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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 19-07-2020 / 08:07

Las políticas de Alberto frente a las trabas del establishment

Las políticas de Alberto frente a las trabas del establishment
La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. “Su” formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias. Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo.
La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. "Su" formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias.
 
Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo. El jujeño Gerardo Morales y el chaqueño Jorge Capitanich enalteciendo la llegada de profesionales de la salud de otras provincias para capacitar y ayudar. Una valiosa iniciativa que Alberto activó personalmente en la que cooperaron varios gobernadores. El cordobés Juan "Gringo" Schiaretti fue especialmente aludido por Morales y Capitanich.
 
De todas maneras, los anuncios caen en un mal momento del gobierno nacional con dudas en lo sanitario, agotamiento social respecto de las "cuarentenas". Envuelto en debates promovidos por la oposición y desde el interior del Frente de Todos (FT). Se pone en cuestión hasta si es bueno debatir dentro de la coalición gobernante. Fernández responde reivindicando el diálogo.
 
La controversia es consustancial al sistema democrático, a las coaliciones y al propio peronismo. Este cronista piensa que la polémica sobre el diálogo --cuando interpela a un oficialismo-- exige ponderar sus resultados concretos. La famosa gestión, las realizaciones.
 
Alberto compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados, peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.
 

 
Cualquier equipo de gobierno es una máquina de comunicar cuyas herramientas se oxidan velozmente porque tiene adversarios o enemigos que también juegan. También porque en la galaxia del info-entretenimiento el que se repite termina por aburrir más pronto que tarde.
 
Alberto Fernández delega poco esas funciones y va sufriendo en mayor medida lo que le pasó entre los dos debates presidenciales: arrasó en el primero, empató apenas o perdió por puntos en el segundo.
 
La ventaja comparativa (el hábitat) de los poderes ejecutivos son las políticas públicas, las decisiones, los logros, lo que concreta. Realizar es mejor que prometer. Prometer y no realizar... un bajón.
 
Sin ir más lejos, la sucesión de tácticas fallidas respecto de la cerealera Vicentin cementó un camino seguro hacia el desprestigio. El Presidente lo acentuó cuando asumió un error de cálculo inicial: tras esa confesión cuesta hasta entender qué quiso hacer en cada movimiento. Un golazo en contra, error no forzado.
 
La acción política del gobernante se juzga con parámetros bilardistas: más por resultados que por intenciones. La suma algebraica de avances y retrocesos, sopesadas según los intereses, las ideologías o los alineamientos de cada cual.
 
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Los diversos frentes
 
El Presidente recibió un legado penoso de su antecesor, Mauricio Macri. Pobreza y desempleo récords, onda 50 por ciento de capacidad industrial instalada funcionando, estanflación y deuda externa sideral en default.
 
La vieja normalidad conjugaba desigualdad, concentración de la riqueza, evasión exorbitante, gente con hambre. El coronavirus rebasó el vaso.
 
AF encara varios frentes simultáneos: la salud, la economía, la deuda interna, el canje con los bonistas privados. Compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Compite, básicamente, con lo que (a falta de expresión más certera) llamaremos la realidad.
 
Retomamos a nuestro modo, un argumento desarrollado ayer en este diario por el colega David Cufré. El rumbo elegido por AF es correcto, la velocidad es discutible.
 
Hablemos de la segunda fase de la gestión, signada por la covid-19. Los aciertos más rotundos se miden en plata, en gasto social expandido. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alivia a nueve millones de personas. Va por su tercer pago. Los ATP solventan hasta la mitad de los sueldos de trabajadores formales. Se reparten en todo el país.
 
Los gobernadores --sin sobreactuar, gritar ni dejar dudas-- clamaron ante el Presidente para que el IFE III reprodujera al IFE II. Sin retoques a la baja para regiones menos castigadas que el AMBA, Chaco, Gran Córdoba, Gran Rosario. Conocen sus terruños, sopesan cuánto suma la transferencia federal.
 
La distribución del IFE releva y revela la inequidad argentina. La palia parcialmente. Lo perciben más mujeres que hombres, más jóvenes que adultos, una cifra impactante de informales. Llega a todas las provincias pero, si se colorea el mapa por densidad de población, el NOA y el NEA reciben más ayudas, la Patagonia algo menos, la Ciudad Autónoma poco. Nunca nada, eeeh.
 
Un sentido "ecuménico" define a los salvatajes del ATP. Vale para megaempresas y Pymes. Se procura preservar todos los puestos de trabajo, minimizar los despidos, mantener viva la capacidad instalada. Dejar de lado a los grandes jugadores contravendría el objetivo esencial. El rumbo consiste en no ajustar mediante despidos. Jamás se conseguirá en un cien por ciento, los primeros guarismos sobre empleo lo comprueban.
 
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Mucha plata, poca guita
 
Las transferencias de ingresos son fabulosas, sin precedentes. La emisión monetaria, sideral. No alcanzan, claro, a curar la malaria. De cualquier manera, el porcentaje argentino del PBI destinado a esos fines resulta menor al de los países de la Unión Europea (UE) y aún al de naciones vecinas. Comparar con el Primer Mundo carece de sentido: Argentina juega en ligas menores.
 
El cotejo con países de la región nos deja rezagados. Como en viejos-malos chistes conviven una buena noticia y una mala. La mala es que estamos en default: los vecinos tienen mayores reservas y capacidad para pedir créditos.
 
La buena consiste en el piso precedente de protección social argentino incomparablemente superior en la comparación regional. Jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH), obras sociales, sistemas educativos y de salud gratuitos, programa Remediar, medicamentos para los afiliados a PAMI, Progresar... siguen las firmas. Esa base, hija de los gobiernos nacionales y populares, coadyuva a las medidas de emergencia.
 
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Para miles, no para dos
 
La ampliación de la moratoria de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encara en el mismo sentido. Macri encontró el Estado con baja deuda y una sociedad civil no agobiada. Equiparó para mal...
 
La dupla pandemia-cuarentena potenció el universo de contribuyentes morosos. Van desde los capos del capitalismo hasta personas humanas. En cifras tentativas, a ojímetro, llegarían a 900 mil.
 
La nueva moratoria les da una oportunidad a peces grandes y diminutos. Otorga distintas condiciones, más livianas para los menos poderosos: plazos más prolongados, tasas de interés menores.
 
Retoma condicionalidades establecidas en los ATP. Durante 24 meses no podrán distribuir utilidades, realizar pagos en dólares en concepto de regalías a empresas vinculadas en el exterior y operar con títulos públicos para evadir la normativa cambiaria.
 
Los "dueños de la Argentina" reaccionaron furibundos cuando se les demarcaron dichos límites menores a los que rigen en Francia o Canadá. Una cosa es ayudarlos a solventar sueldos. Muy otra ayudarlos a lucrar en medio de la crisis.
 
Se ignora, a priori, cuántos contribuyentes ingresarán a la moratoria. Decenas de miles, como poco. Centenares de miles tal vez. Este cronista apuesta un almuerzo a los números con cinco ceros. Habrá que ver.
 
La Vulgata mediática clama alegando que la jugada es un traje a medida para las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. El Gobierno, se enardece, quiere esconder un elefante entre millares... Macanean, apelan un bluf para "bajarle el precio" a una medida imprescindible.
 
Moratorias anteriores, en 2001, 2009 y 2016 (Macrilandia) incluían impuestos a las transferencias de combustibles y a los juegos de azar. Esos rubros, hoy y no entonces, son demonizados.
 
La indignación se expande porque se les otorga una oportunidad a empresas o personas con concurso preventivo o quiebras. Consignemos que es buena nueva para el Curreo de la famiglia Macri o para Vicentin. Y que, más vale, no libera a nadie de otras deudas con acreedores estatales.
 
Retomemos el hijo de Ariadna, el diálogo con el establishment.
 
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La costumbre de pedir y no dar
 
El gran empresariado amarrocó los beneficios estatales. Rehusó explicitar apoyos durante la firme negociación del canje de deuda.
 
Atávicamente piden pero no (se) ponen. Reclaman peor de lo mismo: pagar menos impuestos, aliviarse de cargas sociales. Flexibilizar las relaciones laborales, como en los 90 o en la etapa macrista.
 
La Cámara Argentina de la Construcción mociona un blanqueo de capitales para invertir en construcción privada, sin pagar un centavo de lo evadido.
 
Tras concurrir a Olivos, el G-6 introduce en el debate del proyecto de ley sobre trabajo a distancia. Nada dijeron en Diputados, la cámara de origen, aquella en la que suele darse la participación. La propuesta se aprobó con mayoría multipartidaria, bien amplia. Consagra derechos mínimos, razonables, que fueron consensuados atenuando las demandas sindicales.
 
Una norma marco, un piso supeditado a correcciones en convenios colectivos, según rama de actividad. Los patrones se oponen a que haya límites de horarios, que se preserve la privacidad, que laburantes puedan pedir la reversión de la modalidad volviendo a la presencial.
 
