17:18 | Lunes 03 de Agosto de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
"Vine a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos". Alberto Fernández
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Nacionales - 26-07-2020 / 18:07
EL PRO ACUSA AL OFICIALISMO DE BUSCAR "IMPUNIDAD" PERO SOLO QUIERE ASEGURARSE LA SUYA
Traslados ilegales de jueces: el macrismo quiere mantenerlos para auto protegerse en futuros juicios
El presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones se refirió a el traslado de una decena de jueces que fueron nombrados de manera "ilegal" bajo la gestión de Mauricio Macri, y pidió averiguar "por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo para el nombramiento" requerido en la Constitución Nacional.
El Consejo de la Magistratura se encamina a votar un pronunciamiento que diga que diez jueces federales fueron nombrados de manera irregular, mediante un mecanismo de traslado de un puesto a otro, que no cumplió todos los pasos y requisitos legales, como recibir acuerdo del Senado.
Ocho de esos nombramientos fueron parte de una estrategia del gobierno de Mauricio Macri para llenar "a dedo" cargos judiciales claves para las causas contra empresarios y ex funcionarios y cuestiones electorales.
Lo que hace unos días era una discusión de apariencia técnica en el Consejo sobre la validez de nombramientos por "traslado", fue transformado por la oposición macrista en una campaña instrumentada a través de tapas y títulos catástrofe en Clarín y La Nación, cuyo mensaje se sintetizaba en que el oficialismo pretende sacar jueces de cargos estratégicos para lograr la impunidad de ex funcionarios K en los procesos judiciales.
El argumento es absurdo, en esencia, porque las causas a las que aluden ya pasaron por los juzgados de primera instancia y por la Cámara Federal y están elevadas para que se hagan los juicios orales. Al macrismo no le importan la moral y las buenas costumbres sino "salvarse ellos, que sí tienen causas más recientes", la escucharon comentar a la diputada Graciela Camaño.
El meollo de la cuestión y que tiene al macrismo en alerta es que dos de los traslados cuestionados son los de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que integraban un tribunal oral y saltaron en 2018 a la Cámara Federal de Comodoro Py, que tiene fuerte incidencia en el devenir de los expedientes, y que ya impulsó causas contra Cristina pero ahora debería intervenir en las que afectan a Macri y compañía.
Ocho de esos nombramientos fueron parte de una estrategia del gobierno de Mauricio Macri para llenar "a dedo" cargos judiciales claves para las causas contra empresarios y ex funcionarios y cuestiones electorales.
Lo que hace unos días era una discusión de apariencia técnica en el Consejo sobre la validez de nombramientos por "traslado", fue transformado por la oposición macrista en una campaña instrumentada a través de tapas y títulos catástrofe en Clarín y La Nación, cuyo mensaje se sintetizaba en que el oficialismo pretende sacar jueces de cargos estratégicos para lograr la impunidad de ex funcionarios K en los procesos judiciales.
El argumento es absurdo, en esencia, porque las causas a las que aluden ya pasaron por los juzgados de primera instancia y por la Cámara Federal y están elevadas para que se hagan los juicios orales. Al macrismo no le importan la moral y las buenas costumbres sino "salvarse ellos, que sí tienen causas más recientes", la escucharon comentar a la diputada Graciela Camaño.
El meollo de la cuestión y que tiene al macrismo en alerta es que dos de los traslados cuestionados son los de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que integraban un tribunal oral y saltaron en 2018 a la Cámara Federal de Comodoro Py, que tiene fuerte incidencia en el devenir de los expedientes, y que ya impulsó causas contra Cristina pero ahora debería intervenir en las que afectan a Macri y compañía.
Los nombramientos por medio de "traslados" fueron parte de una gran ingeniería del gobierno de Macri para manipular parte del Poder Judicial. El gobierno de Cambiemos --hoy Juntos por el Cambio-- puso mucha energía en las cuestiones judiciales. Las incluyó en su marketing político, tanto para atacar como para cuidar sus intereses.
Es improbable que el Consejo de la Magistratura anule esas designaciones por sí mismo, pero todo indica que se conformará una mayoría, liderada por el oficialismo, que deje en claro que deben ser revisadas y que un camino posible es que el Poder Ejecutivo envíe sus nombres a la Cámara alta y que ésta decida si los refrenda o no.
La principal coincidencia entre todos es que el Consejo por sí mismo no puede revocar las designaciones. Pero puede comunicar si algo está mal. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo, que es el que elige nombres de jueces y tiene la potestad de mandarlos al Senado o bien decretar nulos sus nombramientos. Sería una forma de desarmar maniobras macristas para expandir sus tentáculos en tribunales y volver a la legalidad.
La Opinión Popular
En el Consejo de la Magistratura aseguran que hubo "designaciones ilegales" de jueces durante el macrismo
Así lo confirmó su titular, Alberto Lugones, quien pidió averiguar "por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo para el nombramiento" requerido en la Constitución Nacional.
El presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones se refirió a el traslado de una decena de jueces que fueron nombrados de manera "ilegal" bajo la gestión de Mauricio Macri, y pidió averiguar "por qué el Gobierno anterior no les pidió el acuerdo para el nombramiento" requerido en la Constitución Nacional.
El jurista aclaró que no juzga a los magistrados, sino que los mismos arrastran un "vicio de origen" en su nombramiento. "Son designaciones que no son legales, no es el procedimiento previsto en la Constitución para designar jueces", dijo en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.
