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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 08-07-2020 / 17:07

EMERGENCIA SOLIDARIA

El oficialismo provincial le respondió a las entidades rurales

El diputado provincial Néstor Loggio les recordó que el lema de “achicar el Estado” fue de la dictadura de Martínez de Hoz. Luego le apuntó al gobierno de Macri: “Hablaron de achicar el gasto y lo multiplicaron, endeudando a generaciones de argentinos por más de cien años”.

El gobierno provincial le respondió a las entidades rurales, en rigor la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y la Sociedad Rural de Concordia, que criticó al oficialismo por haber aprobado la Ley de Emergencia Solidaria.

Fue el diputado provincial Néstor Loggio quien las cruzó. Les recordó que el lema de "achicar el Estado" fue de la dictadura de Martínez de Hoz. Luego le apuntó al gobierno de Macri: "Hablaron de achicar el gasto y lo multiplicaron, endeudando a generaciones de argentinos por más de cien años".

Afirmó en respuesta a las entidades rurales que el gobernador Gustavo Bordet mantiene como premisas principales de su administración "el orden, la austeridad y la transparencia en los gastos públicos" y apuntó que la ley de emergencia contribuirá a sostener servicios esenciales para la comunidad en estos momentos de crisis.

"Los largos años de nuestra historia reciente en los cuales el pueblo argentino vivió bajo dictaduras genocidas - prosiguió el legislador - tuvieron un lema: Achicar el Estado es agrandar la Nación. El autor de la frase es Ricardo Mansueto Zinn, viceministro de Economía de quien fuera titular de la Sociedad Rural, José Alfredo Martínez de Hoz, y uno de los gerentes favoritos de Franco Macri en Socma, quien lo eligió para ser mentor de su hijo mayor: Mauricio".

"Lamentamos que, en pleno incendio de las cuentas públicas producto de ese Estado gigantesco, ineficiente y burocrático, la idea para apagar el fuego no fuera una mirada hacia adentro", manifestaron los ruralistas apuntando a un "un Estado voraz".

"Somos una democracia, donde es el pueblo por mayoría el que elige quien gobierna siguiendo las pautas de un sistema representativo, republicano y federal, asentado en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Su funcionamiento requiere financiamiento", expresó Loggio.

"Pese a lo pomposo de esta frase, los gastos y las deudas aumentaron durante esos años negros. Lo mismo ocurrió cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia: hablaron de achicar el gasto y lo multiplicaron, endeudando a generaciones de argentinos por más de cien años", sostuvo.

"Nadie puede hacerse el distraído con eso. Tampoco en reconocer que, desde que Gustavo Bordet se hizo cargo de la provincia, ha reducido en 4 mil agentes la administración pública sin despedir a nadie, evitando los reemplazos por jubilaciones salvo en educación, justicia y seguridad. También hay que reseñar que redujo 200 cargos de funcionarios", dijo.

También apuntó que el mandatario provincial tiene un sueldo "más bajo" que muchos gerentes de firmas radicadas en la provincia, siendo que se trata del cargo público más importante con una enorme responsabilidad.

El legislador reconoció que el sistema tributario actual carga con muchas injusticias. Como eje central, marcó que está sustentado en los impuestos al consumo, principalmente el IVA "que pagan desocupados, los trabajadores y las clases medias al mismo valor que los más ricos y pudientes de la sociedad. Debemos cambiar esto y lograr que los que más tienen, más aporten", definió.

Sobre esta base, recordó que el segundo tributo más importante en la Argentina es el impuesto a las ganancias. "Pero cuando lo desagregamos, vemos que los principales aportantes son los trabajadores mejores remunerados. Este sector contribuye más que los grandes empresarios y los ricos, que aprovechan vericuetos legales y la ingeniería financiera para no pagar".

"Como si esto fuera poco - señaló - durante el gobierno de Macri, el presidente se bajó para él y su círculo el impuesto a los bienes personales, por lo que terminaron pagando menos que antes. De allí la reflexión de Ángela Mérkel, la Canciller alemana, que no entiende por qué los ricos argentinos tributan tan poco".

