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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 22-07-2020 / 10:07

DEFINICIONES DEL JUEZ CANICOBA CORRAL EN EL EXPEDIENTE

Negociado de los peajes: "Los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia", dijo el juez

En la causa penal por las irregularidades en las concesiones de los peajes durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez Rodolfo Canicoba Corral considera acreditado que "existió un acuerdo de naturaleza clandestina" entre empresarios y funcionarios para favorecer a las empresas, en una de las cuales era accionista el Grupo Socma, de Macri.

Dolarización de tarifas, condonación de multas y sanciones, un pago millonario sin justificación técnico-económica, afectación del interés general, negociaciones "espúreas", "complejo engranaje de maniobras delictivas".

El combo de irregularidades descriptas en el expediente que investiga las concesiones de los peajes (durante el gobierno de Mauricio Macri) para beneficiar a las empresas (vinculadas al Grupo Macri) no dejó ni un solo condimento afuera.

Para el juez Rodolfo Canicoba Corral está acreditado en esta instancia del proceso que "existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre funcionarios y empresarios del ámbito privado para beneficiar a Autopistas del Sol S.A. --cuya accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri-- y al Grupo Concesionario del Oeste.

Es decir, que la demanda ante el CIADI contra la Argentina que había presentado Abertis --la controlante de ambas compañías-- fue una gran puesta en escena para simular una negociación y lograr que el Estado les pague 499 millones de dólares sin ninguna justificación técnica.

El Estado "terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas".

En palabras de Canicoba Corral, el dinero fue entregado "bajo la supuesta presión de un trámite arbitral ante el CIADI que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable (por no haberse dado cumplimiento al agotamiento de la instancia de jurisdicción local) y cuyos montos resultaban excesivos".

La conclusión se desprende del fallo de 161 páginas en el que el magistrado procesó al ex director de Viialidad Nacional Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. El escrito afirma que los funcionarios macristas "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que "a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso".

Según la resolución, "existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes --públicas y privadas-- (...) que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso (tratativas para la renegociación del contrato) que tuvo como fin la firma de los Acuerdos de Renegociación Integral (...) los que resultaron contrario a las normativas vigentes y perjudicial para la arcas del Estado".

"Engranaje de maniobras"

El fallo hace hincapié en varias oportunidades en que no puede soslayarse que uno de los accionistas de Ausol era, nada menos, que el entonces Presidente de la Nación. Para el juez se trató de "un complejo engranaje de maniobras (...) que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana S.A. en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones", afirma.

Por ese motivo, concluye que "los funcionarios no obraron en defensa de las arcas del Estado" y que dichas maniobras estuvieron "destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios".

El escrito destaca, además, que dentro del paquete de beneficios las empresas obtuvieron la dolarización de las tarifas y "no conformes con ello, las partes acordaron condonar la deuda de las multas y sanciones aplicadas a la empresa (por incumplimiento del contrato)".

La venta de las acciones

Como adelantó en su momento este diario, la venta de las acciones que Socma tenía en Ausol S.A. también está en la mira de los investigadores.

El fallo describe cómo los papeles subieron sideralmente su cotización con la llegada de Macri a la Rosada: las acciones venían devaluadas porque supuestamente el contrato vencía al año siguiente, sin embargo "el 10 de diciembre del 2015, la acción de Ausol había trepado a pesos catorce con cincuenta ($14,50), evidentemente ya se perfilaba la eventual renegociación del contrato, en los términos que finalmente se acordaron", es decir, la prórroga de los pliegos por diez años más, sin licitación. "Esto permitió que la empresa Sideco vendiera sus acciones en Ausol a pesos setenta y cinco con cincuenta ($75,50) cada acción".

La compradora fue Natal S.A., una Pyme sin experiencia en el rubro. Según la resolución judicial, "claramente, no podemos mantener estas cuestiones ajenas al resto de las negociaciones, ya que formaron parte de las ganancias que la renegociación generó para los empresarios. Con la salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".

Laura Alonso

La investigación también apunta al rol de la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso, quien, con su accionar, dejó al descubierto el evidente el conflicto de intereses.

Para el juez, "buscaron una solución casi burlesca que consistió en la presentación de una declaración jurada y que la firma del decreto" de renegociación del contrato de Ausol "sea firmado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti en lugar del Presidente como ocurrió con el 607/17 de aprobación de Acuerdo de Renegociación del Acceso Oeste".

Funcionarios y empresarios

Para la Justicia, "cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado".

En el caso de Iguacel, fue quien "acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo". Mientras que Saravia Frías, "no solo fue quien confeccionó y rubricó los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos (...), refiriendo que resultaban jurídicamente viables, sino que también fue quien representó al Estado (...) ante el CIADI" y avaló el curso de ese expediente "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida a las empresas o un test de razonabilidad económica y de conveniencia y oportunidad política de este acuerdo.

Embarrar la cancha

Tras haberse negado a declarar y recusar a Canicoba Corral, Iguacel y Saravia Frías se defendieron públicamente de las imputaciones y acusaron al juez de no haberles dado acceso al expediente y de supuestas vulneraciones al derecho a la defensa.

En el mismo fallo en el que los procesó, el magistrado afirmó que todo se dio bajo "las normas procesales y garantías personales" correspondientes. La recusación será resuelta este jueves por la Sala 2 de la Cámara Federal, cuyo titular es Martín Irurzun. Mientras tanto, este viernes está citado a declarar Guillermo Dietrich y el lunes será el turno de Nicolás Dujovne.

Por Sofía Caram

Fuente: Página12

27-03-2026 / 19:03

El rechazo a Milei perfora el 60% y expone un modelo que solo fabrica pobreza

Lo que comenzó como una "gesta libertaria" contra la casta se ha transformado, en poco más de dos años, en un drama social que las encuestas ya no pueden disimular. Según el último informe de la consultora Atlas Intel —la misma que, irónicamente, fue la más precisa al predecir su victoria en 2023—, el rechazo a la gestión de Javier Milei ha alcanzado un techo histórico: el 61,6% de los argentinos le da la espalda.

Este número no es solo una estadística fría; es el certificado de defunción del "aguante" social frente a un ajuste que no tiene ni fin ni resultados positivos para el ciudadano de a pie. Mientras el Presidente se encierra en su realidad paralela de redes sociales y viajes internacionales, la aprobación a su figura se desploma al 36,4%, su nivel más bajo desde que llegó a la Casa Rosada.

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 13:03

El negacionismo de Milei como combustible del ajuste y la impunidad

A medio siglo del golpe que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta un escenario inédito: un gobierno que no solo reivindica la metodología represiva, sino que utiliza el negacionismo como pantalla para aplicar el mismo programa económico que Martínez de Hoz. La batalla hoy es por la memoria, pero también por el futuro.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no encuentra a la Argentina en un momento de reflexión institucional, sino en una trinchera. El gobierno de Javier Milei, escoltado por una Victoria Villarruel que ha hecho de la apología de la dictadura su plataforma política, ha decidido romper el pacto democrático de 1983. Ya no se trata de "matices" históricos; estamos ante una ofensiva sistemática para demoler la base ética sobre la cual se reconstruyó la nación.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

Recordando a las Primeras Víctimas del Golpe Militar

Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.

Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.

La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.

Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

A 50 años del Golpe Cívico-Militar Genocida que estableció el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.

Carlos Morales para La Opinión Popular