Los dueños alegan que así no se "promueve" la modalidad. En cierto sentido tienen razón; las circunstancias promueven, la ley apunta a regular. Todo lo no regulado está implícitamente legislado a favor del más fuerte, escribió en la piedra Raúl Scalabrini Ortiz.
 
Los remedios de la emergencia dejan intacto al statu quo precedente. La catástrofe impone mecanismos correctos para atemperar la caída pero nulos para bosquejar un capitalismo más justo.
 
La democracia es un sistema reformista, de tranco lento con mecanismos de negociación permanente. Pero, para modificar correlaciones de fuerza, existe el recurso al número o al poder. Se legisla, se vota, se litiga en los tribunales, se "les tira encima" la opinión pública o la movilización a los dueños del poder. De conflictos se trata, no suelen zanjarse en conversatorios. Menos con la clase dominante autóctona.
 
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Precios y concentración
 
La lucha contra la inflación define una zona gris de la acción gubernamental. Eficaces el cepo y los congelamientos de tarifas. Fallido el abanico de medidas para bajar los precios, en especial los de alimentos. La Ley de Góndolas no se concreta. Tampoco se cumplen los precios máximos, supuestamente defendidos por el control de la AFIP, los intendentes y hasta una insinuación de control ciudadano.
 
La concentración de la oferta de productos básicos explica en parte el fracaso parcial. Tal vez existan déficit de gestión que el Gobierno debería repasar con rigor y autocrítica. Las limitaciones forzadas por la pandemia apuntalan la ley del más fuerte.
 
El azote sanitario arroja un saldo de ganadores y perdedores, bastante similar al de febrero de 2020. Los hipermercados reabrieron pronto, supuestamente, para vender bienes esenciales: alimentos, productos de limpieza, alcohol en gel. Sumaron vestimenta, productos de librería, juguetería. Prosperaron y les restaron clientela a los pequeños comercios que llegaron después.
 
Emprendimientos como Mercado Pago atraviesan una fiesta en detrimento de los pequeños comerciantes a quienes sacan una tajada grossa y de los clientes.
 
Las plataformas como Rappi se enriquecen agravando la explotación a los laburantes.
 
El darwinismo económico goza de inmunidad frente al coronavirus. Nada parecido a una concertación, a concesiones mutuas de derechos se ha plasmado en estos meses crueles.
 
El Concejo Económico Social podría ser un instrumento para institucionalizar los debates, para exponerlos a la luz del día, para contraponer organizaciones sociales y gremios a las centrales empresarias. Las tertulias intermitentes no suplen instancias de ese tipo. El Congreso es un espacio para dirimir diferencias que no es sencillo zanjar en tertulia.
 
Los proyectos prometidos por el Presidente el 10 de diciembre y el primero de marzo ante la Asamblea Legislativa demoran en llegar al recinto. Abundan trabas prácticas y obstrucciones opositoras que, empero, "están en el inventario". Con el poder del Estado y la legitimidad ganada en las elecciones y en el ejercicio, el Ejecutivo debería evaluar si no median también carencias propias.
 
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Ampliaciones y desventajas
 
En la entrevista realizada en esta edición por Nora Veiras y Victoria Ginzberg, Alberto Fernández anuncia que el proyecto de Reforma Judicial se enviará al Congreso la semana que viene tras siete meses de cocción. La Interrupción Voluntaria del Embarazo espera su momento.
 
El impuesto a las grandes fortunas llegará, sería un gran gesto que los diez mil multimillonarios más multimillonarios dieran su anuencia. Argentina año verde; gemirán, irán a los tribunales, repartirán bienes materiales y simbólicos a "constitucionalistas" y opineitors.
 
Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.
 
El relativo y ojalá perdurable éxito de la cuarentena para ahorrar contagios y muertes opera un resultado paradójico típico de las políticas preventivas. No hay modo de contar las muertes evitadas como sucedería, por caso, en un naufragio o en un rescate de rehenes. Las víctimas virtuales son incontables. Los críticos pueden argüir que serían pocos. He ahí un karma para los actuales gobernantes que de todas maneras se consagran a minimizar daños.
 
La salida económica de la crisis diseña un escenario en disputa. Un conflicto entre quienes quieren volver al pasado sin retoques o aún aprovechar las necesidades de la clase trabajadora por un lado. Del otro, quienes intentan promover un porvenir más justo cuando la peste deje margen. El lugar del gobierno popular no es neutral ni está en el medio.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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