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Nacionales - 09-07-2020 / 13:07
CASI 300 PISTOLAS Y ESCOPETAS DE LA AGENCIA FUERON CEDIDAS A PRECIOS IRRISORIOS

AFI macrista: la Justicia imputa a Arribas y Majdalani por venta ilegal de armas

AFI macrista: la Justicia imputa a Arribas y Majdalani por venta ilegal de armas
Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron imputados por la venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.
Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri,  Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron imputados por la venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad. La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, quien además le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.
 
La cúpula de la AFI macrista ya está siendo investigada por espionaje ilegal a políticos oficialistas y opositores, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre otros. En este caso, se trata de una causa iniciada a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien detectó que la Agencia hizo una venta ilegal de 296 armas propias, de distinto calibre, entre 73 espías y funcionarios a precios que eran un 20 por ciento de su valor real, y con mínimos requisitos.
 
Ahora, el fiscal imputó tanto a Arribas como a Majdalani, y también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia.
 
Entre las primeras medidas, el fiscal González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre funcionarios y agentes.
 
De acuerdo con la denuncia, el ilícito se basó en dos resoluciones dictadas por Arribas en 2017 y 2018, que habilitaron esta suerte de mercado de armas en la AFI: primero se declaró al armamento en condiciones de "rezago" "por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación" y, en función de eso, se autorizó su venta "a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean credencial de legítimo usuario". El procedimiento de venta que aprobaba consistía en el descuento del valor establecido a través del pago de haberes. 
 

 
Pero Caamaño denunció que el informe de Arribas no mostraba que se tratara de "armamento de rezago sino que se lo clasifica como material en desuso", lo que implica que no se trataba de "residuos" sino que tenía cualidades para seguir siendo utilizado.
 
El área de Seguridad del organismo cotizó el valor de mercado en dólares de las armas y lo contrapuso con los precios a los que fueron vendidas, que rondan el 20 por ciento: las pistolas FM Browning 9 mm cuestan 200 dólares cada una pero fueron vendidas a 3900 pesos por unidad, por poner un ejemplo.
 
"Permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal", señala la denuncia.
 
La tasación tampoco respetó el reglamento de Bienes del Estado y por eso el planteo señala el delito de administración fraudulenta. Las armas tienen un régimen propio y, además, la venta de cualquier bien del Estado debe pasar por una tasación y salir la venta por una subasta en un banco público.
 
La Opinión Popular
 
 
Ahora imputaron a Arribas y Majdalani por la venta irregular de armas en la AFI
 
El fiscal federal Ramiro González investiga a los ex jefes de Inteligencia durante la gestión Cambiemos, por vender armamento a precio irrisorio a funcionarios y agentes en actividad
 
El fiscal federal Ramiro González imputó hoy a los ex jefes de la AFI durante la gestión de Juntos por el Cambio, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad, informaron fuentes judiciales.
 
El fiscal imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.
 
Entre las primeras medidas, González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre sus funcionarios y agentes.
 
La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que sostuvo que la gestión pasada "autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico".
 
En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente "carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico". Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio "irrisorio" a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas "aptas para el disparo y utilización".
 
Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían "el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal", según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron "armas de colección que no se consiguen en el mercado" como revólveres Ruger y Colt Trooper. El Ruger "tenía la leyenda que decía '200 años de la libertad de América'", destacó la presentación de Caamaño.
 
Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que "no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento" a un ex funcionario.
 
"La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso", sostuvo. Por otro lado, la AFI denunció que "permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per sé una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad".
 
De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a "un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad" y "prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso". Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro ex funcionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.
 
Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento "en condiciones de rezago" porque no resultaba "económicamente rentable ni factible su recuperación". Ante ello se autorizó la venta a los agentes "pertenecientes a la Agencia" con credencial de legítimo usuario de arma de fuego con pago que se realizaba a través de descuento de haberes. Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba "como material en desuso".
 
El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.
 
Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas "bajo la misma modalidad". "La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado", concluyó la denuncia que aludió a un "perjuicio a la administración pública".
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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03-08-2020 / 18:08
03-08-2020 / 12:08
La tarea principal del gobierno de Alberto Fernández es la reducción de daños, el apoyo a los sectores populares en la dura cuarentena y el mantenimiento de la paz social. Para eso tuvo que preservar fuentes de trabajo y derechos laborales. Inversiones sociales enormes, salvatajes a empresas, prohibición de despidos, doble indemnización. Coherentes con la historia social del peronismo, afrontando resistencias de grandes empresarios y medios opositores.
 
En el orden provincial, la salud y la atención a los sectores más necesitados es prioridad para la administración de Gustavo Bordet, como también lo es la reactivación de la economía que sufrió el impacto negativo del coronavirus.
 
Para colaborar en las reactivaciones provinciales, Alberto prepara un proyecto de obras públicas para todo el país que apuntale la economía. Entre Ríos estará en agenda con el avance de dos tramos de la ruta nacional 18 (Paraná - Concordia) y obras hídricas en La Paz y Paraná. En el listado de las obras públicas a comenzar este año, tras la pandemia y luego del arreglo por la deuda externa, para Entre Ríos figuran cuatro obras por un monto de 466 millones de pesos.
 
