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Nacionales - 30-07-2020 / 08:07
PRESENTÓ EL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL

Alberto: “Busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”

Alberto: “Busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”
“Es hora de tener una Justicia proba, en la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos”, aseguró el Presidente Alberto Fernández al anunciar el proyecto de Reforma Judicial que prevé la unificación de los jueces federales con los del fuero Penal Económico. También presentó al Consejo Consultivo, que en 90 días propondrá cambios en la Justicia, empezando por la Corte Suprema.
Este miércoles, Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso el proyecto de reforma judicial. El mandatario cuestionó cómo funcionó la Justicia durante los cuatro años que gobernó Cambiemos. Habló de que se necesita una justicia que no esté atada al poder de turno: "la Justicia debería funcionar bien para todos los argentinos y argentinas. Que debía imponerse la ley en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor".
 
"Es hora de tener una Justicia proba, en la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos", aseguró el Presidente al anunciar el proyecto de Reforma Judicial que prevé la unificación de los jueces federales con los del fuero Penal Económico. También presentó al Consejo Consultivo, que en 90 días propondrá cambios en la Justicia, empezando por la Corte Suprema.
 
"No hay Estado social sin Estado de derecho, y para que haya Estado de derecho tiene que haber transparencia. El Poder Judicial en los últimos años se fue concentrando y fue funcional al poder real de la Argentina, el poder económico, favoreciendo a los intereses más concentrados. Y eso se tenía que terminar", aseguró el diputado Leandro Santoro. "La política argentina sabe que en Comodoro Py hay un criptopoder. Todo lo que vaya a darle cierta transparencia y luz a esos sótanos de la democracia contribuye mucho a la independencia de los poderes de la República", dijo.
 
El Poder Judicial, lejos de ser un "poder independiente", está compuesto por una casta de jueces relacionados con el poder económico y sus representantes. Una casta judicial, con miembros vitalicios que tienen privilegios económicos, como el no pago a las ganancias y que mantienen jubilaciones de privilegio.
 
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son designados por el Senado ¿en base a qué criterios? al de los acuerdos y conveniencias políticas. Esa Corte tiene el poder de fallar en contra de leyes votadas en el Parlamento, así como sobre los actos del Poder Ejecutivo. 
 

 
En tanto que los jueces a cargo de los 12 juzgados federales, que se concentran en los tribunales de Comodoro Py, tienen en sus manos las causas más importantes del poder político, y pueden armar causas a favor o en contra de distintas expresiones políticas. La reforma busca licuar el poder de Comodoro Py, lo que desató una nueva operación de los medios hegemónicos aliados a la oposición macrista.

Después del anuncio, desde Juntos por el Cambio salieron previsiblemente a rechazar la propuesta de reforma judicial. No fue sorpresa: ya lo habían rechazado en un comunicado un día antes de que hiciera el anuncio formal. Luego, distintos legisladores del espacio opositor fueron por más: aseguraron que la reforma es para "buscar la impunidad de Cristina Fernández".

También compararon la eventual Corte que surgiría de una presunta ampliación del tribunal con la Corte menemista. Y algunos vecinos de barrios porteños, los antitodo, protagonizaron una nueva y desopilante caceroleada tras el anuncio del Presidente, esta vez con la excusa de una reforma judicial que ni siquiera conocen. Muchos se burlaron por la poca concurrencia y por la supuesta consigna de la misma: "No sé qué dice, pero me opongo" .

La Opinión Popular
 
 
EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ PRESENTÓ EL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL
 
"Una Justicia sobre la que no influyan los poderes"
 
La iniciativa que enviará al Congreso prevé la unificación del fuero Federal con el Penal Económico. También creó el Consejo Consultivo que le elevará una propuesta.
 
El presidente Alberto Fernández presentó el anunciado proyecto de reforma judicial, que en su punto central plantea la creación de un nuevo fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero Federal con el Penal Económico, que prevé la creación de 23 nuevos juzgados. El objetivo es que la enorme influencia que ejercieron durante estos años los 12 jueces federales se vea diluida en el mayor número y el consecuente reparto de causas.

