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Nacionales - 22-07-2020 / 10:07
PROVOCÓ UN PERJUICIO AL ESTADO Y LOS USUARIOS DE 561 MILLONES DE DÓLARES

La Justicia imputó a Aranguren por el tarifazo dolarizado del gas

La Justicia imputó a Aranguren por el tarifazo dolarizado del gas
El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió abrir una investigación tras la presentación del actual interventor del Enargas, quien denunció que el exministro de Energía, Juan José Aranguren, provocó un perjuicio al Estado y los usuarios de 561 millones de dólares.
Todo se paga en la vida. La Justicia decidió abrir una investigación sobre los hechos denunciados por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, contra el macrista exministro de Energía, Juan José Aranguren, y otros funcionarios, en relación a la fijación de precios en dólares al gas para el mercado interno durante los años 2018 y 2019.
 
Según denunció Bernal, este acuerdo provocó "un perjuicio millonario a las arcas del Estado y al bolsillo de los usuarios, y un beneficio indebido para las empresas productoras". Aranguren fue CEO de Shell Argentina hasta seis meses antes de asumir como ministro del gabinete de Mauricio Macri.
 
La denuncia que efectuó Bernal recayó sobre el ex ministro y su ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos Marcos Pourteau, el ex presidente del Enargas Mauricio Roitman, los cuatro miembros del Directorio del Enargas que lo acompañaban en su gestión y la ex gerenta de Legales del organismo.
 
El fiscal federal Marijuán dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un "detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente" en el tema.
 
Al organismo también se le pidió "un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS" desde el año 2016. Además la fiscalía requirió al Ministerio de Desarrollo Productivo el envío de documentación.
 
La denuncia detalla que en noviembre de 2017, Aranguren "convocó a los productores y distribuidores de gas para establecer las bases y condiciones en la comercialización de gas", semanas antes de que se venciera el período de emergencia (31 de diciembre), momento a partir del cual el precio debía pasar a ser definido en régimen de competencia. En  cambio, la propuesta de Aranguren fue fijar el precio en dólares y a tipo de cambio variable (para su conversión en pesos) para los contratos de 2018 y 2019.  
 

 
Pero 2018 fue un año de fuertes devaluaciones y esa inestabilidad se trasladó a las tarifas del gas por redes, por imperio del acuerdo impulsado por Aranguren. Este dejó su cargo y por una orden judicial no pudieron seguir aplicándose los aumentos.
 
La alternativa que ofreció el nuevo titular del área (degradada a Secretaría), Javier Iguacel, fue que los aumentos del gas acordados, se consolidaran como una deuda de los usuarios a los que se les cobraría "en 24 cuotas mensuales a partir de enero de 2019".
 
Así lo instruyó el Enargas a las distribuidoras, pero no llegó a aplicarse. El gobierno de Macri decidió que el Estado les pagara a las productoras el ajustazo de Aranguren, dada la inconveniencia política de aplicar el aumento en pleno año electoral. Ganaron las empresas, pero Macri igual perdió. ¿Sale un cacerolazo macrista para defenderlo?
 
La Opinión Popular
 
 
Los detalles de la imputación a Aranguren por dolarizar las tarifas de gas en 2018
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y a ex funcionarios del Enargas durante el gobierno de Mauricio Macri por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de que resolvieran dolarizar las tarifas de gas y violar el marco regulatorio de la ley del gas.
 
En un dictamen presentado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y al que tuvo acceso minutouno.com, el fiscal sostuvo que los ex funcionarios "mediante presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo".
 
La denuncia realizada por el interventor del Enargas, Federico Bernal la lleva adelante el juzgado Federal N° 12, actualmente a cargo del juez Canicoba Corral.
 
Los hechos habrían tenido lugar a partir del mes de noviembre de 2017 cuando el entonces ministro de Energía convocó a todos los productores y distribuidores de gas para establecer bases y condiciones en la comercialización de Gas en PITS (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) fijando por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas -circunstancia que a decir del denunciante iba por fuera de las pautas de libre competencia- y contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas.
 
