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Nacionales - 12-07-2020 / 09:07
SIGUE EL IFE, EL ATP Y ESTUDIAN LA REFORMA IMPOSITIVA

Las medidas qué piensa Alberto Fernández para la pospandemia

Las medidas qué piensa Alberto Fernández para la pospandemia
El presidente Alberto Fernández atendió a la demanda de los mandatarios provinciales y mantuvo la cobertura del IFE III con nueve millones de beneficiarios. Abandonó la hipótesis de acotarlo desprotegiendo a ciudadanos de provincias que ingresaron en “la nueva normalidad”.
El Gobierno activa en varios frentes, de modo simultáneo y frenético. Se prolongan las medidas excepcionales de transferencias directas de recursos: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
El presidente Alberto Fernández atendió a la demanda de los mandatarios provinciales y mantuvo la cobertura del IFE III con nueve millones de beneficiarios. Abandonó la hipótesis de acotarlo desprotegiendo a ciudadanos de provincias que ingresaron en "la nueva normalidad".
 
El fundamento era que muchas personas ya no necesitarían el IFE: nació flojo porque la reactivación no llega velozmente. Se reparte de modo inequitativo reproduciendo las desigualdades preexistentes.
 
El Gobierno recapacitó, en buena hora: es mal momento para suspender transferencias de ingresos a trabajadores. La vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco va más allá: desliza la perspectiva de sostener el IFE (concebido de entrada como remedio para abril) en meses sucesivos. La malaria prosigue, los alivios también.
 
La reanudación de actividades fuera del AMBA impacta de modo disímil según ramas de actividad y regiones. Las arcas provinciales tocan fondo: dependen como nunca de las transferencias desde Nación.
 
Los impuestos locales (Ingresos Brutos por antonomasia pero no exclusivamente) son procíclicos. Recaudan menos en tiempos de vacas flacas. Las provincias no pueden valerse de la emisión monetaria. Más allá de amagues mediáticos (operaciones, tal vez) ninguna creó cuasi monedas.
 

 
Cuando llegue ese día
 
Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán se reunieron este sábado en Olivos. El canje de deuda evoluciona bien, concuerdan. Se internaron en un proyecto oficial ambicioso: una armonización del sistema impositivo. La idea es hacerlo más ágil, evitar las dobles imposiciones. Objetivos loables, arduos de compatibilizar aún en coyunturas normales.
 
Se enviará un conjunto de proyectos de ley al Congreso cuando aminore la pandemia. "Activar el consumo y la producción" simplifica el presidente. Subsidios, créditos a tasas bajas, exenciones impositivas. La activación de economías regionales que armoniza con el impacto diferenciado de la covid-19, más severo en el AMBA y en Chaco que en las demás provincias.
 
Con optimismo de la voluntad, Fernández evalúa que no se ha desmantelado el aparato productivo y que el buen manejo de la crisis sanitaria debe ser coronado por la recuperación económica. El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas divulgó un esquema de actividades que serán centrales para exportar y reanimar el mercado interno.
 
La moratoria amplísima les quitará presión a las empresas. Si se consigue despejar el cronograma de pagos de deuda en divisas se atisbará un horizonte más propicio.
 
La Cámara Argentina de la Construcción propone un blanqueo direccionado: solo otorgable a quienes coloquen el dinero en construcción privada. Se difunde que el gobierno enviará un proyecto de ley en similar sentido.
 
Altos funcionarios de la Casa Rosada y de Economía responden que la medida no está prevista, por ahora. Pero que el presidente Fernández admite como factible promover de alguna forma que "la plata que está afuera o bajo el colchón" salga del escondrijo y aplique a producir.
 
Las moratorias van en ese sentido. La Ley de Emergencia económica introdujo un incentivo para repatriar capitales. Aumentó la alícuota de Bienes Personales para los activos colocados fuera del país. El incremento se deja sin efecto si la plata reingresa.
 
Se trata, claro, de bienes declarados no de plata evadida. Una fracción importante proviene del blanqueo dispuesto por el ex presidente Mauricio Macri. Bastaba con enumerar tenencias en el exterior y pagar algo para blanquearlas. No se le imponía repatriarla ni darle algún destino productivo.
 
El blanqueo dispuesto por Cristina Kirchner cuando Axel Kicillof era ministro de Economía estipulaba que los fondos tenían que ingresar al circuito productivo local, en especial para compra o construcción de viviendas.
 
Fernández aduce que jamás repetiría el esquema de Macri "que transformó en caballeros a los corsarios". Pero no descarta explorar un mecanismo que induzca a los empresarios a volcar fondos a producir no solo en la rama de la construcción.
 
Más allá del nombre que se le adjudique sería un blanqueo con imputación determinada por ley. La norma respectiva, sofisticada para prevenir desvíos o engaños, ni siquiera se ha empezado a estudiar explican desde Olivos.
 
Si se pusiera en práctica renacería la clásica discusión sobre los blanqueos. Una dispensa a la responsabilidad de los evasores atendiendo a la necesidad de dinamizar la economía. Un medio reprobable (injusto con los contribuyentes cumplidores) para un fin supuestamente virtuoso.
 
Polemizar más al respecto es aventurado cuando se ignoran los alcances de la jugada y es virtual su implementación. Solo a cuenta: cualquier blanqueo sería cualitativamente diferente a una moratoria cuasi universal en medio de la hecatombe colectiva y, por ende, admisible. O a la decisión equitativa referida a Bienes Personales mencionada líneas arriba.
 
Discurrir sobre la eventual eficiencia sería prematuro en la incertidumbre.
 
