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Nacionales - 28-07-2020 / 10:07
INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE MACRI

Causa Peajes: Guillermo Dietrich fue procesado por administración fraudulenta

Causa Peajes: Guillermo Dietrich fue procesado por administración fraudulenta
Todo apunta a Macri... ¿o los procesados: Dietrich, Iguacel y Saravia Frías son cuentapropistas? Todavía no se entiende por qué estos tipos están libres después de haber robado tanto en estos cuatro años y habiendo pruebas por todos lados. ¿Habrá un cacerolazo para ver a estos corruptos presos y devolviendo la guita?
El juez Rodolfo Canicoba Corral describió así el fraude de los peajes. "14 años después de la pesificación de las tarifas, tres días antes de la asunción de Mauricio Macri y cuando ya estaba cerca del fin la concesión, las empresas concesionarias del Acceso Norte y el Acceso Oeste presentaron una asombroso reclamo internacional".
 
"El gobierno del propio Macri, que retenía el siete por ciento de las acciones de Autopistas del Sol, aceptó el reclamo por 499 millones de dólares, pese a que los organismos de control estimaban que, en el improbable caso de perder la demanda, el país sería sancionado sólo con el pago de unos 71 millones de dólares. La cifra de 499 millones de dólares se los cobrarían las empresas a los usuarios a través de aumentos del peaje.
 
"Y, además, en el marco de la negociación espuria, la administración Macri renovó las concesiones por diez años sin ningún estudio técnico ni autoría y sin concurso. Las acciones de Ausol, la concesionaria de la Panamericana, pasaron de tres pesos a 14.50 y luego el grupo Macri las vendió en 75,50 a una empresa que no registra antecedentes en el rubro".
 
Este lunes, el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmante de toda la documentación, fue procesado por administración fraudulenta y se le trabó un embargo de 500 millones de pesos. El juez federal Canicoba Corral investiga delitos cometidos en la renegociación de la concesión de peajes, a favor de la empresa de Mauricio Macri. Por la misma causa ya fueron procesados el ex director de Vialidad, Javier Iguacel, y ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
 
Todo apunta a Macri... ¿o los procesados: Dietrich, Iguacel y Saravia Frías son cuentapropistas? Todavía no se entiende por qué estos tipos están libres después de haber robado tanto en estos cuatro años y habiendo pruebas por todos lados. ¿Habrá un cacerolazo para ver a estos corruptos presos y devolviendo la guita?
 
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Demanda
  
El fallo del magistrado es demoledor y documentado. Los contratos de las autopistas se firmaron el 14 de julio de 1994 y establecían una tarifa dolarizada. Como es obvio, al estallar la economía en 2001, se dictó una ley de emergencia por la cual se pesificaron todos los valores de la economía.
 
A eso hace referencia el juez: en aquel momento las concesionarias no reclamaron, lo hicieron 14 años después, justito cuando asumió Macri, dueño de parte de la concesión.
 
Abertis, la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, socio de la concesionaria de las dos autopistas se presentó en el Ciadi, tribunal del Banco Mundial, el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción del ahora expresidente.
 
 
Incompetencia
  
Por esa demanda armada de urgencia, el Estado argentino aceptó pagar 499 millones de dólares, que no saldrían de los fondos públicos sino que los concesionarios se los cobrarían a los usuarios, con aumentos de peajes.
 
El juez cita al anterior Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien sostuvo que la demanda era inadmisible en el Ciadi porque no se había sometido a la jurisdicción local y que, además, Abertis no había aceptado un arbitraje como establecían las normas.
 
Para colmo, el tribunal otorga un plazo de 18 meses para iniciar una demanda después de un incumplimiento y en este caso habían pasado 14 años. Es decir, además la cuestión estaba prescripta.
 
Antes que hubiera cualquier tipo de pronunciamiento del Ciadi -que era incompetente--, el gobierno selló el acuerdo beneficiando a los concesionarios en 499 millones de dólares.
 
 
Cifras
  
Los cuadros técnicos de Vialidad Nacional diagnosticaron que la suma era improcedente. Debían descontarse, por ejemplo, 149 millones de dólares de impuestos que las concesionarias debían al fisco por no haber adecuado sus Obligaciones no Negociables, otros 33 millones de dólares por ser inversores no residentes, y las empresas registraron atrasos notorios en las obras.
 
