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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 31-07-2020 / 11:07
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La economía de guerra tiene un comandante

La economía de guerra tiene un comandante
Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses.
Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses.
 
El impulso a la reforma judicial y la aprobación de la ley de teletrabajo reflejaron esta semana ese intento oficial de despabilarse y recuperar la iniciativa. Desde la intimidad hiperactiva de Olivos, por donde desfilan ministros a horas disparatadas y donde las pantallas de Webex y Zoom tampoco descansan, anticipan que es solo el principio y que se vienen semanas de alto voltaje para el poder.
 
Edesur, Vicentin y las dos autopistas más transitadas del país prometen ser los terrenos donde se vuelva a probar la potencia del Frente de Todos como herramienta transformadora y la muñeca del Presidente para empuñarla, especialmente sin un peso.
 
Los últimos catalizadores de los tres conflictos fueron públicos: la andanada de protestas contra el servicio que brinda la distribuidora eléctrica, el naufragio del plan Perotti para la acopiadora de granos y el procesamiento de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dujovne por la prórroga hasta 2030 de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste en beneficio de los antiguos socios del grupo Macri.
 
Lo que se teje en reserva son los consensos necesarios para superar esos choques sin volver a tropezar, como con la fallida expropiación de Vicentin. 
 

 
Después de haber recibido a pedido de Ricardo Alfonsín a enviados del holding español Abertis que desplegaron preventivamente su lobbying ante la embajada ibérica, Gabriel Katopodis terminó de alistar un plan para revertir la escandalosa renegociación de los contratos de las autopistas que firmó Dietrich y que tiene a ese grupo como principal beneficiario.
 
Ya dieron su visto bueno tanto la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini como la Secretaría Legal y Técnica de Vilma Ibarra, lo cual describe tanto el alcance institucional de la decisión como la coincidencia entre tribus internas de que debe ejecutarse.
 
Solo falta definir quién hará el anuncio, pero todo apunta a la promesa de una nueva licitación de los dos corredores que hoy administran Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y a que mientras tanto los maneje el Estado.
 
El exministro de Economía bonaerense Gerardo Otero, jefe de asesores de Katopodis, es el encargado de evitar que futuros juicios hagan que la decisión le termine costando al fisco más de lo que ya le hicieron perder Dietrich e Iguacel. "No queremos una YPF II", dicen en voz baja en la cartera de Infraestructura.
 
A su favor juega un dato: la prórroga fue tan lesiva para los intereses del Estado que hubo tres funcionarios de Vialidad que renunciaron para no firmarla. El exprocurador Carlos Balbín también fue empujado a irse después de haber intentado desbaratar el plan de los contratistas amigos (y de haberse interpuesto también en los planes de Macri para el Correo).
 
Hasta el propio Dujovne se excusó de suscribirla, en una carta que le envió el 8 de mayo de 2018 a Dietrich a través de su secretario legal Ignacio Pérez Cortés. Terminó igualmente procesado en la causa que llevó adelante hasta anteayer el ahora jubilado Rodolfo Canicoba Corral.
 
 
Discovery Kids
  
La causa de las autopistas del curro fue heredada por el juez Julián Ercolini, casualmente también al frente de la investigación penal que procura establecer si los dueños de Vicentin embolsaron créditos millonarios del Banco Nación gracias a sus influencias como donantes senior de la campaña electoral de Juntos por el Cambio.
 
Ayer, los enviados del fiscal Gerardo Policita que allanaron las oficinas de Vicentin en Reconquista se cruzaron de lejos con los abogados del gobernador y de la intervención que dispuso Fernández, que estaban citados por el juez comercial Fabián Lorenzini para intentar poner en marcha el fideicomiso que incorporara a los acreedores como accionistas y que permitiera el rescate de la empresa.
 
La reunión en el juzgado comercial terminó en un fracaso estrepitoso. El presidente y el vice de la compañía, Daniel Buyatti y Alberto Macua, se negaron a entregar los derechos de voto de sus acciones al fideicomiso. Tampoco accedieron a correrse de la dirección de la empresa.
 
"Están locos si creen que vamos a agarrar esto. ¡Te designan capitán del barco que se está hundiendo pero no podés tocar el timón!", le dijo uno de sus abogados a Gabriel Delgado, el interventor que designó Fernández en principio y que jamás llegó a desembarcar en Reconquista.
 
"Ustedes saben lo que está pasando acá afuera. La noticia mañana no va a ser de derecho comercial, va a ser de derecho penal", dijo otro de los abogados presentes por el Estado. Aludía, claro, al allanamiento ordenado por Ercolini.
 
