Alberto Fernández maniobrar en la nueva normalidad geopolítica post-COVID para sacar al país de la postración en la que él mismo admitió que está sumido.
 
En ese mismo salón, en el que Federico Sturzenegger y Lucas Llach quedaron retratados para la posteridad junto a su vulnerada meta de inflación del 10% (+/-2%) para 2018, volvieron a debatirse entre empanadas un par de bifurcaciones estratégicas.
 
Fue al día siguiente de la presentación de Fernández por videoconferencia ante el Consejo de las Américas, un lobby del establishment neoyorquino que alberga a críticos furibundos de Donald Trump pero que comparte la preocupación del magnate por el desafío financiero, político y ahora también tecnológico de los chinos a la supremacía global norteamericana.
 
Es algo estructural y a la vez urgente. Desde la campaña electoral, Gustavo Béliz y Jorge Argüello trabajan para que la gestión de Fernández haga equilibrio entre las dos potencias en una oscilación que no le deje dudas a Washington de su permanencia en el "Hemisferio Occidental", como denominan allá a los que consideran sus dominios inexpugnables. 
 
'/> La relación de Argentina con China para salir de la postración económica / La Opinión Popular
La Opinión Popular
                  20:37  |  Viernes 02 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 24-07-2020 / 10:07
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La relación de Argentina con China para salir de la postración económica

La relación de Argentina con China para salir de la postración económica
La pregunta es en quién planea apoyarse el Presidente para salir de la postración. La renovación de los dos ‘swaps’ con el Banco Popular de China, representan unos U$S 18.500 millones de los 43.350 millones de reservas brutas que hoy mantiene el Central después de los pagos de deuda que hizo Guzmán. Es decir, agua en el desierto. Y llegaron antes que la refinanciación de la deuda de USD44.000 millones que dejaron Mauricio Macri y el FMI como herencia envenenada.
En el salón Bosch, donde empezó a sesionar el mes pasado para mantener la distancia social entre sus miembros, el directorio del Banco Central aprobó la renovación de los dos intercambios de monedas con el Banco Popular de China que sostienen las reservas argentinas por encima de la inquietante barrera de los 40 mil millones de dólares.
 
El salvavidas chino llegó justo a tiempo, porque el 'swap' vencía originalmente el viernes pasado y no a fin de mes como creían en la Cancillería. Pero al margen del detalle, lo que la urgencia puso de manifiesto es lo difícil que le va a resultar a Alberto Fernández maniobrar en la nueva normalidad geopolítica post-COVID para sacar al país de la postración en la que él mismo admitió que está sumido.
 
En ese mismo salón, en el que Federico Sturzenegger y Lucas Llach quedaron retratados para la posteridad junto a su vulnerada meta de inflación del 10% (+/-2%) para 2018, volvieron a debatirse entre empanadas un par de bifurcaciones estratégicas.
 
Fue al día siguiente de la presentación de Fernández por videoconferencia ante el Consejo de las Américas, un lobby del establishment neoyorquino que alberga a críticos furibundos de Donald Trump pero que comparte la preocupación del magnate por el desafío financiero, político y ahora también tecnológico de los chinos a la supremacía global norteamericana.
 
Es algo estructural y a la vez urgente. Desde la campaña electoral, Gustavo Béliz y Jorge Argüello trabajan para que la gestión de Fernández haga equilibrio entre las dos potencias en una oscilación que no le deje dudas a Washington de su permanencia en el "Hemisferio Occidental", como denominan allá a los que consideran sus dominios inexpugnables. 
 

 
Pero la pandemia alteró esos planes incluso más que otros. Si bien el coronavirus debutó en Wuhan, también migró rápido. Y castigó mucho más a Occidente.
 
Bastan dos datos de la universidad John Hopkins para dimensionarlo: Argentina (44 millones de habitantes) superó quince días atrás a China (1.393 millones de habitantes) en casos confirmados. Hoy está cerca de duplicarla (tiene 141.900 infectados vs 86.096). La mortalidad argentina cada 100 mil habitantes, en tanto, ya es 18 veces la del gigante asiático. La estadounidense, 136 veces.
 
La correlación con la economía es directa: el FMI pronostica que la economía estadounidense se contraerá 8% este año y recuperará apenas la mitad de eso en 2021, mientras que la china se mantendrá en el terreno positivo en 2020 (+1%) y crecerá 8,2% en 2021.
 
En un equipo económico con muchos graduados de posgrado en Estados Unidos, como el propio Martín Guzmán, el que más insiste con la tesis de que el COVID va a catapultar a China a una paridad de poder con el Tío Sam mucho antes de lo previsto es Sergio Chodos.
 
Abogado y apasionado por la diplomacia, el ahora representante argentino ante el FMI se quedó varado en Washington durante casi tres meses por el cierre de fronteras y recién dos semanas atrás volvió a reunirse con su familia en Buenos Aires, previa cuarentena.
 
"Con esto ya está: el siglo XXI es de Asia", le dijo a Guzmán al llegar. El publicitado pero relativamente modesto plan de reconstrucción que aprobó la Unión Europea esta semana tampoco augura que el Viejo Continente vaya a terciar en esa pelea por la punta.
 
 
Dragones de fuego
  
La pregunta, en ese contexto, es en quién planea apoyarse el Presidente para salir de la postración. La renovación de los dos 'swaps' con el Banco Popular de China, que datan de las gestiones de Martín Redrado y de Sturzenegger, representan unos U$S 18.500 millones de los 43.350 millones de reservas brutas que hoy mantiene el Central después de los pagos de deuda que hizo Guzmán.
 