Por ejemplo el tercer carril de los ramales Campana y Pilar no se construyó en 1999 sino en 2002; no se hicieron las repavimentaciones de 2007, 2009, 2012 y 2014; no se construyó el cuarto carril de los ramales Campana y Pilar ni el tercer carril del acceso Tigre.
 
El resumen presentado por el área técnica indicaba tres posibilidades. La primera que el Ciadi rechazara la demanda, alternativa que consideraban probable. La segunda, que la Argentina fuera condenada, pero esa condena no sumaría más de 71 millones de dólares. La tercera alternativa era llegar a un acuerdo, para lo cual sólo se aceptara por debajo de los 71 millones de dólares. Esto deja en evidencia la estafa de aceptar los 499 millones de dólares.
 
 
Maniobras
  
Otro testimonio que transcribe Canicoba Corral es el de la abogada Julieta Ripoli, directora de Jurídicos de Vialidad.
 
La letrada contó con pelos y señales cómo fueron desplazados todos los responsables de áreas claves y se los reemplazó por ejecutivos que venían de las empresas de Macri -Socma, Ausol, Iecsa, Sideco-, creando cargos que antes no existían para poner a esos recién-llegados por encima de los funcionarios de carrera. En la parte jurídica entraron abogados que antes trabajaban en los estudios que representaban a las concesionarias.
 
De manera que en la negociación, de los dos lados de la mesa había unidad de criterio en perjuicio del estado.
 
 
Burla
  
El magistrado le dedica un cándido párrafo a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Señala que la OA observó que "podría haber falta de transparencia en virtud de las acciones que detentaba el presidente Macri en Sideco Americana, por lo cual buscaron una solución casi burlesca que consistió en la presentación de una declaración jurada y que el decreto de Renegociación fuera firmado por la vicepresidente Gabriela Michetti".
 
 
Años
  
Los contratos de concesión vencían el 31 de diciembre de 2020, es decir que estaban en su tramo final, tras 26 años. El área técnica nuevamente sostuvo que lo que correspondía era una nueva licitación y la posibilidad de importantes ingresos para el estado.
 
Sin embargo, la demanda en el Ciadi fue una maniobra para simular que "ante una situación agobiante por el reclamo de las concesionarias lo mejor otorgarles una extensión de los contratos".
 
De manera que se otorgaron extensiones a los dos contratos, Acceso Norte y Oeste, por diez años, sin que mediara ninguna evaluación técnica, ninguna auditoría, no se sometió a un concurso con otras empresas y, para colmo se le condonaron todas las deudas por multas.
 
"Fueron nuevos contratos de concesión -escribe el juez- con concesiones absolutamente favorables a las empresas concesionarias y dan cuenta de claras maniobras delictivas llevadas a cabo por los funcionarios públicos y los empresarios intervinientes, quienes violaron leyes y normativas vigentes persiguiendo lucro para sí o para terceros".
 
A partir de la página 132, Canicoba Corral analiza la venta de acciones del grupo Macri. Por de pronto constata que cuando el ex presidente asumió el cargo, Sideco tenía el siete por ciento de las acciones.
 
Como es obvio, una empresa cuyo único objeto es una concesión de una autopista casi no tiene valor cuando el contrato está por vencer. Esa era la situación de Ausol.
 
El 10 de diciembre de 2015, la acción que valía tres pesos ya había trepado a 14,50, "evidentemente ya se perfilaba la renovación del contrato en los términos en los que se dio", acota el juez.
 
"Eso permitió que Sideco vendiera sus acciones en 75,50 -sigue el relato de Canicoba--. La compradora Natal S.A., cuyo objeto es ajeno a la explotación de rutas nacionales ya que es una empresa de negocios inmobiliarios y agroportuarios. Las acciones treparon a 103 pesos y a principios de 2019 llegaron a 125 pesos".
 
 
Delito
  
El juez dedica un párrafo a explicar que el caso de las autopistas no se enmarca en negociaciones incompatibles con la función pública, o sea funcionarios de Macri dándole contratos muy favorables al Grupo Macri. Sino que va más allá: hay un fraude, un desfalco contra el Estado.
 
