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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 31-07-2020 / 10:07
EL "PLAN PEROTTI" NO VA

La "propuesta superadora" de Vicentin se cayó: ¿vuelve la idea de expropiación?

La
Los directivos de Vicentin, protegidos por el juez que lleva la quiebra, se negaron a dar un paso al costado a pesar de que están siendo investigados por vaciamiento. Rechazados todos sus pedidos, el gobierno de Santa Fe dio por terminada la negociación de un fideicomiso para rescatar la compañía: “Es un capítulo cerrado”, dijeron.
El Gobierno de Santa Fe dio anoche por cerrada la negociación para la conformación del fideicomiso que busca darle continuidad a la operatoria de Vicentin, al no alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de conciliación de las partes convocada por el juez del concurso de la agroexportadora, Fabián Lorenzini.
 
De esta forma, la llamada "propuesta superadora" del gobernador Omar Perotti quedó al borde de naufragar y se reflotan las chances de impulsar nuevamente la ley para expropiar a la cerealera, que estafó al Banco Nación y a sus ahorristas.
 
Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, fueron las propias autoridades santafesinas quienes dieron por "cerrado el capítulo" y aguardarán que el magistrado resuelva el planteo de intervención interpuesto por la provincia.
 
En paralelo, la empresa fue allanada por el juez Ercolini en la causa que investiga la complicidad entre los Nardelli, Vicentin y Padoan con los directivos del Banco Nación durante el macrismo, Javier González Fraga y Lucas Llach, que prestaron el 20% de la capacidad del Banco Nación sin haber chequeado la capacidad de la empresa de devolver el dinero. Pocos días antes de declararse en convocatoria de acreedores, y tras haber aportado 13,5 millones de pesos a la campaña de Juntos por el Cambio, la compañía siguió recibiendo asistencia del banco estatal. 

 
"Si bien la reunión fue cordial desde lo institucional, no nos pusimos de acuerdo porque para instrumentar el fideicomiso es condición para el Estado que se den dos situaciones", dijo el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia. "La primera-aclaró- es que se aparten los directivos actuales de la conducción de la empresa y la segunda que las acciones sean resguardadas por el encargado de llevar el fideicomiso en carácter de administrador", precisó.
 
Para el funcionario, "si esas dos condiciones no se dan porque los directivos no están de acuerdo en ceder posiciones, no hay motivo para continuar el diálogo ante el juez". Los directivos de la empresa son los mismos que recibieron cuantiosos préstamos del Banco Nación, se declararon en convocatoria de acreedores poco tiempo después pero eso no les impidió aportar a la campaña presidencial de Mauricio Macri en las PASO. Como si fuera poco, también dejaron un tendal de deudas entre productores agropecuarios de la zona.
 
De ese modo, el Gobierno santafesino dio por finalizada la etapa de negociación con Vicentin en procura de conformar un fideicomiso para administrar la empresa durante el concurso de acreedores. El objetivo del Gobierno provincial consiste en convencer a algunos de los acreedores de que capitalicen en forma de acciones sus créditos y buscar financiamiento local o internacional para que la cerealera retome su actividad y genere los recursos para cancelar el pasivo.
 
Al no haber acuerdo para tomar control de la empresa a partir de un fideicomiso, el juez Lorenzini deberá definir si acepta una intervención. Era la variante para no avanzar con la ley de expropiación.
 
La Opinión Popular
 
 
"ES UN CAPÍTULO CERRADO", DIJO GABRIEL SOMAGLIA, SECRETARIO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE SANTA FE
 
Vicentin: No hubo acuerdo y Perotti se retira de la negociación
 
Fracasó la "solución alternativa" que propuso el gobernador después que el juez de Reconquista desplazara a la intervención federal. La orden de allanamiento en la causa por estafa contra el Banco Nación no se ejecutó, por trabas de otro juez local.
 
