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Nacionales - 24-07-2020 / 10:07

El Consejo de la Magistratura debe decidir sobre el festival de traslado de jueces, sin acuerdo del Senado, durante el macrismo

El Consejo de la Magistratura debe decidir sobre el festival de traslado de jueces, sin acuerdo del Senado, durante el macrismo
El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer los traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado. El bloque en el extremo opuesto plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos. Aparecen ideas intermedias.
Después de varios días de títulos catástrofe que anunciaban un supuesto escándalo en puerta por el futuro de diez jueces designados mediante el polémico mecanismo de "traslado", sin acuerdo del Senado, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura tuvo una civilizada reunión por Zoom en la que sus integrantes acordaron postergar propuestas sobre qué hacer con esos nombramientos controvertidos.
 
Por supuesto hubo debate, ya que hay diferencias entre el oficialismo y la oposición, conocidas desde hace rato, pero por ahora se limitaron a medir fuerzas. El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer aquellos traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado, pero aún no arriesgan el cómo. El bloque macrista plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos, aunque despuntan ideas intermedias.
 
Tras denunciar "un carnaval de traslados" durante el anterior gobierno, el presidente del Consejo, el camarista federal Alberto Lugones, aclaró: "hay actos realizados por este consejo que son por lo menos antirreglamentarios. Nadie me va a impedir que diga eso. Se aprovechó una mayoría circunstancial, se buscó entre los jueces designados y se eligió para ocupar no cualquier cargo: se eligió jueces para integrar una Cámara que resuelve las cuestiones más difíciles y más complejas".
 
El disparador de la discusión y las versiones de que el oficialismo buscaría desplazar a jueces de cargos o juicios claves, fue un informe que elaboró el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, que analizó tres tipos diferentes de designaciones hechas por medio de traslados de jueces y juezas de un cargo a otro pero encontró las mayores irregularidades en un grupo de diez, concretados durante el gobierno de Mauricio Macri, que no pasaron por concursos ni por el Senado. Es decir, entraron por la ventana.
 

 
Son casos que, además, al momento de su aprobación, ya habían desatado polémica. Entre ellos incluyó nombres conocidos, como dos miembros de la Cámara Federal de Comodoro Py que venían de un tribunal oral, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia; el juez Federico Villena que pasó de ser nombrado en Moreno a Lomas de Zamora; Eduardo Farah, que era camarista federal y fue mudado a un tribunal oral de San Martín, Germán Castelli que pasó de un tribunal en San Martín a otro en el fuero federal porteño que ahora tiene la causa de los cuadernos; así como jueces de provincias que de golpe adquirieron competencia electoral.
 
"¿A vos qué te parecería si en vez de abrir el concurso para que reemplacen a (Rodolfo) Canicoba Corral resolviéramos un traslado?", le disparó un funcionario del Gobierno a un miembro de la oposición que integra el Consejo de la Magistratura de la Nación, en medio de la discusión política y jurídica detrás de la revisión de los traslados de una decena de jueces, la mayoría de concretadas durante el macrismo y en lugares claves para el poder.
 
Esa frase no fue una advertencia ni una invitación. Fue la manera que encontró el funcionario del Poder Ejecutivo para buscar convencer a su interlocutor de que lo que se quería era "ordenar" el problema de los traslados, un mecanismo que se "desordenó" durante la gestión de Macri.
 
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"Nosotros no venimos, como se dice públicamente, a darle impunidad a nadie: no van a ser nulos esos actos (decisiones tomadas por los jueces trasladados), actuamos conforme a lo que dice la Constitución Nacional".
 
La frase no era de un representante del estamento político, sino de un camarista, Alberto Lugones, que es el presidente del Consejo y cuestiona las designaciones que se hicieron por traslado, que cree deben ser revisadas.
 
Dijo específicamente que si hay preocupación por decisiones tomadas en la Cámara Federal, "esos actos van a ser válidos". Pero, enfatizó, "los que aceptaron entrar a un cargo por la ventana no pueden decir que se está afectando su independencia", que fue uno de los argumentos opositores más rutilantes de esta semana.
 
La reunión fue comandada por la diputada Graciela Camaño, que preside Selección, y a quien muchos consejeros/as señalan como un voto clave a la hora de someter este intríngulis a consideración en el plenario, ya que todo indica que podría haber un empate.
 
