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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 11-07-2020 / 08:07

Actos violentos de los odiadores seriales

Actos violentos de los odiadores seriales
Cada golpeador y agresor tiene una responsabilidad, pero la alianza Juntos por el Cambio y el grupo de periodistas afines al macrismo deberían asumir la responsabilidad principal de este fenómeno que atenta contra la posibilidad de vivir en paz y en democracia.
Los actos anticuarentena como el del 9 de Julio pasado convocan pelajes de todos los colores, algunos con protestas más legítimas que otros, pero todos con el mismo común denominador de odio y violencia.
 
No se trata de un pequeño sector que no representa a la mayoría de los que asisten porque la violencia es generalizada, está en el tono de las consignas que gritan, en los carteles que llevan y en la actitud de los manifestantes.
 
No puede ser de otra forma porque la convocatoria es en términos violentos y porque sus referentes se expresan en forma violenta. Los manifestantes acatan los términos como fueron convocados y reproducen las actuaciones de sus referentes.
 
Hay una responsabilidad política por este tipo de manifestaciones que llevan a su punto más crítico la posibilidad de convivencia con la mayoría de las personas que piensa de otra forma.
 
Cada golpeador y agresor tiene una responsabilidad, pero la alianza Juntos por el Cambio y el grupo de periodistas afines al macrismo deberían asumir la responsabilidad principal de este fenómeno que atenta contra la posibilidad de vivir en paz y en democracia.
 
No hay un reclamo puntual, como puede ser una marcha por aumento salarial o en defensa de las jubilaciones. Los planteos que se escuchan ni siquiera están en relación con la consigna de la convocatoria, que se convierte en una excusa.
 
El odio está puesto en el otro. Odian al gobierno que no es el que ellos quieren. No conciben que tendrán oportunidad de volver a votar. Si no es el gobierno que ellos quieren, hasta ahí llega el concepto que tienen de democracia.
 
Convertir a la cuarentena por la peste en una dictadura stalinista es de un silogismo tan simplón que no resiste la inteligencia de un mono. 
 

 
Reclamar por la libertad en relación con la cuarentena, un 9 de Julio, el día que los argentinos declararon su libertad frente a la corona española, es como si la corona española hiciera una marcha porque una manga de autoritarios coartó su libertad de tener a la Argentina de colonia.
 
Sí señor, la corona no tiene libertad para tener colonias subyugadas. Sí señor, nadie tiene libertad para infectar a otro con una peste que le puede costar la vida.
 
Si esta gente que usurpa el nombre libertario --como se conocía a los viejos y verdaderos ácratas-- reclama libertad para contagiar al prójimo, es porque entiende la libertad como su libertad y como una forma de supremacía para subordinar a los demás.
 
 
 
No es contradictoria esa equiparación con la corona española y los próceres de la independencia. La corona española tenía un derecho que era su fuerza militar y usaba su libertad para subordinar la libertad de los otros.
 
Estos libertarios negativos --opuestos a la libertad-- que marchan contra la cuarentena, piensan que frente a dos personas con derechos cuyos intereses colisionan, prevalece el derecho del más fuerte.
 
No hay nada menos libertario que reivindicar la libertad del que tiene más fuerza para subordinar al otro. Esa es la esencia del autoritarismo.
 
Esa fue la consigna más racional de los que marcharon. En la semana se conoció la muerte de uno de estos manifestantes, el jubilado Ángel Spotorno, de 64 años, militante del PRO. Spotorno tenía todo el derecho de elegir la forma de morir, incluso solo y asfixiado por el virus, como sucedió.
 
Pero no tenía ningún derecho a poner en riesgo de sufrir esa misma muerte a decenas de ciudadanos que tuvieron contacto con él en esos actos, incluyendo a periodistas y transeúntes. No existe libertad para contagiar la muerte.
 
Si lo que se reclama es una cuarentena administrada, flexibilizada o lo que sea, pongan el debate en la sociedad, exhiban sus ejemplos y los argumentos científicos que sostienen esa postura. No tienen necesidad de acusar de stalinistas e insultar a los que opinan diferente. Es otro rasgo autoritario de estos falsos libertarios.
 