Sin embargo, sostuvo que "en un momento determinado el gobierno anterior decidió elegir gente que le era afín a lo que ellos querían".
En un momento determinado el gobierno anterior decidió elegir gente que le era afín a lo que ellos querían" (Alberto Lugones)
El debate tiene como trasfondo el envío al Congreso del proyecto de reforma judicial, el cual ingresará esta semana según confirmó el propio presidente Alberto Fernández. En este marco, una ofensiva de algunos dirigentes de la oposición y algunos medios hegemónicos acusaron al Gobierno de remover a los jueces.
Sin embargo, según explicó el propio Lugones, el nombramiento de los juristas en cuestión no fue aprobado por el Senado, como manda la Constitución. "Resulta que aquellos que entraron por la ventana para cargos que no habían concursado ni tenían acuerdo, ahora nos encontramos con que ahora es 'un intento de sacar jueces independientes'", ironizó el titular del Consejo de la Magistratura.
"No estoy diciendo que deben ser sacados del cargo, pero son designaciones que no son legales, no es el procedimiento previsto en la Constitución para designar jueces. Estaría faltando a esos magistrados el acuerdo del Senado para mantenerlos en el cargo", explicó.
"Los que hoy están defendiendo a ultranza esa estabilidad de esos magistrados se deberían preguntar porque el gobierno anterior no le pidió el acuerdo a esos jueces", apuntó el jurista contra la oposición.
Sobre los próximos pasos que podría dar el Consejo de la Magistratura en relación a estos jueces designados a través de traslados, Lugones afirmó que "se podría manifestar al Poder Ejecutivo que el Consejo entiende que estaría faltando el acuerdo del Senado".
"La otra cosa que podría hacerse -explicó- es elevar una consulta a la Corte, para ver si reitera lo que dijo en una acordada en 2018, cuando manifestó que no podían considerarse jueces efectivos lo que no tenían acuerdo del Senado".
Lugones aclaró que en los casos de los jueces designados por traslados "hay algunos que cumplieron los reglamentos del traslado, otros cumplieron algunos requisitos y un grupo no cumplió ningún requisito".
Fuente: ámbito.com
03-08-2020 / 12:08
La tarea principal del gobierno de Alberto Fernández es la reducción de daños, el apoyo a los sectores populares en la dura cuarentena y el mantenimiento de la paz social. Para eso tuvo que preservar fuentes de trabajo y derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización. Coherentes con la historia social del peronismo, afrontando resistencias de grandes empresarios y medios opositores.
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
Para colaborar en las reactivaciones provinciales, Alberto prepara un proyecto de obras públicas para todo el país que apuntale la economía. Entre Ríos estará en agenda con el avance de dos tramos de la ruta nacional 18 (Paraná - Concordia) y obras hídricas en La Paz y Paraná. En el listado de las obras públicas a comenzar este año, tras la pandemia y luego del arreglo por la deuda externa, para Entre Ríos figuran cuatro obras por un monto de 466 millones de pesos.
Puntualmente serían dos tramos de la ruta nacional Nº 18 que unirá Paraná y Concordia, la ampliación de una planta de potabilización en La Paz y otra en la capital entrerriana. El plan implicará una inversión en todo el territorio nacional de unos 4700 millones de pesos. Hasta aquí la relación Alberto-Bordet suena como un violín afinado.
En la Rosada, Bordet firmó un convenio con el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro, para habilitar el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa por 1.640 millones de pesos.
Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió a Bordet en el Congreso, con el objetivo puesto en la recuperación pospandemia. Dialogaron sobre el excedente de la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande y la automaticidad para el desarrollo productivo entrerriano; obras de agua para el Gran Paraná -"importante para el desarrollo y calidad de vida de la región más poblada de esa provincia"- y la ampliación de la Moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrianos.
El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo entrerriano ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de Bordet para transitar el duro camino hacia la nueva normalidad.
Para dejar atrás la pesada herencia macrista y el covid-19, el objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que sigue a la progresiva liberación de actividades económicas, que habían quedado paralizadas por la pandemia, y que fue logrado gracias al accionar del sistema de salud en el combate contra el avance del virus.
La Opinión Popular
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
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Puntualmente serían dos tramos de la ruta nacional Nº 18 que unirá Paraná y Concordia, la ampliación de una planta de potabilización en La Paz y otra en la capital entrerriana. El plan implicará una inversión en todo el territorio nacional de unos 4700 millones de pesos. Hasta aquí la relación Alberto-Bordet suena como un violín afinado.
En la Rosada, Bordet firmó un convenio con el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro, para habilitar el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa por 1.640 millones de pesos.
Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió a Bordet en el Congreso, con el objetivo puesto en la recuperación pospandemia. Dialogaron sobre el excedente de la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande y la automaticidad para el desarrollo productivo entrerriano; obras de agua para el Gran Paraná -"importante para el desarrollo y calidad de vida de la región más poblada de esa provincia"- y la ampliación de la Moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrianos.
El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo entrerriano ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de Bordet para transitar el duro camino hacia la nueva normalidad.
Para dejar atrás la pesada herencia macrista y el covid-19, el objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que sigue a la progresiva liberación de actividades económicas, que habían quedado paralizadas por la pandemia, y que fue logrado gracias al accionar del sistema de salud en el combate contra el avance del virus.
La Opinión Popular
03-08-2020 / 11:08
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02-08-2020 / 10:08
02-08-2020 / 09:08
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