Siguiendo entonces la denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto y Adrián Grana, el juez califica el delito como "administración fraudulenta en perjuicio del Estado". Y hace una estimación del perjuicio, con una evaluación bastante benigna de la estafa: el Estado resultó perjudicado en 746.000.000 (setecientos cuarenta y seis millones) de dólares.
 
Como hizo con Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías, el magistrado procesó a Dietrich y le trabó un embargo por 500 millones de pesos. A diferencia de lo ocurrido en Comodoro Py durante todos estos años, el juez no dictó la prisión preventiva por cuanto consideró que no existe el peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. O sea que Dietrich, como Iguacel y Saravia Frias, duermen en sus casas: no les pusieron el chaleco antibalas, el casco, esposas ni colocaron francotiradores en las inmediaciones de sus domicilios.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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03-08-2020 / 12:08
La tarea principal del gobierno de Alberto Fernández es la reducción de daños, el apoyo a los sectores populares en la dura cuarentena y el mantenimiento de la paz social. Para eso tuvo que preservar fuentes de trabajo y derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización. Coherentes con la historia social del peronismo, afrontando resistencias de grandes empresarios y medios opositores.
 
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
 
Para colaborar en las reactivaciones provinciales, Alberto prepara un proyecto de obras públicas para todo el país que apuntale la economía. Entre Ríos estará en agenda con el avance de dos tramos de la ruta nacional 18 (Paraná - Concordia) y obras hídricas en La Paz y Paraná. En el listado de las obras públicas a comenzar este año, tras la pandemia y luego del arreglo por la deuda externa, para Entre Ríos figuran cuatro obras por un monto de 466 millones de pesos.
 
Puntualmente serían dos tramos de la ruta nacional Nº 18 que unirá Paraná y Concordia, la ampliación de una planta de potabilización en La Paz y otra en la capital entrerriana. El plan implicará una inversión en todo el territorio nacional de unos 4700 millones de pesos. Hasta aquí la relación Alberto-Bordet suena como un violín afinado.
 
En la Rosada, Bordet firmó un convenio con el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro, para habilitar el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa por 1.640 millones de pesos.
 
Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió a Bordet en el Congreso, con el objetivo puesto en la recuperación pospandemia. Dialogaron sobre el excedente de la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande y la automaticidad para el desarrollo productivo entrerriano; obras de agua para el Gran Paraná -"importante para el desarrollo y calidad de vida de la región más poblada de esa provincia"- y la ampliación de la Moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrianos.
 
El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo entrerriano ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de Bordet para transitar el duro camino hacia la nueva normalidad.
 
Para dejar atrás la pesada herencia macrista y el covid-19, el objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que sigue a la progresiva liberación de actividades económicas, que habían quedado paralizadas por la pandemia, y que fue logrado gracias al accionar del sistema de salud en el combate contra el avance del virus.
 
La Opinión Popular
 
03-08-2020 / 11:08
Después de varias marchas anticuarentena en las que transgredían las normas de distanciamiento social y hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, el sábado vimos la represión a familiares y organismos que pedían justicia por Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro. Permiso para manifestarse para unos, represión para otros. Macristas, se nota mucho.
 
Mientras en el Obelisco se manifestaba libremente un grupo de personas anticuarentena, a pocas cuadras otro grupo de manifestantes era reprimido de forma brutal por la policía macrista de la Ciudad de Buenos Aires por pedir justicia a tres años de la desaparición de Maldonado en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional y por reclamar la aparición con vida de Astudillo Castro, de quién no se sabe nada hace tres meses.
 
Pasó lo mismo que el año pasado, la policía agredió a los manifestantes cuando estaban desconcentrando. Parece que la represión no tiene cuarentena. Los organismos de Derechos Humanos lanzaron un comunicado repudiando lo sucedido.
 
El hecho también fue repudiado por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, quien exigió a "las autoridades de la ciudad que investiguen lo sucedido, y fijen criterios objetivos en el accionar policial para garantizar a todos y todas su derecho a expresarse, más allá de simpatías".
 
