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Nacionales - 22-07-2020 / 10:07
PROVOCÓ UN PERJUICIO AL ESTADO Y LOS USUARIOS DE 561 MILLONES DE DÓLARES

La Justicia imputó a Aranguren por el tarifazo dolarizado del gas

La Justicia imputó a Aranguren por el tarifazo dolarizado del gas
El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió abrir una investigación tras la presentación del actual interventor del Enargas, quien denunció que el exministro de Energía, Juan José Aranguren, provocó un perjuicio al Estado y los usuarios de 561 millones de dólares.
Todo se paga en la vida. La Justicia decidió abrir una investigación sobre los hechos denunciados por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, contra el macrista exministro de Energía, Juan José Aranguren, y otros funcionarios, en relación a la fijación de precios en dólares al gas para el mercado interno durante los años 2018 y 2019.
 
Según denunció Bernal, este acuerdo provocó "un perjuicio millonario a las arcas del Estado y al bolsillo de los usuarios, y un beneficio indebido para las empresas productoras". Aranguren fue CEO de Shell Argentina hasta seis meses antes de asumir como ministro del gabinete de Mauricio Macri.
 
La denuncia que efectuó Bernal recayó sobre el ex ministro y su ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos Marcos Pourteau, el ex presidente del Enargas Mauricio Roitman, los cuatro miembros del Directorio del Enargas que lo acompañaban en su gestión y la ex gerenta de Legales del organismo.
 
El fiscal federal Marijuán dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un "detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente" en el tema.
 
Al organismo también se le pidió "un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS" desde el año 2016. Además la fiscalía requirió al Ministerio de Desarrollo Productivo el envío de documentación.
 
La denuncia detalla que en noviembre de 2017, Aranguren "convocó a los productores y distribuidores de gas para establecer las bases y condiciones en la comercialización de gas", semanas antes de que se venciera el período de emergencia (31 de diciembre), momento a partir del cual el precio debía pasar a ser definido en régimen de competencia. En  cambio, la propuesta de Aranguren fue fijar el precio en dólares y a tipo de cambio variable (para su conversión en pesos) para los contratos de 2018 y 2019.  
 

 
Pero 2018 fue un año de fuertes devaluaciones y esa inestabilidad se trasladó a las tarifas del gas por redes, por imperio del acuerdo impulsado por Aranguren. Este dejó su cargo y por una orden judicial no pudieron seguir aplicándose los aumentos.
 
La alternativa que ofreció el nuevo titular del área (degradada a Secretaría), Javier Iguacel, fue que los aumentos del gas acordados, se consolidaran como una deuda de los usuarios a los que se les cobraría "en 24 cuotas mensuales a partir de enero de 2019".
 
Así lo instruyó el Enargas a las distribuidoras, pero no llegó a aplicarse. El gobierno de Macri decidió que el Estado les pagara a las productoras el ajustazo de Aranguren, dada la inconveniencia política de aplicar el aumento en pleno año electoral. Ganaron las empresas, pero Macri igual perdió. ¿Sale un cacerolazo macrista para defenderlo?
 
La Opinión Popular
 
 
Los detalles de la imputación a Aranguren por dolarizar las tarifas de gas en 2018
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y a ex funcionarios del Enargas durante el gobierno de Mauricio Macri por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de que resolvieran dolarizar las tarifas de gas y violar el marco regulatorio de la ley del gas.
 
En un dictamen presentado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y al que tuvo acceso minutouno.com, el fiscal sostuvo que los ex funcionarios "mediante presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo".
 
La denuncia realizada por el interventor del Enargas, Federico Bernal la lleva adelante el juzgado Federal N° 12, actualmente a cargo del juez Canicoba Corral.
 
Los hechos habrían tenido lugar a partir del mes de noviembre de 2017 cuando el entonces ministro de Energía convocó a todos los productores y distribuidores de gas para establecer bases y condiciones en la comercialización de Gas en PITS (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) fijando por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas -circunstancia que a decir del denunciante iba por fuera de las pautas de libre competencia- y contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas.
 
El dictamen del fiscal señala que según sostiene el denunciante la presunta maniobra desplegada habría tenido su corolario en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, cuando se pretendió que la variación del valor de cambio fuera afrontado por los usuarios, en cuotas y frente a los reclamos efectuados, aquella diferencia traducida en una suma dineraria fue absorbida por el Estado Nacional.
 
