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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 31-07-2020 / 11:07
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La economía de guerra tiene un comandante

La economía de guerra tiene un comandante
Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses.
Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses.
 
El impulso a la reforma judicial y la aprobación de la ley de teletrabajo reflejaron esta semana ese intento oficial de despabilarse y recuperar la iniciativa. Desde la intimidad hiperactiva de Olivos, por donde desfilan ministros a horas disparatadas y donde las pantallas de Webex y Zoom tampoco descansan, anticipan que es solo el principio y que se vienen semanas de alto voltaje para el poder.
 
Edesur, Vicentin y las dos autopistas más transitadas del país prometen ser los terrenos donde se vuelva a probar la potencia del Frente de Todos como herramienta transformadora y la muñeca del Presidente para empuñarla, especialmente sin un peso.
 
Los últimos catalizadores de los tres conflictos fueron públicos: la andanada de protestas contra el servicio que brinda la distribuidora eléctrica, el naufragio del plan Perotti para la acopiadora de granos y el procesamiento de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dujovne por la prórroga hasta 2030 de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste en beneficio de los antiguos socios del grupo Macri.
 
Lo que se teje en reserva son los consensos necesarios para superar esos choques sin volver a tropezar, como con la fallida expropiación de Vicentin. 
 

 
Después de haber recibido a pedido de Ricardo Alfonsín a enviados del holding español Abertis que desplegaron preventivamente su lobbying ante la embajada ibérica, Gabriel Katopodis terminó de alistar un plan para revertir la escandalosa renegociación de los contratos de las autopistas que firmó Dietrich y que tiene a ese grupo como principal beneficiario.
 
Ya dieron su visto bueno tanto la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini como la Secretaría Legal y Técnica de Vilma Ibarra, lo cual describe tanto el alcance institucional de la decisión como la coincidencia entre tribus internas de que debe ejecutarse.
 
Solo falta definir quién hará el anuncio, pero todo apunta a la promesa de una nueva licitación de los dos corredores que hoy administran Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y a que mientras tanto los maneje el Estado.
 
El exministro de Economía bonaerense Gerardo Otero, jefe de asesores de Katopodis, es el encargado de evitar que futuros juicios hagan que la decisión le termine costando al fisco más de lo que ya le hicieron perder Dietrich e Iguacel. "No queremos una YPF II", dicen en voz baja en la cartera de Infraestructura.
 
A su favor juega un dato: la prórroga fue tan lesiva para los intereses del Estado que hubo tres funcionarios de Vialidad que renunciaron para no firmarla. El exprocurador Carlos Balbín también fue empujado a irse después de haber intentado desbaratar el plan de los contratistas amigos (y de haberse interpuesto también en los planes de Macri para el Correo).
 
Hasta el propio Dujovne se excusó de suscribirla, en una carta que le envió el 8 de mayo de 2018 a Dietrich a través de su secretario legal Ignacio Pérez Cortés. Terminó igualmente procesado en la causa que llevó adelante hasta anteayer el ahora jubilado Rodolfo Canicoba Corral.
 
 
Discovery Kids
  
La causa de las autopistas del curro fue heredada por el juez Julián Ercolini, casualmente también al frente de la investigación penal que procura establecer si los dueños de Vicentin embolsaron créditos millonarios del Banco Nación gracias a sus influencias como donantes senior de la campaña electoral de Juntos por el Cambio.
 
Ayer, los enviados del fiscal Gerardo Policita que allanaron las oficinas de Vicentin en Reconquista se cruzaron de lejos con los abogados del gobernador y de la intervención que dispuso Fernández, que estaban citados por el juez comercial Fabián Lorenzini para intentar poner en marcha el fideicomiso que incorporara a los acreedores como accionistas y que permitiera el rescate de la empresa.
 
La reunión en el juzgado comercial terminó en un fracaso estrepitoso. El presidente y el vice de la compañía, Daniel Buyatti y Alberto Macua, se negaron a entregar los derechos de voto de sus acciones al fideicomiso. Tampoco accedieron a correrse de la dirección de la empresa.
 
"Están locos si creen que vamos a agarrar esto. ¡Te designan capitán del barco que se está hundiendo pero no podés tocar el timón!", le dijo uno de sus abogados a Gabriel Delgado, el interventor que designó Fernández en principio y que jamás llegó a desembarcar en Reconquista.
 
"Ustedes saben lo que está pasando acá afuera. La noticia mañana no va a ser de derecho comercial, va a ser de derecho penal", dijo otro de los abogados presentes por el Estado. Aludía, claro, al allanamiento ordenado por Ercolini.
 