Puntualmente serían dos tramos de la ruta nacional Nº 18 que unirá Paraná y Concordia, la ampliación de una planta de potabilización en La Paz y otra en la capital entrerriana. El plan implicará una inversión en todo el territorio nacional de unos 4700 millones de pesos. Hasta aquí la relación Alberto-Bordet suena como un violín afinado.
 
En la Rosada, Bordet firmó un convenio con el ministro del Interior de la Nación, Wado De Pedro, para habilitar el llamado a licitación de la obra de pavimentación de la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa por 1.640 millones de pesos.
 
Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió a Bordet en el Congreso, con el objetivo puesto en la recuperación pospandemia. Dialogaron sobre el excedente de la Planta Hidroeléctrica de Salto Grande y la automaticidad para el desarrollo productivo entrerriano; obras de agua para el Gran Paraná -"importante para el desarrollo y calidad de vida de la región más poblada de esa provincia"- y la ampliación de la Moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrianos.
 
El crédito para micro emprendimientos y Pymes, la inversión en obra pública y el apuntalamiento de las distintas actividades que componen el sector productivo entrerriano ocuparán un lugar central en las políticas diseñadas por el gobierno de Bordet para transitar el duro camino hacia la nueva normalidad.
 
Para dejar atrás la pesada herencia macrista y el covid-19, el objetivo es apuntalar el proceso de reactivación que sigue a la progresiva liberación de actividades económicas, que habían quedado paralizadas por la pandemia, y que fue logrado gracias al accionar del sistema de salud en el combate contra el avance del virus.
 
La Opinión Popular
 
03-08-2020 / 11:08
Después de varias marchas anticuarentena en las que transgredían las normas de distanciamiento social y hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, el sábado vimos la represión a familiares y organismos que pedían justicia por Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro. Permiso para manifestarse para unos, represión para otros. Macristas, se nota mucho.
 
Mientras en el Obelisco se manifestaba libremente un grupo de personas anticuarentena, a pocas cuadras otro grupo de manifestantes era reprimido de forma brutal por la policía macrista de la Ciudad de Buenos Aires por pedir justicia a tres años de la desaparición de Maldonado en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional y por reclamar la aparición con vida de Astudillo Castro, de quién no se sabe nada hace tres meses.
 
Pasó lo mismo que el año pasado, la policía agredió a los manifestantes cuando estaban desconcentrando. Parece que la represión no tiene cuarentena. Los organismos de Derechos Humanos lanzaron un comunicado repudiando lo sucedido.
 
El hecho también fue repudiado por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, quien exigió a "las autoridades de la ciudad que investiguen lo sucedido, y fijen criterios objetivos en el accionar policial para garantizar a todos y todas su derecho a expresarse, más allá de simpatías".
 
El Gobierno macrista de CABA permitió agredir periodistas en una marcha y en otra reprimió a los que piensan distinto a él. Repudiamos esta utilización arbitraria y selectiva de las fuerzas de seguridad y reclamamos además de libertad, igualdad, y una policía que cuide a todos.
 
La Opinión Popular



02-08-2020 / 11:08
Esta vez "contra la reforma judicial" como nueva consigna pero con el mismo odio, los mismos discursos arrebatados y el mismo rechazo a los gobiernos populares. Se convocó a través de las redes sociales, incitando nuevamente a romper el aislamiento obligatorio, en medio del pico de la pandemia, que rige sobre la región del Área Metropolitana de Buenos Aires.
 
El dato cada vez más notorio de las aglomeraciones fogoneadas desde las redes sociales macristas, que esta vez no incluyeron los tradicionales puntos de encuentro de cacerolas en barrios de clase media, es ya no el desprecio a la cuarentena para evitar el colapso del sistema sanitario sino la notoria disminución de sus participantes, a quienes ignoran todos los dirigentes políticos con responsabilidades de gestión.
 
La señal de TN llevó cámaras para realizar un móvil en vivo desde donde (se esperaba) muchísimas personas asistieran para manifestarse en contra de la Reforma Judicial propuesta por Alberto Fernández y llevada al Congreso de la Nación. Sin embargo, no fue prácticamente nadie. Y en el canal ultra macrista no tuvieron más remedio que anunciar esta noticia a desgano, casi susurrando para que nadie aguzara el oído.
 
Los discursos de los escasos manifestantes macristas y videlistas que se escucharon este sábado fueron un calco de los de marchas anteriores, con la novedad de la "reforma judicial" que cada cual parece leer a gusto, ignorando que aún si el Congreso la aprobara mañana todas las causas en curso seguirían en manos de sus jueces naturales.
 
"Nos vamos rápidamente al Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya se está juntando gente", anunciaron. "Tiene que ver con rechazar el proyecto de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso", añadieron, mientras observaban la poca cantidad de personas que acudió a la Plaza de la República, en pleno centro de la Ciudad.
 

02-08-2020 / 10:08
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