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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 19-07-2020 / 08:07

Las políticas de Alberto frente a las trabas del establishment

Las políticas de Alberto frente a las trabas del establishment
La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. “Su” formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias. Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo.
La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. "Su" formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias.
 
Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo. El jujeño Gerardo Morales y el chaqueño Jorge Capitanich enalteciendo la llegada de profesionales de la salud de otras provincias para capacitar y ayudar. Una valiosa iniciativa que Alberto activó personalmente en la que cooperaron varios gobernadores. El cordobés Juan "Gringo" Schiaretti fue especialmente aludido por Morales y Capitanich.
 
De todas maneras, los anuncios caen en un mal momento del gobierno nacional con dudas en lo sanitario, agotamiento social respecto de las "cuarentenas". Envuelto en debates promovidos por la oposición y desde el interior del Frente de Todos (FT). Se pone en cuestión hasta si es bueno debatir dentro de la coalición gobernante. Fernández responde reivindicando el diálogo.
 
La controversia es consustancial al sistema democrático, a las coaliciones y al propio peronismo. Este cronista piensa que la polémica sobre el diálogo --cuando interpela a un oficialismo-- exige ponderar sus resultados concretos. La famosa gestión, las realizaciones.
 
Alberto compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados, peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.
 

 
Cualquier equipo de gobierno es una máquina de comunicar cuyas herramientas se oxidan velozmente porque tiene adversarios o enemigos que también juegan. También porque en la galaxia del info-entretenimiento el que se repite termina por aburrir más pronto que tarde.
 
Alberto Fernández delega poco esas funciones y va sufriendo en mayor medida lo que le pasó entre los dos debates presidenciales: arrasó en el primero, empató apenas o perdió por puntos en el segundo.
 
La ventaja comparativa (el hábitat) de los poderes ejecutivos son las políticas públicas, las decisiones, los logros, lo que concreta. Realizar es mejor que prometer. Prometer y no realizar... un bajón.
 
Sin ir más lejos, la sucesión de tácticas fallidas respecto de la cerealera Vicentin cementó un camino seguro hacia el desprestigio. El Presidente lo acentuó cuando asumió un error de cálculo inicial: tras esa confesión cuesta hasta entender qué quiso hacer en cada movimiento. Un golazo en contra, error no forzado.
 
La acción política del gobernante se juzga con parámetros bilardistas: más por resultados que por intenciones. La suma algebraica de avances y retrocesos, sopesadas según los intereses, las ideologías o los alineamientos de cada cual.
 
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Los diversos frentes
 
El Presidente recibió un legado penoso de su antecesor, Mauricio Macri. Pobreza y desempleo récords, onda 50 por ciento de capacidad industrial instalada funcionando, estanflación y deuda externa sideral en default.
 
La vieja normalidad conjugaba desigualdad, concentración de la riqueza, evasión exorbitante, gente con hambre. El coronavirus rebasó el vaso.
 
AF encara varios frentes simultáneos: la salud, la economía, la deuda interna, el canje con los bonistas privados. Compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Compite, básicamente, con lo que (a falta de expresión más certera) llamaremos la realidad.
 
Retomamos a nuestro modo, un argumento desarrollado ayer en este diario por el colega David Cufré. El rumbo elegido por AF es correcto, la velocidad es discutible.
 
Hablemos de la segunda fase de la gestión, signada por la covid-19. Los aciertos más rotundos se miden en plata, en gasto social expandido. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alivia a nueve millones de personas. Va por su tercer pago. Los ATP solventan hasta la mitad de los sueldos de trabajadores formales. Se reparten en todo el país.
 
Los gobernadores --sin sobreactuar, gritar ni dejar dudas-- clamaron ante el Presidente para que el IFE III reprodujera al IFE II. Sin retoques a la baja para regiones menos castigadas que el AMBA, Chaco, Gran Córdoba, Gran Rosario. Conocen sus terruños, sopesan cuánto suma la transferencia federal.
 
La distribución del IFE releva y revela la inequidad argentina. La palia parcialmente. Lo perciben más mujeres que hombres, más jóvenes que adultos, una cifra impactante de informales. Llega a todas las provincias pero, si se colorea el mapa por densidad de población, el NOA y el NEA reciben más ayudas, la Patagonia algo menos, la Ciudad Autónoma poco. Nunca nada, eeeh.
 
Un sentido "ecuménico" define a los salvatajes del ATP. Vale para megaempresas y Pymes. Se procura preservar todos los puestos de trabajo, minimizar los despidos, mantener viva la capacidad instalada. Dejar de lado a los grandes jugadores contravendría el objetivo esencial. El rumbo consiste en no ajustar mediante despidos. Jamás se conseguirá en un cien por ciento, los primeros guarismos sobre empleo lo comprueban.
 
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Mucha plata, poca guita
 
Las transferencias de ingresos son fabulosas, sin precedentes. La emisión monetaria, sideral. No alcanzan, claro, a curar la malaria. De cualquier manera, el porcentaje argentino del PBI destinado a esos fines resulta menor al de los países de la Unión Europea (UE) y aún al de naciones vecinas. Comparar con el Primer Mundo carece de sentido: Argentina juega en ligas menores.
 
El cotejo con países de la región nos deja rezagados. Como en viejos-malos chistes conviven una buena noticia y una mala. La mala es que estamos en default: los vecinos tienen mayores reservas y capacidad para pedir créditos.
 
La buena consiste en el piso precedente de protección social argentino incomparablemente superior en la comparación regional. Jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH), obras sociales, sistemas educativos y de salud gratuitos, programa Remediar, medicamentos para los afiliados a PAMI, Progresar... siguen las firmas. Esa base, hija de los gobiernos nacionales y populares, coadyuva a las medidas de emergencia.
 
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Para miles, no para dos
 
La ampliación de la moratoria de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encara en el mismo sentido. Macri encontró el Estado con baja deuda y una sociedad civil no agobiada. Equiparó para mal...
 
La dupla pandemia-cuarentena potenció el universo de contribuyentes morosos. Van desde los capos del capitalismo hasta personas humanas. En cifras tentativas, a ojímetro, llegarían a 900 mil.
 
La nueva moratoria les da una oportunidad a peces grandes y diminutos. Otorga distintas condiciones, más livianas para los menos poderosos: plazos más prolongados, tasas de interés menores.
 
Retoma condicionalidades establecidas en los ATP. Durante 24 meses no podrán distribuir utilidades, realizar pagos en dólares en concepto de regalías a empresas vinculadas en el exterior y operar con títulos públicos para evadir la normativa cambiaria.
 
Los "dueños de la Argentina" reaccionaron furibundos cuando se les demarcaron dichos límites menores a los que rigen en Francia o Canadá. Una cosa es ayudarlos a solventar sueldos. Muy otra ayudarlos a lucrar en medio de la crisis.
 
Se ignora, a priori, cuántos contribuyentes ingresarán a la moratoria. Decenas de miles, como poco. Centenares de miles tal vez. Este cronista apuesta un almuerzo a los números con cinco ceros. Habrá que ver.
 
La Vulgata mediática clama alegando que la jugada es un traje a medida para las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. El Gobierno, se enardece, quiere esconder un elefante entre millares... Macanean, apelan un bluf para "bajarle el precio" a una medida imprescindible.
 
Moratorias anteriores, en 2001, 2009 y 2016 (Macrilandia) incluían impuestos a las transferencias de combustibles y a los juegos de azar. Esos rubros, hoy y no entonces, son demonizados.
 
La indignación se expande porque se les otorga una oportunidad a empresas o personas con concurso preventivo o quiebras. Consignemos que es buena nueva para el Curreo de la famiglia Macri o para Vicentin. Y que, más vale, no libera a nadie de otras deudas con acreedores estatales.
 
Retomemos el hijo de Ariadna, el diálogo con el establishment.
 
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La costumbre de pedir y no dar
 
El gran empresariado amarrocó los beneficios estatales. Rehusó explicitar apoyos durante la firme negociación del canje de deuda.
 
Atávicamente piden pero no (se) ponen. Reclaman peor de lo mismo: pagar menos impuestos, aliviarse de cargas sociales. Flexibilizar las relaciones laborales, como en los 90 o en la etapa macrista.
 
La Cámara Argentina de la Construcción mociona un blanqueo de capitales para invertir en construcción privada, sin pagar un centavo de lo evadido.
 
Tras concurrir a Olivos, el G-6 introduce en el debate del proyecto de ley sobre trabajo a distancia. Nada dijeron en Diputados, la cámara de origen, aquella en la que suele darse la participación. La propuesta se aprobó con mayoría multipartidaria, bien amplia. Consagra derechos mínimos, razonables, que fueron consensuados atenuando las demandas sindicales.
 
Una norma marco, un piso supeditado a correcciones en convenios colectivos, según rama de actividad. Los patrones se oponen a que haya límites de horarios, que se preserve la privacidad, que laburantes puedan pedir la reversión de la modalidad volviendo a la presencial.
 
Los dueños alegan que así no se "promueve" la modalidad. En cierto sentido tienen razón; las circunstancias promueven, la ley apunta a regular. Todo lo no regulado está implícitamente legislado a favor del más fuerte, escribió en la piedra Raúl Scalabrini Ortiz.
 
Los remedios de la emergencia dejan intacto al statu quo precedente. La catástrofe impone mecanismos correctos para atemperar la caída pero nulos para bosquejar un capitalismo más justo.
 
La democracia es un sistema reformista, de tranco lento con mecanismos de negociación permanente. Pero, para modificar correlaciones de fuerza, existe el recurso al número o al poder. Se legisla, se vota, se litiga en los tribunales, se "les tira encima" la opinión pública o la movilización a los dueños del poder. De conflictos se trata, no suelen zanjarse en conversatorios. Menos con la clase dominante autóctona.
 
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Precios y concentración
 
La lucha contra la inflación define una zona gris de la acción gubernamental. Eficaces el cepo y los congelamientos de tarifas. Fallido el abanico de medidas para bajar los precios, en especial los de alimentos. La Ley de Góndolas no se concreta. Tampoco se cumplen los precios máximos, supuestamente defendidos por el control de la AFIP, los intendentes y hasta una insinuación de control ciudadano.
 
La concentración de la oferta de productos básicos explica en parte el fracaso parcial. Tal vez existan déficit de gestión que el Gobierno debería repasar con rigor y autocrítica. Las limitaciones forzadas por la pandemia apuntalan la ley del más fuerte.
 
El azote sanitario arroja un saldo de ganadores y perdedores, bastante similar al de febrero de 2020. Los hipermercados reabrieron pronto, supuestamente, para vender bienes esenciales: alimentos, productos de limpieza, alcohol en gel. Sumaron vestimenta, productos de librería, juguetería. Prosperaron y les restaron clientela a los pequeños comercios que llegaron después.
 
Emprendimientos como Mercado Pago atraviesan una fiesta en detrimento de los pequeños comerciantes a quienes sacan una tajada grossa y de los clientes.
 
Las plataformas como Rappi se enriquecen agravando la explotación a los laburantes.
 
El darwinismo económico goza de inmunidad frente al coronavirus. Nada parecido a una concertación, a concesiones mutuas de derechos se ha plasmado en estos meses crueles.
 
El Concejo Económico Social podría ser un instrumento para institucionalizar los debates, para exponerlos a la luz del día, para contraponer organizaciones sociales y gremios a las centrales empresarias. Las tertulias intermitentes no suplen instancias de ese tipo. El Congreso es un espacio para dirimir diferencias que no es sencillo zanjar en tertulia.
 
Los proyectos prometidos por el Presidente el 10 de diciembre y el primero de marzo ante la Asamblea Legislativa demoran en llegar al recinto. Abundan trabas prácticas y obstrucciones opositoras que, empero, "están en el inventario". Con el poder del Estado y la legitimidad ganada en las elecciones y en el ejercicio, el Ejecutivo debería evaluar si no median también carencias propias.
 
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Ampliaciones y desventajas
 
En la entrevista realizada en esta edición por Nora Veiras y Victoria Ginzberg, Alberto Fernández anuncia que el proyecto de Reforma Judicial se enviará al Congreso la semana que viene tras siete meses de cocción. La Interrupción Voluntaria del Embarazo espera su momento.
 
El impuesto a las grandes fortunas llegará, sería un gran gesto que los diez mil multimillonarios más multimillonarios dieran su anuencia. Argentina año verde; gemirán, irán a los tribunales, repartirán bienes materiales y simbólicos a "constitucionalistas" y opineitors.
 
Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.
 
El relativo y ojalá perdurable éxito de la cuarentena para ahorrar contagios y muertes opera un resultado paradójico típico de las políticas preventivas. No hay modo de contar las muertes evitadas como sucedería, por caso, en un naufragio o en un rescate de rehenes. Las víctimas virtuales son incontables. Los críticos pueden argüir que serían pocos. He ahí un karma para los actuales gobernantes que de todas maneras se consagran a minimizar daños.
 
La salida económica de la crisis diseña un escenario en disputa. Un conflicto entre quienes quieren volver al pasado sin retoques o aún aprovechar las necesidades de la clase trabajadora por un lado. Del otro, quienes intentan promover un porvenir más justo cuando la peste deje margen. El lugar del gobierno popular no es neutral ni está en el medio.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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