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Nacionales - 22-07-2020 / 10:07
PROVOCÓ UN PERJUICIO AL ESTADO Y LOS USUARIOS DE 561 MILLONES DE DÓLARES

La Justicia imputó a Aranguren por el tarifazo dolarizado del gas

La Justicia imputó a Aranguren por el tarifazo dolarizado del gas
El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió abrir una investigación tras la presentación del actual interventor del Enargas, quien denunció que el exministro de Energía, Juan José Aranguren, provocó un perjuicio al Estado y los usuarios de 561 millones de dólares.
Todo se paga en la vida. La Justicia decidió abrir una investigación sobre los hechos denunciados por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, contra el macrista exministro de Energía, Juan José Aranguren, y otros funcionarios, en relación a la fijación de precios en dólares al gas para el mercado interno durante los años 2018 y 2019.
 
Según denunció Bernal, este acuerdo provocó "un perjuicio millonario a las arcas del Estado y al bolsillo de los usuarios, y un beneficio indebido para las empresas productoras". Aranguren fue CEO de Shell Argentina hasta seis meses antes de asumir como ministro del gabinete de Mauricio Macri.
 
La denuncia que efectuó Bernal recayó sobre el ex ministro y su ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos Marcos Pourteau, el ex presidente del Enargas Mauricio Roitman, los cuatro miembros del Directorio del Enargas que lo acompañaban en su gestión y la ex gerenta de Legales del organismo.
 
El fiscal federal Marijuán dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un "detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente" en el tema.
 
Al organismo también se le pidió "un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS" desde el año 2016. Además la fiscalía requirió al Ministerio de Desarrollo Productivo el envío de documentación.
 
La denuncia detalla que en noviembre de 2017, Aranguren "convocó a los productores y distribuidores de gas para establecer las bases y condiciones en la comercialización de gas", semanas antes de que se venciera el período de emergencia (31 de diciembre), momento a partir del cual el precio debía pasar a ser definido en régimen de competencia. En  cambio, la propuesta de Aranguren fue fijar el precio en dólares y a tipo de cambio variable (para su conversión en pesos) para los contratos de 2018 y 2019.  
 

 
Pero 2018 fue un año de fuertes devaluaciones y esa inestabilidad se trasladó a las tarifas del gas por redes, por imperio del acuerdo impulsado por Aranguren. Este dejó su cargo y por una orden judicial no pudieron seguir aplicándose los aumentos.
 
La alternativa que ofreció el nuevo titular del área (degradada a Secretaría), Javier Iguacel, fue que los aumentos del gas acordados, se consolidaran como una deuda de los usuarios a los que se les cobraría "en 24 cuotas mensuales a partir de enero de 2019".
 
Así lo instruyó el Enargas a las distribuidoras, pero no llegó a aplicarse. El gobierno de Macri decidió que el Estado les pagara a las productoras el ajustazo de Aranguren, dada la inconveniencia política de aplicar el aumento en pleno año electoral. Ganaron las empresas, pero Macri igual perdió. ¿Sale un cacerolazo macrista para defenderlo?
 
La Opinión Popular
 
 
Los detalles de la imputación a Aranguren por dolarizar las tarifas de gas en 2018
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y a ex funcionarios del Enargas durante el gobierno de Mauricio Macri por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de que resolvieran dolarizar las tarifas de gas y violar el marco regulatorio de la ley del gas.
 
En un dictamen presentado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y al que tuvo acceso minutouno.com, el fiscal sostuvo que los ex funcionarios "mediante presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo".
 
La denuncia realizada por el interventor del Enargas, Federico Bernal la lleva adelante el juzgado Federal N° 12, actualmente a cargo del juez Canicoba Corral.
 
Los hechos habrían tenido lugar a partir del mes de noviembre de 2017 cuando el entonces ministro de Energía convocó a todos los productores y distribuidores de gas para establecer bases y condiciones en la comercialización de Gas en PITS (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) fijando por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas -circunstancia que a decir del denunciante iba por fuera de las pautas de libre competencia- y contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas.
 
