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Entre Ríos - 31-07-2020 / 19:07

Urribarri y los otros acusados contraatacan, tras el pedido que les hizo la Justicia por la megacausa del “Sueño Entrerriano”

Urribarri y los otros acusados contraatacan, tras el pedido que les hizo la Justicia por la megacausa del “Sueño Entrerriano”
El soñador entrerriano.
 
Los abogados de los imputados en la causa conocida mediáticamente como "Sueño Entrerriano" pidieron la suspensión del juicio oral que está previsto iniciar el 18 de agosto próximo. Entre los principales acusados se encuentra el ex gobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri.
 
Además, los letrados rechazaron la propuesta del Ministerio Público Fiscal por el cual se pretende que las audiencias se realicen a través de un sistema mixto por la pandemia, con asistencia presencial y virtual de los acusados.
  
Esta megacausa incluye tres expedientes:
-      la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones;
-      la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge "Corcho" Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y
-      la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.
 
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el "Sueño Entrerriano".
 
 
Pregunta y respuesta
  
El lunes, cuando se reactivó la actividad judicial en la provincia luego de la feria, la Fiscalía pidió a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial que por su intermedio se pida a los acusados que respondan en 72 horas si asistirán al juicio o lo seguirán por Internet.
 
Las audiencias del juicio están fijadas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.
 
El plazo para responder se cumplió el miércoles al mediodía. La respuesta de los defensores fue en contra de realizar el juicio en el marco de la pandemia y apelaron a una Acordada del Superior Tribunal de Justicia, que reglamenta qué audiencias pueden realizarse en este período especial.
 
 
¿Quién deberá responder ahora?
  
Consultado al respecto, el abogado Emilio Fouces, que defiende al exministro de Turismo Hugo Marsó y al empresario Gerardo Daniel Caruso, explicó la posición que presentaron ante la OGA, organismo que debe definir si el juicio se suspende o no.
 
"Antes de la feria judicial el Ministerio Público Fiscal presentó una propuesta para llevar adelante el juicio de una manera disparatada, con videoconferencia y testigos que deben venir de otros lugares", señaló.
 
Planteó, al respecto, que "hay tres de los imputados que no pueden venir porque viven afuera; y de los 150 testigos hay como 50 que son de Buenos Aires. Tienen que llegar a Paraná y hacer 15 días de cuarentena; después ir al juicio, declarar y volver a Buenos Aires y volver hacer la cuarentena".
 
"La verdad es que es disparatada esta propuesta y por supuesto todos los abogados defensores nos opusimos porque coarta el debido proceso y el derecho de defensa", confirmó Fouces.
 
"Con mis defendidos hace 6 meses que no hablo más que por teléfono. Maersó vive en Colón y Caruso en Buenos Aires. A mí es a uno de los que más afecta esta situación. Cuando se reactivó la actividad judicial, nos corren traslado de la propuesta de Fiscalía y nos dan 72 horas para contestar. Por supuesto todos los abogados defensores nos oponemos", argumentó luego.
 
Recordó, por último, la resolución del Superior Tribunal de Justicia para que el debate sea suspendido. "El planteo de Fiscalía es contrario a la Acordada del STJ sobre cómo manejar el tema de los procesos penales en cuarentena. Expresamente el Superior Tribunal dice que no se va realizar ninguna audiencia salvo que sea un delito de género o que el imputado esté privado de su libertad con prisión preventiva. Este caso no encuadra en ninguna de esas dos excepciones. Yo creo que se va a suspender porque es contrario a la reglamentación del Superior".
 
"Nuestro planteo debe resolverlo la OGA. Calculamos que van a tomarse 72 horas para resolver", cerró.
 
