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Nacionales - 21-07-2020 / 11:07
CORRUPCIÓN MACRISTA: SE VIENEN LAS INDAGATORIAS DE GUILLERMO DIETRICH Y NICOLÁS DUJOVNE

Causa Peajes: los macristas Iguacel y Saravia Frías cada vez más acorralados tras ser procesados

Causa Peajes: los macristas Iguacel y Saravia Frías cada vez más acorralados tras ser procesados
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al ex titular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.
El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel fueron procesados por administración fraudulenta. El juez Rodolfo Canicoba Corral les trabó un embargo de 500 millones de pesos. La semana pasada ambos se negaron a declarar y recusaron al magistrado por presunta parcialidad. Este lunes, la recusación fue rechazada por el juez y los procesó sin prisión preventiva.
 
El juez investiga tres ejes fundamentales:
* La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.
* El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.
*La venta simulada de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A.
 
Saravia Frías fue el abogado histórico de la familia Macri y pasó a ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Ni bien asumió, decidió hacer lugar a la demanda de Abertis en el CIADI, y dijo que el reclamo era viable. Omitió decir que el CIADI no tenía competencia, ya que no se habían agotado las instancias jurídicas y administrativas locales. Y que, además, esos 499 millones de dólares que le pagaron fueron una cifra mucho más alta de lo que podrían haber obtenido si seguía el litigio en el tribunal internacional. Por eso es que la Justicia considera que hubo perjuicio patrimonial al Estado.
 
Por su parte, el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, prorrogó por 10 años las concesiones de AUSOL sin llamar a licitación y le pagó a las empresas por intermedio del Estado 500 millones por supuestas inversiones no amortizadas. Inmediatamente Macri, como parte de la empresa, vende las acciones de AUSOL a un precio muy superior.
 

 
En ese sentido, está la causa por la prórroga ilegal del plazo de los contratos de peaje en el resto de los siete corredores viales. Las concesiones a partir de abril del 2017 se vencían sí o sí y no había forma de que continuaran. Iguacel saca una resolución ad referéndum del poder ejecutivo, sin estar avalada por ningún decreto presidencial.
 
De este modo, la denuncia penal recae también sobre el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, lo cual deja expuesta una maniobra que refleja que las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales.
 
Para el resto de los corredores, Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución que les permitió continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los $30.000 millones.
 
La Opinión Popular
 
 
SE VIENEN LAS INDAGATORIAS DE GUILLERMO DIETRICH Y NICOLÁS DUJOVNE
 
Causa peajes: Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías procesados por administración fraudulenta
 
El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron procesados por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes.
 
Lo definió el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien llamó también a declaración indagatoria para este viernes al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. De esta manera, el expediente que lleva un año abierto en Comodoro Py tomo un fuerte impulso en los últimos días.
 
La semana pasada los dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se habían negado a declarar y recusaron al magistrado por presunta parcialidad. Este lunes, la recusación fue rechazada por el juez, los procesó sin prisión preventiva y les trabó un embargo de 500 millones de pesos.
 
La causa que se inició a partir de una denuncia de los diputados Rodolfo Tahilade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau investiga tres ejes fundamentales:
 
* La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.
 
* El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.
 
*La venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017. Las acciones fueron compradas por Natal un 400 por ciento más caras de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno.  
 
Según la investigación, cada uno de los imputados hicieron su "aporte" desde el espacio de gestión que ocupaban. El objetivo fue beneficiar a las empresas de peajes con la prórroga de las concesiones y el reconocimiento de la deuda que reclamaban y que queda plasmada en el nuevo contrato para que la pudiera cobrar en dólares.
 
 
El rol de Saravia Frías
  
El ex abogado histórico de la familia Macri Saravia Frías fue quien pasó a ocupar el cargo de Procurador del Tesoro, luego de la salida intempestiva de Carlos Balbín. Ni bien asumió, el cambio de estrategia del Estado tuvo un vuelco de 180 grados.
 
Mientras Balbín había rechazado la demanda de Abertis en el CIADI, Saravia Frías realizó un dictamen en donde, si bien no hace el análisis técnico-económico del nuevo contrato, sí hace la evaluación jurídica y dice que el reclamo de las firmas es viable.
 
Al mismo tiempo omite decir que el CIADI no tenía competencia, ya que no se habían agotado las instancias jurídicas y administrativas locales.
 
Según su antecesor Balbín, quien declaró en la causa como testigo, la demandante no había cumplido con esos requisitos, por lo que la demanda no correspondía. Según la investigación, Saravia Frías tuvo un doble compromiso de responsabilidad: Mientras que se involucró en el expediente sobre la viabilidad del acuerdo de renegociación, él sabía que la denuncia en el CIADI no correspondía por un tema de jurisdicción y porque el reclamo de supuestas inversiones no amortizadas estaba prescripto.
 
