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Nacionales - 29-07-2020 / 11:07
ES EL CUARTO EX FUNCIONARIO MACRISTA PROCESADO EN ESTA CAUSA POR BENEFICIAR A MAURICIO MACRI

Causa de Corrupción en Peajes: la Justicia procesó a Nicolás Dujovne

Causa de Corrupción en Peajes: la Justicia procesó a Nicolás Dujovne
El ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se hizo el distraído, armó una maniobra para no firmar los acuerdos por los peajes y tuvo su beneficio: no fue procesado por fraude en perjuicio del Estado, sino por una combinación de delitos menores, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en la causa que investiga la corrupción en la renegociación de los peajes en los accesos Norte y Oeste. Es por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, justamente, en el marco de esa causa.
 
Los hechos bajo investigación ocurrieron entre 2016 y 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri. La información quedó confirmada por fuentes judiciales.  El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Canicoba Corral, quien también trabó un embargo sobre los bienes de 100 millones de pesos, según consta en el fallo de 133 páginas.
 
De esta forma es el cuarto ex funcionario de Cambiemos que está procesado en este expediente. Allí se investiga si desde el Gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL). Dujovne se suma al exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el exProcurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
 
Gracias a la maniobra que armó para no firmar los acuerdos por los peajes, no fue acusado por fraude en perjuicio del Estado, sino por delitos menores como abuso de autoridad. Enfrenta una condena menor que Dietrich, Iguacel y Saravia Frías.
 
Según describió Canicoba Corral, Dujovne es responsable de omitir "intencionalmente intervenir, conforme el cargo que desempeñaba, en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia".
 

 
En su procesamiento, además, Canicoba Corral enfatizó que "ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba". Además,  señaló que el ex ministro buscó deliberadamente evitar estampar su firma en las renegociaciones ahora investigadas como irregulares.
 
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.
 
A pesar del procesamiento tiene suerte que ahora los jueces quieren respetar las garantías constituciones y no le dictan la prisión preventiva, que de hecho hubiera sido justificada por la posibilidad de fuga y entorpecimiento del proceso.
 
La Opinión Popular
 
 

 
POR ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO

 
Causa Peajes: Procesaron al ex ministro Nicolás Dujovne
 
 
Por Raúl Kollmann
  
El ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se hizo el distraído, armó una maniobra para no firmar los acuerdos por los peajes y tuvo su beneficio: no fue procesado por fraude en perjuicio del Estado, sino por una combinación de delitos menores, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 
La expectativa de pena, en caso de ser condenado, es de dos años de prisión, lo que marca la diferencia con el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías , que afrontan una pena máxima de seis años de prisión por defraudación.
 
El embargo para Dujovne fue de 100 millones de pesos, cifra que no podrá cubrir con el baldío que declaró como su vivienda al principio de su gestión, aunque tiene más de dos millones de dólares en sociedades en el exterior, suficiente para cubrir lo estipulado por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
 
El magistrado deja este miércoles su cargo al cumplir 75 años, la edad fijada por la Constitución Nacional para que los jueces pasen a retiro. Como ya anticipó, Canicoba se tomará unas vacaciones y luego se dedicará a ser abogado en el estudio que encabeza su esposa.
 
Como despedida, Canicoba cerró parcialmente el círculo de la escandalosa causa de los peajes, que los grandes medios opositores vienen escondiendo de forma notoria. En el procesamiento que dictó este lunes respecto de Dietrich, el juez dejó en claro que los contratos de concesiones fueron un negociado a favor de los empresarios, con un perjuicio mínimo para el estado de 749.000.000 de dólares. Lo que sucede es que entre los empresarios estaba la familia Macri, dueña del siete por ciento de la concesionaria que usufructuaba la principal autopista del país, la Panamericana.
 
Es evidente que Dujovne percibió la ilegalidad de los acuerdos que se firmaron y esquivó poner su rúbrica. El juez sostiene que "resulta más que claro que la normativa obligaba al encausado a firmar el acuerdo omitiendo éste intencionalmente ejecutar lo que la norma estipulaba. No sólo no firmando el Acuerdo sino tampoco la nota sobre el tema que fue rubricada por el secretario Legal y Administrativo y que fue la única del ministerio a su cargo". En otras palabras, que Dujovne la vio venir y le hizo la gambeta. Canicoba afirma que se trataba de tarifas y de cifras inmensas de dinero, lo que requería "un profundo y minucioso control" de Economía.
 
Como el magistrado sostuvo en los procesamientos anteriores, las ilegalidades del caso peajes fueron las siguientes:
 
Tres días antes de la asunción de Mauricio Macri, las concesionarias del Acceso Norte y Oeste iniciaron una demanda internacional en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. La demanda era infundada, tardía y, según el área técnica de Vialidad podía ser desechada o, en el peor de los casos, la Argentina podía ser condenada a pagar 71 millones de dólares.
 
* Pese a ese diagnóstico, se le reconoció a los concesionarios una especie de indemnización de 499 millones de dólares. El juez dejó asentado en su fallo que Macri era el dueño del siete por ciento de las acciones de Ausol.
 
* Los 499 millones de dólares no los pagaría el estado sino los usuarios, a través de aumentos de tarifas.
 
Al mismo tiempo, y con el argumento de que era parte del arreglo de la demanda, se le extendió la concesión a las dos empresas que explotan la Panamericana y el Acceso Oeste, ambas con presencia mayoritaria de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, amigo de Macri.
 
* Para concretar todas estas jugarretas, el gobierno de Macri designó en Vialidad a numerosos funcionarios que provenían del Grupo Macri o sus empresas o los estudios de abogados vinculados. Esos nuevos ejecutivos ocuparon puestos creados a propósito, que fue la forma en que se desplazó a los funcionarios de carrera que se oponían al negociado.
 
* Con todas estas maniobras, las acciones de Ausol subieron de 3,50 pesos a 14,50 y luego fueron vendidas por el grupo Macri en 75,50 pesos a una empresa, Natal S.A., sin antecedentes en el rubro. Las acciones, con la renovación del contrato, siguieron subiendo y llegaron a más de 120 pesos.
 
Canicoba consideró las maniobras como "delictivas y totalmente favorables a las empresas". Por eso procesó a Iguacel, Dietrich y Saravia Frias por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del estado, tal como lo establecía la denuncia presentada en su momento por Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto y Adrián Grana.
 
El juez podría haber apuntado contra Macri, el verdadero dueño de la pelota en este gigantesco fraude. Se ve que consideró que el ex presidente nunca apareció en escena, mandó al frente a otros y no firmó nada. Tal vez Canicoba Corral evaluó que no contaría con elementos suficientes para imputarlo, pero está claro que es un "negocio" del que Macri fue, indudablemente, uno de los beneficiarios. 
 
Fuente: Página12
 

 

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El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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