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Nacionales - 25-07-2020 / 10:07
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Buscan debilitar a Alberto para condicionar la pospandemia

Buscan debilitar a Alberto para condicionar la pospandemia
Con los antecedentes golpistas en Bolivia y Brasil, algunos ven intenciones similares en esta fuerte ofensiva en un momento tan crítico de la pandemia. La idea del golpe parece irrealizable porque la derecha no tiene con quién reemplazar al Gobierno, está descabezada. Pero es claro el objetivo de debilitar a Alberto Fernández para condicionar la salida de la pandemia.
La oposición de derecha macrista, minoritaria, trata de llevar el debate a un escenario de realidad virtual donde ellos valen lo mismo o más que la mayoría, según queda plasmado en el diseño de las corporaciones mediáticas: Clarín, La Nación, canal América e Infobae.
 
Por la pandemia, la única relación de millones de personas con el mundo son las redes y los medios, entonces la ecuación de poder se asienta más en la propiedad de los medios que en una representación democrática.
 
Sin duda esos factores alteran el ejercicio del gobierno y distorsionan el engranaje complejo de la democracia. La expresión de los medios no es democrática porque responden a los intereses de sus propietarios. No es un poder republicano porque nadie lo elige ni lo controla, aunque se lo quiera introducir por abajo de la mesa como el quinto poder.
 
Por su parte, las redes tienen un nivel de distorsión por los mismos motivos a veces, ya sea por el manejo de trolls y bots, pero también por la lógica con la que se publica. Los mensajes tiene una violencia inusitada que surge del malentendido o la ignorancia, del borbotón y del todo vale.
 
Los planteos extremos entre posiciones que pueden resolverse en un debate más razonable surgen de la vulnerabilidad que genera esta situación de pandemia y aislamiento ante la prepotencia mediática para imponer su agenda y arrastrar ese debate a una situación de no retorno y ruptura.
 
La frase de Cristina en el Senado: "Ustedes no pueden aceptar que son minoría", tuvo la puntería de la síntesis porque en el marco de una sociedad sumida en el aislamiento y el temor a la pandemia, la oposición trata de llevar el debate a un escenario de realidad virtual donde ellos valen lo mismo o más que la mayoría, según queda plasmado en el diseño de las corporaciones mediáticas.
 
El macrismo gobernó con todo a su favor, desde el poder económico hasta las corporaciones de medios, y fue un desastre: ni siquiera pudo reelegir y perdió por nueve puntos de diferencia. Desde las elecciones hasta ahora ha perdido más base todavía. Son minoría real e indiscutible aunque el poder mediático trate de equipararlos.
 

 
De todos modos, resulta claro que la perspectiva de quién y cómo pagará la salida de la pandemia ha sensibilizado a los sectores más cerrados del poder económico. El golpe que recibieron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en las elecciones pasadas dejó vacante el liderazgo de la oposición. Y las corporaciones mediáticas tienden a ocupar ese vacío con un discurso cada vez más violento en representación de los grupos económicos concentrados.
 
Con los antecedentes golpistas en Bolivia y Brasil, algunos ven intenciones similares en esta fuerte ofensiva en un momento tan crítico de la pandemia. La idea del golpe parece irrealizable porque la derecha no tiene con quién reemplazar al Gobierno, está descabezada. Pero es claro el objetivo de debilitar a Alberto Fernández para condicionar la salida de la pandemia.
 
 
República Pandémica
 
La oposición, minoritaria, trata de llevar el debate a un escenario de realidad virtual donde ellos valen lo mismo o más que la mayoría, según queda plasmado en el diseño de las corporaciones mediáticas.
 
Se habla de pospandemia y se desestima este tránsito intrapandemia porque se supone que es como antes de la pandemia. Pero la única relación de millones de personas con el mundo son las redes y los medios, entonces la ecuación de poder se asienta más en la propiedad de los medios que en una representación democrática.
 
"Ustedes no pueden aceptar que son minoría" fue una frase que le soltó el jueves Cristina en el Senado a la oposición. Además el margen de decisiones que puede tomar el Gobierno es como si estuviera dentro de un submarino porque no sabe a ciencia cierta cuánto se va a producir y cuánto se va a vender o se va a comprar y se maneja sin una expresión del respaldo, más que la que le transmiten los medios.
 
No es tan extremo como la imagen que genera esa enumeración, pero sin duda esos factores alteran el ejercicio del gobierno y distorsionan el engranaje complejo de la democracia.
 
La expresión de los medios no es democrática, eso ya se sabe, porque responden a los intereses de sus propietarios. No es un poder republicano porque nadie lo elige ni lo controla, aunque se lo quiera introducir por abajo de la mesa como el quinto poder.
 
Las redes tienen un nivel de distorsión por los mismos motivos a veces, ya sea por el manejo de trolls y bots, pero también por la lógica con la que se publica. Hay un tuit que circuló mucho con la frase de Jorge Rivas que PáginaI12 publicó en el recuadro de tapa de ayer. El dirigente socialista afirma que sin importar el contexto en que haya ocurrido "la justicia por mano propia es inadmisible". Y una persona le contestó: "Es fácil hablar sin haberlo vivido".
 
El contraste entre los dos mensajes tiene una violencia inusitada que surge del malentendido o la ignorancia, del borbotón y del todo vale. Puede tener un transcurso normal y de repente el tono de las redes sube a esos niveles de violencia tóxica, a veces insoportable.
 
La discusión del escenario del 9 de Julio en la Quinta de Olivos adquirió ese tono. Hebe publicó una carta legítima con su crítica. Fue un gesto fuerte como ha sido siempre la forma de expresión de Hebe.
 
