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Nacionales - 30-07-2020 / 08:07
PRESENTÓ EL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL

Alberto: “Busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”

Alberto: “Busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”
“Es hora de tener una Justicia proba, en la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos”, aseguró el Presidente Alberto Fernández al anunciar el proyecto de Reforma Judicial que prevé la unificación de los jueces federales con los del fuero Penal Económico. También presentó al Consejo Consultivo, que en 90 días propondrá cambios en la Justicia, empezando por la Corte Suprema.
Este miércoles, Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso el proyecto de reforma judicial. El mandatario cuestionó cómo funcionó la Justicia durante los cuatro años que gobernó Cambiemos. Habló de que se necesita una justicia que no esté atada al poder de turno: "la Justicia debería funcionar bien para todos los argentinos y argentinas. Que debía imponerse la ley en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor".
 
"Es hora de tener una Justicia proba, en la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos", aseguró el Presidente al anunciar el proyecto de Reforma Judicial que prevé la unificación de los jueces federales con los del fuero Penal Económico. También presentó al Consejo Consultivo, que en 90 días propondrá cambios en la Justicia, empezando por la Corte Suprema.
 
"No hay Estado social sin Estado de derecho, y para que haya Estado de derecho tiene que haber transparencia. El Poder Judicial en los últimos años se fue concentrando y fue funcional al poder real de la Argentina, el poder económico, favoreciendo a los intereses más concentrados. Y eso se tenía que terminar", aseguró el diputado Leandro Santoro. "La política argentina sabe que en Comodoro Py hay un criptopoder. Todo lo que vaya a darle cierta transparencia y luz a esos sótanos de la democracia contribuye mucho a la independencia de los poderes de la República", dijo.
 
El Poder Judicial, lejos de ser un "poder independiente", está compuesto por una casta de jueces relacionados con el poder económico y sus representantes. Una casta judicial, con miembros vitalicios que tienen privilegios económicos, como el no pago a las ganancias y que mantienen jubilaciones de privilegio.
 
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son designados por el Senado ¿en base a qué criterios? al de los acuerdos y conveniencias políticas. Esa Corte tiene el poder de fallar en contra de leyes votadas en el Parlamento, así como sobre los actos del Poder Ejecutivo. 
 

 
En tanto que los jueces a cargo de los 12 juzgados federales, que se concentran en los tribunales de Comodoro Py, tienen en sus manos las causas más importantes del poder político, y pueden armar causas a favor o en contra de distintas expresiones políticas. La reforma busca licuar el poder de Comodoro Py, lo que desató una nueva operación de los medios hegemónicos aliados a la oposición macrista.

Después del anuncio, desde Juntos por el Cambio salieron previsiblemente a rechazar la propuesta de reforma judicial. No fue sorpresa: ya lo habían rechazado en un comunicado un día antes de que hiciera el anuncio formal. Luego, distintos legisladores del espacio opositor fueron por más: aseguraron que la reforma es para "buscar la impunidad de Cristina Fernández".

También compararon la eventual Corte que surgiría de una presunta ampliación del tribunal con la Corte menemista. Y algunos vecinos de barrios porteños, los antitodo, protagonizaron una nueva y desopilante caceroleada tras el anuncio del Presidente, esta vez con la excusa de una reforma judicial que ni siquiera conocen. Muchos se burlaron por la poca concurrencia y por la supuesta consigna de la misma: "No sé qué dice, pero me opongo" .

La Opinión Popular
 
 
EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ PRESENTÓ EL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL
 
"Una Justicia sobre la que no influyan los poderes"
 
La iniciativa que enviará al Congreso prevé la unificación del fuero Federal con el Penal Económico. También creó el Consejo Consultivo que le elevará una propuesta.
 
El presidente Alberto Fernández presentó el anunciado proyecto de reforma judicial, que en su punto central plantea la creación de un nuevo fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero Federal con el Penal Económico, que prevé la creación de 23 nuevos juzgados. El objetivo es que la enorme influencia que ejercieron durante estos años los 12 jueces federales se vea diluida en el mayor número y el consecuente reparto de causas.

