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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 28-07-2020 / 12:07

DUEÑOS DE CAMPOS

Los incendios en el Delta están fuera de control y la Justicia citó a conocidos empresarios de Gualeguaychú

El humo, visto desde Rosario. Desde el domingo pasado, el fuego volvió a generalizarse en las islas entrerrianas frente a la ciudad santafesina de Rosario. El humo ya se extiende a otras regiones cercanas. Acusan a los productores rurales de la zona y exigen al gobierno y a la Justicia de Entre Ríos que actúe de inmediato.

Los incendios volvieron a generalizarse este domingo en las islas entrerrianas del río Paraná, situadas frente a la ciudad santafesina de Rosario. La situación obligó a las autoridades nacionales a tomar medida, como por ejemplo que el Ministerio de Ambiente haya sido aceptado como querellante por los incendios en las islas del río Paraná.

Luego de los esfuerzos realizados para controlar los focos por parte de brigadistas tanto de la Nación como de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y de tres días de calma, las llamas volvieron a envolver a las islas y el humo comenzó a afectar a Rosario.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que la justicia debe "meter preso a los responsables de los incendios". "Hace tres días estaban trabajando los brigadistas. Hay un enorme esfuerzo, pero no hay prevención", se quejó el jefe comunal, mientras que advirtió que "hay monitoreos" que permitirían determinar los responsables de los incendios.

El intendente señaló que los principales aportes para controlar los incendios en las islas son de los ministerios de Seguridad y Defensa de la Nación.

"Es hora de terminar con los ecocidios"

Anteriormente, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, manifestó la necesidad de "encontrar una solución de fondo a los incendios en las islas del delta del Paraná, ya que es hora de terminar con estos ecocidios".

El ministro detalló a funcionarios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos y organizaciones de la sociedad civil las líneas estratégicas para la conservación y el uso sostenible del delta del Paraná, afectado por las reiteradas quemas de pastizales que pusieron en peligro los humedales de la zona.

Cabandié destacó que trabaja, en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná (Piecas), en una iniciativa "de faros de conservación, para constituir nodos de una red de áreas protegidas estrictas".

El ministro apuntó a fortalecer la presencia institucional en la zona "mediante una importante asignación de recursos -como lanchas, cuatriciclos, motos, drones, torres de control, equipos de monitoreo ambiental y de comunicación- y presencia permanente de personal.

Tres gualeguaychuenses, en la mira

El Juzgado Federal Nº 2 de Paraná giró los primeros oficios a quienes figuran como propietarios de los lotes donde se produjeron los focos ígneos, que desde principio de año azotan los humedales en la zona de Victoria.

La semana pasada, trascendió un nuevo listado con titulares de los campos que fueron identificados a partir de un relevamiento aéreo efectuado por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Hay empresarios, ganaderos y hacendados de Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre ellos figuran tres empresarios radicados en Gualeguaychú: María Cristina Castiglione, Rufino Pablo Baggio y Aníbal Baggio. Todos tienen varias parcelas y espacios en la zona de los humedales de Victoria, y varios de los terrenos que están frente a Rosario prendidos fuego son propiedad de los hermanos Baggio.

Según la Justicia, son los titulares de las propiedades -personas y empresas- donde se produjeron los incendios que tienen a mal traer la biodiversidad de los humedales y a los vecinos de las poblaciones aledañas, en el último tiempo.

Además de los tres gualeguaychuenses, la Justicia notificó también a María Isabel Meichtry (Villa Elisa), Edgardo Ariel Stucker (La Criolla), Amelia Barinoteo (Victoria), José Orlandi (Nogoyá), Hipólito Maceratesi (Santa Fe), Agustín Corbellini Guilder (San Martín, Santa Fe), Raúl Álvaro Morist y Rachinsky, Graciela Capone, Federico Facundo Müller, Mauricio Sobrido, David Sobrido, Carlos Alberto Sidoti, Daniel Corvalán, Jorge Casals (todos de Rosario), Establecimiento El Barrancoso (General Lagos), Diego Cuello & Stumpo & Crosetti (Santa Fe), Sofía Parera, Ganadera Copra SA y Víctor Jarmolinski (CABA).

Fuente: El Día

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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