Pero detrás de la carta pública de Hebe hubo una catarata de mensajes que le agregaban otro sesgo: "hasta aquí llegué" o "para mí se terminó", que no era el sentido de la crítica enérgica de Hebe, pero que crearon un clima a partir del cual los que se sentían identificados con esa crítica tenían que subirse al mismo plano de ruptura. El movimiento fue empujar esa crítica hacia una posición de ruptura.
 
Algo similar, pero de manera más abierta, se produjo con la posición del Gobierno ante Venezuela. En el Frente de Todos, los acuerdos sobre ese tema van desde el no intervencionismo hasta el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente constitucional y un alineamiento regional en ese sentido, por fuera del que impulsa Washington. Pero en el tema de los derechos humanos siempre hubo matices, incluso durante los gobiernos kirchneristas.
 
Esas diferencias, que bien valen un debate interno, fueron utilizadas por Clarín, La Nación e Infobae para sacarlas de contexto, anunciar con grandes titulares un cambio en la posición de Alberto Fernández y hasta hubo un comunicado del macrismo para felicitarlo por su nuevo posicionamiento. Otra vez se trataba de manipular las diferencias que existen dentro del frente que gobierna para llevarlas al plano de la ruptura.
 
Esto produjo un fuerte debate en las redes y en portales sobre el derecho a la crítica en el Frente de Todos. El que no critica vendría a ser un olfa ultraoficialista y el que critica, un torpedo macrista. Los planteos extremos entre posiciones que pueden resolverse en un debate más razonable surgen de la vulnerabilidad que genera esta situación de pandemia y aislamiento ante la prepotencia mediática para imponer su agenda y arrastrar ese debate a una situación de no retorno y ruptura.
 
Cuando se impide la crítica en una institución o agrupamiento, la presión que se genera es peor y puede provocar la explosión. La crítica es necesaria porque enriquece y equilibra. Y quedó claro que el Frente de Todos no tiene ámbitos donde se puedan volcar estas discusiones. Menos aún en esta situación de aislamiento. Pero también resultó claro que esa discusión tiene que evitar la agenda, los tiempos y el tono que le quiere imponer el adversario.
 
No es una tarea fácil. Las formas celulares tradicionales siempre han funcionado más para el control que para la discusión. Una organización de masas tiene que encontrar formas que habiliten ese debate sin convertirla en uniforme ni sectaria. La calle o la asamblea han sido el lugar de debate del peronismo, pero ahora no se puede.
 
La frase de Cristina Kirchner en el Senado tuvo la puntería de la síntesis porque en el marco de una sociedad sumida en el aislamiento y el temor a la pandemia, la oposición trata de llevar el debate a un escenario de realidad virtual donde ellos valen lo mismo o más que la mayoría, según queda plasmado en el diseño de las corporaciones mediáticas.
 
El macrismo gobernó con todo a su favor, desde el poder económico hasta las corporaciones de medios, y fue un desastre: ni siquiera pudo reelegir y perdió por nueve puntos de diferencia. Desde las elecciones hasta ahora ha perdido más base todavía. Son minoría real e indiscutible aunque el escenario mediático trate de equipararlos.
 
De todos modos, resulta claro que la perspectiva de quién y cómo pagará la salida de la pandemia ha sensibilizado a los sectores más cerrados del poder económico. El golpe que recibieron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en las elecciones pasadas dejó vacante el liderazgo de la oposición. Y las corporaciones mediáticas tienden a ocupar ese vacío con un discurso cada vez más violento en representación de los grupos económicos concentrados.
 
Con los antecedentes golpistas en Bolivia y Brasil, algunos ven intenciones similares en esta fuerte ofensiva en un momento tan crítico de la pandemia.
 
Está comprobado que el peritaje y el testimonio que se usaron para la detención preventiva de Roberto Baratta y Julio De Vido fueron truchos. La declaración estuvo a cargo de Marcelo D'Alessio, el falso abogado que operaba con la AFI macrista, y el peritaje lo hizo David Cohen, que está bajo la misma sospecha en un juicio por falso testimonio. Situaciones similares se plantean en la mayoría de las causas creadas por el lawfare macrista.
 
Las declaraciones de los espías de la AFI (ex SIDE) en el Congreso demuestran que Mauricio Macri puso la agencia de espionaje al servicio del lawfare, ya fuera para presionar testigos o jueces o para difundir intimidades de las víctimas a través de políticos y periodistas amigos. El objetivo no era alimentar a la Justicia con pruebas, sino usar a la Justicia para destruir al opositor.
 
No hay cuadernos invisibles ni cuentas de fantasía, ni testigos presionados. Son testimonios directos de los actores de los hechos, pruebas documentales concretas. Las pruebas son irrebatibles. Cualquier persona honesta tendría que reconocer que se equivocó al creer en las falsas acusaciones del lawfare.
 
Nadie refuta esas pruebas. Se limitan a decir que no son ciertas, pero ni siquiera aportan datos para desmentirlas. Los columnistas del macrismo se pusieron de acuerdo para juntar estas causas con la propuesta de reforma judicial. Afirman que unas y otra constituyen la vía para lograr impunidad para Cristina Kirchner, que sería el verdadero gobierno.
 
La idea del golpe parece lejana porque la derecha no tiene con quién reemplazar al Gobierno, está descabezada. Pero es claro el objetivo de debilitar a Alberto Fernández para condicionar la salida de la pandemia. Todo apunta a que será un momento importante de definiciones.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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