El dictamen del fiscal señala que según sostiene el denunciante la presunta maniobra desplegada habría tenido su corolario en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, cuando se pretendió que la variación del valor de cambio fuera afrontado por los usuarios, en cuotas y frente a los reclamos efectuados, aquella diferencia traducida en una suma dineraria fue absorbida por el Estado Nacional.
 
Según consta en el dictamen de Marijuan, "mediante el dictado del Decreto 1053/18 el Estado Nacional habría asumido el pago de 24.524.715.128,43 pesos correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período."
 
La denuncia también alcanza a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos; Mauricio Roitman, ex presidente en ejercicio del directorio del Enargas; y otros integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.
 
Según consta en la denuncia, "Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación 'contractual', con precios en dólares, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa".
 
Bernal sostuvo que el gobierno de Macri podía fijar los precios de las tarifas del gas debido a la emergencia económica, pero que ésta llegó a su fin el 31 de diciembre de 2017. Por esa razón, desde ese momento, tenía que comenzar a regir la libre negociación de los precios, pero Aranguren convocó a las empresas "a firmar un pacto y les dijo que como terminaba la emergencia y entraba a regir el marco regulatorio 'necesitamos una transición de dos años de precios en dólares'".
 
Según la denuncia, ello "viola la ley de gas y el marco regulatorio".
 
Para el denunciante, habría dos perjuicios, la estatización de la deuda que se genera entre productoras y distribuidoras que hizo Mauricio Macri al firmar el DNU 1.053, por un monto de 393 millones de dólares que se dividen en treinta cuotas y de las cuales solo pagó una; pero además habría un perjuicio por 168 millones de dólares para los usuarios, que fue lo que hizo aumentar el valor de las tarifas cuando Aranguren firmó el pacto con las empresas".
 
Al realizar las imputaciones, el fiscal pidió una serie de medidas de prueba.
 
Por: Vanesa Petrillo
 
Fuente: minutouno.com
 

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11-11-2025 / 10:11
Los salarios, muy lejos de su nivel pre Javier Milei. Consultoras de diferente perfil político y hasta la UBA reflejan que los ingresos siguen por debajo del 2023. El salario mínimo, además, está peor que en 2001. Aunque el Gobierno de LLA no lo oculta, el ancla inflacionaria del programa económico siguen siendo las mismas medidas del ajuste inicial: dólar intervenido y artificialmente barato, e ingresos a la baja o estancados.
 
El problema, ya muy visible, empezó a ser reflejado por consultoras de diferente tendencia política, que advierten que los sueldos siguen por debajo de noviembre del 2023. Inclusive, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que el Salario Mínimo tiene menor poder de compra que el del año 2001, la peor crisis de la historia.
 
Esta situación, que mantiene un Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin grandes movimientos, es el mismo factor que garantiza el camino de una recesión sostenida y, además, expone niveles de consumo masivo históricamente bajos. El costo de tener los precios a raya es un panorama de familias que no llegan a fin de mes, aún con una inflación que es hasta 4 veces menor a la que había en noviembre del 2023. Todo este contexto lo reflejan firmas muy disímiles, lo que enriquece las herramientas para el análisis del problema.
 
Empiria, la consultora de Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del PRO), precisó que el Ingreso Disponible -en base 100- estaba muy por encima del 100, más cerca del 105, en noviembre del 2023. Y hoy está por debajo del 99. En esa consultora, además, hicieron un trabajo en el que muestran cómo el aumento de los servicios y tarifas golpearon seriamente a las familias.
 
En esa misma línea, Vectorial, la consultora de Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán, precisó que "la quietud relativa en los ingresos de los trabajadores no solo termina siendo un ancla a los precios sino también a las cantidades. Así, los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7 por ciento por debajo de noviembre de 2023". La firma asegura que "esta caída sería del 10,8 por ciento si se deflacta por la inflación actualizada por la ENGHO más reciente".
 
¿Qué pasó con los sueldos estatales? "Los trabajadores públicos son quienes se llevan la peor parte del retraso salarial, con un 13,2 por ciento de pérdida y con un ascenso excesivamente lento. Tampoco se observa una mejora para el caso de los trabajadores registrados privados, que recién en agosto vuelven a tener niveles similares a los de noviembre de 2023, mientras que lo que va del 2025 se encuentran orbitando en un 1 por ciento por debajo de estos valores".
 
En esa línea, la consultora Equilibra, que comanda Martín Rapetti, publicó que, en los primeros dos años del gobierno de Milei, el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 19 por ciento en relación al promedio enero a septiembre del 2023. La firma ejemplificó la crisis salarial con un número demoledor: si se mira en términos acumulados, los empleados y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en los primeros 20 meses del gobierno libertario.
 
Todo el contexto antes mencionado es lo que los comerciantes apuntan como el principal causante de la crisis de consumo. Los grandes supermercadistas aducen que los salarios planchados son un golpe letal para las ventas, sobre todo porque se montan en un esquema de costos fijos de las familias que crecieron mucho en los últimos dos años. En paralelo, en el caso de los jubilados, la afectación es aún mayor dado que la pérdida de ingresos no contempla cuál es el margen de consumo que perdieron por el aumento del precio de los medicamentos. 
 

10-11-2025 / 11:11
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a cargo del expediente dictó una cautelar con la orden de no innovar para empezar a trazar la ruta del dinero. Se trata de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por Javier "el Estafador" Milei a través de su cuenta de X. La causa $LIBRA empieza a moverse. El juez ordenó este fin de semana el congelamiento de todos los bienes muebles e inmuebles del empresario cripto norteamericano Hayden Davis, quien ofició como el socio principal de la estafa de la que participó Javier Milei.
 
El juez dictó una medida de "no innovar" también sobre los activos financieros de Davis y de otros dos criptochantas vinculados al caso, uno colombiano (Favio Camilo Rodríguez Blanco) y otro argentino (Orlando Rodolfo Mellino), ambos presuntos titulares de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por el Presidente a través de su cuenta de X.
 
La medida del juez se basa en un informe del Ministerio Público Fiscal en el que se establece que, en los activos financieros de Davis, Rodríguez Blanco y Melino podría esconderse parte del botín estimado entre los 100 y 120 millones de dólares con que estafaron a través de $LIBRA a centenares de inversores cripto desprevenidos.
 
En ese marco, Davis es señalado como la figura central en la ruta del dinero del fraude: ya está en la mira de la justicia norteamericana, donde afronta una denuncia por estafa, al tiempo que se pudo reconstruir, tanto dentro de la causa como a través de la investigación de distintos especialistas del mundo cripto y de la Comisión de Diputados, que movilizó fondos a través de distintas billeteras para sus socios, intentando borrar la huella de las transferencias, algo que no pudo lograr. Rodríguez Blanco y Melino, en tanto, son señalados como posibles "intermediarios" en $LIBRA y otros negocios similares.
 
La misma medida que alcanzó a los bienes de Davis y los "intermediarios" Rodríguez Blanco y Melino ya había sido tomada por el juez para el caso de los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos socios en el Tech Forum de octubre de 2024 de la que participó Milei y que registran varias visitas a Olivos y a la Casa Rosada en las semanas previas al lanzamiento de $LIBRA. 
 

10-11-2025 / 10:11
Un oficialismo ordenado, una oposición sumida en internas. El Gobierno de Javier "el Cipayo" Milei avanzará con sus reformas regresivas, mientras el principal partido de oposición sigue sin salir del shock que fue el resultado sorpresa de octubre para propios y extraños. Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado.
 
A apenas dos semanas de haber ido a votar, la sensación es de un escenario político planchado, sin novedades y a espera de algún acontecimiento que sacuda esa relativa tranquilidad otorgada al Gobierno libertario tras las elecciones. Semeja, cada vez con mayor intensidad, que las responsabilidades están en el campo opositor.
 
Habrá otra ofensiva profundizada contra los trabajadores, a través de los proyectos de reforma laboral que persiguen achicar más todavía a la clase media (¿cuánto más puede apretarse hacia abajo?). Tal vez no sea inminente, porque voces en off del Gobierno indican que son más bien "bombas de humo" para medir el humor social. Como fuere, el momento llegará y cabe seguir preguntándose si la dirigencia sindical mayoritaria persistirá en sus nubes de Úbeda.
 
El interrogante, por supuesto, se extiende al conjunto de referentes políticos opositores. Podría considerarse lógico que, al cabo de un resultado electoral que no esperaba ni el propio oficialismo, la oposición se encuentre en estado de shock. Sin embargo, hay el reparo de que, en esa franja, las dificultades e indecisiones vienen de antes. De bastante antes. El dictamen de las urnas sólo acentuó que la tierra barrida debajo de la alfombra volviera a exponerse.
 
Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado. Será más temprano que tarde cuando el peronismo, como única fuerza no testimonial en condiciones de disputar poder, o gobierno, deba resolver su situación indefinida. Y si no es mediante un consenso que pueda abroquelar de forma convincente, sería la oportunidad de hacerlo con elecciones internas.
 
¿Alguien tiene una fórmula más apta, si no se arriba a acuerdos básicos? De paso, o en primer término, reiteremos ciertas incógnitas.
 
¿Hablamos de diferencias programáticas y, luego, acerca de tácticas de alianzas que permitan un arco lo más amplio posible, como para enfrentar con éxito a un bloque dominante envalentonado? ¿Hablamos de disidencias respecto de las administraciones territoriales, que pudieran significar divisiones insalvables entre la gobernación bonaerense y La Cámpora? ¿O estamos hablando de disputas de figuración, por más antipático que resuene?
 
No pareciera que fuesen las dos primeras variantes, salvo habernos perdido algún aspecto sustancial. ¿Cuáles serían los enfrentamientos ideológicos marcados, e incluso secundarios, entre los idearios de Cristina y Kicillof o entre aquellos que responden a una y otro?
 
Si no los hay; si la respuesta es efectivamente negativa; si no rige algún cisma político profundo susceptible de ser arreglado entre cuatro paredes y como debería corresponder a gente grande, entonces resta la opción de que lo irresoluto pasa por razones de contienda individual. Y en esa alternativa, no cabría más que la ruptura.
 
Es decir: justo lo esperado por los libertaristas y sus socios para seguir comiendo pochoclo mientras Washington no les suelte la mano. Sería tristísimo y peligroso. Por eso es dable esperar que haya freno, si es que se llega al borde del abismo.  
 

09-11-2025 / 10:11
El intento del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, de negar la autenticidad de los audios en los que denunciaba el sistema de coimas con medicamentos para discapacitados que terminaba en los Hermanos Milei puede convertirse en un problema mayor para el Gobierno. Se pudo saber que si la Justicia lo convalida, aparecerán los audios completos, incluidos sus interlocutores, lo que dejaría expuesta la trama libertaria que desató el escándalo.
 
Es decir, no sólo la voz de Spagnuolo, que obviamente es la auténtica, sino también la de sus dos o más interlocutores. De ser así, se produciría un fuerte dolor de cabeza para La Libertad Avanza (LLA) dado que, por supuesto, quienes mantuvieron los diálogos con Spagnuolo --¡y lo grabaron!-- son libertarios. Parece evidente que el exfuncionario no confesó "el 3 por ciento para Karina" con alguien que no fuera del palo y de cierto nivel.
 
De manera, que una revelación de los originales, exhibiría una trama interna. A esta altura, nadie duda que se trata de la voz de Spagnuolo, a tal punto que el propio exfuncionario nunca dijo que no era él quien hablaba y en el gobierno lo echaron justamente porque estaban seguros que se trataba de Spagnuolo, descontrolado y desesperado porque él firmaba compras y las coimas se las llevaban otros, los Menem y Karina.
 
De todas maneras, la aparición de los audios completos --también con la voz de los interlocutores-- depende de la evolución de la causa. La Cámara Federal tardará entre dos y tres semanas en decidir si los audios afectaron el derecho a la intimidad de Spagnuolo --eso es lo que planteó la defensa-- y si la causa previa, en la que ya se denunciaron los manejos en Discapacidad, impide seguir investigando.
 
