01:41 | Viernes 05 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 09-07-2020 / 13:07

CASI 300 PISTOLAS Y ESCOPETAS DE LA AGENCIA FUERON CEDIDAS A PRECIOS IRRISORIOS

AFI macrista: la Justicia imputa a Arribas y Majdalani por venta ilegal de armas

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron imputados por la venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron imputados por la venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad. La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, quien además le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.

La cúpula de la AFI macrista ya está siendo investigada por espionaje ilegal a políticos oficialistas y opositores, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre otros. En este caso, se trata de una causa iniciada a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien detectó que la Agencia hizo una venta ilegal de 296 armas propias, de distinto calibre, entre 73 espías y funcionarios a precios que eran un 20 por ciento de su valor real, y con mínimos requisitos.

Ahora, el fiscal imputó tanto a Arribas como a Majdalani, y también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia.

Entre las primeras medidas, el fiscal González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre funcionarios y agentes.

De acuerdo con la denuncia, el ilícito se basó en dos resoluciones dictadas por Arribas en 2017 y 2018, que habilitaron esta suerte de mercado de armas en la AFI: primero se declaró al armamento en condiciones de "rezago" "por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación" y, en función de eso, se autorizó su venta "a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean credencial de legítimo usuario". El procedimiento de venta que aprobaba consistía en el descuento del valor establecido a través del pago de haberes.

Pero Caamaño denunció que el informe de Arribas no mostraba que se tratara de "armamento de rezago sino que se lo clasifica como material en desuso", lo que implica que no se trataba de "residuos" sino que tenía cualidades para seguir siendo utilizado.

El área de Seguridad del organismo cotizó el valor de mercado en dólares de las armas y lo contrapuso con los precios a los que fueron vendidas, que rondan el 20 por ciento: las pistolas FM Browning 9 mm cuestan 200 dólares cada una pero fueron vendidas a 3900 pesos por unidad, por poner un ejemplo.

"Permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal", señala la denuncia.

La tasación tampoco respetó el reglamento de Bienes del Estado y por eso el planteo señala el delito de administración fraudulenta. Las armas tienen un régimen propio y, además, la venta de cualquier bien del Estado debe pasar por una tasación y salir la venta por una subasta en un banco público.

La Opinión Popular

Ahora imputaron a Arribas y Majdalani por la venta irregular de armas en la AFI

El fiscal federal Ramiro González investiga a los ex jefes de Inteligencia durante la gestión Cambiemos, por vender armamento a precio irrisorio a funcionarios y agentes en actividad

El fiscal federal Ramiro González imputó hoy a los ex jefes de la AFI durante la gestión de Juntos por el Cambio, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad, informaron fuentes judiciales.

El fiscal imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.

Entre las primeras medidas, González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre sus funcionarios y agentes.

La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que sostuvo que la gestión pasada "autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico".

En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente "carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico". Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio "irrisorio" a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas "aptas para el disparo y utilización".

Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían "el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal", según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron "armas de colección que no se consiguen en el mercado" como revólveres Ruger y Colt Trooper. El Ruger "tenía la leyenda que decía '200 años de la libertad de América'", destacó la presentación de Caamaño.

Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que "no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento" a un ex funcionario.

"La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso", sostuvo. Por otro lado, la AFI denunció que "permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per sé una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad".

De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a "un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad" y "prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso". Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro ex funcionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.

Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento "en condiciones de rezago" porque no resultaba "económicamente rentable ni factible su recuperación". Ante ello se autorizó la venta a los agentes "pertenecientes a la Agencia" con credencial de legítimo usuario de arma de fuego con pago que se realizaba a través de descuento de haberes. Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba "como material en desuso".

El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas "bajo la misma modalidad". "La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado", concluyó la denuncia que aludió a un "perjuicio a la administración pública".

Fuente: Tiempo Argentino

04-12-2025 / 08:12

Las 11 muertes del peronismo

Martillar el último clavo en el ataúd que encierra el cadáver del peronismo es una causa nacional que pronto cumplirá 80 años. Ahí, en 1946, radica la "cifra redonda", el año fundacional, tanto del peronismo como movimiento de masas como del antiperonismo como irrenunciable leit motiv de buena parte de la sociedad argentina. Y así venimos desde hace décadas, matando al peronismo, dándolo por finiquitado, y asistiendo a sus múltiples y polifacéticas resurrecciones.