Soslayaba adrede, haciéndose el distraído, el que hasta ahora funcionó como principal reaseguro de los Nardelli, los Vicentín, los Nardelli y los Padoan: el blindaje mediático que convirtió a su estafa contra el Banco Nación en un acto simultáneo de patriotismo ruralista y defensa de la propiedad privada.
 
Lo que sí avanza, en cambio, es el "Discovery" que pidieron los acreedores extranjeros de Vicentin. Es una medida que apunta a descubrir dónde fue a parar el dinero que desapareció de la empresa. Esos acreedores, entre los que se cuentan algunos muy influyentes como el Rabobank y el FMO (Países Bajos) y la Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial, Washington), declararon haber sido víctimas de una estafa internacional de largo alcance.
 
Lo que nadie entiende es por qué se muestran tan pasivos en el concurso local. ¿Lo darán por perdido mientras se mantenga en manos de Lorenzini, por los múltiples lazos que lo atan a Vicentin?
 
 
La mordidita
  
Son discusiones sobre el pasado pero también sobre el futuro. Como las que tienen los CEOs de 24 bancos que se juntan todos los lunes a diagramar cómo será Play Digital, la billetera electrónica que empezaron a desarrollar el Galicia, el Santander y el Francés justo antes de que estallara la pandemia. Un intento de contragolpe contra Marcos Galperín, que se afirmó como administrador de pagos a puro QR y que esquiva las regulaciones que sí están obligados a respetar los bancos.
 
El avance de los bancos contra Galperín cuenta en principio con la bendición de Miguel Pesce, quien apenas asumió en el Central le hizo saber al dueño de Mercado Libre que no podría seguir evadiendo las obligaciones de quienes brindan servicios financieros.
 
Es algo que Galperín podría adjudicar a la animadversión oficial en su contra -o que alguno de sus fans podría definir como "lo que les molesta de Mercado Libre"- si no fuera porque en el mismísimo Capitolio les acaban de exigir ésas y muchas más explicaciones a los hermanos mayores del Bezos criollo.
 
Play Digital, además, amenaza con competir contra Mercado Pago con un arma secreta: los pagos entre personas de celular a celular, sin utilizar la CBU. Con tener a alguien agendado en el celular, una vez que funcione, va a ser suficiente para pagar. Pero en la génesis de la plataforma local y las reuniones preparatorias de los lunes empiezan a encender una sospecha. ¿Y si los bancos se están cartelizando para encarar también otros negocios? ¿Y si terminan fijando precios por encima de los de mercado para otros servicios?
 
Con el caso de Edesur también cunde la desconfianza entre el mundo estatal y el privado. El disparador de las quejas coordinadas de los intendentes, avaladas por Olivos, fueron los cortes de luz masivos en villas y asentamientos, algo mucho dramático para quien no tiene gas, agua corriente ni cloacas que para un usuario de clase media. Y que inmediatamente genera protestas y cortes de autopistas.
 
El acuerdo marco para el pago de la energía que consumen esos barrios postergados se firmó en 2011. Se suponía que los municipios iban a hacer las obras para llegar a cada barrio y se suponía que la energía la iba a pagar el gobierno provincial en Buenos Aires y el porteño en la Ciudad. Pero ya van dos mandatos completos en los que el pago no llega: el segundo de Daniel Scioli y todo el de María Eugenia Vidal. Para peor, antes de irse, Vidal les endosó la futuras facturas a los municipios.
 
Por la cuarentena, hubo barrios precarios donde el incremento del consumo fue del 120%. En promedio, el incremento fue del 70%. Y el consumo no es marginal, porque son 81 bocas en provincia y 17 en la Ciudad. ¿Quién corresponde que lo cubra? ¿Hay que revertir una concesión vigente hasta 2087 para conseguir que el servicio se preste? ¿Tiene espalda para encarar también esa pelea el Gobierno? El Presidente, el viernes pasado, le aseguró al CEO de la empresa que no es el derrotero que imagina. Aunque la reunión fue tensa por momentos, lo despidió con su frase de cabecera para propios y extraños: "Quedate tranquilo".
 
La economía de guerra que académicos como Jacques Attali recomiendan abrazar para los próximos meses requiere un mando firme. Un comandante estatal para una economía privada catatónica en todo el mundo. El Presidente ya gobernó más tiempo en cuarentena que fuera de ella. Quizá la prolongación del sufrimiento lo empuje a esa conversión.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

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