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Nacionales - 12-07-2020 / 09:07
SIGUE EL IFE, EL ATP Y ESTUDIAN LA REFORMA IMPOSITIVA

Las medidas qué piensa Alberto Fernández para la pospandemia

Las medidas qué piensa Alberto Fernández para la pospandemia
El presidente Alberto Fernández atendió a la demanda de los mandatarios provinciales y mantuvo la cobertura del IFE III con nueve millones de beneficiarios. Abandonó la hipótesis de acotarlo desprotegiendo a ciudadanos de provincias que ingresaron en “la nueva normalidad”.
El Gobierno activa en varios frentes, de modo simultáneo y frenético. Se prolongan las medidas excepcionales de transferencias directas de recursos: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
El presidente Alberto Fernández atendió a la demanda de los mandatarios provinciales y mantuvo la cobertura del IFE III con nueve millones de beneficiarios. Abandonó la hipótesis de acotarlo desprotegiendo a ciudadanos de provincias que ingresaron en "la nueva normalidad".
 
El fundamento era que muchas personas ya no necesitarían el IFE: nació flojo porque la reactivación no llega velozmente. Se reparte de modo inequitativo reproduciendo las desigualdades preexistentes.
 
El Gobierno recapacitó, en buena hora: es mal momento para suspender transferencias de ingresos a trabajadores. La vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco va más allá: desliza la perspectiva de sostener el IFE (concebido de entrada como remedio para abril) en meses sucesivos. La malaria prosigue, los alivios también.
 
La reanudación de actividades fuera del AMBA impacta de modo disímil según ramas de actividad y regiones. Las arcas provinciales tocan fondo: dependen como nunca de las transferencias desde Nación.
 
Los impuestos locales (Ingresos Brutos por antonomasia pero no exclusivamente) son procíclicos. Recaudan menos en tiempos de vacas flacas. Las provincias no pueden valerse de la emisión monetaria. Más allá de amagues mediáticos (operaciones, tal vez) ninguna creó cuasi monedas.
 

 
Cuando llegue ese día
 
Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán se reunieron este sábado en Olivos. El canje de deuda evoluciona bien, concuerdan. Se internaron en un proyecto oficial ambicioso: una armonización del sistema impositivo. La idea es hacerlo más ágil, evitar las dobles imposiciones. Objetivos loables, arduos de compatibilizar aún en coyunturas normales.
 
Se enviará un conjunto de proyectos de ley al Congreso cuando aminore la pandemia. "Activar el consumo y la producción" simplifica el presidente. Subsidios, créditos a tasas bajas, exenciones impositivas. La activación de economías regionales que armoniza con el impacto diferenciado de la covid-19, más severo en el AMBA y en Chaco que en las demás provincias.
 
Con optimismo de la voluntad, Fernández evalúa que no se ha desmantelado el aparato productivo y que el buen manejo de la crisis sanitaria debe ser coronado por la recuperación económica. El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas divulgó un esquema de actividades que serán centrales para exportar y reanimar el mercado interno.
 
La moratoria amplísima les quitará presión a las empresas. Si se consigue despejar el cronograma de pagos de deuda en divisas se atisbará un horizonte más propicio.
 
La Cámara Argentina de la Construcción propone un blanqueo direccionado: solo otorgable a quienes coloquen el dinero en construcción privada. Se difunde que el gobierno enviará un proyecto de ley en similar sentido.
 
Altos funcionarios de la Casa Rosada y de Economía responden que la medida no está prevista, por ahora. Pero que el presidente Fernández admite como factible promover de alguna forma que "la plata que está afuera o bajo el colchón" salga del escondrijo y aplique a producir.
 
Las moratorias van en ese sentido. La Ley de Emergencia económica introdujo un incentivo para repatriar capitales. Aumentó la alícuota de Bienes Personales para los activos colocados fuera del país. El incremento se deja sin efecto si la plata reingresa.
 
Se trata, claro, de bienes declarados no de plata evadida. Una fracción importante proviene del blanqueo dispuesto por el ex presidente Mauricio Macri. Bastaba con enumerar tenencias en el exterior y pagar algo para blanquearlas. No se le imponía repatriarla ni darle algún destino productivo.
 
El blanqueo dispuesto por Cristina Kirchner cuando Axel Kicillof era ministro de Economía estipulaba que los fondos tenían que ingresar al circuito productivo local, en especial para compra o construcción de viviendas.
 
Fernández aduce que jamás repetiría el esquema de Macri "que transformó en caballeros a los corsarios". Pero no descarta explorar un mecanismo que induzca a los empresarios a volcar fondos a producir no solo en la rama de la construcción.
 
Más allá del nombre que se le adjudique sería un blanqueo con imputación determinada por ley. La norma respectiva, sofisticada para prevenir desvíos o engaños, ni siquiera se ha empezado a estudiar explican desde Olivos.
 
Si se pusiera en práctica renacería la clásica discusión sobre los blanqueos. Una dispensa a la responsabilidad de los evasores atendiendo a la necesidad de dinamizar la economía. Un medio reprobable (injusto con los contribuyentes cumplidores) para un fin supuestamente virtuoso.
 
Polemizar más al respecto es aventurado cuando se ignoran los alcances de la jugada y es virtual su implementación. Solo a cuenta: cualquier blanqueo sería cualitativamente diferente a una moratoria cuasi universal en medio de la hecatombe colectiva y, por ende, admisible. O a la decisión equitativa referida a Bienes Personales mencionada líneas arriba.
 
Discurrir sobre la eventual eficiencia sería prematuro en la incertidumbre.
 