 
"Lamentablemente, no se logró acordar ninguna de las condiciones exigidas. Hemos decidido dejar aquí la negociación. Es un capítulo cerrado", señaló el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, al describir la situación en que quedó la frustrada negociación con los directivos de Vicentin, en las que se buscaba acordar la formación de un fideicomiso para ponerlo a cargo de la administración  de la firma concursada.
 
En tanto, una orden de allanamiento a las oficinas de Vicentin en Avellaneda (Santa Fe) dictada por el juez Julian Ercolini en la causa Banco Nación quedó sin ejecutar al ser demorada por un juez federal local, que recién la llevaría a cabo este viernes.
 
La segunda reunión de conciliación convocada por el juez Fabian Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, entre los representantes del gobierno de Santa Fe y los directivos de la firma, terminó en la tarde del jueves, cerrando definitivamente toda posibilidad de acuerdo en torno a la continuidad de la gestión y administración de la empresa.
 
El gobierno de Santa Fe había solicitado anteriormente la intervención judicial de la firma, entendiendo que los mismos directivos acusados de vaciamiento y mala administración no podían seguir al frente. Como alternativa, había ofrecido que un fideicomiso se hiciera cargo de la firma hasta tanto se concluyera el proceso de convocatoria de acreedores.
 
"Las dos condiciones que pretendía el gobierno provincial y que compartía el Estado Nacional para participar del acuerdo, eran que los directores de Vicentin se apartaran inmediatamente de sus cargos, y que las acciones de la empresa fueran transferidas en administración al fideicomiso. Han decidido no hacer ninguna de las dos, por lo cual hemos resuelto dar por concluida la negociación. Ponemos aquí el punto de tolerancia. Es un capítulo cerrado", sentenció Somaglia al finalizar el encuentro.
 
La pretensión de los directivos de Vicentin era permanecer con una participación minoritaria tanto en el Directorio de la empresa como en el capital, a través de una porción menor de acciones. Además, trascendió que habían solicitado una suerte de inmunidad penal para evitar que pudieran ir presos algunos de los responsables de la firma desde 2017 para acá.
 
La instrucción que recibió Omar Perotti de parte de Alberto Fernández, cuando le llevó la propuesta de fideicomiso como "alternativa" a Olivos, fue que la única posibilidad en  la que dicho acuerdo sería viable era con el clan Vicentin afuera de la empresa. Sin opciones, este jueves Perotti debió dar por fracasada su gestión.
 
Sin resultados en la convocatoria a conciliación, el magistrado deberá resolver sobre el pedido de intervención judicial que reclamó la Inspección general de justicia. Y si la rechaza, no haría más que dejar todas las irregularidades del proceso concursal a la intemperie. Entre ellos, la falta de balance, para el cual el juez le otorgó 40 días hábiles más a la empresa para cumplir.
 
Desde el gobierno nacional, en tanto, quedó planteada la encrucijada de cómo seguir con un proceso que definitivamente se trabó por todos lados, pero que lo dejó seriamente comprometido. Propuso una expropiación y debió mar marcha atrás.
 
Dispuso una intervención que no pudo cumplir su tarea porque el juez comercial la desplazó. Se echó sobre los hombros el impacto político del derrumbe de la cerealera y el plan alternativo también falló. Se esperaba una definición oficial este jueves, a última hora, que en definitiva no se tomó o quedó postergada.
 
En tanto, en la causa penal por el posible fraude contra el Banco Nación por el otorgamiento de créditos de prefinanciación de modo irregular, el fiscal Gerardo Pollicita pidió el allanamiento de las oficinas de Vicentin en busca de documentación que pudiera explicar el destino de los fondos.
 
Pero este jueves la acción no pudo ejecutarse, según había explicado el juez federal local interviniente, Aldo Alurralde, porque no recibió la aprobación del fiscal local al que le corrió vista del requerimiento. El allanamiento recién tendría lugar este viernes, 24 horas después que los allanados ya hayan tomado conocimiento del hecho.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuente: Página12
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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