El Gobierno macrista de CABA permitió agredir periodistas en una marcha y en otra reprimió a los que piensan distinto a él. Repudiamos esta utilización arbitraria y selectiva de las fuerzas de seguridad y reclamamos además de libertad, igualdad, y una policía que cuide a todos.
 
La Opinión Popular



02-08-2020 / 11:08
Esta vez "contra la reforma judicial" como nueva consigna pero con el mismo odio, los mismos discursos arrebatados y el mismo rechazo a los gobiernos populares. Se convocó a través de las redes sociales, incitando nuevamente a romper el aislamiento obligatorio, en medio del pico de la pandemia, que rige sobre la región del Área Metropolitana de Buenos Aires.
 
El dato cada vez más notorio de las aglomeraciones fogoneadas desde las redes sociales macristas, que esta vez no incluyeron los tradicionales puntos de encuentro de cacerolas en barrios de clase media, es ya no el desprecio a la cuarentena para evitar el colapso del sistema sanitario sino la notoria disminución de sus participantes, a quienes ignoran todos los dirigentes políticos con responsabilidades de gestión.
 
La señal de TN llevó cámaras para realizar un móvil en vivo desde donde (se esperaba) muchísimas personas asistieran para manifestarse en contra de la Reforma Judicial propuesta por Alberto Fernández y llevada al Congreso de la Nación. Sin embargo, no fue prácticamente nadie. Y en el canal ultra macrista no tuvieron más remedio que anunciar esta noticia a desgano, casi susurrando para que nadie aguzara el oído.
 
Los discursos de los escasos manifestantes macristas y videlistas que se escucharon este sábado fueron un calco de los de marchas anteriores, con la novedad de la "reforma judicial" que cada cual parece leer a gusto, ignorando que aún si el Congreso la aprobara mañana todas las causas en curso seguirían en manos de sus jueces naturales.
 
"Nos vamos rápidamente al Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya se está juntando gente", anunciaron. "Tiene que ver con rechazar el proyecto de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso", añadieron, mientras observaban la poca cantidad de personas que acudió a la Plaza de la República, en pleno centro de la Ciudad.
 

02-08-2020 / 10:08
02-08-2020 / 09:08
Juan Perón predicaba que un presidente manejaba el cincuenta por ciento de la realidad. Su sabiduría fincaba en elegir bien esa mitad y ejecutarla. Néstor Kirchner y Cristina Fernández razonaron parecido aunque siendo menos optimistas en las proporciones.
 
El presidente Alberto Fernández no se ha pronunciado públicamente sobre el porcentaje aunque es sencillo intuir qué piensa mediando una herencia asfixiante, un cerco geopolítico, una deuda externa récord. Y pandemia como frutilla venenosa del postre.
 
Quien conduce un país emergente en la nueva tormenta del mundo hace lo que quiere dentro de lo que puede... en el mejor de los casos. De cualquier forma, es interesante preguntarse cómo le gusta(ría) gobernar a Alberto, acusado de ser infec-dictador a la vez que títere por sus adversarios.
 
Vale rememorar los dos discursos ante la Asamblea Legislativa, primeros anuncios pre corona virus. Las propuestas de ley, no las generalidades. También lo que hizo cuando la covid-19 cambió para siempre la historia, le confirió un enorme poder temporario a cambio de hacerse cargo de un desafío tremendo y trágico.
 
* Al presidente lo entusiasma articular con gobernadores e intendentes, pactar acciones conjuntas o concertadas por la división federal de poderes. Los enaltece, les abre el juego, les "da cámara". Las conferencias de anuncios sobre cuarentena proveen escenas jamás vistas antes en la Argentina. Las condiciones de riesgo "piden" que los mandatarios ejerzan autoridad y exhiban un grado elevado de coincidencias. El mérito del presidente, en este caso, es procurar conseguirlo.
 
* A Fernández le "cabe" consultar con especialistas, escucharlos, realzar sus consejos, tomarlos en cuenta, difundir sus nombres, agradecerles en público. Los infectólogos a la cabeza.
 
* En el mismo sentido, con rango de institución permanente, el Consejo Económico Social aspiraba a remozar el sistema democrático con un cuerpo consultivo de participación plural.
 

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