09:59 | Jueves 04 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 21-07-2020 / 11:07

CORRUPCIÓN MACRISTA: SE VIENEN LAS INDAGATORIAS DE GUILLERMO DIETRICH Y NICOLÁS DUJOVNE

Causa Peajes: los macristas Iguacel y Saravia Frías cada vez más acorralados tras ser procesados

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al ex titular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.

El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel fueron procesados por administración fraudulenta. El juez Rodolfo Canicoba Corral les trabó un embargo de 500 millones de pesos. La semana pasada ambos se negaron a declarar y recusaron al magistrado por presunta parcialidad. Este lunes, la recusación fue rechazada por el juez y los procesó sin prisión preventiva.

El juez investiga tres ejes fundamentales:
* La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.
* El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.
*La venta simulada de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A.

Saravia Frías fue el abogado histórico de la familia Macri y pasó a ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Ni bien asumió, decidió hacer lugar a la demanda de Abertis en el CIADI, y dijo que el reclamo era viable. Omitió decir que el CIADI no tenía competencia, ya que no se habían agotado las instancias jurídicas y administrativas locales. Y que, además, esos 499 millones de dólares que le pagaron fueron una cifra mucho más alta de lo que podrían haber obtenido si seguía el litigio en el tribunal internacional. Por eso es que la Justicia considera que hubo perjuicio patrimonial al Estado.

Por su parte, el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, prorrogó por 10 años las concesiones de AUSOL sin llamar a licitación y le pagó a las empresas por intermedio del Estado 500 millones por supuestas inversiones no amortizadas. Inmediatamente Macri, como parte de la empresa, vende las acciones de AUSOL a un precio muy superior.

En ese sentido, está la causa por la prórroga ilegal del plazo de los contratos de peaje en el resto de los siete corredores viales. Las concesiones a partir de abril del 2017 se vencían sí o sí y no había forma de que continuaran. Iguacel saca una resolución ad referéndum del poder ejecutivo, sin estar avalada por ningún decreto presidencial.

De este modo, la denuncia penal recae también sobre el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, lo cual deja expuesta una maniobra que refleja que las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales.

Para el resto de los corredores, Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución que les permitió continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los $30.000 millones.

La Opinión Popular

SE VIENEN LAS INDAGATORIAS DE GUILLERMO DIETRICH Y NICOLÁS DUJOVNE

Causa peajes: Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías procesados por administración fraudulenta

El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron procesados por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes.

Lo definió el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien llamó también a declaración indagatoria para este viernes al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. De esta manera, el expediente que lleva un año abierto en Comodoro Py tomo un fuerte impulso en los últimos días.

La semana pasada los dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se habían negado a declarar y recusaron al magistrado por presunta parcialidad. Este lunes, la recusación fue rechazada por el juez, los procesó sin prisión preventiva y les trabó un embargo de 500 millones de pesos.

La causa que se inició a partir de una denuncia de los diputados Rodolfo Tahilade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau investiga tres ejes fundamentales:

* La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.

* El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.

*La venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017. Las acciones fueron compradas por Natal un 400 por ciento más caras de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno.

Según la investigación, cada uno de los imputados hicieron su "aporte" desde el espacio de gestión que ocupaban. El objetivo fue beneficiar a las empresas de peajes con la prórroga de las concesiones y el reconocimiento de la deuda que reclamaban y que queda plasmada en el nuevo contrato para que la pudiera cobrar en dólares.

El rol de Saravia Frías

El ex abogado histórico de la familia Macri Saravia Frías fue quien pasó a ocupar el cargo de Procurador del Tesoro, luego de la salida intempestiva de Carlos Balbín. Ni bien asumió, el cambio de estrategia del Estado tuvo un vuelco de 180 grados.

Mientras Balbín había rechazado la demanda de Abertis en el CIADI, Saravia Frías realizó un dictamen en donde, si bien no hace el análisis técnico-económico del nuevo contrato, sí hace la evaluación jurídica y dice que el reclamo de las firmas es viable.

Al mismo tiempo omite decir que el CIADI no tenía competencia, ya que no se habían agotado las instancias jurídicas y administrativas locales.