Spagnuolo sumó a su defensa al conocido abogado Mauricio DAlessandro. De su mano apareció el súbito y tardío cuestionamiento a los audios que en su momento difundieron los periodistas Mauro Federico, Ivy Cángaro y Jorge Rial. El letrado fue un poco más cauto que su cliente: dijo que los audios son editados. Se trata de algo público y notorio, dado que en lo difundido se sacó la voz de los interlocutores de Spagnuolo, aquellos que lo escucharon hablando de las coimas y las compras de medicamentos amañadas, supuestamente a favor de la droguería la Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
 
Quién filtró los audios, es decir quien se los entregó a los periodistas, sacó la voz de los que dialogaban con Spagnuolo porque se trató de personas de LLA. Es evidente que el escándalo tuvo como trasfondo la interna libertaria, las fuerzas del cielo vs Karina-Martín y Lule Menem, aunque se debería agradecer a esa interna porque permitió revelar el descarado robo a los discapacitados.
 
Lo que ahora aparece en escena es la posibilidad de que se conozcan los audios completos, sin sacar la voz de quienes mantuvieron esos diálogos con el extitular de Andis. Sería en caso de que la justicia cuestionara la autenticidad de la voz de Spagnuolo. Parece cantado que semejante revelación armaría un tremendo lío en el bando libertario.
 

08-11-2025 / 09:11
La destrucción del peronismo-kirchnerismo y del movimiento obrero constituyen el principal objetivo del gobierno, según confirmaron esta semana Javier "el Cipayo" Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Pero los dos agrupamientos en la mira del oficialismo están más enfocados en resolver sus heridas internas.
 
En Bolivia, tras la victoria electoral de la derecha, la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, condenada por el golpe contra Evo Morales, recordó a la decisión de la Corte de confirmar el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La Justicia se alinea según los resultados electorales.
 
Dos días después del resultado electoral, la Corte confirmó el sobreseimiento de Macri y rechazó 20 recursos interpuestos por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Cuadernos, cuyo juicio comenzó este jueves.
 
Se trata de una causa armada con una fotocopia con miles de adulteraciones y que fue escrita por dos personas diferentes; con testimonios obtenidos en forma extorsiva, y montada por el fiscal Carlos Stornelli, involucrado en otras causas paralelas por extorsión junto con su colaborador, el condenado Marcelo DAlessio, y por el fallecido juez Claudio Bonadio.
 
Antes de convertirse en Inquisidor oficial del macrismo, Bonadio tenía nueve pedidos de juicio político -algunos de mucha gravedad- que nunca tuvieron tratamiento en la Magistratura con mayoría macrista.
 
La campaña tan polarizada quedó reflejada en las consignas. Fuerza Patria planteó el eje de "hay que frenar a Milei". El oficialismo convocó a "acabar con el kirchnerismo" o "hay que poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo". En el primer caso, habla de dos fuerzas que compiten. En cambio, el oficialismo habla de exterminio, lo que tiene cierta similitud con la dictadura cívico-militar.
 
Para el sector corporativo del capital concentrado, el movimiento nacional y popular es un obstáculo para su proyecto de país altamente desigual, con grandes niveles de pobreza y baja ocupación, desindustrializado, subordinado a Estados Unidos, proveedor de hidrocarburos, minerales, carnes y granos, un país que no requiere educación ni salud pública. Este proyecto se expresó antes a través de Macri y ahora con Milei.
 
Los dos objetivos que planteó Milei el jueves en su enésima visita a Estados Unidos, fueron barrer al peronismo-kirchnerismo y desmantelar la estructura sindical. La campaña de Patricia Bullrich fue "te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre". Federico Sturzenegger reconoció el lunes en una reunión con empresarios españoles que el corazón de la reforma laboral que propondrán al Congreso es desarticular la fuerza del movimiento obrero al abrir la negociación por empresa.
 
El proyecto de la derecha no acepta voces discordantes porque plantea situaciones extremas en el país, con ganancias enormes para un puñado y la pobreza para la inmensa mayoría. El problema es que el oficialismo con sus aliados representa el 40 por ciento del 67 por ciento que votó, que es menos del 30 por ciento del padrón.
 
El resultado es un país de tres tercios: el oficialismo y sus aliados, un poco menos el peronismo-kirchnerismo y sus aliados y un poco más el ausentismo. No es una ecuación que permita eliminar el diálogo como ejercicio democrático. Pero el diálogo no figura en la caja de herramientas del oficialismo. Su objetivo es la destrucción del que no consiente. 
 

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