Soslayaba adrede, haciéndose el distraído, el que hasta ahora funcionó como principal reaseguro de los Nardelli, los Vicentín, los Nardelli y los Padoan: el blindaje mediático que convirtió a su estafa contra el Banco Nación en un acto simultáneo de patriotismo ruralista y defensa de la propiedad privada.
 
Lo que sí avanza, en cambio, es el "Discovery" que pidieron los acreedores extranjeros de Vicentin. Es una medida que apunta a descubrir dónde fue a parar el dinero que desapareció de la empresa. Esos acreedores, entre los que se cuentan algunos muy influyentes como el Rabobank y el FMO (Países Bajos) y la Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial, Washington), declararon haber sido víctimas de una estafa internacional de largo alcance.
 
Lo que nadie entiende es por qué se muestran tan pasivos en el concurso local. ¿Lo darán por perdido mientras se mantenga en manos de Lorenzini, por los múltiples lazos que lo atan a Vicentin?
 
 
La mordidita
  
Son discusiones sobre el pasado pero también sobre el futuro. Como las que tienen los CEOs de 24 bancos que se juntan todos los lunes a diagramar cómo será Play Digital, la billetera electrónica que empezaron a desarrollar el Galicia, el Santander y el Francés justo antes de que estallara la pandemia. Un intento de contragolpe contra Marcos Galperín, que se afirmó como administrador de pagos a puro QR y que esquiva las regulaciones que sí están obligados a respetar los bancos.
 
El avance de los bancos contra Galperín cuenta en principio con la bendición de Miguel Pesce, quien apenas asumió en el Central le hizo saber al dueño de Mercado Libre que no podría seguir evadiendo las obligaciones de quienes brindan servicios financieros.
 
Es algo que Galperín podría adjudicar a la animadversión oficial en su contra -o que alguno de sus fans podría definir como "lo que les molesta de Mercado Libre"- si no fuera porque en el mismísimo Capitolio les acaban de exigir ésas y muchas más explicaciones a los hermanos mayores del Bezos criollo.
 
Play Digital, además, amenaza con competir contra Mercado Pago con un arma secreta: los pagos entre personas de celular a celular, sin utilizar la CBU. Con tener a alguien agendado en el celular, una vez que funcione, va a ser suficiente para pagar. Pero en la génesis de la plataforma local y las reuniones preparatorias de los lunes empiezan a encender una sospecha. ¿Y si los bancos se están cartelizando para encarar también otros negocios? ¿Y si terminan fijando precios por encima de los de mercado para otros servicios?
 
Con el caso de Edesur también cunde la desconfianza entre el mundo estatal y el privado. El disparador de las quejas coordinadas de los intendentes, avaladas por Olivos, fueron los cortes de luz masivos en villas y asentamientos, algo mucho dramático para quien no tiene gas, agua corriente ni cloacas que para un usuario de clase media. Y que inmediatamente genera protestas y cortes de autopistas.
 
El acuerdo marco para el pago de la energía que consumen esos barrios postergados se firmó en 2011. Se suponía que los municipios iban a hacer las obras para llegar a cada barrio y se suponía que la energía la iba a pagar el gobierno provincial en Buenos Aires y el porteño en la Ciudad. Pero ya van dos mandatos completos en los que el pago no llega: el segundo de Daniel Scioli y todo el de María Eugenia Vidal. Para peor, antes de irse, Vidal les endosó la futuras facturas a los municipios.
 
Por la cuarentena, hubo barrios precarios donde el incremento del consumo fue del 120%. En promedio, el incremento fue del 70%. Y el consumo no es marginal, porque son 81 bocas en provincia y 17 en la Ciudad. ¿Quién corresponde que lo cubra? ¿Hay que revertir una concesión vigente hasta 2087 para conseguir que el servicio se preste? ¿Tiene espalda para encarar también esa pelea el Gobierno? El Presidente, el viernes pasado, le aseguró al CEO de la empresa que no es el derrotero que imagina. Aunque la reunión fue tensa por momentos, lo despidió con su frase de cabecera para propios y extraños: "Quedate tranquilo".
 
La economía de guerra que académicos como Jacques Attali recomiendan abrazar para los próximos meses requiere un mando firme. Un comandante estatal para una economía privada catatónica en todo el mundo. El Presidente ya gobernó más tiempo en cuarentena que fuera de ella. Quizá la prolongación del sufrimiento lo empuje a esa conversión.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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