18:10 | Lunes 29 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 24-07-2020 / 10:07

El Consejo de la Magistratura debe decidir sobre el festival de traslado de jueces, sin acuerdo del Senado, durante el macrismo

El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer los traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado. El bloque en el extremo opuesto plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos. Aparecen ideas intermedias.

Después de varios días de títulos catástrofe que anunciaban un supuesto escándalo en puerta por el futuro de diez jueces designados mediante el polémico mecanismo de "traslado", sin acuerdo del Senado, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura tuvo una civilizada reunión por Zoom en la que sus integrantes acordaron postergar propuestas sobre qué hacer con esos nombramientos controvertidos.

Por supuesto hubo debate, ya que hay diferencias entre el oficialismo y la oposición, conocidas desde hace rato, pero por ahora se limitaron a medir fuerzas. El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer aquellos traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado, pero aún no arriesgan el cómo. El bloque macrista plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos, aunque despuntan ideas intermedias.

Tras denunciar "un carnaval de traslados" durante el anterior gobierno, el presidente del Consejo, el camarista federal Alberto Lugones, aclaró: "hay actos realizados por este consejo que son por lo menos antirreglamentarios. Nadie me va a impedir que diga eso. Se aprovechó una mayoría circunstancial, se buscó entre los jueces designados y se eligió para ocupar no cualquier cargo: se eligió jueces para integrar una Cámara que resuelve las cuestiones más difíciles y más complejas".

El disparador de la discusión y las versiones de que el oficialismo buscaría desplazar a jueces de cargos o juicios claves, fue un informe que elaboró el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, que analizó tres tipos diferentes de designaciones hechas por medio de traslados de jueces y juezas de un cargo a otro pero encontró las mayores irregularidades en un grupo de diez, concretados durante el gobierno de Mauricio Macri, que no pasaron por concursos ni por el Senado. Es decir, entraron por la ventana.

Son casos que, además, al momento de su aprobación, ya habían desatado polémica. Entre ellos incluyó nombres conocidos, como dos miembros de la Cámara Federal de Comodoro Py que venían de un tribunal oral, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia; el juez Federico Villena que pasó de ser nombrado en Moreno a Lomas de Zamora; Eduardo Farah, que era camarista federal y fue mudado a un tribunal oral de San Martín, Germán Castelli que pasó de un tribunal en San Martín a otro en el fuero federal porteño que ahora tiene la causa de los cuadernos; así como jueces de provincias que de golpe adquirieron competencia electoral.

"¿A vos qué te parecería si en vez de abrir el concurso para que reemplacen a (Rodolfo) Canicoba Corral resolviéramos un traslado?", le disparó un funcionario del Gobierno a un miembro de la oposición que integra el Consejo de la Magistratura de la Nación, en medio de la discusión política y jurídica detrás de la revisión de los traslados de una decena de jueces, la mayoría de concretadas durante el macrismo y en lugares claves para el poder.

Esa frase no fue una advertencia ni una invitación. Fue la manera que encontró el funcionario del Poder Ejecutivo para buscar convencer a su interlocutor de que lo que se quería era "ordenar" el problema de los traslados, un mecanismo que se "desordenó" durante la gestión de Macri.

La Opinión Popular

"Nosotros no venimos, como se dice públicamente, a darle impunidad a nadie: no van a ser nulos esos actos (decisiones tomadas por los jueces trasladados), actuamos conforme a lo que dice la Constitución Nacional".

La frase no era de un representante del estamento político, sino de un camarista, Alberto Lugones, que es el presidente del Consejo y cuestiona las designaciones que se hicieron por traslado, que cree deben ser revisadas.

Dijo específicamente que si hay preocupación por decisiones tomadas en la Cámara Federal, "esos actos van a ser válidos". Pero, enfatizó, "los que aceptaron entrar a un cargo por la ventana no pueden decir que se está afectando su independencia", que fue uno de los argumentos opositores más rutilantes de esta semana.

La reunión fue comandada por la diputada Graciela Camaño, que preside Selección, y a quien muchos consejeros/as señalan como un voto clave a la hora de someter este intríngulis a consideración en el plenario, ya que todo indica que podría haber un empate.