 
Acusados
  
En la megacausa están acusados el exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; el titular de la firma "El Juego en que Andamos" y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; el exministro de Turismo Hugo José María Marsó; Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedese, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
 
En este caso para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con "ánimo de lucro".
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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01-02-2026 / 21:02
La relación de subordinación total de Rogelio Frigerio para con el Gobierno de Javier Milei solo reporta para la Provincia nuevos avales para emitir endeudamiento, que le permitirán concretar una emisión internacional de U$S 500 millones. Todo lo demás son costos crecientes y pérdidas constantes. Enero fue el séptimo mes de coparticipación en baja, la actividad económica no muestra reacción, la negociación por los fondos de la Caja de Jubilaciones está completamente paralizada, el colapso del sector industrial vaticina consecuencias laborales provinciales dramáticas y hay una reforma laboral en ciernes que el Gobierno de Milei diseñó con precisión quirúrgica para arrebatarles más recursos a las provincias: Entre Ríos perdería unos $ 80 mil millones más. Las provincias serán las que solventen la parte mayoritaria de la reducción de Ganancias a 145 grandes empresas. Un gobierno solo para los más ricos.
 
Varios gobernadores, sin la participación de Frigerio, se reúnen para exigirle a Milei que saque el capítulo de Ganancias de la reforma laboral. Entraron en alerta cuando detectaron que Nación introdujo un capítulo impositivo que dispone una rebaja de Ganancias a 145 grandes empresas que tendría un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales para las provincias. Si Milei no saca ese capítulo no apoyarán la reforma laboral amenazan, aunque no es el único reclamo. También están pidiendo que Nación pague diferentes deudas que mantiene con esas provincias, vinculadas a la atención de afiliados del PAMI, de Anses y de obras que eran conjuntas y que terminaron pagando los gobernadores porque Milei las abandonó.
 
En el interior federal hay alerta por la caída de la coparticipación nacional y porque observan que la recaudación no se recupera. Entre los mandatarios provinciales coinciden en que viene un año muy duro. En ese marco, el gobierno de Frigerio se expone, en 2026, a mayores recortes presupuestarios antes las necesidades financieras coyunturales y la caída de fondos federales. Las preocupaciones crecen porque los problemas no dejan de brotar. "Nos comimos la alcancía para llegar, con relativa tranquilidad, a fin de año", indica uno de los colaboradores del gobernador. De ahora en adelante, el recorte de partidas será más por obligación que por convicción.
 
De allí la necesidad del mandatario para recuperar parte de las acreencias que Entre Ríos ha acumulado y que tiene como deudor nada menos que al gobierno de Milei. Si no es este año, ¿entonces cuándo?, es la pregunta que flota en varias oficinas de la Casa Gris. El temor es llegar a marzo más que ajustados, ya que estos meses suelen ser de baja recaudación, más aún cuando la actividad económica no ha mostrado signos de recuperación. Ahogar más al sector privado provincial no es la salida. Las dificultades son crecientes y no se ajustan sólo a la carga fiscal. Un claro ejemplo es lo que sucede con las industrias, que tuvieron que bajar sus niveles de producción porque las importaciones la devoraron.
 
Se ha cerrado un 2025 para el olvido, con cientos de suspensiones de personal privado y con la amenaza latente de bajar las persianas en empresas y comercios. Algunos patrones comunicaron que pueden aguantar un poco más pero que, en el camino, necesitan que el presidente Milei sea más gradualista a la hora de abrir las importaciones. El jefe de Estado está totalmente alineado con su par yanqui, Donald Trump, pero no frena la embestida vendedora que llega de Asia. Los chinos son aliados comerciales estratégicos, según definió en Davos.
 
La Argentina, en general, y Entre Ríos, en particular, no están en condiciones de soportar que cambie el clima y que las tensiones sociales se acrecienten. El pesimismo sobre el rumbo económico abarca a más de la mitad de la población, según varias encuestas realizadas por las consultoras privadas. El Gobierno libertario sigue acomodando la macroeconomía, pero hacia abajo no se evidencia la lluvia que alivia, sino que se recrudece la tormenta que agobia.
 
Por caso, el 74,7% de las personas que participaron en un sondeo realizado por Zentrix Consultora afirma que su salario está perdiendo contra la inflación, un indicador de malestar económico extendido en la vida cotidiana. El endeudamiento familiar está en niveles históricos y la tarjeta de crédito está explotada.
 

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