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Nacionales - 24-07-2020 / 10:07

El Consejo de la Magistratura debe decidir sobre el festival de traslado de jueces, sin acuerdo del Senado, durante el macrismo

El Consejo de la Magistratura debe decidir sobre el festival de traslado de jueces, sin acuerdo del Senado, durante el macrismo
El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer los traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado. El bloque en el extremo opuesto plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos. Aparecen ideas intermedias.
Después de varios días de títulos catástrofe que anunciaban un supuesto escándalo en puerta por el futuro de diez jueces designados mediante el polémico mecanismo de "traslado", sin acuerdo del Senado, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura tuvo una civilizada reunión por Zoom en la que sus integrantes acordaron postergar propuestas sobre qué hacer con esos nombramientos controvertidos.
 
Por supuesto hubo debate, ya que hay diferencias entre el oficialismo y la oposición, conocidas desde hace rato, pero por ahora se limitaron a medir fuerzas. El Frente de Todos y sus aliados en el organismo intentan buscar el modo de deshacer aquellos traslados, o al menos plantear el requisito del acuerdo del Senado, pero aún no arriesgan el cómo. El bloque macrista plantea que los jueces y juezas trasladados tienen derechos adquiridos, aunque despuntan ideas intermedias.
 
Tras denunciar "un carnaval de traslados" durante el anterior gobierno, el presidente del Consejo, el camarista federal Alberto Lugones, aclaró: "hay actos realizados por este consejo que son por lo menos antirreglamentarios. Nadie me va a impedir que diga eso. Se aprovechó una mayoría circunstancial, se buscó entre los jueces designados y se eligió para ocupar no cualquier cargo: se eligió jueces para integrar una Cámara que resuelve las cuestiones más difíciles y más complejas".
 
El disparador de la discusión y las versiones de que el oficialismo buscaría desplazar a jueces de cargos o juicios claves, fue un informe que elaboró el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, que analizó tres tipos diferentes de designaciones hechas por medio de traslados de jueces y juezas de un cargo a otro pero encontró las mayores irregularidades en un grupo de diez, concretados durante el gobierno de Mauricio Macri, que no pasaron por concursos ni por el Senado. Es decir, entraron por la ventana.
 

 
Son casos que, además, al momento de su aprobación, ya habían desatado polémica. Entre ellos incluyó nombres conocidos, como dos miembros de la Cámara Federal de Comodoro Py que venían de un tribunal oral, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia; el juez Federico Villena que pasó de ser nombrado en Moreno a Lomas de Zamora; Eduardo Farah, que era camarista federal y fue mudado a un tribunal oral de San Martín, Germán Castelli que pasó de un tribunal en San Martín a otro en el fuero federal porteño que ahora tiene la causa de los cuadernos; así como jueces de provincias que de golpe adquirieron competencia electoral.
 
"¿A vos qué te parecería si en vez de abrir el concurso para que reemplacen a (Rodolfo) Canicoba Corral resolviéramos un traslado?", le disparó un funcionario del Gobierno a un miembro de la oposición que integra el Consejo de la Magistratura de la Nación, en medio de la discusión política y jurídica detrás de la revisión de los traslados de una decena de jueces, la mayoría de concretadas durante el macrismo y en lugares claves para el poder.
 
Esa frase no fue una advertencia ni una invitación. Fue la manera que encontró el funcionario del Poder Ejecutivo para buscar convencer a su interlocutor de que lo que se quería era "ordenar" el problema de los traslados, un mecanismo que se "desordenó" durante la gestión de Macri.
 
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"Nosotros no venimos, como se dice públicamente, a darle impunidad a nadie: no van a ser nulos esos actos (decisiones tomadas por los jueces trasladados), actuamos conforme a lo que dice la Constitución Nacional".
 
La frase no era de un representante del estamento político, sino de un camarista, Alberto Lugones, que es el presidente del Consejo y cuestiona las designaciones que se hicieron por traslado, que cree deben ser revisadas.
 
Dijo específicamente que si hay preocupación por decisiones tomadas en la Cámara Federal, "esos actos van a ser válidos". Pero, enfatizó, "los que aceptaron entrar a un cargo por la ventana no pueden decir que se está afectando su independencia", que fue uno de los argumentos opositores más rutilantes de esta semana.
 
La reunión fue comandada por la diputada Graciela Camaño, que preside Selección, y a quien muchos consejeros/as señalan como un voto clave a la hora de someter este intríngulis a consideración en el plenario, ya que todo indica que podría haber un empate.
 