Como un destino nacional inexorable; "el hecho maldito del país burgués" que definió John William Cooke. En ese itinerario pueden indentificarse 11 muertes del peronismo, 11 episodios que el antiperonismo festejó como un Mundial para, poco después, volver a empezar.

Pero, ¿qué sería del antiperonismo, buceando ya en profundidades ontológicas, si el peronismo realmente muriera? Si combatir al peronismo en todas sus formas -rechazarlo, denostarlo y condenarlo- es la razón de ser de tantos argentinos, ¿qué vendría después? ¿Qué verían al asomarse a ese abismo nietzscheano que nos habita y nos acecha cuando el monstruo de afuera ya no esté?

La flamante victoria de La Libertad Avanza generó todo tipo de conjeturas sobre el futuro de un peronismo enredado en la miseria de sus internas y carente de una propuesta alternativa, capaz de seducir a una ciudadanía desencantada. Lo llamativo es que este contexto crítico se replicó en varias ocasiones desde los años 50 a la fecha y generó los mismos efectos.

"Ahora sí, este es el fin del peronismo", es un título redactado en numerosas ocasiones, siempre listo y nunca definitivo. Será porque los intentos por "matar" al peronismo han adoptado distintas formas: la proscripción, la represión, la fragmentación interna, la debacle económica, la derrota electoral. Cada uno de esos embates reforzó, de una manera u otra, su condición de fenómeno político persistente.

Los siguientes 11 episodios -las 11 muertes- lo ejemplifican.

1) 26 de julio 1952. La que fallece es Eva Duarte, "Jefa Espiritual de la Nación" y estandarte del "primer peronismo", cuando el país -al decir de Félix Luna- era una fiesta. Después de Evita, ¿qué?, era la pregunta. Las pintadas celebratorias repartidas por Buenos Aires ("viva el cáncer") expresaban el anhelo de que esa muerte de carne y hueso fuera el simbólico inicio de otra muerte, la de Perón, la de su gobierno y la de todo lo que el peronismo representaba. Muchos lo creyeron así.

2) 16 de septiembre de 1955. Golpe de Estado. Revolución Libertadora (para los peronistas, la "fusiladora"). Es el comienzo de una gigantesca operación cultural: la desperonización de la Argentina. La proscripción del peronismo y el exilio de 18 años de su líder son la punta del iceberg. Se demuelen estatuas, se destruyen bustos, se queman cuadros, se borra todo vestigio de peronismo al punto de prohibir, por ley, que se lo nombre en público. Pero en lugar de matarlo, lo que lograron fue fortalecer la identidad, al punto de que el sólo hecho de ser peronista se convirtió en un acto de resistencia.

03-12-2025 / 10:12

Donald Trump, el genocida Benjamín Netanyahu y Javier Milei avalan la tortura

No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.

El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.

La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.

El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.

Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.

Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".

Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".

Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".

03-12-2025 / 10:12

La coimera Karina quiere que Milei la elija sucesora como hizo Néstor con Cristina

Karina "la Coimera" Milei sueña con que su hermano la elija como sucesora como hizo Néstor Kirchner con Cristina en 2007 en una maniobra que le permitió al kirchnerismo quedarse en el poder durante 12 años. "Hay que ir por la reelección de Javier Milei", aclaró en Mar del Plata, en el congreso libertario que encabezó frente a 300 personas, pese a que esperaban más de 700. Pero lo que no dijo es que ella se plantea como sucesora de su hermano, en el 2027 o en el siguiente turno electoral.

"Ella quiere que Milei la elija como sucesora, como hizo Néstor con Cristina", explicó un dirigente libertario al tanto de los planes de la hermana presidencial. En el mismo acto se difundió la creación de un "comité de disciplina" de La Libertad Avanza, que tendrá tolerancia cero a las individualidades. Entre los libertarios dijeron que el comité servirá como una suerte de Mazorca de Karina para tener a raya a todo el partido, en especial a los influencers como el Gordo Dan, el cabecilla de Las Fuerzas del Cielo que agrupa a los seguidores de Santiago Caputo.

Justamente el Gordo Dan ofició durante los primeros dos años de mandato de Milei como un guardián de la pureza libertaria y fue quien hizo echar a varios funcionarios que se corrieron de la línea. Karina quiere ser la única en detentar ese poder. Además, no quiere que los ministros, diputados y senadores vayan a la televisión sin su supervisión previa.

La visión policial de la política que despliega Karina ya es motivo de preocupación entre importantes dirigentes libertarios y llegó a impactar en el Congreso. "Patricia Bullrich le tiene terror a Karina", afirmó un importante dirigente libertario.

