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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 26-07-2020 / 11:07
LAS QUE APLICA Y LAS QUE PROYECTA EL GOBIERNO

Sesenta medidas: entre la coyuntura y el plan de desarrollo

Sesenta medidas: entre la coyuntura y el plan de desarrollo
El presidente definió a la gestión de Mauricio Macri como «una pandemia sin virus» que «arrasó con más de 20 mil pymes en cuatro años» y anticipó que la semana próxima el Gobierno lanzará «más de 60 medidas» para «construir un futuro más definido, cómo empezar a trabajar saliendo de esta crisis». Estas 60 medidas apuntan a reactivar la economía en la pospandemia, basado en la producción y la generación de empleo genuino y con una visión «federal» que se refleje en un «crecimiento equilibrado» del país.
El Gobierno de Alberto Fernández sostiene y prolonga las medidas de emergencia: llega el ATP 4, se va pagando la nueva ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE III). Se tratan proyectos de leyes congruentes con el sesgo oficial: moratoria amplísima, teletrabajo con un piso de garantías para los laburantes.
 
La crisis sanitaria no da respiro. Las cifras de contagios y muertes en el AMBA llegan al record desde marzo. Hay retrocesos en varias provincias que estaban en fase 5. La relajación colectiva, las reuniones descontroladas suelen ser una clave. Se cuartea el consenso ciudadano que signó los primeros meses.
 
El presidente Fernández, los ministros repasan indicadores día y noche. La urgencia los motiva y los envuelve. Se planean sesenta medidas económicas para la pospandemia.
 
El canje de deuda sujeta a legislación extranjera entra en su sprint final, tal parece. Las diferencias se acortan. La prensa dominante y la claque de gurúes económicos simplifican: quedan apenas 3,20 dólares de diferencia.
 
Si así fuera, este cronista se animaría a hacerse cargo. Si en realidad treparan a cerca de 3.200 millones de dólares, alguien estaría mintiendo o jugando como aliado de los bonistas. La élite del empresariado profiere un desabrido apoyo a la última oferta estatal.
 
Culposo, tardío, hipócrita por el momento y porque sus medios aliados siguen con la camiseta de los acreedores. Serruchan el piso al gobierno en bloque y al ministro de Economía Martín Guzmán en especial. El establishment está en la vereda de enfrente, más allá de "esa foto" del 9 julio que promovió el Secretario Gustavo Beliz, con anuencia presidencial.
 
Los ganadores de estos meses procuran consolidar posiciones, ganar terreno. Conciben un mundo pospandemia flexibilizado, con mayor desempleo, con trabajadores domesticados por la malaria. Los cambios de época inclinan la cancha.
 

 
Teletrabajo y otras explotaciones
 
Episodios congruentes se narran separados aunque los enlaza un hilo visible. LAN (Latam argentina) quiere irse sin pagar indemnizaciones ni quebrar. El Ministerio de Trabajo le demarca un límite legal, la empresa aprovecha la necesidad de los empleados y va pactando "retiros voluntarios". La implementación es válida e injusta a la vez.
 
Adrián Suar, empresario que se la llevó con pala durante décadas, resuelve cerrar Polka, la gran productora de ficción. Concede una publinota en el multimedio Clarín, lo tratan como si fuera un filántropo y no un capitalista sin responsabilidad social, un artífice de la participación laboral en las pérdidas. Clarín predispone la maraña leguleya para no hacerse cargo como grupo de las obligaciones de uno de sus emprendimientos exitosos.
 
La ley de teletrabajo se inscribe en la tradición peronista, con modestia y coherencia. Estipula un piso de derechos para una modalidad irresistible que acentuará el poder patronal. Menos empleados, menos costos empresarios, dilución de la experiencia grupal, aislamiento individual frente a los conflictos con los dueños. El distanciamiento de los cuerpos es inversamente proporcional al desarrollo de las solidaridades.
 
El diario La Nación y los portavoces de la Unión Industrial Argentina (UIA) concuerdan: el teletrabajo es pura ventaja para el personal. Ahorra viáticos, gana tiempo porque no viaja, se queda en casita con la familia. ¡Encima piden tener un horario, desconectarse algunas horas! Para compensar tanto lucro plebeyo (la codicia es un pecado, caramba) proponen no regular nada. "Si ustedes quieren una ley...", musita desdeñoso Daniel Funes de Rioja. Los capos empresarios defienden "su ley": la del más fuerte. No dejan pasar una, no se equivocan nunca. En ese aspecto claman para que el Estado no intervenga. En otros, tiran la manga.
 
El acuerdo paritario con los gremios docentes nacionales contrapesa la tendencia, reconociendo un plus a les trabajadores de la educación. El valor político de la medida potencia o tal vez supera al económico, una señal en el buen sentido.
 