El organismo tiene trece miembros y las posturas suelen estar muy reñidas. Camaño no dio pistas sobre qué hará. Deslizó frases con aire conciliador: "No puede haber tantas formas de trasladar un juez. Lo que ponemos en discusión en este punto es qué entendemos por traslado".

"La solución a este problema -dijo-debe ser lo más ajustada a la Constitución". La diputada ya había dicho que el documento de Ustarroz no había sido una ocurrencia de él sino que los consejeros habían acordado pedirle un relevamiento para este tema conflictivo.

Ustarroz, por su lado, expuso que hay traslados que no son problemáticos, que son aquellos donde el pase es de un cargo a otro en un mismo tribunal o fuero. En cambio sí lo son, a su entender, los que cambian de jurisdicción y de competencia sin obtener acuerdo del Senado.

A su entender, que el Consejo eleve una terna al Poder Ejecutivo y que éste envíe un nombre al Senado para que preste acuerdo, es "el mecanismo natural y único de magistrados impuesto por la Constitución".

También es lo que surge, señaló, de dos fallos (Rosza y Uriarte) y una acordada de la Corte Suprema, que se expidió en 2018 a raíz del intento de que comenzara a funcionar un tribunal oral federal constituido por traslado al que se le dio la primera causa contra Cristina Fernández de Kirchner aunque no estaba habilitado.

En ese momento, los supremos precisaron casos en los que debía intervenir el Senado. En coincidencia con otros consejeros, Ustarroz señaló que hará falta una ley que establezca precisiones, pero que ahora hay que corregir lo que se hizo mal. Pidió una "discusión institucional".

Al enfoque del joven representante del Ejecutivo se sumó el académico Diego Molea, quien dijo que se pueden revisar los nombramientos irregulares, que lo permite la ley de procedimientos administrativos, y que se debe respetar lo que estableció la Corte.

"Siento vergüenza ajena de los magistrados que habiendo concursado para un cargo determinado, luego pidan un traslado para un cargo donde la competencia no es la misma", se quejó. "Debemos fijar un criterio claro, entender lo que plantea la Constitución Nacional y comprometernos a que no haya más traslados, porque no corresponde. Para atrás nos encontramos con errores que debemos sanear", agregó.

Criticó fuertemente a los jueces que aceptaron traslados a competencias electorales. Hubo quienes leyeron una crítica a uno de los consejeros presentes en el Zoom, Juan Manuel Culotta, que intentó pasar de Tres de Febrero al juzgado electoral de La Plata durante el gobierno de Macri, aunque naufragó en su intento y sólo consiguió ser subrogante.

Culotta, de hecho, fue uno de los que consideró que cuando un juez es trasladado tiene derechos adquiridos y no se lo puede remover, a menos que sea con un enjuiciamiento. "Con la pretendida revisión no solo se están afectando derechos subjetivos de los magistrados, sino que se estaría desconociendo la garantía de la inamovilidad de los jueces", regañó.

Es la misma línea que ya había planteado, incluso públicamente y con una nota ante el Consejo, el diputado macrista Pablo Tonelli, donde decía: "Llamo a la reflexión de todos mis colegas consejeros respecto de la inconveniencia de avanzar con una eventual revisión del os traslados objetados, que no sería procedente en términos estrictamente legales y que en nada contribuirá a una más eficaz prestación del servicio de justicia".

Señaló que aunque se llegara a considerar que los traslados fueron actos administrativos irregulares, no podría revocarlos, ni anularlos o dejarlos sin efectos porque se afectaría la división de poderes. "El Consejo carece de atribuciones para revisar los traslados concretados. Podemos establecer pautas para el futuro pero nada debemos opinar de los traslados ya concretados", dijo ante la comisión.

El camarista Ricardo Recondo sorprendió con una postura a mitad de camino, ya que reconoció que hay traslados cuestionables pero señaló que el Consejo no es competente para volver sobre ellos, aunque dejó la puerta abierta a que lo haga el Poder Ejecutivo.

En este escenario, con cierto margen para la negociación, los consejeros no arriesgaron ninguna propuesta firme, y decidieron postergar la discusión de soluciones para el jueves próximo.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular