mediáticamente como "Sueño Entrerriano" pidieron la suspensión del juicio oral que está previsto iniciar el 18 de agosto próximo. Entre los principales acusados se encuentra el ex gobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri.
 
Además, los letrados rechazaron la propuesta del Ministerio Público Fiscal por el cual se pretende que las audiencias se realicen a través de un sistema mixto por la pandemia, con asistencia presencial y virtual de los acusados.
  
Esta megacausa incluye tres expedientes:
-      la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones;
-      la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge "Corcho" Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y
-      la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.
 
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el "Sueño Entrerriano".
 
 
Pregunta y respuesta
  
El lunes, cuando se reactivó la actividad judicial en la provincia luego de la feria, la Fiscalía pidió a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial que por su intermedio se pida a los acusados que respondan en 72 horas si asistirán al juicio o lo seguirán por Internet.
 
Las audiencias del juicio están fijadas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.
 
El plazo para responder se cumplió el miércoles al mediodía. La respuesta de los defensores fue en contra de realizar el juicio en el marco de la pandemia y apelaron a una Acordada del Superior Tribunal de Justicia, que reglamenta qué audiencias pueden realizarse en este período especial.
 
 
¿Quién deberá responder ahora?
  
Consultado al respecto, el abogado Emilio Fouces, que defiende al exministro de Turismo Hugo Marsó y al empresario Gerardo Daniel Caruso, explicó la posición que presentaron ante la OGA, organismo que debe definir si el juicio se suspende o no.
 
"Antes de la feria judicial el Ministerio Público Fiscal presentó una propuesta para llevar adelante el juicio de una manera disparatada, con videoconferencia y testigos que deben venir de otros lugares", señaló.
 
Planteó, al respecto, que "hay tres de los imputados que no pueden venir porque viven afuera; y de los 150 testigos hay como 50 que son de Buenos Aires. Tienen que llegar a Paraná y hacer 15 días de cuarentena; después ir al juicio, declarar y volver a Buenos Aires y volver hacer la cuarentena".
 
"La verdad es que es disparatada esta propuesta y por supuesto todos los abogados defensores nos opusimos porque coarta el debido proceso y el derecho de defensa", confirmó Fouces.
 
"Con mis defendidos hace 6 meses que no hablo más que por teléfono. Maersó vive en Colón y Caruso en Buenos Aires. A mí es a uno de los que más afecta esta situación. Cuando se reactivó la actividad judicial, nos corren traslado de la propuesta de Fiscalía y nos dan 72 horas para contestar. Por supuesto todos los abogados defensores nos oponemos", argumentó luego.
 
Recordó, por último, la resolución del Superior Tribunal de Justicia para que el debate sea suspendido. "El planteo de Fiscalía es contrario a la Acordada del STJ sobre cómo manejar el tema de los procesos penales en cuarentena. Expresamente el Superior Tribunal dice que no se va realizar ninguna audiencia salvo que sea un delito de género o que el imputado esté privado de su libertad con prisión preventiva. Este caso no encuadra en ninguna de esas dos excepciones. Yo creo que se va a suspender porque es contrario a la reglamentación del Superior".
 
"Nuestro planteo debe resolverlo la OGA. Calculamos que van a tomarse 72 horas para resolver", cerró.
 
 
Acusados
  
En la megacausa están acusados el exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; el titular de la firma "El Juego en que Andamos" y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; el exministro de Turismo Hugo José María Marsó; Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedese, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
 
En este caso para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con "ánimo de lucro".
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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