Según su antecesor Balbín, quien declaró en la causa como testigo, la demandante no había cumplido con esos requisitos, por lo que la demanda no correspondía. Según la investigación, Saravia Frías tuvo un doble compromiso de responsabilidad: Mientras que se involucró en el expediente sobre la viabilidad del acuerdo de renegociación, él sabía que la denuncia en el CIADI no correspondía por un tema de jurisdicción y porque el reclamo de supuestas inversiones no amortizadas estaba prescripto.

Incluso había cálculos hechos por la propia Procuración que hablaban de pocas probabilidades por parte de las empresas de conseguir los mil cien millones que exigían ante el CIADI.

Y que, además, esos 499 millones de dólares fueron una cifra mucho más alta de lo que podrían haber obtenido si seguía el litigio en el tribunal internacional. Por eso es que la Justicia hoy considera que hubo perjuicio patrimonial al Estado.

El rol de Iguacel

La renegociación integral de las concesiones de ambas autopistas se volcó en un expediente administrativo que tramitaba dentro de Vialidad Nacional, bajo la dirección de Javier Iguacel. El equipo de empleados que él incorporó y con el que se desplazó a los funcionarios de carrera del organismo fue el que participó de la supuestas negociaciones. En los papeles, Iguacel es quien formalizó el acuerdo y lo elevó al entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Como ministro de Transporte, Dietrich fue quien firmó el acuerdo que hoy está en la mira de lo Justicia. De la mano de Ricardo Stoddart, ex abogado de Autopistas Del Sol que con Macri pasó a ser jefe de Jurídicos de Vialidad, fue quien anunció como un gran logro la decisión de Abertis de levantar la demanda en el CIADI.

La hipótesis es que los concesionarios, en connivencia con los funcionarios macristas, armaron esa denuncia que nunca prosperaría para justificar el cobro de los 500 millones de dólares.

En paralelo, Macri, de la mano de los procesados Iguacel y Dietrich permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes, lo que derivó en que Socma SA vendiera sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de 3 a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más.

Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces Presidente fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro. Pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.

El rol de Nicolás Dujovne

El rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores porque no realizó el informe técnico-económico sobre la conveniencia o no de las prórrogas. En cambio, se contrató a un consultor externo para que evaluara si los nuevos pliegos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda. Formalmente se llama "informe de mérito de conveniencia" que, a pesar de que lo exige la ley, no se hizo.

De esta manera, Dujovne evitó poner su firma para avalar los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la normativa vigente. Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que debía haber ocupado en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne.

Por eso, entre las medidas de prueba ordenadas en su momento por Canicoba Corral, fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.

Como parte de la estrategia de defensa, Iguacel y Saravia Frías recusaron al juez Canicoba Corral por supuesta imparcialidad. Según argumentaron, la carta de renuncia del juez --presentada el lunes pasado ante el Poder Ejecutivo-- muestra pérdida de objetividad.

En el texto, Canicoba Corral dijo que fue perseguido durante el Gobierno de Mauricio Macri y que se jubila el próximo 29 de Julio, cuando cumpla los 75 años, porque siente "hastío" por las embestidas que asegura haber sufrido durante los últimos cuatro años.

Los ahora procesados ex funcionarios alegan que el juez ya no puede ser parcial porque ellos formaron parte de la gestión a la que Canicoba acusó de amedrentarlo. El magistrado rechazó la recusación y ahora la Cámara Federal tiene 48 hs para resolverla. Interviene la Sala 2, cuyo titular es Martín Irurzun.

Por Sofía Caram

Fuente: Página12

04-12-2025 / 08:12

Las 11 muertes del peronismo

Martillar el último clavo en el ataúd que encierra el cadáver del peronismo es una causa nacional que pronto cumplirá 80 años. Ahí, en 1946, radica la "cifra redonda", el año fundacional, tanto del peronismo como movimiento de masas como del antiperonismo como irrenunciable leit motiv de buena parte de la sociedad argentina. Y así venimos desde hace décadas, matando al peronismo, dándolo por finiquitado, y asistiendo a sus múltiples y polifacéticas resurrecciones.

Como un destino nacional inexorable; "el hecho maldito del país burgués" que definió John William Cooke. En ese itinerario pueden indentificarse 11 muertes del peronismo, 11 episodios que el antiperonismo festejó como un Mundial para, poco después, volver a empezar.

