05:07 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 31-07-2020 / 11:07

PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La economía de guerra tiene un comandante

Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses.

Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses.

El impulso a la reforma judicial y la aprobación de la ley de teletrabajo reflejaron esta semana ese intento oficial de despabilarse y recuperar la iniciativa. Desde la intimidad hiperactiva de Olivos, por donde desfilan ministros a horas disparatadas y donde las pantallas de Webex y Zoom tampoco descansan, anticipan que es solo el principio y que se vienen semanas de alto voltaje para el poder.

Edesur, Vicentin y las dos autopistas más transitadas del país prometen ser los terrenos donde se vuelva a probar la potencia del Frente de Todos como herramienta transformadora y la muñeca del Presidente para empuñarla, especialmente sin un peso.

Los últimos catalizadores de los tres conflictos fueron públicos: la andanada de protestas contra el servicio que brinda la distribuidora eléctrica, el naufragio del plan Perotti para la acopiadora de granos y el procesamiento de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dujovne por la prórroga hasta 2030 de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste en beneficio de los antiguos socios del grupo Macri.

Lo que se teje en reserva son los consensos necesarios para superar esos choques sin volver a tropezar, como con la fallida expropiación de Vicentin.

Después de haber recibido a pedido de Ricardo Alfonsín a enviados del holding español Abertis que desplegaron preventivamente su lobbying ante la embajada ibérica, Gabriel Katopodis terminó de alistar un plan para revertir la escandalosa renegociación de los contratos de las autopistas que firmó Dietrich y que tiene a ese grupo como principal beneficiario.

Ya dieron su visto bueno tanto la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini como la Secretaría Legal y Técnica de Vilma Ibarra, lo cual describe tanto el alcance institucional de la decisión como la coincidencia entre tribus internas de que debe ejecutarse.

Solo falta definir quién hará el anuncio, pero todo apunta a la promesa de una nueva licitación de los dos corredores que hoy administran Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y a que mientras tanto los maneje el Estado.

El exministro de Economía bonaerense Gerardo Otero, jefe de asesores de Katopodis, es el encargado de evitar que futuros juicios hagan que la decisión le termine costando al fisco más de lo que ya le hicieron perder Dietrich e Iguacel. "No queremos una YPF II", dicen en voz baja en la cartera de Infraestructura.

A su favor juega un dato: la prórroga fue tan lesiva para los intereses del Estado que hubo tres funcionarios de Vialidad que renunciaron para no firmarla. El exprocurador Carlos Balbín también fue empujado a irse después de haber intentado desbaratar el plan de los contratistas amigos (y de haberse interpuesto también en los planes de Macri para el Correo).

Hasta el propio Dujovne se excusó de suscribirla, en una carta que le envió el 8 de mayo de 2018 a Dietrich a través de su secretario legal Ignacio Pérez Cortés. Terminó igualmente procesado en la causa que llevó adelante hasta anteayer el ahora jubilado Rodolfo Canicoba Corral.

Discovery Kids

La causa de las autopistas del curro fue heredada por el juez Julián Ercolini, casualmente también al frente de la investigación penal que procura establecer si los dueños de Vicentin embolsaron créditos millonarios del Banco Nación gracias a sus influencias como donantes senior de la campaña electoral de Juntos por el Cambio.

Ayer, los enviados del fiscal Gerardo Policita que allanaron las oficinas de Vicentin en Reconquista se cruzaron de lejos con los abogados del gobernador y de la intervención que dispuso Fernández, que estaban citados por el juez comercial Fabián Lorenzini para intentar poner en marcha el fideicomiso que incorporara a los acreedores como accionistas y que permitiera el rescate de la empresa.

La reunión en el juzgado comercial terminó en un fracaso estrepitoso. El presidente y el vice de la compañía, Daniel Buyatti y Alberto Macua, se negaron a entregar los derechos de voto de sus acciones al fideicomiso. Tampoco accedieron a correrse de la dirección de la empresa.

"Están locos si creen que vamos a agarrar esto. ¡Te designan capitán del barco que se está hundiendo pero no podés tocar el timón!", le dijo uno de sus abogados a Gabriel Delgado, el interventor que designó Fernández en principio y que jamás llegó a desembarcar en Reconquista.

"Ustedes saben lo que está pasando acá afuera. La noticia mañana no va a ser de derecho comercial, va a ser de derecho penal", dijo otro de los abogados presentes por el Estado. Aludía, claro, al allanamiento ordenado por Ercolini.