El dictamen del fiscal señala que según sostiene el denunciante la presunta maniobra desplegada habría tenido su corolario en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, cuando se pretendió que la variación del valor de cambio fuera afrontado por los usuarios, en cuotas y frente a los reclamos efectuados, aquella diferencia traducida en una suma dineraria fue absorbida por el Estado Nacional.
 
Según consta en el dictamen de Marijuan, "mediante el dictado del Decreto 1053/18 el Estado Nacional habría asumido el pago de 24.524.715.128,43 pesos correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período."
 
La denuncia también alcanza a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos; Mauricio Roitman, ex presidente en ejercicio del directorio del Enargas; y otros integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.
 
Según consta en la denuncia, "Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación 'contractual', con precios en dólares, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa".
 
Bernal sostuvo que el gobierno de Macri podía fijar los precios de las tarifas del gas debido a la emergencia económica, pero que ésta llegó a su fin el 31 de diciembre de 2017. Por esa razón, desde ese momento, tenía que comenzar a regir la libre negociación de los precios, pero Aranguren convocó a las empresas "a firmar un pacto y les dijo que como terminaba la emergencia y entraba a regir el marco regulatorio 'necesitamos una transición de dos años de precios en dólares'".
 
Según la denuncia, ello "viola la ley de gas y el marco regulatorio".
 
Para el denunciante, habría dos perjuicios, la estatización de la deuda que se genera entre productoras y distribuidoras que hizo Mauricio Macri al firmar el DNU 1.053, por un monto de 393 millones de dólares que se dividen en treinta cuotas y de las cuales solo pagó una; pero además habría un perjuicio por 168 millones de dólares para los usuarios, que fue lo que hizo aumentar el valor de las tarifas cuando Aranguren firmó el pacto con las empresas".
 
Al realizar las imputaciones, el fiscal pidió una serie de medidas de prueba.
 
Por: Vanesa Petrillo
 
Fuente: minutouno.com
 

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28-02-2026 / 09:02
Morituri te salutant (Los que van a morir te saludan). Así saludan los empresarios argentinos al imperator Javier "el Loco" Milei. Lo aplauden el titular de la Rural, Nicolás Pino; el de la Cámara de Comercio, Mario Grinman; el de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, y hasta el de la UIA, Martín Rapallini.
 
En dos años del presidente cantor cerraron 23 mil empresas, 30 por día, la mayoría de la construcción, del comercio y de la industria manufacturera, pero los tipos aplauden la masacre de muchos empresarios que ellos representan porque al mismo tiempo 290 mil trabajadores quedaron en la calle. Los empresarios fanáticos aceptan el sacrificio a cambio de la reforma laboral esclavista.
 
En el Congreso, los anarcocerebrales, los del PRO, los radicales y el MID, apoyaron el despojo de los derechos a los trabajadores. Seis gobernadores, tres de ellos de origen peronista lejano (de Río Negro, Alberto Weretilnek; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Salta, Gustavo Sáenz), otros dos que se siguen llamando peronistas, (Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca) otro de origen sindical (Claudio Vidal, de Santa Cruz) y otro que compitió contra el oficialismo (Hugo Passalacqua, de Misiones) mandaron votar con el gobierno nacional.
 
En las elecciones, esos gobernadores hicieron campaña contra el oficialismo libertario. Fueron votados para hacer oposición, pero lejos de sus provincias mandaron a sus legisladores a acatar al gobierno nacional para desvalijar a los trabajadores de todo el país, incluso aquellos que los votaron en su territorio.
 
Jaldo dijo que esos gobernadores representaban la voz del interior como si eso fuera la expresión del federalismo, pero ellos se sometieron a la extorsión del gobierno central y más bien representan todo lo contrario al verdadero federalismo.
 
Hubo seis gobernadores de Unión por la Patria, Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, que formaron un bloque opositor a la reforma laboral. Jaldo, que es uno de los gobernadores mejor pagos por el gobierno nacional con los ATN que le corresponden a su provincia, trató de disfrazar su sumisión a Milei con un supuesto federalismo que lo diferenciaba del peronismo a nivel nacional.
 
