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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 23-07-2020 / 10:07
LOS ACREEDORES SIGUEN EXIGIENDO MÁS

Con los canjes local y externo, el Gobierno busca una quita total de deuda de U$D39.500 millones

Con los canjes local y externo, el Gobierno busca una quita total de deuda de U$D39.500 millones
Si se alcanzara una reestructuración generalizada de los bonos bajo legislación externa en el marco de la última oferta oficial y el canje local fuera aceptado por el conjunto de los acreedores, el Gobierno conseguiría una quita total en los servicios de deuda de USD39.500 millones, es decir, del 21,2% respecto del actual perfil de vencimientos en moneda extranjera.
Si se alcanzara una reestructuración generalizada de los bonos bajo legislación externa en el marco de la última oferta oficial y el canje local fuera aceptado por el conjunto de los acreedores, el Gobierno conseguiría una quita total en los servicios de deuda de USD39.500 millones, es decir, del 21,2% respecto del actual perfil de vencimientos en moneda extranjera.
 
Para la próxima década, el alivio en los pagos alcanzaría los USD58.000 millones y se ubicaría algo por encima del piso de USD55.000 millones planteado por el FMI en su análisis de sustentabilidad. El actual perfil de vencimientos estipula pagos totales en servicios de deuda por USD186.207 millones. Con dos reestructuraciones exitosas, se reduciría a USD146.699 millones.
 
Los números surgen de la presentación que hizo el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, en la comisión de presupuesto del Senado del proyecto de canje local, que será tratado en el recinto la próxima semana, y de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
 
Pese a la enormidad de las sumas en cuestión, sólo pudo lograr la aprobación de un par de acreedores como Fintech y Gramercy que participaban de uno de los tres grupos conformados, el ACC (Argentina Creditor Committee). Los otros dos fondos, Ad Hoc Group (BlackRock) y Exchange Bondholders Group (Monarch), vienen reclamando más y más.
 
La negativa de estos usureros internacionales fue fundamentada por partida triple: querían 56 centavos de dólar, como mínimo; reclamaban condiciones contractuales más favorables para demandar a Argentina y embargar bienes en casos de incumplimiento, y acusaron a Martin Guzmán de no haber negociado de buena fe durante estos meses.
 
Las exigencias de los fondos, cada vez más buitres, fueron difundidas y defendidas por los amigos argentinos del capital concentrado, la derecha política macrista y los medios monopólicos de comunicación porteños: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, que juegan para los acreedores y operan para que Argentina pague más.
 

 
En su diálogo virtual con los representantes del capital financiero internacional agrupados en el Consejo de las Américas, Alberto Fernández les dijo el martes 21: "Pueden acusarnos de muchas cosas, pero no de no haber sostenido el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme para encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda de que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos, no podemos más que esto, no es un capricho, es sensatez".
 
De prosperar, el grueso del alivio se concentraría en los primeros años y los vencimientos comprometidos crecerían a partir de 2025. El recorte en los cupones sería del 54%. Por el pago de intereses devengados en un nuevo bono, el capital adeudado subiría 2,6%.
 
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La clave de esa disminución pasa por el recorte del 54,2% previsto en los intereses a saldar. En cambio, a pesar de la quita promedio del 1,9% pautada para el capital en ambos casos, el valor nominal adeudado de principal se incrementaría en un 2,6% (unos USD2.800 millones) debido a la capitalización de los intereses devengados impagos a través de un nuevo título, que incluyen las propuestas externa y local que el Ejecutivo diseñó en términos equitativos.
 
A pesar de que el Gobierno redujo de tres a un año el período de gracia propuesto desde la oferta inicial de abril hasta la actual, el grueso del alivio en los pagos se concentra en los próximos cuatro años, cuando se concentra el grueso de los vencimientos legados por Cambiemos.
 
Crecer para pagar es la premisa oficial. Entre 2020 y 2024, la quita alcanzaría los USD57.500 millones. Esto se debe al ofrecimiento de cupones escalonados que comienzan en el 0,125% y crecen paulatinamente hasta alcanzar un máximo del 5% en algunos bonos.
 
Los desembolsos empezarían a crecer en 2025, cuando comenzarían las amortizaciones de capital. Y entre 2028 y 2035 los servicios de deuda comprometidos serían superiores a lo dispuesto en el perfil actual.
 
La mayor carga se concentrará entre 2028 y 2030, con obligaciones anuales de alrededor de USD14.000 millones, sin incluir los vencimientos con el FMI y otros organismos, cuyos préstamos serán reestructurados una vez que se realicen los canjes con los acreedores privados.
 
Esos años, según un cálculo de la consultora ACM en base a las proyecciones de crecimiento económico del Gobierno y un supuesto de rediseño del stand by con el Fondo, las necesidades financieras en moneda extranjera podrían superar el techo del 3% del PBI sugerido por el propio organismo como otro de los parámetros para definir un esquema de deuda sostenible.
 
Esto mantendrá, aún con la reestructuración, un importante peso sobre las cuentas públicas. La pregunta es si bastará el ritmo de crecimiento y el superávit externo para cubrir esos pasivos o si presionará por un ajuste del gasto. Un tema que estará sobre la mesa a la hora de negociar el nuevo programa con el FMI.
 
La pulseada con los acreedores externos se encuentra en momentos decisivos. Como contó BAE Negocios, el Gobierno trabaja en concesiones legales, principalmente en límites a la estrategia pac-man de canje parciales sucesivos por pedido de los bonistas, en busca de que los fondos más duros acepten su oferta económica de USD53,5 de valor presente neto, que pretende ser la última. El plazo de suscripción vigente cierra el 4 de agosto aunque podría extenderse hasta finales de ese mes.
 
El proyecto de canje local, se descuenta, será aprobado con facilidad. En ambos casos, la fecha de liquidación del canje será el 4 de septiembre.
 
 
Trato equitativo, con matices
  
El Gobierno respectó sus palabras y propuso términos equitativos para la reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación argentina respecto de la oferta vigente para la los bonos con jurisdicción extranjera. La estructura de nuevos títulos ofrecidos es casi igual y el período de gracia y el recorte de capital es el mismo.
 
Sin embargo, hay algunos matices. Por caso, el cupón promedio de los bonos ley local pasarían del actual 7,6% al 2,4%, una reducción algo superior a la que tendrán los títulos ley extranjera, que bajarían del 6,3% al 3,1%. Con todo, la quita de intereses sería mayor en los segundos (60% vs 33%) debido en parte a la mayor extensión de su perfil actual: bajo jurisdicción argentina no hay bonos tan largos como el Centenario y los Globales 2046 y 2048 emitidos por Cambiemos, que devengan intereses durante una gran cantidad de décadas.
 
Por ese mismo motivo, mientras que los instrumentos con ley local duplicarían su vida promedio (de cinco a diez años), en los bonos con jurisdicción foránea esta se mantendría en 12 años.
 
Además, en el canje local los acreedores contarán con la posibilidad de pesificar sus tenencias a través de nuevos bonos ajustados por CER (inflación). Esta variante no forma parte de la oferta externa.
 
El objetivo es desolarizar parte de los pasivos y los incentivos dispuestos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, son vencimientos más cortos que la opción en dólares y la ausencia de quita de capital. En lo que va de 2020, el Palacio de Hacienda ya pasó a pesos casi USD8.000 millones en letras y bonos.
 
Por Juan Strasnoy Peyre
 
Fuente: BAE Negocios
 

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13-01-2026 / 10:01
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que refleja el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre los jubilados. "Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán", señaló el escrito.
 
El centro de estudios calculó que la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023, cuando inició la gestión libertaria. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei.
 
Esto significó un brutal ajuste. Desde MATE alertaron que el Estado "ahorró" 100,8 billones de pesos desde que gobierna Milei, siendo los recortes en jubilaciones junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados.
 
"El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos", detallaron. De esta manera, los adultos mayores se transformaron en "el sector social más castigado por el gobierno".
 
En paralelo, días atrás, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el haber mínimo jubilatorio sería 27% superior si la gestión libertaria no hubiera modificado la fórmula en 2024.
 
En este sentido, en diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 pesos. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279 pesos, un 27,4% más.
 
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13-01-2026 / 08:01
Cinismo libertario al palo. Después de desfinanciar el Plan de Manejo de Fuego en un 80% y rebajar los sueldos del área hasta un 30%, Javier "el Loco" Milei buscó capitalizar el trabajo de los que están controlando los incendios en el sur. Publicó una imagen suya con fuego y brigadistas, creada con IA, y los llamó "héroes". Le respondieron denunciando el destrato que reciben, la pérdida salarial y la precarización creciente.

Luego que su gobierno desfinanciara el Plan de Manejo del Fuego y negara las consecuencias del cambio climático, ni él ni sus funcionarios pisaron la zona de los incendios que llevan arrasadas 21 mil hectáreas en la Patagonia. Pero el presidente Milei se mostró en la red X en una foto trucha con las llamas de fondo y saludando a un brigadista. ¿Nos gobierna un idiota?

En medio de una ola de críticas en las redes sociales, el gobierno libertario esperó a la lluvia que este domingo cayó en la zona de Epuyén y El Hoyo, la más afectada por el desastre de los incendios, para salir a chapear sobre el despliegue de recursos nacionales que supuestamente ayudó a extinguir 22 de los 32 focos.
 
"Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego", escribió un muy formal Milei en X. Pero en Instagram compartió imágenes hechas con IA que lo muestran como un héroe en la zona de los incendios.
 
Pero la realidad es que Milei no viajó a la zona de incendios y ni siquiera llamó por teléfono al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, según contó en declaraciones televisivas. Pero además el gobierno nacional viene recortando sistemáticamente los fondos para combate de los incendios.
 
Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Presupuesto 2026 establece un recorte del 78,5% en términos reales de las partidas para Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, los ambientalistas denunciaron que en 2025 el gobierno dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignado al SNMF y en 2024 apenas había ejecutado el 22%.
 
En ese sentido, este fin de semana los brigadistas de Parques Nacionales denunciaron las condiciones en las que trabajan. "Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", afirman.
 
El brigadista Hernán Mondino explicó que en la Patagonia están cobrando alrededor de 860 mil pesos de sueldo, mientras que en otras zonas del país perciben unos 600 mil pesos. "Empezamos a las 7 de la mañana y, si hay cierta estabilidad en el incendio, trabajamos hasta las 8 de la noche. Si pasa como el otro día, que el fuego estaba descontrolado, estás hasta las 12 o 1 de la mañana. Y no se pagan horas extras, no te devuelven el día", contó en radio Led.
 
Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, apuntó que la pérdida salarial oscila entre un 25 y un 30 por ciento desde 2023: "Nos llaman héroes porque ahora les sirve, pero durante dos años nos castigaron salarialmente y nos tuvieron con contratos trimestrales, con el miedo de no saber si el periodo siguente ibamos o no a tener trabajo".
 
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12-01-2026 / 10:01
Una denuncia penal presentada en el ámbito de la Justicia Federal volvió a poner en el centro de la escena al presidente Javier "el Loco" Milei, esta vez por presuntas responsabilidades internacionales vinculadas al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. El planteo fue registrado bajo el expediente CFP 58/2026 y lleva la firma de Aldo Sergio Parodi, quien acusa a Milei de ser cómplice y encubridor de un crimen de agresión cometido contra el Estado soberano de Venezuela.
 
Según el escrito, la denuncia se basa en la Ley 25.390, mediante la cual la Argentina aprobó el Estatuto de Roma en 1998, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Parodi sostiene que el 3 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se habría producido un "brutal y terrorista crimen de agresión" atribuido al presidente yanqui Donald Trump, con un saldo de víctimas fatales aún indeterminado.
 
En ese contexto, afirma que el presidente Milei omitió denunciar el hecho ante los organismos internacionales correspondientes, lo que, a su entender, configura un grave encubrimiento. El denunciante argumenta que, al ser la Argentina un Estado parte del Estatuto de Roma, el Poder Ejecutivo no solo puede sino que debe denunciar ante la Corte Penal Internacional cualquier crimen de lesa humanidad, especialmente aquellos tipificados como crimen de agresión en el artículo 8 bis del tratado.
 
En su presentación, Parodi afirma que la supuesta inacción del presidente Milei no sería un hecho menor, sino una violación directa a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. En el escrito se remarca que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal, conforme a lo establecido también por la Ley 26.200.
 
Bajo esa premisa, Parodi solicita que se investigue penalmente al presidente Milei para que explique por qué motivo no promovió una denuncia internacional y por qué, según su interpretación, habría avalado públicamente el accionar atribuido a Trump. La denuncia va más allá del ámbito local y pide que la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional investigue el comportamiento de los jefes de Estado miembros del Estatuto de Roma que, siempre según el planteo, habrían aceptado o tolerado el hecho denunciado.
 
Parodi sostiene que, hasta el momento, la única acción penal internacional concreta estaría radicada ante la Justicia Federal argentina, situación que califica como "preocupante" por el impacto que estos hechos tendrían sobre la paz mundial. En otro tramo del escrito, el denunciante solicita expresamente que sea citado el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que, desde su experiencia en derechos humanos, ilustre al fiscal interviniente sobre la responsabilidad del Estado argentino frente a este tipo de situaciones.
 
También afirma que las expresiones públicas de Milei ante organismos internacionales, lejos de condenar el crimen, lo habrían avalado, lo que encuadra, a su criterio, en el delito de apología del crimen previsto en el Código Penal argentino. La presentación concluye con un pedido formal para que se investigue a Milei por una presunta violación a la Ley 25.390 y por apología de un crimen de agresión en perjuicio de un Estado soberano miembro del Estatuto de Roma.
 
El expediente quedó en manos del fiscal federal interviniente, quien deberá evaluar la viabilidad jurídica de la denuncia y los pasos a seguir. Por el momento, no se conocieron respuestas oficiales de Milei ni pronunciamientos de la Justicia sobre el fondo de la acusación, en torno a la política exterior argentina y a las obligaciones internacionales del Estado.
 
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10-01-2026 / 09:01
El video con la imagen de un guardia de inmigración norteamericano que asesina a una mujer en Minneapolis, Estados Unidos, tiene muchas similitudes con el del asesinato de Juan Gabriel González, en Villa Lugano, por un efectivo policial. Ambos videos circularon por las redes. En la brutalidad de esas escenas está la esencia de dos proyectos de país que coinciden en su desprecio al prójimo.
 
El presidente norteamericano Donald Trump declaró al New York Times que "mi único límite es mi mente" que es el mismo criterio que siguieron los dos efectivos de seguridad, en Minneapolis y en Buenos Aires, para disparar a quemarropa contra personas desarmadas. Trump lo hizo al secuestrar al presidente de Venezuela.
 
Javier "el Loco" Milei es un admirador de Trump, cuyo gobierno se aleja de la idea de democracia y libertad. El estadounidense creó una fuerza policial de carácter federal para perseguir a inmigrantes. Estos policías tienen la prerrogativa de detener a cualquier persona solamente por el color de su piel.
 
La fuerza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "tienen inmunidad absoluta para hacer su trabajo" respondió el vicepresidente J.D. Vance cuando le preguntaron por el asesino de Renee Nicole-Good, de 37 años y madre de tres hijos.
 
La mujer era una poetiza premiada en su país. Se interpuso con su camioneta a un contingente del ICE que iba a realizar razzias en su barrio. Un agente le ordenó que bajara de automóvil, pero ella dio marcha atrás para alejarse y el tipo le descerrajó tres tiros en la cara. En Estados Unidos, el pueblo bautizó al ICE como la Gestapo.
 
Para no ser menos, el mandatario argentino emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia que le da prerrogativas similares a los servicios de espionaje. Podrán detener personas sin orden judicial, exigir datos personales de ciudadanos a instituciones públicas como la AFIP, así como incorporar al espionaje interno a los servicios de inteligencia militar. Creó una policía política o una policía secreta. Una Gestapo.
 
La diferencia está en que el argentino se llenó la boca para gritar ¡Viva la libertad, carajo! pero creó una policía secreta para controlar a los argentinos. En cambio, el Trump que admira Milei nunca dijo que estaba por la libertad, ni siquiera por el libre comercio, y por eso tiene su Gestapo propia. Lo que dijo fue: "Hagamos grande a América, otra vez", lo que anunció un imperialismo más agresivo, sobre todo donde considera que está su "patio trasero". Y Milei acepta encantado poner a la Argentina como patio trasero de Trump.
 
En Estados Unidos, la justicia aclaró que el Cartel de los Soles que Trump usó como excusa para el secuestro de Nicolás Maduro, no existe. Lo tendrían que haber soltado. Pero ya le agregaron otros cargos sacados de la manga. El Senado, a su vez, busca prohibirle al inquilino de la Casa Blanca otros actos de agresión contra Venezuela.
 
En Argentina, la justicia declaró inconstitucional el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que penalizaba la protesta social, gremial o política. Igual se aplica contra los jubilados, pero no cuando los venezolanos antichavistas hacen manifestaciones para festejar la invasión de su patria y el asesinato de sus compatriotas. Al mismo tiempo, dirigentes de la oposición de distintas corrientes, plantearon recursos en la Justicia contra el decreto que pretende institucionalizar una policía secreta "libertaria".
 
En esta puja está en juego una democracia que va perdiendo por goleada. Tanto Trump como Milei tienen el respaldo de gran parte del capital concentrado, grandes corporaciones y millonarios que consideran que la democracia, más que facilitar, constituye un obstáculo para aumentar sus ganancias. 
 

10-01-2026 / 09:01
Los incendios forestales volvieron a desatar una tragedia ambiental y social en la Patagonia, con especial impacto en la Comarca Andina de Chubut. Miles de hectáreas de bosque nativo ya fueron consumidas por el fuego, decenas de viviendas quedaron reducidas a escombros, se registran animales muertos y el trabajo de bomberos y brigadistas se desarrolla en condiciones límite, con recursos escasos y una logística claramente insuficiente.
 
La brutal política de recortes sistemáticos impulsada por el gobierno de Javier "el Loco" Milei, continúa desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el organismo clave para la prevención y el combate de incendios en áreas naturales. Las emergencias tienen una postal: equipamiento mínimo, personal sobreexigido y un Estado nacional que aparece tarde, mal o directamente no aparece.
 
Mientras Epuyén y El Hoyo atraviesan momentos críticos y otras zonas como El Chaltén también registran focos activos, organizaciones ambientalistas denunciaron que el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego volverá a sufrir un recorte real en 2026, además de una persistente subejecución de partidas.
 
Según detallaron 18 organizaciones, el presupuesto previsto para el próximo año asciende a 20.131 millones de pesos, lo que representa una caída real del 69 por ciento respecto de 2023 y del 78 coma 5 por ciento frente a 2025. El ajuste se profundiza si se observa la ejecución: durante 2024 apenas se utilizó el 22 por ciento del presupuesto asignado, a pesar de haber sido el año con mayor cantidad de incendios desde 2016.
 
La situación no mejoró en 2025. De acuerdo con el mismo informe, quedó sin ejecutar el 25 por ciento de los recursos disponibles, una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejores condiciones laborales para brigadistas y personal operativo.
 
El ajuste también impacta en las capacidades operativas. Las metas físicas del organismo muestran una fuerte reducción en las horas de vuelo para tareas de control y combate aéreo: de 5.100 horas programadas en 2023, solo se ejecutaron 3.058, y para 2026 se proyectan apenas 3.100.
 
A esto se suma un recorte en los sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgo, herramientas fundamentales para anticipar emergencias. Los informes previstos caerían de 2.310 en 2025 a apenas 1.850 en 2026. Como si el desmantelamiento presupuestario no fuera suficiente, el mes pasado el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, anunció que el gobierno avanzará en la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020.
 
Esa norma impide durante un período de entre 30 y 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios, una herramienta clave para frenar la especulación inmobiliaria y productiva sobre territorios arrasados, muchas veces bajo sospecha de incendios intencionales. Milei ya había anticipado su intención de eliminar esa ley apenas asumió, y legisladores libertarios presentaron proyectos para avanzar en ese sentido.
 
Con bosques en llamas, comunidades en riesgo y brigadistas trabajando al límite, el ajuste no aparece como una política abstracta sino como una decisión concreta que se mide en hectáreas quemadas, viviendas perdidas y vidas expuestas. La Patagonia vuelve a pagar el costo de un Estado que se retira cuando más se lo necesita. Es el lucrativo negocio inmobiliario de Milei con el fuego.
 
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