Soslayaba adrede, haciéndose el distraído, el que hasta ahora funcionó como principal reaseguro de los Nardelli, los Vicentín, los Nardelli y los Padoan: el blindaje mediático que convirtió a su estafa contra el Banco Nación en un acto simultáneo de patriotismo ruralista y defensa de la propiedad privada.

Lo que sí avanza, en cambio, es el "Discovery" que pidieron los acreedores extranjeros de Vicentin. Es una medida que apunta a descubrir dónde fue a parar el dinero que desapareció de la empresa. Esos acreedores, entre los que se cuentan algunos muy influyentes como el Rabobank y el FMO (Países Bajos) y la Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial, Washington), declararon haber sido víctimas de una estafa internacional de largo alcance.

Lo que nadie entiende es por qué se muestran tan pasivos en el concurso local. ¿Lo darán por perdido mientras se mantenga en manos de Lorenzini, por los múltiples lazos que lo atan a Vicentin?

La mordidita

Son discusiones sobre el pasado pero también sobre el futuro. Como las que tienen los CEOs de 24 bancos que se juntan todos los lunes a diagramar cómo será Play Digital, la billetera electrónica que empezaron a desarrollar el Galicia, el Santander y el Francés justo antes de que estallara la pandemia. Un intento de contragolpe contra Marcos Galperín, que se afirmó como administrador de pagos a puro QR y que esquiva las regulaciones que sí están obligados a respetar los bancos.

El avance de los bancos contra Galperín cuenta en principio con la bendición de Miguel Pesce, quien apenas asumió en el Central le hizo saber al dueño de Mercado Libre que no podría seguir evadiendo las obligaciones de quienes brindan servicios financieros.

Es algo que Galperín podría adjudicar a la animadversión oficial en su contra -o que alguno de sus fans podría definir como "lo que les molesta de Mercado Libre"- si no fuera porque en el mismísimo Capitolio les acaban de exigir ésas y muchas más explicaciones a los hermanos mayores del Bezos criollo.

Play Digital, además, amenaza con competir contra Mercado Pago con un arma secreta: los pagos entre personas de celular a celular, sin utilizar la CBU. Con tener a alguien agendado en el celular, una vez que funcione, va a ser suficiente para pagar. Pero en la génesis de la plataforma local y las reuniones preparatorias de los lunes empiezan a encender una sospecha. ¿Y si los bancos se están cartelizando para encarar también otros negocios? ¿Y si terminan fijando precios por encima de los de mercado para otros servicios?

Con el caso de Edesur también cunde la desconfianza entre el mundo estatal y el privado. El disparador de las quejas coordinadas de los intendentes, avaladas por Olivos, fueron los cortes de luz masivos en villas y asentamientos, algo mucho dramático para quien no tiene gas, agua corriente ni cloacas que para un usuario de clase media. Y que inmediatamente genera protestas y cortes de autopistas.

El acuerdo marco para el pago de la energía que consumen esos barrios postergados se firmó en 2011. Se suponía que los municipios iban a hacer las obras para llegar a cada barrio y se suponía que la energía la iba a pagar el gobierno provincial en Buenos Aires y el porteño en la Ciudad. Pero ya van dos mandatos completos en los que el pago no llega: el segundo de Daniel Scioli y todo el de María Eugenia Vidal. Para peor, antes de irse, Vidal les endosó la futuras facturas a los municipios.

Por la cuarentena, hubo barrios precarios donde el incremento del consumo fue del 120%. En promedio, el incremento fue del 70%. Y el consumo no es marginal, porque son 81 bocas en provincia y 17 en la Ciudad. ¿Quién corresponde que lo cubra? ¿Hay que revertir una concesión vigente hasta 2087 para conseguir que el servicio se preste? ¿Tiene espalda para encarar también esa pelea el Gobierno? El Presidente, el viernes pasado, le aseguró al CEO de la empresa que no es el derrotero que imagina. Aunque la reunión fue tensa por momentos, lo despidió con su frase de cabecera para propios y extraños: "Quedate tranquilo".

La economía de guerra que académicos como Jacques Attali recomiendan abrazar para los próximos meses requiere un mando firme. Un comandante estatal para una economía privada catatónica en todo el mundo. El Presidente ya gobernó más tiempo en cuarentena que fuera de ella. Quizá la prolongación del sufrimiento lo empuje a esa conversión.

Por Alejandro Bercovich

Fuente: BAE Negocios

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.