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Nacionales - 22-07-2020 / 10:07
DEFINICIONES DEL JUEZ CANICOBA CORRAL EN EL EXPEDIENTE

Negociado de los peajes: "Los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia", dijo el juez

Negociado de los peajes:
En la causa penal por las irregularidades en las concesiones de los peajes durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez Rodolfo Canicoba Corral considera acreditado que "existió un acuerdo de naturaleza clandestina" entre empresarios y funcionarios para favorecer a las empresas, en una de las cuales era accionista el Grupo Socma, de Macri.
Dolarización de tarifas, condonación de multas y sanciones, un pago millonario sin justificación técnico-económica, afectación del interés general, negociaciones "espúreas", "complejo engranaje de maniobras delictivas".
 
El combo de irregularidades descriptas en el expediente que investiga las concesiones de los peajes (durante el gobierno de Mauricio Macri) para beneficiar a las empresas (vinculadas al Grupo Macri) no dejó ni un solo condimento afuera.
 
Para el juez Rodolfo Canicoba Corral está acreditado en esta instancia del proceso que "existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre funcionarios y empresarios del ámbito privado para beneficiar a Autopistas del Sol S.A. --cuya accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri-- y al Grupo Concesionario del Oeste.
 
Es decir, que la demanda ante el CIADI contra la Argentina que había presentado Abertis --la controlante de ambas compañías-- fue una gran puesta en escena para simular una negociación y lograr que el Estado les pague 499 millones de dólares sin ninguna justificación técnica.
 
El Estado "terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas".
 
En palabras de Canicoba Corral, el dinero fue entregado "bajo la supuesta presión de un trámite arbitral ante el CIADI que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable (por no haberse dado cumplimiento al agotamiento de la instancia de jurisdicción local) y cuyos montos resultaban excesivos".
 

 
La conclusión se desprende del fallo de 161 páginas en el que el magistrado procesó al ex director de Viialidad Nacional Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. El escrito afirma que los funcionarios macristas "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que "a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso".
 
Según la resolución, "existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes --públicas y privadas-- (...) que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso (tratativas para la renegociación del contrato) que tuvo como fin la firma de los Acuerdos de Renegociación Integral (...) los que resultaron contrario a las normativas vigentes y perjudicial para la arcas del Estado".
 
 
"Engranaje de maniobras"
  
El fallo hace hincapié en varias oportunidades en que no puede soslayarse que uno de los accionistas de Ausol era, nada menos, que el entonces Presidente de la Nación. Para el juez se trató de "un complejo engranaje de maniobras (...) que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana S.A. en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones", afirma.
 
Por ese motivo, concluye que "los funcionarios no obraron en defensa de las arcas del Estado" y que dichas maniobras estuvieron "destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios".
 
El escrito destaca, además, que dentro del paquete de beneficios las empresas obtuvieron la dolarización de las tarifas y "no conformes con ello, las partes acordaron condonar la deuda de las multas y sanciones aplicadas a la empresa (por incumplimiento del contrato)".
 
 
La venta de las acciones
  
Como adelantó en su momento este diario, la venta de las acciones que Socma tenía en Ausol S.A. también está en la mira de los investigadores.
 
El fallo describe cómo los papeles subieron sideralmente su cotización con la llegada de Macri a la Rosada: las acciones venían devaluadas porque supuestamente el contrato vencía al año siguiente, sin embargo "el 10 de diciembre del 2015, la acción de Ausol había trepado a pesos catorce con cincuenta ($14,50), evidentemente ya se perfilaba la eventual renegociación del contrato, en los términos que finalmente se acordaron", es decir, la prórroga de los pliegos por diez años más, sin licitación. "Esto permitió que la empresa Sideco vendiera sus acciones en Ausol a pesos setenta y cinco con cincuenta ($75,50) cada acción".
 
La compradora fue Natal S.A., una Pyme sin experiencia en el rubro. Según la resolución judicial, "claramente, no podemos mantener estas cuestiones ajenas al resto de las negociaciones, ya que formaron parte de las ganancias que la renegociación generó para los empresarios. Con la salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".
 
 
Laura Alonso
  
La investigación también apunta al rol de la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso, quien, con su accionar, dejó al descubierto el evidente el conflicto de intereses.
 
Para el juez, "buscaron una solución casi burlesca que consistió en la presentación de una declaración jurada y que la firma del decreto" de renegociación del contrato de Ausol "sea firmado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti en lugar del Presidente como ocurrió con el 607/17 de aprobación de Acuerdo de Renegociación del Acceso Oeste".
 
 
Funcionarios y empresarios
 
Para la Justicia, "cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado".
 
En el caso de Iguacel, fue quien "acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo". Mientras que Saravia Frías, "no solo fue quien confeccionó y rubricó los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos (...), refiriendo que resultaban jurídicamente viables, sino que también fue quien representó al Estado (...) ante el CIADI" y avaló el curso de ese expediente "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida a las empresas o un test de razonabilidad económica y de conveniencia y oportunidad política de este acuerdo.
 
 
Embarrar la cancha
  
Tras haberse negado a declarar y recusar a Canicoba Corral, Iguacel y Saravia Frías se defendieron públicamente de las imputaciones y acusaron al juez de no haberles dado acceso al expediente y de supuestas vulneraciones al derecho a la defensa.
 
En el mismo fallo en el que los procesó, el magistrado afirmó que todo se dio bajo "las normas procesales y garantías personales" correspondientes. La recusación será resuelta este jueves por la Sala 2 de la Cámara Federal, cuyo titular es Martín Irurzun. Mientras tanto, este viernes está citado a declarar Guillermo Dietrich y el lunes será el turno de Nicolás Dujovne.
 
Por Sofía Caram
 
Fuente: Página12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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