El organismo tiene trece miembros y las posturas suelen estar muy reñidas. Camaño no dio pistas sobre qué hará. Deslizó frases con aire conciliador: "No puede haber tantas formas de trasladar un juez. Lo que ponemos en discusión en este punto es qué entendemos por traslado".
 
"La solución a este problema -dijo-debe ser lo más ajustada a la Constitución". La diputada ya había dicho que el documento de Ustarroz no había sido una ocurrencia de él sino que los consejeros habían acordado pedirle un relevamiento para este tema conflictivo.
 
Ustarroz, por su lado, expuso que hay traslados que no son problemáticos, que son aquellos donde el pase es de un cargo a otro en un mismo tribunal o fuero. En cambio sí lo son, a su entender, los que cambian de jurisdicción y de competencia sin obtener acuerdo del Senado.
 
A su entender, que el Consejo eleve una terna al Poder Ejecutivo y que éste envíe un nombre al Senado para que preste acuerdo, es "el mecanismo natural y único de magistrados impuesto por la Constitución".
 
También es lo que surge, señaló, de dos fallos (Rosza y Uriarte) y una acordada de la Corte Suprema, que se expidió en 2018 a raíz del intento de que comenzara a funcionar un tribunal oral federal constituido por traslado al que se le dio la primera causa contra Cristina Fernández de Kirchner aunque no estaba habilitado.
 
En ese momento, los supremos precisaron casos en los que debía intervenir el Senado. En coincidencia con otros consejeros, Ustarroz señaló que hará falta una ley que establezca precisiones, pero que ahora hay que corregir lo que se hizo mal. Pidió una "discusión institucional".
 
Al enfoque del joven representante del Ejecutivo se sumó el académico Diego Molea, quien dijo que se pueden revisar los nombramientos irregulares, que lo permite la ley de procedimientos administrativos, y que se debe respetar lo que estableció la Corte.
 
"Siento vergüenza ajena de los magistrados que habiendo concursado para un cargo determinado, luego pidan un traslado para un cargo donde la competencia no es la misma", se quejó. "Debemos fijar un criterio claro, entender lo que plantea la Constitución Nacional y comprometernos a que no haya más traslados, porque no corresponde. Para atrás nos encontramos con errores que debemos sanear", agregó.
 
Criticó fuertemente a los jueces que aceptaron traslados a competencias electorales. Hubo quienes leyeron una crítica a uno de los consejeros presentes en el Zoom, Juan Manuel Culotta, que intentó pasar de Tres de Febrero al juzgado electoral de La Plata durante el gobierno de Macri, aunque naufragó en su intento y sólo consiguió ser subrogante.
 
Culotta, de hecho, fue uno de los que consideró que cuando un juez es trasladado tiene derechos adquiridos y no se lo puede remover, a menos que sea con un enjuiciamiento. "Con la pretendida revisión no solo se están afectando derechos subjetivos de los magistrados, sino que se estaría desconociendo la garantía de la inamovilidad de los jueces", regañó.
 
Es la misma línea que ya había planteado, incluso públicamente y con una nota ante el Consejo, el diputado macrista Pablo Tonelli, donde decía: "Llamo a la reflexión de todos mis colegas consejeros respecto de la inconveniencia de avanzar con una eventual revisión del os traslados objetados, que no sería procedente en términos estrictamente legales y que en nada contribuirá a una más eficaz prestación del servicio de justicia".
 
Señaló que aunque se llegara a considerar que los traslados fueron actos administrativos irregulares, no podría revocarlos, ni anularlos o dejarlos sin efectos porque se afectaría la división de poderes. "El Consejo carece de atribuciones para revisar los traslados concretados. Podemos establecer pautas para el futuro pero nada debemos opinar de los traslados ya concretados", dijo ante la comisión.
 
El camarista Ricardo Recondo sorprendió con una postura a mitad de camino, ya que reconoció que hay traslados cuestionables pero señaló que el Consejo no es competente para volver sobre ellos, aunque dejó la puerta abierta a que lo haga el Poder Ejecutivo.
 
En este escenario, con cierto margen para la negociación, los consejeros no arriesgaron ninguna propuesta firme, y decidieron postergar la discusión de soluciones para el jueves próximo.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

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