06:37 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 31-07-2020 / 11:07

PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La economía de guerra tiene un comandante

Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses.

Aunque la pandemia fulminó el impulso refundacional con el que arranca todo gobierno, al menos en Argentina, su prolongación en el tiempo empieza a empujar a Alberto Fernández a tomar decisiones estructurales que había decidido aplazar apenas estalló, hace ya cuatro meses.

El impulso a la reforma judicial y la aprobación de la ley de teletrabajo reflejaron esta semana ese intento oficial de despabilarse y recuperar la iniciativa. Desde la intimidad hiperactiva de Olivos, por donde desfilan ministros a horas disparatadas y donde las pantallas de Webex y Zoom tampoco descansan, anticipan que es solo el principio y que se vienen semanas de alto voltaje para el poder.

Edesur, Vicentin y las dos autopistas más transitadas del país prometen ser los terrenos donde se vuelva a probar la potencia del Frente de Todos como herramienta transformadora y la muñeca del Presidente para empuñarla, especialmente sin un peso.

Los últimos catalizadores de los tres conflictos fueron públicos: la andanada de protestas contra el servicio que brinda la distribuidora eléctrica, el naufragio del plan Perotti para la acopiadora de granos y el procesamiento de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dujovne por la prórroga hasta 2030 de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste en beneficio de los antiguos socios del grupo Macri.

Lo que se teje en reserva son los consensos necesarios para superar esos choques sin volver a tropezar, como con la fallida expropiación de Vicentin.

Después de haber recibido a pedido de Ricardo Alfonsín a enviados del holding español Abertis que desplegaron preventivamente su lobbying ante la embajada ibérica, Gabriel Katopodis terminó de alistar un plan para revertir la escandalosa renegociación de los contratos de las autopistas que firmó Dietrich y que tiene a ese grupo como principal beneficiario.

Ya dieron su visto bueno tanto la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini como la Secretaría Legal y Técnica de Vilma Ibarra, lo cual describe tanto el alcance institucional de la decisión como la coincidencia entre tribus internas de que debe ejecutarse.

Solo falta definir quién hará el anuncio, pero todo apunta a la promesa de una nueva licitación de los dos corredores que hoy administran Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y a que mientras tanto los maneje el Estado.

El exministro de Economía bonaerense Gerardo Otero, jefe de asesores de Katopodis, es el encargado de evitar que futuros juicios hagan que la decisión le termine costando al fisco más de lo que ya le hicieron perder Dietrich e Iguacel. "No queremos una YPF II", dicen en voz baja en la cartera de Infraestructura.

A su favor juega un dato: la prórroga fue tan lesiva para los intereses del Estado que hubo tres funcionarios de Vialidad que renunciaron para no firmarla. El exprocurador Carlos Balbín también fue empujado a irse después de haber intentado desbaratar el plan de los contratistas amigos (y de haberse interpuesto también en los planes de Macri para el Correo).

Hasta el propio Dujovne se excusó de suscribirla, en una carta que le envió el 8 de mayo de 2018 a Dietrich a través de su secretario legal Ignacio Pérez Cortés. Terminó igualmente procesado en la causa que llevó adelante hasta anteayer el ahora jubilado Rodolfo Canicoba Corral.

Discovery Kids

La causa de las autopistas del curro fue heredada por el juez Julián Ercolini, casualmente también al frente de la investigación penal que procura establecer si los dueños de Vicentin embolsaron créditos millonarios del Banco Nación gracias a sus influencias como donantes senior de la campaña electoral de Juntos por el Cambio.

Ayer, los enviados del fiscal Gerardo Policita que allanaron las oficinas de Vicentin en Reconquista se cruzaron de lejos con los abogados del gobernador y de la intervención que dispuso Fernández, que estaban citados por el juez comercial Fabián Lorenzini para intentar poner en marcha el fideicomiso que incorporara a los acreedores como accionistas y que permitiera el rescate de la empresa.

La reunión en el juzgado comercial terminó en un fracaso estrepitoso. El presidente y el vice de la compañía, Daniel Buyatti y Alberto Macua, se negaron a entregar los derechos de voto de sus acciones al fideicomiso. Tampoco accedieron a correrse de la dirección de la empresa.

"Están locos si creen que vamos a agarrar esto. ¡Te designan capitán del barco que se está hundiendo pero no podés tocar el timón!", le dijo uno de sus abogados a Gabriel Delgado, el interventor que designó Fernández en principio y que jamás llegó a desembarcar en Reconquista.

