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Nacionales - 26-07-2020 / 18:07
EL PRO ACUSA AL OFICIALISMO DE BUSCAR "IMPUNIDAD" PERO SOLO QUIERE ASEGURARSE LA SUYA

Traslados ilegales de jueces: el macrismo quiere mantenerlos para auto protegerse en futuros juicios

Traslados ilegales de jueces: el macrismo quiere mantenerlos para auto protegerse en futuros juicios
El presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones se refirió a el traslado de una decena de jueces que fueron nombrados de manera "ilegal" bajo la gestión de Mauricio Macri, y pidió averiguar "por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo para el nombramiento" requerido en la Constitución Nacional.
El Consejo de la Magistratura se encamina a votar un pronunciamiento que diga que diez jueces federales fueron nombrados de manera irregular, mediante un mecanismo de traslado de un puesto a otro, que no cumplió todos los pasos y requisitos legales, como recibir acuerdo del Senado.
 
Ocho de esos nombramientos fueron parte de una estrategia del gobierno de Mauricio Macri para llenar "a dedo" cargos judiciales claves para las causas contra empresarios y ex funcionarios y cuestiones electorales.
 
Lo que hace unos días era una discusión de apariencia técnica en el Consejo sobre la validez de nombramientos por "traslado", fue transformado por la oposición macrista en una campaña instrumentada a través de tapas y títulos catástrofe en Clarín y La Nación, cuyo mensaje se sintetizaba en que el oficialismo pretende sacar jueces de cargos estratégicos para lograr la impunidad de ex funcionarios K en los procesos judiciales.
 
El argumento es absurdo, en esencia, porque las causas a las que aluden ya pasaron por los juzgados de primera instancia y por la Cámara Federal y están elevadas para que se hagan los juicios orales. Al macrismo no le importan la moral y las buenas costumbres sino "salvarse ellos, que sí tienen causas más recientes", la escucharon comentar a la diputada Graciela Camaño.
 
El meollo de la cuestión y que tiene al macrismo en alerta es que dos de los traslados cuestionados son los de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que integraban un tribunal oral y saltaron en 2018 a la Cámara Federal de Comodoro Py, que tiene fuerte incidencia en el devenir de los expedientes, y que ya impulsó causas contra Cristina pero ahora debería intervenir en las que afectan a Macri y compañía. 
 

 
Los nombramientos por medio de "traslados" fueron parte de una gran ingeniería del gobierno de Macri para manipular parte del Poder Judicial. El gobierno de Cambiemos --hoy Juntos por el Cambio-- puso mucha energía en las cuestiones judiciales. Las incluyó en su marketing político, tanto para atacar como para cuidar sus intereses.
 
Es improbable que el Consejo de la Magistratura anule esas designaciones por sí mismo, pero todo indica que se conformará una mayoría, liderada por el oficialismo, que deje en claro que deben ser revisadas y que un camino posible es que el Poder Ejecutivo envíe sus nombres a la Cámara alta y que ésta decida si los refrenda o no.
 
La principal coincidencia entre todos es que el Consejo por sí mismo no puede revocar las designaciones. Pero puede comunicar si algo está mal. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo, que es el que elige nombres de jueces y tiene la potestad de mandarlos al Senado o bien decretar nulos sus nombramientos. Sería una forma de desarmar maniobras macristas para expandir sus tentáculos en tribunales y volver a la legalidad.
 
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En el Consejo de la Magistratura aseguran que hubo "designaciones ilegales" de jueces durante el macrismo
 
Así lo confirmó su titular, Alberto Lugones, quien pidió averiguar "por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo para el nombramiento" requerido en la Constitución Nacional.
 
El presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones se refirió a el traslado de una decena de jueces que fueron nombrados de manera "ilegal" bajo la gestión de Mauricio Macri, y pidió averiguar "por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo para el nombramiento" requerido en la Constitución Nacional.
 
El jurista aclaró que no juzga a los magistrados, sino que los mismos arrastran un "vicio de origen" en su nombramiento. "Son designaciones que no son legales, no es el procedimiento previsto en la Constitución para designar jueces", dijo en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.
 
Sin embargo, sostuvo que "en un momento determinado el gobierno anterior decidió elegir gente que le era afín a lo que ellos querían".
 
En un momento determinado el gobierno anterior decidió elegir gente que le era afín a lo que ellos querían" (Alberto Lugones)
 
El debate tiene como trasfondo el envío al Congreso del proyecto de reforma judicial, el cual ingresará esta semana según confirmó el propio presidente Alberto Fernández. En este marco, una ofensiva de algunos dirigentes de la oposición y algunos medios hegemónicos acusaron al Gobierno de remover a los jueces.
 
Sin embargo, según explicó el propio Lugones, el nombramiento de los juristas en cuestión no fue aprobado por el Senado, como manda la Constitución. "Resulta que aquellos que entraron por la ventana para cargos que no habían concursado ni tenían acuerdo, ahora nos encontramos con que ahora es 'un intento de sacar jueces independientes'", ironizó el titular del Consejo de la Magistratura.
 
"No estoy diciendo que deben ser sacados del cargo, pero son designaciones que no son legales, no es el procedimiento previsto en la Constitución para designar jueces. Estaría faltando a esos magistrados el acuerdo del Senado para mantenerlos en el cargo", explicó.
 
"Los que hoy están defendiendo a ultranza esa estabilidad de esos magistrados se deberían preguntar porque el gobierno anterior no le pidió el acuerdo a esos jueces", apuntó el jurista contra la oposición.
 
Sobre los próximos pasos que podría dar el Consejo de la Magistratura en relación a estos jueces designados a través de traslados, Lugones afirmó que "se podría manifestar al Poder Ejecutivo que el Consejo entiende que estaría faltando el acuerdo del Senado".
 
"La otra cosa que podría hacerse -explicó- es elevar una consulta a la Corte, para ver si reitera lo que dijo en una acordada en 2018, cuando manifestó que no podían considerarse jueces efectivos lo que no tenían acuerdo del Senado".
 
Lugones aclaró que en los casos de los jueces designados por traslados "hay algunos que cumplieron los reglamentos del traslado, otros cumplieron algunos requisitos y un grupo no cumplió ningún requisito".
 
Fuente: ámbito.com
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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