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Debates y combates
 
El sistema político se fragmenta más por funciones que por pertenencias partidarias. Los mandatarios atienden una agenda frenética, exigente. La oposición sin tierra, el ala derecha de Juntos por el Cambio (JpC), propone una agenda antagónica, a pura indignación. Fomenta el odio y el pánico, condimentados con violencias de todo tipo, incluso agresiones físicas.
 
La libertad de opinión es sagrada, constitucional el derecho a manifestarse. Violar las reglas de la cuarentena es ilícito, pone en riesgo la salud propia y de la de terceros. La violencia ejercida contra trabajadores de prensa en la marcha al Obelisco fue incitada por la retórica brutal de la conducción del macrismo. Merece un repudio general, que el macrismo y el radicalismo retacearon.
 
El abordaje de "Clarín" da para un seminario. Apenas siete líneas, en un recuadro colocado en página par, bien abajo, sin fotos. Para un manual de invisibilización. Según el diario del Multimedios "un móvil del canal de noticias C5N fue rodeado y agredido por manifestantes (...) el vehículo recibió golpes y se retiró entre insultos y gritos". Consigna repudios de Fopea y ADEPA.
 
No se comprenden. Si se atacó a un vehículo deberían haberse pronunciado los fabricantes de autos, tal vez Guillermo Dietrich en nombre de los concesionarios, el Smata... La complicidad se camufla de muchas maneras, el encubrimiento mediático también.
 
La virulencia de la derecha enardece: es una de sus finalidades. Replicar los embates del adversario puede resultar inevitable. El oficialismo tiene el deber de manejarse con racionalidad, de contraponer sensatez al griterío o a las denuncias falsas, de no ser funcional a sus adversarios.
 
Tienta entrar en la lucha en el barro, fascinarse con una agenda distractiva. Se incurre en un error que se acentúa cuando se implican sus principales funcionarios, el propio presidente. Favorecen al contrincante. Ayudan, involuntaria y eficazmente, a amplificar discursos repudiables.
 
Caen en una trampa: actuar como "oposición de la oposición" según el hallazgo del periodista Martín Rodríguez. La furia es un recurso de la derecha que, dato nada menor, va perdiendo consenso y predicamento dentro de su frente interno. Un sector de la opo sueña con un bolsonarismo argentino. Están en minoría, menguante de momento.
 
La iniciativa sigue en manos del Gobierno como es usual en tiempos normales e imprescindibles en medio de una crisis sin precedentes.
 
 
El canje, BlackRock, la Casa Blanca
 
La enmienda en la propuesta de canje de deuda presentada en Nueva York recoge aceptaciones de acreedores. Nadie en el gobierno arriesga en público porcentajes. El ministro de Economía Martín Guzmán prosigue conversando con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con bonistas amigables, con funcionarios norteamericanos.
 
Hasta con emisarios del intratable fondo BlackRock. Los portavoces de ese coloso exigen que se reabra la oferta, que el presidente Alberto Fernández imite a su colega de Ecuador. Lenin Moreno acordó raudamente y sin chistar con los acreedores mientras su país se empobrece y se puebla de cadáveres, víctimas del corona virus. A Fernández y Guzmán no les parece buen ejemplo.
 
BlackRock administra, entre otras menudencias, parte de los bonos públicos estadounidenses. Juega en grandes ligas, en pleno imperio. Pese a todo, el Departamento de Tesoro aparenta, casi sobreactúa, prescindencia en la negociación. En el equipo económico y en el Palacio San Martín hay concordancia: podría ser peor.
 
El presidente Donald Trump no le bajó el pulgar a la Argentina... hasta hoy porque el hombre es impredecible, rústico y abrupto en sus movidas.
 
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La tradición estipula que la conducción del Banco Mundial es para Estados Unidos, la del FMI para Europa y la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para nuestra región. La Argentina proponía al secretario Gustavo Beliz para presidir el organismo. Trump quebró las reglas: promueve para el BID a su compatriota Mauricio Claver-Carone, funcionario de largo recorrido.
 
Los negociadores gauchos descreen que se trate -de modo exclusivo- de un desdén para nuestro país. Coadyuvan otros factores. El primero quizá ataña a política interna, a la campaña presidencial. Claver-Carone es un prócer para el "lobby cubano" de su país, un gusano para sus detractores. Para ser reelecto Trump precisa sí o sí ganar en el estado de Florida. La relación con los exiliados cubanos es clave. Hasta ahí la irrupción del intruso en el BID no atañe a nuestro país.
 
Sí le concierne, en cambio, la competencia entre Estados Unidos y China. Los avances de esta potencia en América del Sur preocupan a la Casa Blanca. Manejar la caja del BID podría ser un instrumento para disciplinar a potenciales aliados de los chinos. Circunstancia para nada ajena a la Argentina que acaba de renegociar un swap, chimentan en el Palacio San Martín y en la Casa Rosada.
 
Negociadores gauchos astutos imaginan que el desaire en el BID podría ser contrapesado con un gesto amigable referido a las negociaciones con los bonistas privados o con el FMI. Hasta ahora, son ilusiones no corroboradas por alguna señal concreta.
 
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Apoyos del G-20 que no significan plata pero mejoran la reputación de Argentina. Aval de casi todos los gobernadores, con la solitaria excepción del sanluiseño Alberto Rodríguez Saá. Las adhesiones suman pero no alcanzan...
 
Las tratativas siguen, el panorama da la impresión de ser más promisorio que hace siete meses, el final sigue abierto.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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