Pero, ¿qué sería del antiperonismo, buceando ya en profundidades ontológicas, si el peronismo realmente muriera? Si combatir al peronismo en todas sus formas -rechazarlo, denostarlo y condenarlo- es la razón de ser de tantos argentinos, ¿qué vendría después? ¿Qué verían al asomarse a ese abismo nietzscheano que nos habita y nos acecha cuando el monstruo de afuera ya no esté?

La flamante victoria de La Libertad Avanza generó todo tipo de conjeturas sobre el futuro de un peronismo enredado en la miseria de sus internas y carente de una propuesta alternativa, capaz de seducir a una ciudadanía desencantada. Lo llamativo es que este contexto crítico se replicó en varias ocasiones desde los años 50 a la fecha y generó los mismos efectos.

"Ahora sí, este es el fin del peronismo", es un título redactado en numerosas ocasiones, siempre listo y nunca definitivo. Será porque los intentos por "matar" al peronismo han adoptado distintas formas: la proscripción, la represión, la fragmentación interna, la debacle económica, la derrota electoral. Cada uno de esos embates reforzó, de una manera u otra, su condición de fenómeno político persistente.

Los siguientes 11 episodios -las 11 muertes- lo ejemplifican.

1) 26 de julio 1952. La que fallece es Eva Duarte, "Jefa Espiritual de la Nación" y estandarte del "primer peronismo", cuando el país -al decir de Félix Luna- era una fiesta. Después de Evita, ¿qué?, era la pregunta. Las pintadas celebratorias repartidas por Buenos Aires ("viva el cáncer") expresaban el anhelo de que esa muerte de carne y hueso fuera el simbólico inicio de otra muerte, la de Perón, la de su gobierno y la de todo lo que el peronismo representaba. Muchos lo creyeron así.

2) 16 de septiembre de 1955. Golpe de Estado. Revolución Libertadora (para los peronistas, la "fusiladora"). Es el comienzo de una gigantesca operación cultural: la desperonización de la Argentina. La proscripción del peronismo y el exilio de 18 años de su líder son la punta del iceberg. Se demuelen estatuas, se destruyen bustos, se queman cuadros, se borra todo vestigio de peronismo al punto de prohibir, por ley, que se lo nombre en público. Pero en lugar de matarlo, lo que lograron fue fortalecer la identidad, al punto de que el sólo hecho de ser peronista se convirtió en un acto de resistencia.

03-12-2025 / 10:12

Donald Trump, el genocida Benjamín Netanyahu y Javier Milei avalan la tortura

No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.

El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.

La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.

El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.

Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.

Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".

Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".

Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".

03-12-2025 / 10:12

La coimera Karina quiere que Milei la elija sucesora como hizo Néstor con Cristina

Karina "la Coimera" Milei sueña con que su hermano la elija como sucesora como hizo Néstor Kirchner con Cristina en 2007 en una maniobra que le permitió al kirchnerismo quedarse en el poder durante 12 años. "Hay que ir por la reelección de Javier Milei", aclaró en Mar del Plata, en el congreso libertario que encabezó frente a 300 personas, pese a que esperaban más de 700. Pero lo que no dijo es que ella se plantea como sucesora de su hermano, en el 2027 o en el siguiente turno electoral.

"Ella quiere que Milei la elija como sucesora, como hizo Néstor con Cristina", explicó un dirigente libertario al tanto de los planes de la hermana presidencial. En el mismo acto se difundió la creación de un "comité de disciplina" de La Libertad Avanza, que tendrá tolerancia cero a las individualidades. Entre los libertarios dijeron que el comité servirá como una suerte de Mazorca de Karina para tener a raya a todo el partido, en especial a los influencers como el Gordo Dan, el cabecilla de Las Fuerzas del Cielo que agrupa a los seguidores de Santiago Caputo.

Justamente el Gordo Dan ofició durante los primeros dos años de mandato de Milei como un guardián de la pureza libertaria y fue quien hizo echar a varios funcionarios que se corrieron de la línea. Karina quiere ser la única en detentar ese poder. Además, no quiere que los ministros, diputados y senadores vayan a la televisión sin su supervisión previa.

La visión policial de la política que despliega Karina ya es motivo de preocupación entre importantes dirigentes libertarios y llegó a impactar en el Congreso. "Patricia Bullrich le tiene terror a Karina", afirmó un importante dirigente libertario.

La hermana de Milei ahora tiene en mira el ministerio de Justicia como el próximo lugar para colonizar. Karina le pidió a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el ministerio luego de las elecciones pese a que ya había presentado una carta con su renuncia. El objetivo era darse un tiempo para definir su sucesor.

Ahora, Karina quiere que el puesto de Cúneo lo ocupe Santiago Viola. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y era su candidato para la secretaría Legal y Técnica antes de que Santiago Caputo acercara a María Ibarzábal Murphy, quien se ganó la confianza de Milei y es una pieza clave del gabinete. Pero los tiempos cambiaron y la obsesión de Karina por la Justicia creció desde el caso Libra y las coimas de la Andis, que la tienen en el centro de las investigaciones de la justicia federal.

Estos movimientos forman parte, según los libertarios, de un objetivo mayor para Karina, que es el de entrar a la fórmula presidencial en el futuro. Milei repite que su jefe es su hermana y por eso en el gobierno no descartan que Karina pida dar el salto en 2027.

La semana pasada, Karina se apersonó en el Senado para dar una demostración de poder en la Cámara en la que acaba de entrar Patricia Bullrich, otra de las figuras del gobierno con aspiraciones a entrar en la fórmula presidencial, pero que teme a la hermana de Milei.

Karina es la persona de este gobierno que tiene peor imagen, se la asocia a la corrupción. Su figura, cada vez más central dentro de la estructura de poder, es parte del debate sobre quién toma las decisiones en la gestión nacional. De hecho, las encuestas ya están evaluando la percepción sobre quién gobierna realmente: Javier Milei o su hermana, la secretaria general de la Presidencia.

La Opinión Popular

01-12-2025 / 09:12

Un escenario bizarro: La macrista Marilú Quiroz, el Congreso y la chatura del debate público

En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.

Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.

Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.

¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?

Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?

La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.

Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.

Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.

Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.

30-11-2025 / 12:11

Una línea une el negacionismo de los antivacunas con el negacionismo de quienes reivindican a los genocidas del terrorismo de Estado

La concentración de fachos en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores fue un fracaso. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro-dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó para avisarles que estaba llegando la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.

El que recibió el mensaje fue Guillermo Sottovia, uno de los organizadores de la movida fallida, que dice ser piloto civil e hijo de un oficial de la Aeronáutica. A Sottovia no le quedó más remedio que agarrar el megáfono maltrecho que tenían e iniciar la retirada. -Nos tenemos que ir, no por cobardes, sino para demostrar que ellos son los violentos -dijo.

Hasta segundos antes, Sottovia había estado a los abrazos con Carlos Pampillón, el dirigente neonazi marplatense procesado por atacar un monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pampillón palmeaba a algunos hombres con uniformes y los llamaba "héroes" mientras se abría paso por la Plaza de Mayo.

Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse: no solo en oposición a las Madres de Plaza de Mayo sino porque también dice estar de "luto" por los represores presos.

Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.

Tanto Asunción como su hermano, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit, suelen visitar a los condenados y procesados por secuestrar, torturar y desaparecer personas. Ella sostiene que no solo hay que pedirle al gobierno de Javier "el Loco" Milei por su libertad, sino también reivindicar su accionar represivo.

"La esperanza es lo último que se pierde", dijo la mujer que pululó por distintas organizaciones pro-dictadura. "De hecho podemos estar haciendo este reclamo. Si fuera con otro gobierno, ya estaríamos presos", concedió, aunque no esconde su desazón porque la administración de La Libertad Avanza (LLA) no hizo más para tener al genocida Alfredo Astiz y compañía fuera de las cárceles.

Conformaron un grupúsculo que se dio en llamar Unidos por la Sangre Derramada, pero, en realidad, lo que derramaron fueron peleas internas. Hasta hace diez días, Orlando González se presentaba como el coordinador general de la iniciativa. El tema se complicó cuando se contó quién era el personaje: un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua y que se encuentra en arresto domiciliario. Aficionado a la fotografía, el "Hormiga" González solía retratar a sus víctimas.

En Plaza San Martín se hicieron grandes actos para oponerse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y para reclamar una amnistía general. Las concentraciones eran mucho más nutridas que las de este sábado en Plaza de Mayo. Pese a eso, con megáfono en mano, Sottovia afirmaba: "Tenemos poder ahora de cambiar la historia. Nunca se hizo un acto como éste". Patético.

La Opinión Popular