Incluso había cálculos hechos por la propia Procuración que hablaban de pocas probabilidades por parte de las empresas de conseguir los mil cien millones que exigían ante el CIADI.
 
Y que, además, esos 499 millones de dólares fueron una cifra mucho más alta de lo que podrían haber obtenido si seguía el litigio en el tribunal internacional. Por eso es que la Justicia hoy considera que hubo perjuicio patrimonial al Estado.
 
 
El rol de Iguacel
  
La renegociación integral de las concesiones de ambas autopistas se volcó en un expediente administrativo que tramitaba dentro de Vialidad Nacional, bajo la dirección de Javier Iguacel. El equipo de empleados que él incorporó y con el que se desplazó a los funcionarios de carrera del organismo fue el que participó de la supuestas negociaciones. En los papeles, Iguacel es quien formalizó el acuerdo y lo elevó al entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
 
Como ministro de Transporte, Dietrich fue quien firmó el acuerdo que hoy está en la mira de lo Justicia. De la mano de Ricardo Stoddart, ex abogado de Autopistas Del Sol que con Macri pasó a ser jefe de Jurídicos de Vialidad, fue quien anunció como un gran logro la decisión de Abertis de levantar la demanda en el CIADI.
 
La hipótesis es que los concesionarios, en connivencia con los funcionarios macristas, armaron esa denuncia que nunca prosperaría para justificar el cobro de los 500 millones de dólares.
 
En paralelo, Macri, de la mano de los procesados Iguacel y Dietrich permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes, lo que derivó en que Socma SA vendiera sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de 3 a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más.
 
Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces Presidente fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro. Pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.
 
 
El rol de Nicolás Dujovne
 
El rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores porque no realizó el informe técnico-económico sobre la conveniencia o no de las prórrogas. En cambio, se contrató a un consultor externo para que evaluara si los nuevos pliegos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda. Formalmente se llama "informe de mérito de conveniencia" que, a pesar de que lo exige la ley, no se hizo. 
 
De esta manera, Dujovne evitó poner su firma para avalar los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la normativa vigente. Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que debía haber ocupado en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne.
 
Por eso, entre las medidas de prueba ordenadas en su momento por Canicoba Corral, fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.
 
Como parte de la estrategia de defensa, Iguacel y Saravia Frías recusaron al juez Canicoba Corral por supuesta imparcialidad. Según argumentaron, la carta de renuncia del juez --presentada el lunes pasado ante el Poder Ejecutivo-- muestra pérdida de objetividad.
 
En el texto, Canicoba Corral dijo que fue perseguido durante el Gobierno de Mauricio Macri y que se jubila el próximo 29 de Julio, cuando cumpla los 75 años, porque siente "hastío" por las embestidas que asegura haber sufrido durante los últimos cuatro años.
 
Los ahora procesados ex funcionarios alegan que el juez ya no puede ser parcial porque ellos formaron parte de la gestión a la que Canicoba acusó de amedrentarlo. El magistrado rechazó la recusación y ahora la Cámara Federal tiene 48 hs para resolverla. Interviene la Sala 2, cuyo titular es Martín Irurzun.
 
Por Sofía Caram
 
Fuente: Página12 
 

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08-08-2020 / 11:08
08-08-2020 / 10:08
"La negociación se parece a la cuarentena: es mucho más larga de lo que requería el problema", fue el comentario despectivo de Alfonso Prat Gay sobre el ministro Martín Guzmán que negociaba una deuda imposible de pagar cuya mayor parte fue tomada durante su gestión.
 
El ex ministro de Mauricio Macri rompió todas las marcas al demostrar que su impericia en el manejo de la economía hubiera sido peor como infectólogo. Cosas veredes amigo Sancho, que nunca crederes: un ex ministro que critica al que resolvió el desastre que él creó, más un sector de la oposición que apostó al fracaso de la negociación y al desborde de la pandemia.
 
La chorrada de críticas que recibió Guzmán mientras negociaba la deuda provenía de estos personajes. "Se podría haber logrado un acuerdo mejor", dijo el caradura de Prat Gay en otras declaraciones. Cuando le tocó negociar con los fondos buitres, Prat Gay les pagó más de lo que habían reclamado. Eso sí: en tiempo récord.
 
Si lo que quería Prat Gay era sobreendeudar al país, fue el mejor ministro de Economía de la historia. ¿Y los argentinos? bien gracias. Pero después de esa performance más que desastrosa, la corporación de medios y sectores empresarios y de las finanzas lo siguen tomando como referente de consulta.
 
Se confirma esa visión que apuntó Jorge Alemán sobre un discurso de la política como especie de locura sin anclaje en la realidad. Se contrapone a la realidad. En esa nueva racionalidad de la derecha, el que se guía por la realidad resulta un fanático que se niega al discurso mágico.
 
Los medios y periodistas de derecha le van a preguntar a Prat Gay porque lo escucha un empresario aunque perdió plata, así como lo escuchan comerciantes que se fundieron con sus medidas. Desconfían del muchacho de 38 años que les salvó la vida porque es académico y votarían de nuevo al que los llevó a la ruina.
 

07-08-2020 / 10:08
Aunque hace tiempo que nadie en el poder se lo toma demasiado en serio ni le pide opinión, Guillermo Moreno pudo haber sido la excepción que confirmara la regla. El acuerdo que enhebró Martín Guzmán con los acreedores privados para aplazar y aliviar los pagos de la deuda jamás haría desdecirse al pintoresco exsecretario de Comercio, quien semanas atrás vaticinó que fracasaría porque le faltaba "haber pateado más la calle".
 
En el mundo empresario, entre los apostadores bursátiles y entre los consultores más cotizados de la City, en cambio, no hubo ningún reparo para la pirueta: hasta quienes le pedían el mes pasado a Alberto Fernández que lo eche -en público y en privado- se vistieron de guzmanistas de la primera hora. Todos salieron a gritar el gol que añoraban tanto la hinchada como el técnico, aun cuando está lejos de haber definido el partido.
 
Puertas adentro de la coalición, el primero en cantarlo fue Sergio Massa, quien no solo había convocado varias veces durante abril y mayo a su propio gabinete económico para interconsultas sino quien además entabló diálogos paralelos con Wall Street que obligaron al Presidente a avisar en tres ocasiones que el único interlocutor oficial era Guzmán.
 
Pasado pisado: tanto se apuró el jefe de Diputados en sacar pecho por el entendimiento que incluso primereó a Fernández. Pidió disculpas.
 
El recorrido de Guzmán antes del cierre de las negociaciones reflejó fielmente el equilibrio de fuerzas en el Frente de Todos
 

07-08-2020 / 10:08
En plena recesión y en medio del proceso de flexibilización de las restricciones por la pandemia, el debate sobre cómo sería la recuperación de la economía toma vigencia. ¿Cómo será? ¿Un dibujo en V? ¿Será acaso más apaisada? ¿O la Argentina estará condenada a convivir con una L, en el mejor de los casos, castigada por la crisis permanente?
 
Ese debate se mezcla con la política. María Eugenia Vidal, por caso, levantó el perfil público el jueves por la mañana en un "zoom" en el que planteó -en base a su economista de cabecera, Hernán Lacunza, que la economía caerá este año un 12%, pero que en 2021 no podrá recuperar lo perdido.
 
Más optimista, el economista Emmanuel Álvarez Agis -cercano ideológicamente a la Casa Rosada- cree que la actividad se recuperará pero para asegurarlo reclama una mayor y decisiva participación del Estado, a través del gasto público.
 
"Ahora que arreglamos con los acreedores llegó el momento de gastar. En la pandemia, hay que gastar más. El Estado argentino gasta la mitad que su par de Chile o Perú. Y mucho menos que Brasil", argumenta Agis.
 
Desde Economía se aboga por un ordenamiento fiscal, de cara a las inminentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero no sólo por eso. Martín Guzmán demostró desde un primer momento que valora la cautela a la hora de programar el gasto público, lo que quedó a la vista cuando se suspendió la actualización automática de las jubilaciones.
 
En el Gobierno creen que esta semana fue la mejor desde que Alberto Fernández se puso la banda presidencial.
En el equipo económico sospechan que la buena onda perdurará. Y no lo avalan por una cuestión de fe religiosa. Los funcionarios comparten algunos de los datos positivos de la actividad, que los sorprendió gratamente a ellos mismos.
 
Juzgan, sin temor a hacerlo con premura, que se trata de los primeros indicios de una recuperación veloz. Incluso destacan la "V corta" de la palabra "veloz".
 

06-08-2020 / 11:08
La valiente fiscal Gabriela Boquin, quien llevó adelante la acusación contra la familia Macri en la causa Correo Argentino, denunció este miércoles ante una comisión bicameral que una empleada de su fiscalía "le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa al diputado (del Pro) Pablo Tonelli" y que al denunciar esa situación ante su superior, el Procurador interino, Eduardo Casal, "no tomó ninguna medida al respecto".
 
Boquin expuso este miércoles ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. La semana pasada, Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, le inició un sumario administrativo por supuesto maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía.
 
La comisión bicameral tiene previsto volver a reunirse en diez días para tratar una serie de denuncias y pedidos de juicio político contra Casal por supuestas arbitrariedades en traslados y medidas disciplinarias contra fiscales que investigaban al macrismo.
 
En su presentación, la fiscal Boquin, que interviene en una de las causas más complicadas para el ex presidente y su familia, dijo: "Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, a una de las testigos el traslado lo pedí yo".
 
Y amplió Boquin que realizó ese pedido "por falta de confianza" de la empleada de su fiscalía tras "descubrir que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli".
 
"Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli estaban relacionados con su propia vinculación en la causa porque cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino", agregó la fiscal. 
 

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