La hermana de Milei ahora tiene en mira el ministerio de Justicia como el próximo lugar para colonizar. Karina le pidió a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el ministerio luego de las elecciones pese a que ya había presentado una carta con su renuncia. El objetivo era darse un tiempo para definir su sucesor.

Ahora, Karina quiere que el puesto de Cúneo lo ocupe Santiago Viola. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y era su candidato para la secretaría Legal y Técnica antes de que Santiago Caputo acercara a María Ibarzábal Murphy, quien se ganó la confianza de Milei y es una pieza clave del gabinete. Pero los tiempos cambiaron y la obsesión de Karina por la Justicia creció desde el caso Libra y las coimas de la Andis, que la tienen en el centro de las investigaciones de la justicia federal.

Estos movimientos forman parte, según los libertarios, de un objetivo mayor para Karina, que es el de entrar a la fórmula presidencial en el futuro. Milei repite que su jefe es su hermana y por eso en el gobierno no descartan que Karina pida dar el salto en 2027.

La semana pasada, Karina se apersonó en el Senado para dar una demostración de poder en la Cámara en la que acaba de entrar Patricia Bullrich, otra de las figuras del gobierno con aspiraciones a entrar en la fórmula presidencial, pero que teme a la hermana de Milei.

Karina es la persona de este gobierno que tiene peor imagen, se la asocia a la corrupción. Su figura, cada vez más central dentro de la estructura de poder, es parte del debate sobre quién toma las decisiones en la gestión nacional. De hecho, las encuestas ya están evaluando la percepción sobre quién gobierna realmente: Javier Milei o su hermana, la secretaria general de la Presidencia.

La Opinión Popular

01-12-2025 / 09:12

Un escenario bizarro: La macrista Marilú Quiroz, el Congreso y la chatura del debate público

En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.

Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.

Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.

¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?

Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?

La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.

Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.

Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.

Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.

30-11-2025 / 12:11

Una línea une el negacionismo de los antivacunas con el negacionismo de quienes reivindican a los genocidas del terrorismo de Estado

La concentración de fachos en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores fue un fracaso. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro-dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó para avisarles que estaba llegando la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.

El que recibió el mensaje fue Guillermo Sottovia, uno de los organizadores de la movida fallida, que dice ser piloto civil e hijo de un oficial de la Aeronáutica. A Sottovia no le quedó más remedio que agarrar el megáfono maltrecho que tenían e iniciar la retirada. -Nos tenemos que ir, no por cobardes, sino para demostrar que ellos son los violentos -dijo.

Hasta segundos antes, Sottovia había estado a los abrazos con Carlos Pampillón, el dirigente neonazi marplatense procesado por atacar un monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pampillón palmeaba a algunos hombres con uniformes y los llamaba "héroes" mientras se abría paso por la Plaza de Mayo.

Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse: no solo en oposición a las Madres de Plaza de Mayo sino porque también dice estar de "luto" por los represores presos.

Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.

Tanto Asunción como su hermano, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit, suelen visitar a los condenados y procesados por secuestrar, torturar y desaparecer personas. Ella sostiene que no solo hay que pedirle al gobierno de Javier "el Loco" Milei por su libertad, sino también reivindicar su accionar represivo.

"La esperanza es lo último que se pierde", dijo la mujer que pululó por distintas organizaciones pro-dictadura. "De hecho podemos estar haciendo este reclamo. Si fuera con otro gobierno, ya estaríamos presos", concedió, aunque no esconde su desazón porque la administración de La Libertad Avanza (LLA) no hizo más para tener al genocida Alfredo Astiz y compañía fuera de las cárceles.

Conformaron un grupúsculo que se dio en llamar Unidos por la Sangre Derramada, pero, en realidad, lo que derramaron fueron peleas internas. Hasta hace diez días, Orlando González se presentaba como el coordinador general de la iniciativa. El tema se complicó cuando se contó quién era el personaje: un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua y que se encuentra en arresto domiciliario. Aficionado a la fotografía, el "Hormiga" González solía retratar a sus víctimas.

En Plaza San Martín se hicieron grandes actos para oponerse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y para reclamar una amnistía general. Las concentraciones eran mucho más nutridas que las de este sábado en Plaza de Mayo. Pese a eso, con megáfono en mano, Sottovia afirmaba: "Tenemos poder ahora de cambiar la historia. Nunca se hizo un acto como éste". Patético.

La Opinión Popular