Según consta en el dictamen de Marijuan, "mediante el dictado del Decreto 1053/18 el Estado Nacional habría asumido el pago de 24.524.715.128,43 pesos correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período."
 
La denuncia también alcanza a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos; Mauricio Roitman, ex presidente en ejercicio del directorio del Enargas; y otros integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.
 
Según consta en la denuncia, "Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación 'contractual', con precios en dólares, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa".
 
Bernal sostuvo que el gobierno de Macri podía fijar los precios de las tarifas del gas debido a la emergencia económica, pero que ésta llegó a su fin el 31 de diciembre de 2017. Por esa razón, desde ese momento, tenía que comenzar a regir la libre negociación de los precios, pero Aranguren convocó a las empresas "a firmar un pacto y les dijo que como terminaba la emergencia y entraba a regir el marco regulatorio 'necesitamos una transición de dos años de precios en dólares'".
 
Según la denuncia, ello "viola la ley de gas y el marco regulatorio".
 
Para el denunciante, habría dos perjuicios, la estatización de la deuda que se genera entre productoras y distribuidoras que hizo Mauricio Macri al firmar el DNU 1.053, por un monto de 393 millones de dólares que se dividen en treinta cuotas y de las cuales solo pagó una; pero además habría un perjuicio por 168 millones de dólares para los usuarios, que fue lo que hizo aumentar el valor de las tarifas cuando Aranguren firmó el pacto con las empresas".
 
Al realizar las imputaciones, el fiscal pidió una serie de medidas de prueba.
 
Por: Vanesa Petrillo
 
Fuente: minutouno.com
 

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08-08-2020 / 11:08
08-08-2020 / 10:08
"La negociación se parece a la cuarentena: es mucho más larga de lo que requería el problema", fue el comentario despectivo de Alfonso Prat Gay sobre el ministro Martín Guzmán que negociaba una deuda imposible de pagar cuya mayor parte fue tomada durante su gestión.
 
El ex ministro de Mauricio Macri rompió todas las marcas al demostrar que su impericia en el manejo de la economía hubiera sido peor como infectólogo. Cosas veredes amigo Sancho, que nunca crederes: un ex ministro que critica al que resolvió el desastre que él creó, más un sector de la oposición que apostó al fracaso de la negociación y al desborde de la pandemia.
 
La chorrada de críticas que recibió Guzmán mientras negociaba la deuda provenía de estos personajes. "Se podría haber logrado un acuerdo mejor", dijo el caradura de Prat Gay en otras declaraciones. Cuando le tocó negociar con los fondos buitres, Prat Gay les pagó más de lo que habían reclamado. Eso sí: en tiempo récord.
 
Si lo que quería Prat Gay era sobreendeudar al país, fue el mejor ministro de Economía de la historia. ¿Y los argentinos? bien gracias. Pero después de esa performance más que desastrosa, la corporación de medios y sectores empresarios y de las finanzas lo siguen tomando como referente de consulta.
 
Se confirma esa visión que apuntó Jorge Alemán sobre un discurso de la política como especie de locura sin anclaje en la realidad. Se contrapone a la realidad. En esa nueva racionalidad de la derecha, el que se guía por la realidad resulta un fanático que se niega al discurso mágico.
 
Los medios y periodistas de derecha le van a preguntar a Prat Gay porque lo escucha un empresario aunque perdió plata, así como lo escuchan comerciantes que se fundieron con sus medidas. Desconfían del muchacho de 38 años que les salvó la vida porque es académico y votarían de nuevo al que los llevó a la ruina.
 

07-08-2020 / 10:08
Aunque hace tiempo que nadie en el poder se lo toma demasiado en serio ni le pide opinión, Guillermo Moreno pudo haber sido la excepción que confirmara la regla. El acuerdo que enhebró Martín Guzmán con los acreedores privados para aplazar y aliviar los pagos de la deuda jamás haría desdecirse al pintoresco exsecretario de Comercio, quien semanas atrás vaticinó que fracasaría porque le faltaba "haber pateado más la calle".
 