La locutora de un noticiero de televisión quiso mostrarse ofendida por la frase de Alberto Fernández en su discurso del 9 de Julio cuando dijo que venía a terminar con los odiadores seriales. La mujer se enredó en sus disquisiciones y lo que se escuchó fue que el odiador tiene derecho a odiar: "No tiene derecho, ¿quién se cree? por más que sea presidente, no es quien para sacarle ese derecho a la gente". Fue lo que se entendió.
 
La intención de esa frase del Presidente no fue quitarle un derecho al odiador serial, sino reivindicar el derecho de la inmensa mayoría de los argentinos que quieren vivir en paz y en democracia, algo que el odiador serial, como actor político, rechaza. Son dos derechos en pugna: el del que odia lo que la mayoría quiere y el de la mayoría.
 
Promover el odio es la mejor forma de ocultar una propuesta que favorece los intereses de las minorías privilegiadas. Porque esas propuestas solamente pueden ser apoyadas por quienes se verán favorecidos que, por definición son muy pocos.
 
El odiador no debate, no confronta ideas, no ofrece con claridad una propuesta alternativa a lo que motiva su odio. Entonces es imposible establecer reglas de juego porque el odiador inhabilita el diálogo. El odiador serial promueve la violencia de los que lo acompañan y provoca la violencia de los que agrede. La consecuencia directa del odio es la violencia.
 
Uno de los autos de la caravana llevaba la consigna: "Fase 1: fusilar a los políticos", "Fase 2: Fusilar a los sindicalistas", "Fase 3: Argentina empieza a despegar". Uno de los tipos que amenazaron a los periodistas del móvil de C5N gritaba: "¡Ya van a tener miedo, ya van a tener miedo!".
 
El mensaje que publicó en las redes el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, decía: "Cristina chorra, vamos por vos". Es imposible establecer un diálogo mínimo en ese tono.
 
Pero la frase de Alberto Fernández apuntó al documento promovido por Patricia Bullrich que firmaron los jefes de los tres partidos que conforman la alianza donde, sin fundamentos ni el más mínimo conocimiento del hecho, hicieron acusaciones de mucha gravedad a la vicepresidenta Cristina Kirchner con relación al asesinato de Fabián Gutiérrez en Santa Cruz.
 
Cuando llegó al gobierno, el macrismo declaró una "guerra de policía" o "lawfare" que buscó despolitizar al disidente para combatirlo como delincuente común. Ese camino cierra cualquier posibilidad de diálogo.
 
El macrismo creyó que ante esa ofensiva el kirchnerismo se dispersaría. Pero no sólo no fue así, sino que el kirchnerismo se cohesionó como mayoría relativa e integró una fórmula presidencial que desplazó al macrismo del gobierno.
 
En vez de recurrir a la misma estrategia de persecución, el nuevo gobierno planteó el diálogo con la oposición que ahora es el macrismo. Si el macrismo insiste desde la oposición con la misma estrategia de despolitizar a su adversario y tratarlo como delincuente, la política queda desplazada por una lógica de guerra de exterminio de alguno de los dos por el otro.
 
Tampoco se trata de salvar diferencias por puro voluntarismo cuando hay políticas que responden a intereses diferentes. En democracia hay disputa y confrontación, hay adversarios e incluso enemigos. Justamente por eso son necesarias las reglas de juego.
 
Sin reglas de juego, esa disputa se convierte en violencia, guerra y represión. La estrategia del macrismo cuando lanzó el lawfare, pateó el tablero. Si insiste será responsable de llevar al país a un nuevo escenario de violencia.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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Actos violentos de los odiadores seriales
El discurso de odio que se debe repudiar y desarmar es el que se vio en carteles como este de un auto que participó de las protestas del jueves y en cuyo parabrisas se podía ver un cartel que decía: «Fase 1: fusilar políticos. Fase 2: fusilar sindicalistas. Fase 3: Argentina despega».
20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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