El Estado interviene para compensar las asimetrías que tienen raíces hondas. La bienvenida protección ratifica las desigualdades dentro de la clase trabajadora. Teletrabajo y suplemento para docentes conciernen a trabajadores formales, onda un tercio de la totalidad.
 
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Un paquete de sesenta
 
Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y del Interior, Eduardo de Pedro, cosechan y sistematizan las demandas de los gobernadores.
 
Entre tanto, pispean datos cotidianos que parecen alentar un cachito de esperanza. El consumo de electricidad, por ejemplo, arroja resultados que sintonizan con la percepción a ojímetro. Comenzó a hundirse en marzo, tocó fondo el 19 de abril, insinuó repunte en mayo y sigue en alza. Fuera del AMBA empieza a parecerse al de la pre pandemia. Se sabe que no se vivía un festival productivo: el ex presidente Mauricio Macri dejó un legado deprimente. Pero las curvas de consumo de energía suben.
 
De cualquier modo las actividades prósperas o los microclimas de bonanza son la excepción. La demanda no acompaña las reaperturas de comercios o fábricas. Funcionarios avezados imaginan que cuando se pongan en práctica las sesenta medidas un tercio de la población gastará más que ahora, tiene un "consumo postergado". Un enfoque optimista aunque asuma que dos tercios de los argentinos siguen a nivel de supervivencia, con suerte. Hasta acá solo registran guarismos satisfactorios las compras con "Ahora 12", que comienzan a empardarle a las del verano, fuera del área metropolitana.
 
Las sesenta medidas están pensadas, hasta escritas, aseguran los funcionarios concernidos. "Embargan" información hasta que llegue el anuncio presidencial. En general, la opinión pública desconfía de los anuncios y presta atención a los hechos. Ni qué decir en condición de encierro. La narrativa oficial, para colmo, coquetea demasiado con la costumbre de pre anunciar anuncios.
 
En el corto plazo se apuntará a incentivar la demanda mediante créditos blandos, rumbo similar al de los meses recientes, reforzado.
 
Para el mediano plazo se imagina un abanico de acciones coordinadas con los gobernadores. "Un plan de desarrollo", comenta un ministro y bromea: "aunque la expresión no le guste a Alberto".
 
La obra pública ranquea en primer nivel: gasoductos, redes viales, puentes, hidrovías, ferrocarriles según necesidades de cada comarca.
 
El fomento a las producciones regionales es otro ítem del paquete.
 
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Una semana crucial
 
La Reforma Judicial se anunciaría mañana, para el fin de semana tiene que haber decisiones sobre la cuarentena, los plazos del canje expiran en estos días. Sobran oportunidades para que el oficialismo recobre el timón de la agenda pública. La oposición se la birla a menudo, ora por destreza ora por carencias del Gobierno.
 
Meses atrás Alberto Fernández congregaba porcentajes de aprobación insostenibles en el mediano plazo. "Los expertos" infectólogos ganaban autoridad y respeto. Las vicisitudes de la pandemia, las idas y vueltas acaso inevitables, la repetición de las presencias tienden a restarles consenso. Si los médicos descienden al barro de las redes sociales se enchastrarán aunque sus contendientes sean ignorantes e impresentables. El medio es el mensaje.
 
Las proyecciones de médicos y funcionarios son honestas y serias en un contexto de incertidumbre. Las enuncian a diario, se exponen, pueden fallar. La franqueza y el sentido del deber les juegan en contra cuando desde la otra vereda hay impunidad discursiva, ánimo de asustar, una apuesta ostensible a favor de la catástrofe.
 
Media, además, una cuestión técnica, primaria, una falla de origen. Mantener tácticas, referentes y discursos en una realidad mutante deteriora los relatos. Quizá, opina este cronista fundado en datos surtidos, la saturación del sistema hospitalario derive de un modo distinto al imaginado.
 
El refuerzo a la infraestructura, la incorporación de camas de terapia intensiva bancan las necesidades. El cuello de botella se genera en la atención a personas con síntomas leves, que deben internarse para pasar cuarentena en camas comunes.
 
Crece la retracción ciudadana porque se sabe que hisoparse es incómodo, que los traslados saben ser agobiantes, que los resultados demoran. Porque hay temores a dejar la casa, el barrio, las pertenencias. Escenas de pugilato en Costa Salguero repetidas hasta el hartazgo por los medios agravan los resquemores.
 
En las vísperas de una semana crucial el gobierno sostiene el rumbo, pulsea con firmeza en el canje, promueve medidas pro operario, atiende a la emergencia, hasta imagina movidas para el mediano plazo. Acierta en lo esencial, a veces se trabuca en sus propias carencias o en internismos apenas velados.
 
La pandemia condiciona todo, es un mal exterior, mutante, inédito. En cuestión de días se definirá si es imprescindible un retroceso que nadie quiere, que costaría explicar. Y que, pese a todo, podría ser impuesto por la ética de la responsabilidad.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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