Es decir, agua en el desierto. Y llegaron antes que la refinanciación de la deuda de USD44.000 millones que dejaron Mauricio Macri y el FMI como herencia envenenada.
 
¿Qué hubo que entregar a cambio de esos 130 mil millones de yuanes? En el Central aseguran que no mucho. Y que el principal interés de los chinos es abrir canales de comercio sin pasar por el dólar, algo que con Argentina no lograron instrumentar hasta ahora pese a la magnitud del intercambio bilateral.
 
Ese proyecto de desdolarizar era para el largo plazo pero la pandemia lo adelantó al mediano. En abril, cuando el virus recién empezaba a golpear a Sudamérica, China ya desplazó a Brasil y se convirtió en el principal socio comercial de nuestro país.
 
¿Pidió acaso Beijing para renovar el swap que Huawei provea los equipos para instalar el servicio 5G en el país? El Gobierno asegura que no, y que el principal interesado en comprarle esa tecnología al gigante que acaba de echar Boris Johnson del Reino Unido a pedido de Washington es Telecom, del grupo Clarín.
 
¿Reclamó acaso Xi Jinping que se mantenga el acuerdo con el FMI para renovar? No solo no lo hizo sino que aceptó inmediatamente remover esa cláusula, que se había introducido a pedido de Sturzenegger. ¿Pidió algo en relación a las represas de Santa Cruz, la mayor obra de ingeniería china en toda la región? Reactivarlas y apurarlas, como pide siempre. No más.
 
Esa aparente generosidad del país de los dragones no borra las desconfianzas de un gobierno que hace gala de su pragmatismo pero que por formación y trayectoria tiene más lazos con el imperio menguante que con el creciente.
 
Argüello, por caso, suele subrayar puertas adentro el "desastre" que a su juicio hizo China en África, donde le ganó de mano a los capitales norteamericanos en todos los proyectos extractivos y de infraestructura de los últimos 20 años. "Es comparable solamente con lo que hicieron los europeos en el siglo XIX", dice.
 
Cuando era embajador en Portugal y atendía desde ahí a Cabo Verde, un archipiélago especialmente pobre donde solo hay 12 embajadas extranjeras y que por su ubicación sirvió en el siglo XIX como central de entrenamiento y acopio de esclavos tras su captura en el continente, Argüello tuvo la ocasión de ver cómo se despliega el capital chino allí donde hace y deshace a gusto.
 
El presidente caboverdiano de entonces, que le pedía siempre de regalo libros de Jorge Luis Borges y de Raúl Zaffaroni, lo llevó una vez de visita a una represa que construía una empresa china. No solo flameaban banderas chinas. Todos los trabajadores, hasta el último, también eran de esa nacionalidad.
 
 
De Susan a Vicentin
  
Las condiciones de Estados Unidos y el FMI son más conocidas. El tema Huawei, al menos por ahora, no está sobre la mesa, quizá porque en Washington tomaron nota de que Argentina fue uno de los últimos países es desplegar la tecnología 4G. Pero sigue siendo una incógnita lo que pedirá el Fondo para patear sus vencimientos hacia adelante.
 
Con el establishment de Wall Street, la discusión es sobre los negocios ya instalados. Y por eso Fernández volvió a apoyarse en Susan Segal, aun cuando el Consejo de las Américas llegó a condecorar a Macri con su Insignia de Oro en octubre de 2018, cuando su plan económico ya había colapsado.
 
"Susan es de Susan y es del gobierno que esté a cargo. Dirige una fundación que armó David Rockeffeller y negocia con todos los gobiernos. Pero su preferido es Argentina y no hay otra que te dé 135 mil viewers en simultaneo para una presentación como la de Alberto", explicó a BAE Negocios uno de los que organizó la reunión de esta semana.
 
El común denominador de la reunión previa a la presentación fue ése: eran todos potenciales inversores para la pospandemia en la economía real. Algo que el Presidente está dispuesto a salir a buscar aun a riesgo de entregar más de lo que preveía al inicio.
 
¿Y el capital local? Nadie espera demasiado de él en términos económicos, pese a las declamaciones y a puestas en escena como la del 9 de Julio. "Con que no se sigan yendo alcanza", resumió la misma fuente del gabinete. No solo pensaba en Marcos Galperin, el CEO de Mercado Libre que se volvió a vivir a Uruguay apenas asumió Fernández.
 
También en Nicky Caputo, autoexiliado en Miami y en una grave crisis familiar por el desarraigo y por el temor a las represalias que lo invade más seguido de lo que quisiera. ¿Le quieren sacar Edesur, donde mantiene cerca de un tercio junto a sus socios? Las fuentes oficiales juran y perjuran que pese al "clamor" de los intendentes jamás se barajó.
 
Con lo que sí promete (otra vez) volver a la carga el Gobierno es con Vicentin. "Quedate tranquilo que a los accionistas que llevaron adelante el vaciamiento los vamos a correr", le dijo el Presidente a Claudio Lozano el martes por la noche, después de que el verdadero cerebro de la expropiación se quejara en público por lo que consideró el "retroceso" del Plan Perotti. La hoja de ruta, según le anticipó, es la de un cram down con la forma de un fideicomiso financiero. Habrá que ver.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

Agreganos como amigo a Facebook
02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar