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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 19-07-2020 / 08:07

Las políticas de Alberto frente a las trabas del establishment

Las políticas de Alberto frente a las trabas del establishment
La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. “Su” formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias. Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo.
La presentación del viernes junto a cinco mandatarios provinciales (tres de la oposición) escenificó el mejor momento semanal del presidente Alberto Fernández. "Su" formato, la coordinación, respeto mutuo, énfasis en las coincidencias.
 
Los gobernadores agradeciendo al Presidente, subrayando su liderazgo. El jujeño Gerardo Morales y el chaqueño Jorge Capitanich enalteciendo la llegada de profesionales de la salud de otras provincias para capacitar y ayudar. Una valiosa iniciativa que Alberto activó personalmente en la que cooperaron varios gobernadores. El cordobés Juan "Gringo" Schiaretti fue especialmente aludido por Morales y Capitanich.
 
De todas maneras, los anuncios caen en un mal momento del gobierno nacional con dudas en lo sanitario, agotamiento social respecto de las "cuarentenas". Envuelto en debates promovidos por la oposición y desde el interior del Frente de Todos (FT). Se pone en cuestión hasta si es bueno debatir dentro de la coalición gobernante. Fernández responde reivindicando el diálogo.
 
La controversia es consustancial al sistema democrático, a las coaliciones y al propio peronismo. Este cronista piensa que la polémica sobre el diálogo --cuando interpela a un oficialismo-- exige ponderar sus resultados concretos. La famosa gestión, las realizaciones.
 
Alberto compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados, peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.
 

 
Cualquier equipo de gobierno es una máquina de comunicar cuyas herramientas se oxidan velozmente porque tiene adversarios o enemigos que también juegan. También porque en la galaxia del info-entretenimiento el que se repite termina por aburrir más pronto que tarde.
 
Alberto Fernández delega poco esas funciones y va sufriendo en mayor medida lo que le pasó entre los dos debates presidenciales: arrasó en el primero, empató apenas o perdió por puntos en el segundo.
 
La ventaja comparativa (el hábitat) de los poderes ejecutivos son las políticas públicas, las decisiones, los logros, lo que concreta. Realizar es mejor que prometer. Prometer y no realizar... un bajón.
 
Sin ir más lejos, la sucesión de tácticas fallidas respecto de la cerealera Vicentin cementó un camino seguro hacia el desprestigio. El Presidente lo acentuó cuando asumió un error de cálculo inicial: tras esa confesión cuesta hasta entender qué quiso hacer en cada movimiento. Un golazo en contra, error no forzado.
 
La acción política del gobernante se juzga con parámetros bilardistas: más por resultados que por intenciones. La suma algebraica de avances y retrocesos, sopesadas según los intereses, las ideologías o los alineamientos de cada cual.
 
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Los diversos frentes
 
El Presidente recibió un legado penoso de su antecesor, Mauricio Macri. Pobreza y desempleo récords, onda 50 por ciento de capacidad industrial instalada funcionando, estanflación y deuda externa sideral en default.
 
La vieja normalidad conjugaba desigualdad, concentración de la riqueza, evasión exorbitante, gente con hambre. El coronavirus rebasó el vaso.
 
AF encara varios frentes simultáneos: la salud, la economía, la deuda interna, el canje con los bonistas privados. Compite con un establishment poderoso e insensible, una oposición política intratable en el Congreso y acuerdista entre quienes comandan territorios. Compite, básicamente, con lo que (a falta de expresión más certera) llamaremos la realidad.
 
Retomamos a nuestro modo, un argumento desarrollado ayer en este diario por el colega David Cufré. El rumbo elegido por AF es correcto, la velocidad es discutible.
 
Hablemos de la segunda fase de la gestión, signada por la covid-19. Los aciertos más rotundos se miden en plata, en gasto social expandido. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alivia a nueve millones de personas. Va por su tercer pago. Los ATP solventan hasta la mitad de los sueldos de trabajadores formales. Se reparten en todo el país.
 
Los gobernadores --sin sobreactuar, gritar ni dejar dudas-- clamaron ante el Presidente para que el IFE III reprodujera al IFE II. Sin retoques a la baja para regiones menos castigadas que el AMBA, Chaco, Gran Córdoba, Gran Rosario. Conocen sus terruños, sopesan cuánto suma la transferencia federal.
 
La distribución del IFE releva y revela la inequidad argentina. La palia parcialmente. Lo perciben más mujeres que hombres, más jóvenes que adultos, una cifra impactante de informales. Llega a todas las provincias pero, si se colorea el mapa por densidad de población, el NOA y el NEA reciben más ayudas, la Patagonia algo menos, la Ciudad Autónoma poco. Nunca nada, eeeh.
 
Un sentido "ecuménico" define a los salvatajes del ATP. Vale para megaempresas y Pymes. Se procura preservar todos los puestos de trabajo, minimizar los despidos, mantener viva la capacidad instalada. Dejar de lado a los grandes jugadores contravendría el objetivo esencial. El rumbo consiste en no ajustar mediante despidos. Jamás se conseguirá en un cien por ciento, los primeros guarismos sobre empleo lo comprueban.
 
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Mucha plata, poca guita
 
Las transferencias de ingresos son fabulosas, sin precedentes. La emisión monetaria, sideral. No alcanzan, claro, a curar la malaria. De cualquier manera, el porcentaje argentino del PBI destinado a esos fines resulta menor al de los países de la Unión Europea (UE) y aún al de naciones vecinas. Comparar con el Primer Mundo carece de sentido: Argentina juega en ligas menores.
 
El cotejo con países de la región nos deja rezagados. Como en viejos-malos chistes conviven una buena noticia y una mala. La mala es que estamos en default: los vecinos tienen mayores reservas y capacidad para pedir créditos.
 
La buena consiste en el piso precedente de protección social argentino incomparablemente superior en la comparación regional. Jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH), obras sociales, sistemas educativos y de salud gratuitos, programa Remediar, medicamentos para los afiliados a PAMI, Progresar... siguen las firmas. Esa base, hija de los gobiernos nacionales y populares, coadyuva a las medidas de emergencia.
 
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Para miles, no para dos
 
La ampliación de la moratoria de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encara en el mismo sentido. Macri encontró el Estado con baja deuda y una sociedad civil no agobiada. Equiparó para mal...
 
La dupla pandemia-cuarentena potenció el universo de contribuyentes morosos. Van desde los capos del capitalismo hasta personas humanas. En cifras tentativas, a ojímetro, llegarían a 900 mil.
 
La nueva moratoria les da una oportunidad a peces grandes y diminutos. Otorga distintas condiciones, más livianas para los menos poderosos: plazos más prolongados, tasas de interés menores.
 
Retoma condicionalidades establecidas en los ATP. Durante 24 meses no podrán distribuir utilidades, realizar pagos en dólares en concepto de regalías a empresas vinculadas en el exterior y operar con títulos públicos para evadir la normativa cambiaria.
 
Los "dueños de la Argentina" reaccionaron furibundos cuando se les demarcaron dichos límites menores a los que rigen en Francia o Canadá. Una cosa es ayudarlos a solventar sueldos. Muy otra ayudarlos a lucrar en medio de la crisis.
 
Se ignora, a priori, cuántos contribuyentes ingresarán a la moratoria. Decenas de miles, como poco. Centenares de miles tal vez. Este cronista apuesta un almuerzo a los números con cinco ceros. Habrá que ver.
 
La Vulgata mediática clama alegando que la jugada es un traje a medida para las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. El Gobierno, se enardece, quiere esconder un elefante entre millares... Macanean, apelan un bluf para "bajarle el precio" a una medida imprescindible.
 
Moratorias anteriores, en 2001, 2009 y 2016 (Macrilandia) incluían impuestos a las transferencias de combustibles y a los juegos de azar. Esos rubros, hoy y no entonces, son demonizados.
 
La indignación se expande porque se les otorga una oportunidad a empresas o personas con concurso preventivo o quiebras. Consignemos que es buena nueva para el Curreo de la famiglia Macri o para Vicentin. Y que, más vale, no libera a nadie de otras deudas con acreedores estatales.
 
Retomemos el hijo de Ariadna, el diálogo con el establishment.
 
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La costumbre de pedir y no dar
 
El gran empresariado amarrocó los beneficios estatales. Rehusó explicitar apoyos durante la firme negociación del canje de deuda.
 
Atávicamente piden pero no (se) ponen. Reclaman peor de lo mismo: pagar menos impuestos, aliviarse de cargas sociales. Flexibilizar las relaciones laborales, como en los 90 o en la etapa macrista.
 
La Cámara Argentina de la Construcción mociona un blanqueo de capitales para invertir en construcción privada, sin pagar un centavo de lo evadido.
 
Tras concurrir a Olivos, el G-6 introduce en el debate del proyecto de ley sobre trabajo a distancia. Nada dijeron en Diputados, la cámara de origen, aquella en la que suele darse la participación. La propuesta se aprobó con mayoría multipartidaria, bien amplia. Consagra derechos mínimos, razonables, que fueron consensuados atenuando las demandas sindicales.
 
Una norma marco, un piso supeditado a correcciones en convenios colectivos, según rama de actividad. Los patrones se oponen a que haya límites de horarios, que se preserve la privacidad, que laburantes puedan pedir la reversión de la modalidad volviendo a la presencial.
 
Los dueños alegan que así no se "promueve" la modalidad. En cierto sentido tienen razón; las circunstancias promueven, la ley apunta a regular. Todo lo no regulado está implícitamente legislado a favor del más fuerte, escribió en la piedra Raúl Scalabrini Ortiz.
 
Los remedios de la emergencia dejan intacto al statu quo precedente. La catástrofe impone mecanismos correctos para atemperar la caída pero nulos para bosquejar un capitalismo más justo.
 
La democracia es un sistema reformista, de tranco lento con mecanismos de negociación permanente. Pero, para modificar correlaciones de fuerza, existe el recurso al número o al poder. Se legisla, se vota, se litiga en los tribunales, se "les tira encima" la opinión pública o la movilización a los dueños del poder. De conflictos se trata, no suelen zanjarse en conversatorios. Menos con la clase dominante autóctona.
 
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Precios y concentración
 
La lucha contra la inflación define una zona gris de la acción gubernamental. Eficaces el cepo y los congelamientos de tarifas. Fallido el abanico de medidas para bajar los precios, en especial los de alimentos. La Ley de Góndolas no se concreta. Tampoco se cumplen los precios máximos, supuestamente defendidos por el control de la AFIP, los intendentes y hasta una insinuación de control ciudadano.
 
La concentración de la oferta de productos básicos explica en parte el fracaso parcial. Tal vez existan déficit de gestión que el Gobierno debería repasar con rigor y autocrítica. Las limitaciones forzadas por la pandemia apuntalan la ley del más fuerte.
 
El azote sanitario arroja un saldo de ganadores y perdedores, bastante similar al de febrero de 2020. Los hipermercados reabrieron pronto, supuestamente, para vender bienes esenciales: alimentos, productos de limpieza, alcohol en gel. Sumaron vestimenta, productos de librería, juguetería. Prosperaron y les restaron clientela a los pequeños comercios que llegaron después.
 
Emprendimientos como Mercado Pago atraviesan una fiesta en detrimento de los pequeños comerciantes a quienes sacan una tajada grossa y de los clientes.
 
Las plataformas como Rappi se enriquecen agravando la explotación a los laburantes.
 
El darwinismo económico goza de inmunidad frente al coronavirus. Nada parecido a una concertación, a concesiones mutuas de derechos se ha plasmado en estos meses crueles.
 
El Concejo Económico Social podría ser un instrumento para institucionalizar los debates, para exponerlos a la luz del día, para contraponer organizaciones sociales y gremios a las centrales empresarias. Las tertulias intermitentes no suplen instancias de ese tipo. El Congreso es un espacio para dirimir diferencias que no es sencillo zanjar en tertulia.
 
Los proyectos prometidos por el Presidente el 10 de diciembre y el primero de marzo ante la Asamblea Legislativa demoran en llegar al recinto. Abundan trabas prácticas y obstrucciones opositoras que, empero, "están en el inventario". Con el poder del Estado y la legitimidad ganada en las elecciones y en el ejercicio, el Ejecutivo debería evaluar si no median también carencias propias.
 
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Ampliaciones y desventajas
 
En la entrevista realizada en esta edición por Nora Veiras y Victoria Ginzberg, Alberto Fernández anuncia que el proyecto de Reforma Judicial se enviará al Congreso la semana que viene tras siete meses de cocción. La Interrupción Voluntaria del Embarazo espera su momento.
 
El impuesto a las grandes fortunas llegará, sería un gran gesto que los diez mil multimillonarios más multimillonarios dieran su anuencia. Argentina año verde; gemirán, irán a los tribunales, repartirán bienes materiales y simbólicos a "constitucionalistas" y opineitors.
 
Un gobierno de salvación nacional carga con el deber de imaginar e ir cimentando una sociedad más igualitaria. Suponer que habrá consenso con los privilegiados peca de voluntarismo o de candidez. Negociar, pulsear es una cosa. Dialogar, solo un recurso entre tantos.
 
El relativo y ojalá perdurable éxito de la cuarentena para ahorrar contagios y muertes opera un resultado paradójico típico de las políticas preventivas. No hay modo de contar las muertes evitadas como sucedería, por caso, en un naufragio o en un rescate de rehenes. Las víctimas virtuales son incontables. Los críticos pueden argüir que serían pocos. He ahí un karma para los actuales gobernantes que de todas maneras se consagran a minimizar daños.
 
La salida económica de la crisis diseña un escenario en disputa. Un conflicto entre quienes quieren volver al pasado sin retoques o aún aprovechar las necesidades de la clase trabajadora por un lado. Del otro, quienes intentan promover un porvenir más justo cuando la peste deje margen. El lugar del gobierno popular no es neutral ni está en el medio.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

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