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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 19-07-2020 / 08:07

Las políticas de Alberto frente a las trabas del establishment

Las políticas de Alberto frente a las trabas del establishment
La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. “Su” formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias. Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo.
La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. "Su" formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias.
 
Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo. El jujeño Gerardo Morales y el chaqueño Jorge Capitanich enalteciendo la llegada de profesionales de la salud de otras provincias para capacitar y ayudar. Una valiosa iniciativa que Alberto activó personalmente en la que cooperaron varios gobernadores. El cordobés Juan "Gringo" Schiaretti fue especialmente aludido por Morales y Capitanich.
 
De todas maneras, los anuncios caen en un mal momento del gobierno nacional con dudas en lo sanitario, agotamiento social respecto de las "cuarentenas". Envuelto en debates promovidos por la oposición y desde el interior del Frente de Todos (FT). Se pone en cuestión hasta si es bueno debatir dentro de la coalición gobernante. Fernández responde reivindicando el diálogo.
 
La controversia es consustancial al sistema democrático, a las coaliciones y al propio peronismo. Este cronista piensa que la polémica sobre el diálogo --cuando interpela a un oficialismo-- exige ponderar sus resultados concretos. La famosa gestión, las realizaciones.
 
Alberto compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados, peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.
 

 
Cualquier equipo de gobierno es una máquina de comunicar cuyas herramientas se oxidan velozmente porque tiene adversarios o enemigos que también juegan. También porque en la galaxia del info-entretenimiento el que se repite termina por aburrir más pronto que tarde.
 
Alberto Fernández delega poco esas funciones y va sufriendo en mayor medida lo que le pasó entre los dos debates presidenciales: arrasó en el primero, empató apenas o perdió por puntos en el segundo.
 
La ventaja comparativa (el hábitat) de los poderes ejecutivos son las políticas públicas, las decisiones, los logros, lo que concreta. Realizar es mejor que prometer. Prometer y no realizar... un bajón.
 
Sin ir más lejos, la sucesión de tácticas fallidas respecto de la cerealera Vicentin cementó un camino seguro hacia el desprestigio. El Presidente lo acentuó cuando asumió un error de cálculo inicial: tras esa confesión cuesta hasta entender qué quiso hacer en cada movimiento. Un golazo en contra, error no forzado.
 
La acción política del gobernante se juzga con parámetros bilardistas: más por resultados que por intenciones. La suma algebraica de avances y retrocesos, sopesadas según los intereses, las ideologías o los alineamientos de cada cual.
 
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Los diversos frentes
 
El Presidente recibió un legado penoso de su antecesor, Mauricio Macri. Pobreza y desempleo récords, onda 50 por ciento de capacidad industrial instalada funcionando, estanflación y deuda externa sideral en default.
 
La vieja normalidad conjugaba desigualdad, concentración de la riqueza, evasión exorbitante, gente con hambre. El coronavirus rebasó el vaso.
 
AF encara varios frentes simultáneos: la salud, la economía, la deuda interna, el canje con los bonistas privados. Compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Compite, básicamente, con lo que (a falta de expresión más certera) llamaremos la realidad.
 
Retomamos a nuestro modo, un argumento desarrollado ayer en este diario por el colega David Cufré. El rumbo elegido por AF es correcto, la velocidad es discutible.
 
Hablemos de la segunda fase de la gestión, signada por la covid-19. Los aciertos más rotundos se miden en plata, en gasto social expandido. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alivia a nueve millones de personas. Va por su tercer pago. Los ATP solventan hasta la mitad de los sueldos de trabajadores formales. Se reparten en todo el país.
 
Los gobernadores --sin sobreactuar, gritar ni dejar dudas-- clamaron ante el Presidente para que el IFE III reprodujera al IFE II. Sin retoques a la baja para regiones menos castigadas que el AMBA, Chaco, Gran Córdoba, Gran Rosario. Conocen sus terruños, sopesan cuánto suma la transferencia federal.
 
La distribución del IFE releva y revela la inequidad argentina. La palia parcialmente. Lo perciben más mujeres que hombres, más jóvenes que adultos, una cifra impactante de informales. Llega a todas las provincias pero, si se colorea el mapa por densidad de población, el NOA y el NEA reciben más ayudas, la Patagonia algo menos, la Ciudad Autónoma poco. Nunca nada, eeeh.
 
Un sentido "ecuménico" define a los salvatajes del ATP. Vale para megaempresas y Pymes. Se procura preservar todos los puestos de trabajo, minimizar los despidos, mantener viva la capacidad instalada. Dejar de lado a los grandes jugadores contravendría el objetivo esencial. El rumbo consiste en no ajustar mediante despidos. Jamás se conseguirá en un cien por ciento, los primeros guarismos sobre empleo lo comprueban.
 
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Mucha plata, poca guita
 
Las transferencias de ingresos son fabulosas, sin precedentes. La emisión monetaria, sideral. No alcanzan, claro, a curar la malaria. De cualquier manera, el porcentaje argentino del PBI destinado a esos fines resulta menor al de los países de la Unión Europea (UE) y aún al de naciones vecinas. Comparar con el Primer Mundo carece de sentido: Argentina juega en ligas menores.
 
El cotejo con países de la región nos deja rezagados. Como en viejos-malos chistes conviven una buena noticia y una mala. La mala es que estamos en default: los vecinos tienen mayores reservas y capacidad para pedir créditos.
 
La buena consiste en el piso precedente de protección social argentino incomparablemente superior en la comparación regional. Jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH), obras sociales, sistemas educativos y de salud gratuitos, programa Remediar, medicamentos para los afiliados a PAMI, Progresar... siguen las firmas. Esa base, hija de los gobiernos nacionales y populares, coadyuva a las medidas de emergencia.
 
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Para miles, no para dos
 
La ampliación de la moratoria de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encara en el mismo sentido. Macri encontró el Estado con baja deuda y una sociedad civil no agobiada. Equiparó para mal...
 
La dupla pandemia-cuarentena potenció el universo de contribuyentes morosos. Van desde los capos del capitalismo hasta personas humanas. En cifras tentativas, a ojímetro, llegarían a 900 mil.
 
La nueva moratoria les da una oportunidad a peces grandes y diminutos. Otorga distintas condiciones, más livianas para los menos poderosos: plazos más prolongados, tasas de interés menores.
 
Retoma condicionalidades establecidas en los ATP. Durante 24 meses no podrán distribuir utilidades, realizar pagos en dólares en concepto de regalías a empresas vinculadas en el exterior y operar con títulos públicos para evadir la normativa cambiaria.
 
Los "dueños de la Argentina" reaccionaron furibundos cuando se les demarcaron dichos límites menores a los que rigen en Francia o Canadá. Una cosa es ayudarlos a solventar sueldos. Muy otra ayudarlos a lucrar en medio de la crisis.
 
Se ignora, a priori, cuántos contribuyentes ingresarán a la moratoria. Decenas de miles, como poco. Centenares de miles tal vez. Este cronista apuesta un almuerzo a los números con cinco ceros. Habrá que ver.
 
La Vulgata mediática clama alegando que la jugada es un traje a medida para las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. El Gobierno, se enardece, quiere esconder un elefante entre millares... Macanean, apelan un bluf para "bajarle el precio" a una medida imprescindible.
 
Moratorias anteriores, en 2001, 2009 y 2016 (Macrilandia) incluían impuestos a las transferencias de combustibles y a los juegos de azar. Esos rubros, hoy y no entonces, son demonizados.
 
La indignación se expande porque se les otorga una oportunidad a empresas o personas con concurso preventivo o quiebras. Consignemos que es buena nueva para el Curreo de la famiglia Macri o para Vicentin. Y que, más vale, no libera a nadie de otras deudas con acreedores estatales.
 
Retomemos el hijo de Ariadna, el diálogo con el establishment.
 
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La costumbre de pedir y no dar
 
El gran empresariado amarrocó los beneficios estatales. Rehusó explicitar apoyos durante la firme negociación del canje de deuda.
 
Atávicamente piden pero no (se) ponen. Reclaman peor de lo mismo: pagar menos impuestos, aliviarse de cargas sociales. Flexibilizar las relaciones laborales, como en los 90 o en la etapa macrista.
 
La Cámara Argentina de la Construcción mociona un blanqueo de capitales para invertir en construcción privada, sin pagar un centavo de lo evadido.
 
Tras concurrir a Olivos, el G-6 introduce en el debate del proyecto de ley sobre trabajo a distancia. Nada dijeron en Diputados, la cámara de origen, aquella en la que suele darse la participación. La propuesta se aprobó con mayoría multipartidaria, bien amplia. Consagra derechos mínimos, razonables, que fueron consensuados atenuando las demandas sindicales.
 
Una norma marco, un piso supeditado a correcciones en convenios colectivos, según rama de actividad. Los patrones se oponen a que haya límites de horarios, que se preserve la privacidad, que laburantes puedan pedir la reversión de la modalidad volviendo a la presencial.
 