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Debates y combates
 
El sistema político se fragmenta más por funciones que por pertenencias partidarias. Los mandatarios atienden una agenda frenética, exigente. La oposición sin tierra, el ala derecha de Juntos por el Cambio (JpC), propone una agenda antagónica, a pura indignación. Fomenta el odio y el pánico, condimentados con violencias de todo tipo, incluso agresiones físicas.
 
La libertad de opinión es sagrada, constitucional el derecho a manifestarse. Violar las reglas de la cuarentena es ilícito, pone en riesgo la salud propia y de la de terceros. La violencia ejercida contra trabajadores de prensa en la marcha al Obelisco fue incitada por la retórica brutal de la conducción del macrismo. Merece un repudio general, que el macrismo y el radicalismo retacearon.
 
El abordaje de "Clarín" da para un seminario. Apenas siete líneas, en un recuadro colocado en página par, bien abajo, sin fotos. Para un manual de invisibilización. Según el diario del Multimedios "un móvil del canal de noticias C5N fue rodeado y agredido por manifestantes (...) el vehículo recibió golpes y se retiró entre insultos y gritos". Consigna repudios de Fopea y ADEPA.
 
No se comprenden. Si se atacó a un vehículo deberían haberse pronunciado los fabricantes de autos, tal vez Guillermo Dietrich en nombre de los concesionarios, el Smata... La complicidad se camufla de muchas maneras, el encubrimiento mediático también.
 
La virulencia de la derecha enardece: es una de sus finalidades. Replicar los embates del adversario puede resultar inevitable. El oficialismo tiene el deber de manejarse con racionalidad, de contraponer sensatez al griterío o a las denuncias falsas, de no ser funcional a sus adversarios.
 
Tienta entrar en la lucha en el barro, fascinarse con una agenda distractiva. Se incurre en un error que se acentúa cuando se implican sus principales funcionarios, el propio presidente. Favorecen al contrincante. Ayudan, involuntaria y eficazmente, a amplificar discursos repudiables.
 
Caen en una trampa: actuar como "oposición de la oposición" según el hallazgo del periodista Martín Rodríguez. La furia es un recurso de la derecha que, dato nada menor, va perdiendo consenso y predicamento dentro de su frente interno. Un sector de la opo sueña con un bolsonarismo argentino. Están en minoría, menguante de momento.
 
La iniciativa sigue en manos del Gobierno como es usual en tiempos normales e imprescindibles en medio de una crisis sin precedentes.
 
 
El canje, BlackRock, la Casa Blanca
 
La enmienda en la propuesta de canje de deuda presentada en Nueva York recoge aceptaciones de acreedores. Nadie en el gobierno arriesga en público porcentajes. El ministro de Economía Martín Guzmán prosigue conversando con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con bonistas amigables, con funcionarios norteamericanos.
 
Hasta con emisarios del intratable fondo BlackRock. Los portavoces de ese coloso exigen que se reabra la oferta, que el presidente Alberto Fernández imite a su colega de Ecuador. Lenin Moreno acordó raudamente y sin chistar con los acreedores mientras su país se empobrece y se puebla de cadáveres, víctimas del corona virus. A Fernández y Guzmán no les parece buen ejemplo.
 
BlackRock administra, entre otras menudencias, parte de los bonos públicos estadounidenses. Juega en grandes ligas, en pleno imperio. Pese a todo, el Departamento de Tesoro aparenta, casi sobreactúa, prescindencia en la negociación. En el equipo económico y en el Palacio San Martín hay concordancia: podría ser peor.
 
El presidente Donald Trump no le bajó el pulgar a la Argentina... hasta hoy porque el hombre es impredecible, rústico y abrupto en sus movidas.
 
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La tradición estipula que la conducción del Banco Mundial es para Estados Unidos, la del FMI para Europa y la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para nuestra región. La Argentina proponía al secretario Gustavo Beliz para presidir el organismo. Trump quebró las reglas: promueve para el BID a su compatriota Mauricio Claver-Carone, funcionario de largo recorrido.
 
Los negociadores gauchos descreen que se trate -de modo exclusivo- de un desdén para nuestro país. Coadyuvan otros factores. El primero quizá ataña a política interna, a la campaña presidencial. Claver-Carone es un prócer para el "lobby cubano" de su país, un gusano para sus detractores. Para ser reelecto Trump precisa sí o sí ganar en el estado de Florida. La relación con los exiliados cubanos es clave. Hasta ahí la irrupción del intruso en el BID no atañe a nuestro país.
 
Sí le concierne, en cambio, la competencia entre Estados Unidos y China. Los avances de esta potencia en América del Sur preocupan a la Casa Blanca. Manejar la caja del BID podría ser un instrumento para disciplinar a potenciales aliados de los chinos. Circunstancia para nada ajena a la Argentina que acaba de renegociar un swap, chimentan en el Palacio San Martín y en la Casa Rosada.
 
Negociadores gauchos astutos imaginan que el desaire en el BID podría ser contrapesado con un gesto amigable referido a las negociaciones con los bonistas privados o con el FMI. Hasta ahora, son ilusiones no corroboradas por alguna señal concreta.
 
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Apoyos del G-20 que no significan plata pero mejoran la reputación de Argentina. Aval de casi todos los gobernadores, con la solitaria excepción del sanluiseño Alberto Rodríguez Saá. Las adhesiones suman pero no alcanzan...
 
Las tratativas siguen, el panorama da la impresión de ser más promisorio que hace siete meses, el final sigue abierto.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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