En el mundo empresario, entre los apostadores bursátiles y entre los consultores más cotizados de la City, en cambio, no hubo ningún reparo para la pirueta: hasta quienes le pedían el mes pasado a Alberto Fernández que lo eche -en público y en privado- se vistieron de guzmanistas de la primera hora. Todos salieron a gritar el gol que añoraban tanto la hinchada como el técnico, aun cuando está lejos de haber definido el partido.
 
Puertas adentro de la coalición, el primero en cantarlo fue Sergio Massa, quien no solo había convocado varias veces durante abril y mayo a su propio gabinete económico para interconsultas sino quien además entabló diálogos paralelos con Wall Street que obligaron al Presidente a avisar en tres ocasiones que el único interlocutor oficial era Guzmán.
 
Pasado pisado: tanto se apuró el jefe de Diputados en sacar pecho por el entendimiento que incluso primereó a Fernández. Pidió disculpas.
 
El recorrido de Guzmán antes del cierre de las negociaciones reflejó fielmente el equilibrio de fuerzas en el Frente de Todos
 

07-08-2020 / 10:08
En plena recesión y en medio del proceso de flexibilización de las restricciones por la pandemia, el debate sobre cómo sería la recuperación de la economía toma vigencia. ¿Cómo será? ¿Un dibujo en V? ¿Será acaso más apaisada? ¿O la Argentina estará condenada a convivir con una L, en el mejor de los casos, castigada por la crisis permanente?
 
Ese debate se mezcla con la política. María Eugenia Vidal, por caso, levantó el perfil público el jueves por la mañana en un "zoom" en el que planteó -en base a su economista de cabecera, Hernán Lacunza, que la economía caerá este año un 12%, pero que en 2021 no podrá recuperar lo perdido.
 
Más optimista, el economista Emmanuel Álvarez Agis -cercano ideológicamente a la Casa Rosada- cree que la actividad se recuperará pero para asegurarlo reclama una mayor y decisiva participación del Estado, a través del gasto público.
 
"Ahora que arreglamos con los acreedores llegó el momento de gastar. En la pandemia, hay que gastar más. El Estado argentino gasta la mitad que su par de Chile o Perú. Y mucho menos que Brasil", argumenta Agis.
 
Desde Economía se aboga por un ordenamiento fiscal, de cara a las inminentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero no sólo por eso. Martín Guzmán demostró desde un primer momento que valora la cautela a la hora de programar el gasto público, lo que quedó a la vista cuando se suspendió la actualización automática de las jubilaciones.
 
En el Gobierno creen que esta semana fue la mejor desde que Alberto Fernández se puso la banda presidencial.
En el equipo económico sospechan que la buena onda perdurará. Y no lo avalan por una cuestión de fe religiosa. Los funcionarios comparten algunos de los datos positivos de la actividad, que los sorprendió gratamente a ellos mismos.
 
Juzgan, sin temor a hacerlo con premura, que se trata de los primeros indicios de una recuperación veloz. Incluso destacan la "V corta" de la palabra "veloz".
 

06-08-2020 / 11:08
La valiente fiscal Gabriela Boquin, quien llevó adelante la acusación contra la familia Macri en la causa Correo Argentino, denunció este miércoles ante una comisión bicameral que una empleada de su fiscalía "le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa al diputado (del Pro) Pablo Tonelli" y que al denunciar esa situación ante su superior, el Procurador interino, Eduardo Casal, "no tomó ninguna medida al respecto".
 
Boquin expuso este miércoles ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. La semana pasada, Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, le inició un sumario administrativo por supuesto maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía.
 
La comisión bicameral tiene previsto volver a reunirse en diez días para tratar una serie de denuncias y pedidos de juicio político contra Casal por supuestas arbitrariedades en traslados y medidas disciplinarias contra fiscales que investigaban al macrismo.
 
En su presentación, la fiscal Boquin, que interviene en una de las causas más complicadas para el ex presidente y su familia, dijo: "Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, a una de las testigos el traslado lo pedí yo".
 
Y amplió Boquin que realizó ese pedido "por falta de confianza" de la empleada de su fiscalía tras "descubrir que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli".
 
"Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli estaban relacionados con su propia vinculación en la causa porque cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino", agregó la fiscal. 
 

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