El organismo tiene trece miembros y las posturas suelen estar muy reñidas. Camaño no dio pistas sobre qué hará. Deslizó frases con aire conciliador: "No puede haber tantas formas de trasladar un juez. Lo que ponemos en discusión en este punto es qué entendemos por traslado".
 
"La solución a este problema -dijo-debe ser lo más ajustada a la Constitución". La diputada ya había dicho que el documento de Ustarroz no había sido una ocurrencia de él sino que los consejeros habían acordado pedirle un relevamiento para este tema conflictivo.
 
Ustarroz, por su lado, expuso que hay traslados que no son problemáticos, que son aquellos donde el pase es de un cargo a otro en un mismo tribunal o fuero. En cambio sí lo son, a su entender, los que cambian de jurisdicción y de competencia sin obtener acuerdo del Senado.
 
A su entender, que el Consejo eleve una terna al Poder Ejecutivo y que éste envíe un nombre al Senado para que preste acuerdo, es "el mecanismo natural y único de magistrados impuesto por la Constitución".
 
También es lo que surge, señaló, de dos fallos (Rosza y Uriarte) y una acordada de la Corte Suprema, que se expidió en 2018 a raíz del intento de que comenzara a funcionar un tribunal oral federal constituido por traslado al que se le dio la primera causa contra Cristina Fernández de Kirchner aunque no estaba habilitado.
 
En ese momento, los supremos precisaron casos en los que debía intervenir el Senado. En coincidencia con otros consejeros, Ustarroz señaló que hará falta una ley que establezca precisiones, pero que ahora hay que corregir lo que se hizo mal. Pidió una "discusión institucional".
 
Al enfoque del joven representante del Ejecutivo se sumó el académico Diego Molea, quien dijo que se pueden revisar los nombramientos irregulares, que lo permite la ley de procedimientos administrativos, y que se debe respetar lo que estableció la Corte.
 
"Siento vergüenza ajena de los magistrados que habiendo concursado para un cargo determinado, luego pidan un traslado para un cargo donde la competencia no es la misma", se quejó. "Debemos fijar un criterio claro, entender lo que plantea la Constitución Nacional y comprometernos a que no haya más traslados, porque no corresponde. Para atrás nos encontramos con errores que debemos sanear", agregó.
 
Criticó fuertemente a los jueces que aceptaron traslados a competencias electorales. Hubo quienes leyeron una crítica a uno de los consejeros presentes en el Zoom, Juan Manuel Culotta, que intentó pasar de Tres de Febrero al juzgado electoral de La Plata durante el gobierno de Macri, aunque naufragó en su intento y sólo consiguió ser subrogante.
 
Culotta, de hecho, fue uno de los que consideró que cuando un juez es trasladado tiene derechos adquiridos y no se lo puede remover, a menos que sea con un enjuiciamiento. "Con la pretendida revisión no solo se están afectando derechos subjetivos de los magistrados, sino que se estaría desconociendo la garantía de la inamovilidad de los jueces", regañó.
 
Es la misma línea que ya había planteado, incluso públicamente y con una nota ante el Consejo, el diputado macrista Pablo Tonelli, donde decía: "Llamo a la reflexión de todos mis colegas consejeros respecto de la inconveniencia de avanzar con una eventual revisión del os traslados objetados, que no sería procedente en términos estrictamente legales y que en nada contribuirá a una más eficaz prestación del servicio de justicia".
 
Señaló que aunque se llegara a considerar que los traslados fueron actos administrativos irregulares, no podría revocarlos, ni anularlos o dejarlos sin efectos porque se afectaría la división de poderes. "El Consejo carece de atribuciones para revisar los traslados concretados. Podemos establecer pautas para el futuro pero nada debemos opinar de los traslados ya concretados", dijo ante la comisión.
 
El camarista Ricardo Recondo sorprendió con una postura a mitad de camino, ya que reconoció que hay traslados cuestionables pero señaló que el Consejo no es competente para volver sobre ellos, aunque dejó la puerta abierta a que lo haga el Poder Ejecutivo.
 
En este escenario, con cierto margen para la negociación, los consejeros no arriesgaron ninguna propuesta firme, y decidieron postergar la discusión de soluciones para el jueves próximo.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

02-02-2026 / 11:02
El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.
 
Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.
 
Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.
 
A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."
 
Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.
 
Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar.  Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."
 
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.
 
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01-02-2026 / 10:02
Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.
 
Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.
 
El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.
 
La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.
 
Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.
 
La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.
 
La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.
 
En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.
 
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