Los dueños alegan que así no se "promueve" la modalidad. En cierto sentido tienen razón; las circunstancias promueven, la ley apunta a regular. Todo lo no regulado está implícitamente legislado a favor del más fuerte, escribió en la piedra Raúl Scalabrini Ortiz.
 
Los remedios de la emergencia dejan intacto al statu quo precedente. La catástrofe impone mecanismos correctos para atemperar la caída pero nulos para bosquejar un capitalismo más justo.
 
La democracia es un sistema reformista, de tranco lento con mecanismos de negociación permanente. Pero, para modificar correlaciones de fuerza, existe el recurso al número o al poder. Se legisla, se vota, se litiga en los tribunales, se "les tira encima" la opinión pública o la movilización a los dueños del poder. De conflictos se trata, no suelen zanjarse en conversatorios. Menos con la clase dominante autóctona.
 
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Precios y concentración
 
La lucha contra la inflación define una zona gris de la acción gubernamental. Eficaces el cepo y los congelamientos de tarifas. Fallido el abanico de medidas para bajar los precios, en especial los de alimentos. La Ley de Góndolas no se concreta. Tampoco se cumplen los precios máximos, supuestamente defendidos por el control de la AFIP, los intendentes y hasta una insinuación de control ciudadano.
 
La concentración de la oferta de productos básicos explica en parte el fracaso parcial. Tal vez existan déficit de gestión que el Gobierno debería repasar con rigor y autocrítica. Las limitaciones forzadas por la pandemia apuntalan la ley del más fuerte.
 
El azote sanitario arroja un saldo de ganadores y perdedores, bastante similar al de febrero de 2020. Los hipermercados reabrieron pronto, supuestamente, para vender bienes esenciales: alimentos, productos de limpieza, alcohol en gel. Sumaron vestimenta, productos de librería, juguetería. Prosperaron y les restaron clientela a los pequeños comercios que llegaron después.
 
Emprendimientos como Mercado Pago atraviesan una fiesta en detrimento de los pequeños comerciantes a quienes sacan una tajada grossa y de los clientes.
 
Las plataformas como Rappi se enriquecen agravando la explotación a los laburantes.
 
El darwinismo económico goza de inmunidad frente al coronavirus. Nada parecido a una concertación, a concesiones mutuas de derechos se ha plasmado en estos meses crueles.
 
El Concejo Económico Social podría ser un instrumento para institucionalizar los debates, para exponerlos a la luz del día, para contraponer organizaciones sociales y gremios a las centrales empresarias. Las tertulias intermitentes no suplen instancias de ese tipo. El Congreso es un espacio para dirimir diferencias que no es sencillo zanjar en tertulia.
 
Los proyectos prometidos por el Presidente el 10 de diciembre y el primero de marzo ante la Asamblea Legislativa demoran en llegar al recinto. Abundan trabas prácticas y obstrucciones opositoras que, empero, "están en el inventario". Con el poder del Estado y la legitimidad ganada en las elecciones y en el ejercicio, el Ejecutivo debería evaluar si no median también carencias propias.
 
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Ampliaciones y desventajas
 
En la entrevista realizada en esta edición por Nora Veiras y Victoria Ginzberg, Alberto Fernández anuncia que el proyecto de Reforma Judicial se enviará al Congreso la semana que viene tras siete meses de cocción. La Interrupción Voluntaria del Embarazo espera su momento.
 
El impuesto a las grandes fortunas llegará, sería un gran gesto que los diez mil multimillonarios más multimillonarios dieran su anuencia. Argentina año verde; gemirán, irán a los tribunales, repartirán bienes materiales y simbólicos a "constitucionalistas" y opineitors.
 
Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.
 
El relativo y ojalá perdurable éxito de la cuarentena para ahorrar contagios y muertes opera un resultado paradójico típico de las políticas preventivas. No hay modo de contar las muertes evitadas como sucedería, por caso, en un naufragio o en un rescate de rehenes. Las víctimas virtuales son incontables. Los críticos pueden argüir que serían pocos. He ahí un karma para los actuales gobernantes que de todas maneras se consagran a minimizar daños.
 
La salida económica de la crisis diseña un escenario en disputa. Un conflicto entre quienes quieren volver al pasado sin retoques o aún aprovechar las necesidades de la clase trabajadora por un lado. Del otro, quienes intentan promover un porvenir más justo cuando la peste deje margen. El lugar del gobierno popular no es neutral ni está en el medio.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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