 
El Presidente se mostró en el acto junto a los integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que trabajarán durante 90 días para elevarle propuestas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia, empezando por la Corte Suprema. "El poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión", expresó Fernández en la presentación.
 
En su mensaje, el Presidente siguió el derrotero de la justicia a lo largo de la historia para marcar cómo el poder político había ido ganando influencia. Marcó como hitos el Juicio a las Juntas durante el alfonsinismo, la renovación de la Corte de la "mayoría automática" en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner y las decisiones modernizadoras que adoptó en su gestión Cristina Kirchner. En cambio, consideró que los años de Mauricio Macri "estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho".
 
"Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo", advirtió el Presidente, al recordar que es un tema que viene hablando desde la campaña, por lo que fue refrendado por la gente al elegirlo. También recordó sus palabras en la última apertura de sesiones para afirmar "nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar el adversario de turno". Y recalcó: "Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron".
 
Del encuentro realizado en el Salón Blanco no participaron los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora que anticipó el rechazo al proyecto aún antes de conocerlo argumentando su oposición al aumento del número de los miembros de la Corte Suprema. Pero esa posibilidad no está incluida en la reforma, sino que en todo caso quedará para el estudio del Consejo Consultivo. La única integrante de la Corte que estuvo en la Casa Rosada fue Elena Highton de Nolasco. Hubo diputados y senadores oficialistas y de otros bloques opositores, integrantes del Consejo de la Magistratura y decanos de facultades, algunos de ellos participaron de manera virtual a través de las pantallas ubicadas en el mismo salón. 
 
En la tarima junto al Presidente estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y los integrantes del Consejo Consultivo con el ex ministro Leon Arslanian y la jueza de la Corte bonaerense Hilda Kogan ubicados en primer término. Más atrás se sentó Carlos Beraldi, reconocido penalista y abogado de Cristina Kirchner. La vicepresidenta estaba invitada pero avisó que no asistiría.
 
 
Más juzgados
 
Losardo, quien desde hace años trabaja junto al Presidente, fue una de las que colaboró en el proyecto de reforma. También lo hicieron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, pero el Presidente siempre se guardó la última palabra. Incluso en la preparación del discurso que redactó por la mañana en Olivos hasta poco antes de salir manejando su propio auto hacia la Casa Rosada.
 
"Desde mi adolescencia cultivé mi amor por el derecho", fue su primera frase. Recordó a su padre juez y mencionó al fallecido ex procurador Esteban Righi como su amigo y maestro.
 
En sus puntos básicos, la reforma que el Gobierno enviará hoy al Congreso establece:
 

  • La creación de la justicia Federal Penal con asiento en CABA, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos tribunales pasarán a actuar con una ‪de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.
 
  • Para que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes prevé un sistema de subrogancias de jueces por un año, proceso en el que intervendrán la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado con el objetivo de darle la mayor transparencia a las designaciones.
 
  • Contempla la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo para evitar que sigan los conflictos de competencia entre ambos fueros.
 
  • Retoma el proyecto del macrismo denominado "Justicia 2020" en la búsqueda de fortalecer la justicia federal en el interior con la creación de nuevos juzgados.
 
  • El último capítulo de la reforma detalla las "reglas de actuación" para jueces y juezas federales que estaban incluídos en una ley de 2015 que Macri suspendió por decreto. Básicamente, se trata de reglas que garantizan la igualdad en el trato de las partes y la independencia de criterio para la toma de decisiones.
 
Al término del acto, el Presidente mantuvo un encuentro con los miembros del Consejo Consultivo que hoy será creado mediante decreto. "He recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido", los definió en su mensaje. Adelantó que los consejeros -que trabajarán ad honorem- tendrán plena autonomía y libertad para recomendarle lo que consideren conveniente para mejorar el funcionamiento de la Justicia. 
 
"Es hora de tener una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos. Si lo logramos, habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene para con los argentinos y las argentinas", definió el Presidente su reforma.
 
Por Fernando Cibeira
 
Fuente: Página12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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