"Ustedes saben lo que está pasando acá afuera. La noticia mañana no va a ser de derecho comercial, va a ser de derecho penal", dijo otro de los abogados presentes por el Estado. Aludía, claro, al allanamiento ordenado por Ercolini.

Soslayaba adrede, haciéndose el distraído, el que hasta ahora funcionó como principal reaseguro de los Nardelli, los Vicentín, los Nardelli y los Padoan: el blindaje mediático que convirtió a su estafa contra el Banco Nación en un acto simultáneo de patriotismo ruralista y defensa de la propiedad privada.

Lo que sí avanza, en cambio, es el "Discovery" que pidieron los acreedores extranjeros de Vicentin. Es una medida que apunta a descubrir dónde fue a parar el dinero que desapareció de la empresa. Esos acreedores, entre los que se cuentan algunos muy influyentes como el Rabobank y el FMO (Países Bajos) y la Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial, Washington), declararon haber sido víctimas de una estafa internacional de largo alcance.

Lo que nadie entiende es por qué se muestran tan pasivos en el concurso local. ¿Lo darán por perdido mientras se mantenga en manos de Lorenzini, por los múltiples lazos que lo atan a Vicentin?

La mordidita

Son discusiones sobre el pasado pero también sobre el futuro. Como las que tienen los CEOs de 24 bancos que se juntan todos los lunes a diagramar cómo será Play Digital, la billetera electrónica que empezaron a desarrollar el Galicia, el Santander y el Francés justo antes de que estallara la pandemia. Un intento de contragolpe contra Marcos Galperín, que se afirmó como administrador de pagos a puro QR y que esquiva las regulaciones que sí están obligados a respetar los bancos.

El avance de los bancos contra Galperín cuenta en principio con la bendición de Miguel Pesce, quien apenas asumió en el Central le hizo saber al dueño de Mercado Libre que no podría seguir evadiendo las obligaciones de quienes brindan servicios financieros.

Es algo que Galperín podría adjudicar a la animadversión oficial en su contra -o que alguno de sus fans podría definir como "lo que les molesta de Mercado Libre"- si no fuera porque en el mismísimo Capitolio les acaban de exigir ésas y muchas más explicaciones a los hermanos mayores del Bezos criollo.

Play Digital, además, amenaza con competir contra Mercado Pago con un arma secreta: los pagos entre personas de celular a celular, sin utilizar la CBU. Con tener a alguien agendado en el celular, una vez que funcione, va a ser suficiente para pagar. Pero en la génesis de la plataforma local y las reuniones preparatorias de los lunes empiezan a encender una sospecha. ¿Y si los bancos se están cartelizando para encarar también otros negocios? ¿Y si terminan fijando precios por encima de los de mercado para otros servicios?

Con el caso de Edesur también cunde la desconfianza entre el mundo estatal y el privado. El disparador de las quejas coordinadas de los intendentes, avaladas por Olivos, fueron los cortes de luz masivos en villas y asentamientos, algo mucho dramático para quien no tiene gas, agua corriente ni cloacas que para un usuario de clase media. Y que inmediatamente genera protestas y cortes de autopistas.

El acuerdo marco para el pago de la energía que consumen esos barrios postergados se firmó en 2011. Se suponía que los municipios iban a hacer las obras para llegar a cada barrio y se suponía que la energía la iba a pagar el gobierno provincial en Buenos Aires y el porteño en la Ciudad. Pero ya van dos mandatos completos en los que el pago no llega: el segundo de Daniel Scioli y todo el de María Eugenia Vidal. Para peor, antes de irse, Vidal les endosó la futuras facturas a los municipios.

Por la cuarentena, hubo barrios precarios donde el incremento del consumo fue del 120%. En promedio, el incremento fue del 70%. Y el consumo no es marginal, porque son 81 bocas en provincia y 17 en la Ciudad. ¿Quién corresponde que lo cubra? ¿Hay que revertir una concesión vigente hasta 2087 para conseguir que el servicio se preste? ¿Tiene espalda para encarar también esa pelea el Gobierno? El Presidente, el viernes pasado, le aseguró al CEO de la empresa que no es el derrotero que imagina. Aunque la reunión fue tensa por momentos, lo despidió con su frase de cabecera para propios y extraños: "Quedate tranquilo".

La economía de guerra que académicos como Jacques Attali recomiendan abrazar para los próximos meses requiere un mando firme. Un comandante estatal para una economía privada catatónica en todo el mundo. El Presidente ya gobernó más tiempo en cuarentena que fuera de ella. Quizá la prolongación del sufrimiento lo empuje a esa conversión.

Por Alejandro Bercovich

Fuente: BAE Negocios

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular