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Nacionales - 23-07-2020 / 10:07
LOS ACREEDORES SIGUEN EXIGIENDO MÁS

Con los canjes local y externo, el Gobierno busca una quita total de deuda de U$D39.500 millones

Con los canjes local y externo, el Gobierno busca una quita total de deuda de U$D39.500 millones
Si se alcanzara una reestructuración generalizada de los bonos bajo legislación externa en el marco de la última oferta oficial y el canje local fuera aceptado por el conjunto de los acreedores, el Gobierno conseguiría una quita total en los servicios de deuda de USD39.500 millones, es decir, del 21,2% respecto del actual perfil de vencimientos en moneda extranjera.
Si se alcanzara una reestructuración generalizada de los bonos bajo legislación externa en el marco de la última oferta oficial y el canje local fuera aceptado por el conjunto de los acreedores, el Gobierno conseguiría una quita total en los servicios de deuda de USD39.500 millones, es decir, del 21,2% respecto del actual perfil de vencimientos en moneda extranjera.
 
Para la próxima década, el alivio en los pagos alcanzaría los USD58.000 millones y se ubicaría algo por encima del piso de USD55.000 millones planteado por el FMI en su análisis de sustentabilidad. El actual perfil de vencimientos estipula pagos totales en servicios de deuda por USD186.207 millones. Con dos reestructuraciones exitosas, se reduciría a USD146.699 millones.
 
Los números surgen de la presentación que hizo el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, en la comisión de presupuesto del Senado del proyecto de canje local, que será tratado en el recinto la próxima semana, y de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
 
Pese a la enormidad de las sumas en cuestión, sólo pudo lograr la aprobación de un par de acreedores como Fintech y Gramercy que participaban de uno de los tres grupos conformados, el ACC (Argentina Creditor Committee). Los otros dos fondos, Ad Hoc Group (BlackRock) y Exchange Bondholders Group (Monarch), vienen reclamando más y más.
 
La negativa de estos usureros internacionales fue fundamentada por partida triple: querían 56 centavos de dólar, como mínimo; reclamaban condiciones contractuales más favorables para demandar a Argentina y embargar bienes en casos de incumplimiento, y acusaron a Martin Guzmán de no haber negociado de buena fe durante estos meses.
 
Las exigencias de los fondos, cada vez más buitres, fueron difundidas y defendidas por los amigos argentinos del capital concentrado, la derecha política macrista y los medios monopólicos de comunicación porteños: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, que juegan para los acreedores y operan para que Argentina pague más.
 

 
En su diálogo virtual con los representantes del capital financiero internacional agrupados en el Consejo de las Américas, Alberto Fernández les dijo el martes 21: "Pueden acusarnos de muchas cosas, pero no de no haber sostenido el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme para encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda de que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos, no podemos más que esto, no es un capricho, es sensatez".
 
De prosperar, el grueso del alivio se concentraría en los primeros años y los vencimientos comprometidos crecerían a partir de 2025. El recorte en los cupones sería del 54%. Por el pago de intereses devengados en un nuevo bono, el capital adeudado subiría 2,6%.
 
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La clave de esa disminución pasa por el recorte del 54,2% previsto en los intereses a saldar. En cambio, a pesar de la quita promedio del 1,9% pautada para el capital en ambos casos, el valor nominal adeudado de principal se incrementaría en un 2,6% (unos USD2.800 millones) debido a la capitalización de los intereses devengados impagos a través de un nuevo título, que incluyen las propuestas externa y local que el Ejecutivo diseñó en términos equitativos.
 
A pesar de que el Gobierno redujo de tres a un año el período de gracia propuesto desde la oferta inicial de abril hasta la actual, el grueso del alivio en los pagos se concentra en los próximos cuatro años, cuando se concentra el grueso de los vencimientos legados por Cambiemos.
 
Crecer para pagar es la premisa oficial. Entre 2020 y 2024, la quita alcanzaría los USD57.500 millones. Esto se debe al ofrecimiento de cupones escalonados que comienzan en el 0,125% y crecen paulatinamente hasta alcanzar un máximo del 5% en algunos bonos.
 
Los desembolsos empezarían a crecer en 2025, cuando comenzarían las amortizaciones de capital. Y entre 2028 y 2035 los servicios de deuda comprometidos serían superiores a lo dispuesto en el perfil actual.
 
La mayor carga se concentrará entre 2028 y 2030, con obligaciones anuales de alrededor de USD14.000 millones, sin incluir los vencimientos con el FMI y otros organismos, cuyos préstamos serán reestructurados una vez que se realicen los canjes con los acreedores privados.
 
Esos años, según un cálculo de la consultora ACM en base a las proyecciones de crecimiento económico del Gobierno y un supuesto de rediseño del stand by con el Fondo, las necesidades financieras en moneda extranjera podrían superar el techo del 3% del PBI sugerido por el propio organismo como otro de los parámetros para definir un esquema de deuda sostenible.
 
Esto mantendrá, aún con la reestructuración, un importante peso sobre las cuentas públicas. La pregunta es si bastará el ritmo de crecimiento y el superávit externo para cubrir esos pasivos o si presionará por un ajuste del gasto. Un tema que estará sobre la mesa a la hora de negociar el nuevo programa con el FMI.
 
La pulseada con los acreedores externos se encuentra en momentos decisivos. Como contó BAE Negocios, el Gobierno trabaja en concesiones legales, principalmente en límites a la estrategia pac-man de canje parciales sucesivos por pedido de los bonistas, en busca de que los fondos más duros acepten su oferta económica de USD53,5 de valor presente neto, que pretende ser la última. El plazo de suscripción vigente cierra el 4 de agosto aunque podría extenderse hasta finales de ese mes.
 
El proyecto de canje local, se descuenta, será aprobado con facilidad. En ambos casos, la fecha de liquidación del canje será el 4 de septiembre.
 
 
Trato equitativo, con matices
  
El Gobierno respectó sus palabras y propuso términos equitativos para la reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación argentina respecto de la oferta vigente para la los bonos con jurisdicción extranjera. La estructura de nuevos títulos ofrecidos es casi igual y el período de gracia y el recorte de capital es el mismo.
 
Sin embargo, hay algunos matices. Por caso, el cupón promedio de los bonos ley local pasarían del actual 7,6% al 2,4%, una reducción algo superior a la que tendrán los títulos ley extranjera, que bajarían del 6,3% al 3,1%. Con todo, la quita de intereses sería mayor en los segundos (60% vs 33%) debido en parte a la mayor extensión de su perfil actual: bajo jurisdicción argentina no hay bonos tan largos como el Centenario y los Globales 2046 y 2048 emitidos por Cambiemos, que devengan intereses durante una gran cantidad de décadas.
 
Por ese mismo motivo, mientras que los instrumentos con ley local duplicarían su vida promedio (de cinco a diez años), en los bonos con jurisdicción foránea esta se mantendría en 12 años.
 
Además, en el canje local los acreedores contarán con la posibilidad de pesificar sus tenencias a través de nuevos bonos ajustados por CER (inflación). Esta variante no forma parte de la oferta externa.
 
El objetivo es desolarizar parte de los pasivos y los incentivos dispuestos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, son vencimientos más cortos que la opción en dólares y la ausencia de quita de capital. En lo que va de 2020, el Palacio de Hacienda ya pasó a pesos casi USD8.000 millones en letras y bonos.
 
Por Juan Strasnoy Peyre
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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