Cuando el primer gobierno peronista decretó las grandes reivindicaciones obreras, lo hizo para los trabajadores de todas las provincias. Nada más contrario al verdadero federalismo que someterse a las políticas antiobreras del gobierno central.
 
Derrotado en las elecciones, el peronismo mantuvo su oposición a las políticas neoliberales del gobierno, lo que le valió deserciones, como la senadora Carolina Moisés, que aceptó ocupar el espacio que correspondía al principal interbloque opositor, que tiene 25 senadores, frente a los 21 del oficialismo. Más atrás están los radicales con 10 bancas y el PRO, con tres y luego hay varios bloques, algunos unipersonales.
 
Un principio democrático que nunca fue transgredido hasta la llegada del PRO y los libertarios, plantea que la conformación de las autoridades de cada Cámara se integre de manera proporcional. La vicepresidencia correspondía a Unión por la Patria, pero el oficialismo, aliado con otros bloques menores, dejó a la segunda minoría sin representación en el esquema de dirección del Senado.
 

27-02-2026 / 10:02
Un peritaje clave en el caso $LIBRA, que el fiscal Eduardo Taiano demoró más de la cuenta, complica al presidente Javier "el Loco" Milei y su hermana la coimera Karina, secretaria general de la Presidencia. La información surge de celulares y computadoras de dos de los involucrados en la estafa: el trader Mauricio Novelli, con quien Milei hacía rato que tenía negocios y fue el nexo con el creador de $LIBRA Hayden Davis; y Sergio Morales, que era funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mientras participaba de este entramado y es, hasta ahora, el único que renunció por este escándalo.
 
Del peritaje se desprende que Milei sabía perfectamente qué estaba haciendo cuando promocionó $LIBRA el 14 de febrero de 2025 y confirma en el expediente judicial lo que ya era evidente por el trabajo periodístico sobre el caso: que tenía una relación muy estrecha con los involucrados y el mundo cripto.
 
El otro dato fundamental del peritaje es que Novelli borró muchos mensajes de su teléfono y sólo "se hallaron dos conversaciones de WhatsApp y una de Instagram" con Milei. Es inverosímil y muestra señales de ocultamiento y encubrimiento, ya que Milei y Novelli tenían un vínculo estrecho de años, con una escuela de negocios financieros en común, presencia de el joven trader en la Casa Rosada e incluso en Olivos e incluso en la exclusiva gala de asunción del libertario en el Teatro Colón.
 
Los mensajes eliminados incluyen también al grupo de Whatsapp que compartían Novelli, Morales y Manuel Terrones Godoy, otro de los involucrados en la estafa. "Todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas", dice el peritaje. Novelli también borró mensajes con su madre y su hermana, que inmediatamente después de la estafa fueron a vaciar una caja de seguridad bancaria.
 
A su vez, en otra muestra de letargo voluntario, Taiano requirió este martes al gobierno que informe "si existe un acuerdo confidencial" entre el impulsor de $LIBRA, Hayden Davis, y Milei. Más allá de que lo más probable es que ni le contesten, lo pide tardísimo. Si había una copia en los cajones de la Casa Rosada ya pasó por la trituradora de papeles hace rato.
 
El resultado del peritaje fue elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal. En gran parte es "reservado", pero lo poco que muestran ya revela que sobran elementos para que Milei, su hermana y todos los involucrados sean, al menos, llamados a indagatoria.
 
De acuerdo a los datos que surgen del estudio de la DATIP, Milei había sido "capacitador en materia de teoría monetaria respecto de criptomonedas" en la escuela "N&W Professional Traders" de Novelli, con quien el jefe de Estado mantenía una aceitada relación. Se hallaron videos e imágenes de las clases que daba Milei. Es decir, no era un ignorante en la materia, como pretende hacer creer. Pero eso no es todo: el estudio de los teléfonos da cuenta de que Milei y su hermana mantuvieron intercambios de mensajes con el lobista Novelli, que es un actor clave en el lanzamiento de $LIBRA. 
 

26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
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24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
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