 
El Presidente se mostró en el acto junto a los integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que trabajarán durante 90 días para elevarle propuestas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia, empezando por la Corte Suprema. "El poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión", expresó Fernández en la presentación.
 
En su mensaje, el Presidente siguió el derrotero de la justicia a lo largo de la historia para marcar cómo el poder político había ido ganando influencia. Marcó como hitos el Juicio a las Juntas durante el alfonsinismo, la renovación de la Corte de la "mayoría automática" en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner y las decisiones modernizadoras que adoptó en su gestión Cristina Kirchner. En cambio, consideró que los años de Mauricio Macri "estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho".
 
"Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo", advirtió el Presidente, al recordar que es un tema que viene hablando desde la campaña, por lo que fue refrendado por la gente al elegirlo. También recordó sus palabras en la última apertura de sesiones para afirmar "nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar el adversario de turno". Y recalcó: "Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron".
 
Del encuentro realizado en el Salón Blanco no participaron los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora que anticipó el rechazo al proyecto aún antes de conocerlo argumentando su oposición al aumento del número de los miembros de la Corte Suprema. Pero esa posibilidad no está incluida en la reforma, sino que en todo caso quedará para el estudio del Consejo Consultivo. La única integrante de la Corte que estuvo en la Casa Rosada fue Elena Highton de Nolasco. Hubo diputados y senadores oficialistas y de otros bloques opositores, integrantes del Consejo de la Magistratura y decanos de facultades, algunos de ellos participaron de manera virtual a través de las pantallas ubicadas en el mismo salón. 
 
En la tarima junto al Presidente estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y los integrantes del Consejo Consultivo con el ex ministro Leon Arslanian y la jueza de la Corte bonaerense Hilda Kogan ubicados en primer término. Más atrás se sentó Carlos Beraldi, reconocido penalista y abogado de Cristina Kirchner. La vicepresidenta estaba invitada pero avisó que no asistiría.
 
 
Más juzgados
 
Losardo, quien desde hace años trabaja junto al Presidente, fue una de las que colaboró en el proyecto de reforma. También lo hicieron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, pero el Presidente siempre se guardó la última palabra. Incluso en la preparación del discurso que redactó por la mañana en Olivos hasta poco antes de salir manejando su propio auto hacia la Casa Rosada.
 
"Desde mi adolescencia cultivé mi amor por el derecho", fue su primera frase. Recordó a su padre juez y mencionó al fallecido ex procurador Esteban Righi como su amigo y maestro.
 
En sus puntos básicos, la reforma que el Gobierno enviará hoy al Congreso establece:
 

  • La creación de la justicia Federal Penal con asiento en CABA, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos tribunales pasarán a actuar con una ‪de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.
 
  • Para que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes prevé un sistema de subrogancias de jueces por un año, proceso en el que intervendrán la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado con el objetivo de darle la mayor transparencia a las designaciones.
 
  • Contempla la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo para evitar que sigan los conflictos de competencia entre ambos fueros.
 
  • Retoma el proyecto del macrismo denominado "Justicia 2020" en la búsqueda de fortalecer la justicia federal en el interior con la creación de nuevos juzgados.
 
  • El último capítulo de la reforma detalla las "reglas de actuación" para jueces y juezas federales que estaban incluídos en una ley de 2015 que Macri suspendió por decreto. Básicamente, se trata de reglas que garantizan la igualdad en el trato de las partes y la independencia de criterio para la toma de decisiones.
 
Al término del acto, el Presidente mantuvo un encuentro con los miembros del Consejo Consultivo que hoy será creado mediante decreto. "He recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido", los definió en su mensaje. Adelantó que los consejeros -que trabajarán ad honorem- tendrán plena autonomía y libertad para recomendarle lo que consideren conveniente para mejorar el funcionamiento de la Justicia. 
 
"Es hora de tener una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos. Si lo logramos, habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene para con los argentinos y las argentinas", definió el Presidente su reforma.
 
Por Fernando Cibeira
 
Fuente: Página12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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