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Nacionales - 23-07-2020 / 10:07
LOS ACREEDORES SIGUEN EXIGIENDO MÁS

Con los canjes local y externo, el Gobierno busca una quita total de deuda de U$D39.500 millones

Con los canjes local y externo, el Gobierno busca una quita total de deuda de U$D39.500 millones
Si se alcanzara una reestructuración generalizada de los bonos bajo legislación externa en el marco de la última oferta oficial y el canje local fuera aceptado por el conjunto de los acreedores, el Gobierno conseguiría una quita total en los servicios de deuda de USD39.500 millones, es decir, del 21,2% respecto del actual perfil de vencimientos en moneda extranjera.
Si se alcanzara una reestructuración generalizada de los bonos bajo legislación externa en el marco de la última oferta oficial y el canje local fuera aceptado por el conjunto de los acreedores, el Gobierno conseguiría una quita total en los servicios de deuda de USD39.500 millones, es decir, del 21,2% respecto del actual perfil de vencimientos en moneda extranjera.
 
Para la próxima década, el alivio en los pagos alcanzaría los USD58.000 millones y se ubicaría algo por encima del piso de USD55.000 millones planteado por el FMI en su análisis de sustentabilidad. El actual perfil de vencimientos estipula pagos totales en servicios de deuda por USD186.207 millones. Con dos reestructuraciones exitosas, se reduciría a USD146.699 millones.
 
Los números surgen de la presentación que hizo el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, en la comisión de presupuesto del Senado del proyecto de canje local, que será tratado en el recinto la próxima semana, y de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
 
Pese a la enormidad de las sumas en cuestión, sólo pudo lograr la aprobación de un par de acreedores como Fintech y Gramercy que participaban de uno de los tres grupos conformados, el ACC (Argentina Creditor Committee). Los otros dos fondos, Ad Hoc Group (BlackRock) y Exchange Bondholders Group (Monarch), vienen reclamando más y más.
 
La negativa de estos usureros internacionales fue fundamentada por partida triple: querían 56 centavos de dólar, como mínimo; reclamaban condiciones contractuales más favorables para demandar a Argentina y embargar bienes en casos de incumplimiento, y acusaron a Martin Guzmán de no haber negociado de buena fe durante estos meses.
 
Las exigencias de los fondos, cada vez más buitres, fueron difundidas y defendidas por los amigos argentinos del capital concentrado, la derecha política macrista y los medios monopólicos de comunicación porteños: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, que juegan para los acreedores y operan para que Argentina pague más.
 

 
En su diálogo virtual con los representantes del capital financiero internacional agrupados en el Consejo de las Américas, Alberto Fernández les dijo el martes 21: "Pueden acusarnos de muchas cosas, pero no de no haber sostenido el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme para encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda de que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos, no podemos más que esto, no es un capricho, es sensatez".
 
De prosperar, el grueso del alivio se concentraría en los primeros años y los vencimientos comprometidos crecerían a partir de 2025. El recorte en los cupones sería del 54%. Por el pago de intereses devengados en un nuevo bono, el capital adeudado subiría 2,6%.
 
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La clave de esa disminución pasa por el recorte del 54,2% previsto en los intereses a saldar. En cambio, a pesar de la quita promedio del 1,9% pautada para el capital en ambos casos, el valor nominal adeudado de principal se incrementaría en un 2,6% (unos USD2.800 millones) debido a la capitalización de los intereses devengados impagos a través de un nuevo título, que incluyen las propuestas externa y local que el Ejecutivo diseñó en términos equitativos.
 
A pesar de que el Gobierno redujo de tres a un año el período de gracia propuesto desde la oferta inicial de abril hasta la actual, el grueso del alivio en los pagos se concentra en los próximos cuatro años, cuando se concentra el grueso de los vencimientos legados por Cambiemos.
 
Crecer para pagar es la premisa oficial. Entre 2020 y 2024, la quita alcanzaría los USD57.500 millones. Esto se debe al ofrecimiento de cupones escalonados que comienzan en el 0,125% y crecen paulatinamente hasta alcanzar un máximo del 5% en algunos bonos.
 
Los desembolsos empezarían a crecer en 2025, cuando comenzarían las amortizaciones de capital. Y entre 2028 y 2035 los servicios de deuda comprometidos serían superiores a lo dispuesto en el perfil actual.
 
La mayor carga se concentrará entre 2028 y 2030, con obligaciones anuales de alrededor de USD14.000 millones, sin incluir los vencimientos con el FMI y otros organismos, cuyos préstamos serán reestructurados una vez que se realicen los canjes con los acreedores privados.
 
Esos años, según un cálculo de la consultora ACM en base a las proyecciones de crecimiento económico del Gobierno y un supuesto de rediseño del stand by con el Fondo, las necesidades financieras en moneda extranjera podrían superar el techo del 3% del PBI sugerido por el propio organismo como otro de los parámetros para definir un esquema de deuda sostenible.
 
Esto mantendrá, aún con la reestructuración, un importante peso sobre las cuentas públicas. La pregunta es si bastará el ritmo de crecimiento y el superávit externo para cubrir esos pasivos o si presionará por un ajuste del gasto. Un tema que estará sobre la mesa a la hora de negociar el nuevo programa con el FMI.
 
La pulseada con los acreedores externos se encuentra en momentos decisivos. Como contó BAE Negocios, el Gobierno trabaja en concesiones legales, principalmente en límites a la estrategia pac-man de canje parciales sucesivos por pedido de los bonistas, en busca de que los fondos más duros acepten su oferta económica de USD53,5 de valor presente neto, que pretende ser la última. El plazo de suscripción vigente cierra el 4 de agosto aunque podría extenderse hasta finales de ese mes.
 
El proyecto de canje local, se descuenta, será aprobado con facilidad. En ambos casos, la fecha de liquidación del canje será el 4 de septiembre.
 
 
Trato equitativo, con matices
  
El Gobierno respectó sus palabras y propuso términos equitativos para la reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación argentina respecto de la oferta vigente para la los bonos con jurisdicción extranjera. La estructura de nuevos títulos ofrecidos es casi igual y el período de gracia y el recorte de capital es el mismo.
 
Sin embargo, hay algunos matices. Por caso, el cupón promedio de los bonos ley local pasarían del actual 7,6% al 2,4%, una reducción algo superior a la que tendrán los títulos ley extranjera, que bajarían del 6,3% al 3,1%. Con todo, la quita de intereses sería mayor en los segundos (60% vs 33%) debido en parte a la mayor extensión de su perfil actual: bajo jurisdicción argentina no hay bonos tan largos como el Centenario y los Globales 2046 y 2048 emitidos por Cambiemos, que devengan intereses durante una gran cantidad de décadas.
 
Por ese mismo motivo, mientras que los instrumentos con ley local duplicarían su vida promedio (de cinco a diez años), en los bonos con jurisdicción foránea esta se mantendría en 12 años.
 
Además, en el canje local los acreedores contarán con la posibilidad de pesificar sus tenencias a través de nuevos bonos ajustados por CER (inflación). Esta variante no forma parte de la oferta externa.
 
El objetivo es desolarizar parte de los pasivos y los incentivos dispuestos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, son vencimientos más cortos que la opción en dólares y la ausencia de quita de capital. En lo que va de 2020, el Palacio de Hacienda ya pasó a pesos casi USD8.000 millones en letras y bonos.
 
Por Juan Strasnoy Peyre
 
Fuente: BAE Negocios
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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