Loggio señaló por otro lado que "todos saben que, producto de la pandemia, los ingresos públicos han caído estrepitosamente. No sólo en Entre Ríos, en todo el mundo. Basta con leer cualquier diario extranjero para saberlo. Por ello el Gobernador pidió un esfuerzo a activos y pasivos provinciales y a las empresas privadas porque hay que sostener el sistema público", explicó.

Como ejemplo, citó que a la fecha el Gobierno de Entre Ríos ya ha invertido $ 100 millones de pesos más que durante 2019 en materia de seguridad y salud. Parte de estos fondos fueron a poner en condiciones los Hospitales de la Baxada en Paraná y el Centenario de Gualeguaychú "que el Gobierno de Macri abandonó".

"Si no hay aporte extraordinario, no se podrá sostener en medio de esta crisis a la Caja de Jubilaciones", reflexionó.

Subrayó que el aporte extra del inmobiliario rural está vinculado con un concepto "democrático y justo" que existe para la formulación del tributo en la diferenciación de 37 áreas productivas distintas en el territorio provincial. "Algunas tienen un valor hectárea alto y otras no. Aportarán según ese esquema equitativo que está vigente en el avalúo fiscal y que las entidades rurales avalan cada año cuando conversan sobre el tributo con el Ministerio de la Producción", consignó.

Luego, puntualizó: "De 60 mil explotaciones rurales, sólo un mil tributarán el aporte extraordinario mientras dure la emergencia. Esto es: dos de cada cien productores", describió.

Por último, recordó que países del llamado primer mundo, como Estados Unidos, o con alto nivel de desarrollo humano, como Australia o Nueva Zelanda, tienen valores de impuesto sobre la tierra "mucho más altos" que los vigentes aquí.

Fuente: Página Política

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El destrato de Milei provocará un ahogo financiero en las provincias

La acción por excelencia del presidente Javier Milei, para mostrar sumisión del adversario, es la humillación en el transcurso de las discusiones. A pesar de ello, el gobernador Rogelio Frigerio se siente obligado, por el electorado provincial que comparte, a mantener una buena relación con el Gobierno nacional. Pero la administración provincial está entre las perjudicadas por la gestión libertaria, en todos los frentes: tanto por el ajuste global del gasto como por las decisiones unilaterales de Milei en la distribución de los escasos recursos que reparte entre las provincias, y también por el derrumbe de ingresos propios de la Provincia que provocan las desastrosas consecuencias económicas del modelo anarco capitalista.

La novedad de la era Milei es la paradoja de que una parte del electorado compartido apoya esas acciones y esto deja al frigerismo entrerriano en una situación de impotencia política. El resultado electoral de octubre pasado cristalizó esa realidad. A pesar que Milei se quedó en 2024 y 2025 con los recursos de las cajas de jubilaciones de las provincias, pero también con la mayor parte de los recursos previstos para Aportes del Tesoro Nacional. Repartió apenas el 7,3 de los recursos en 2024 ($ 49.800 millones) y el año pasado distribuyó entre los gobernadores amigos $ 207 mil millones, el 21,7% de los recursos para tener apoyo en el Congreso. Todo el resto quedó para alimentar el declamado superávit nacional. Y Frigerio no hace nada, por especulación política y/o por cobardía personal.

Los efectos del ilegal corte de recursos de Anses a las cajas provinciales son demoledores para todas las jurisdicciones. Y hasta ahora no hay una sola señal de la Corte Suprema que indique que esa medida arbitraria y unilateral va a cesar. Las señales presupuestarias, en tanto, son las contrarias: en 2025 el reconducido Presupuesto nacional preveía unos simbólicos 254 mil millones para las 13 provincias que tienen Cajas de Jubilaciones propias y en 2026 la cifra es menos de la mitad. No cubriría siquiera las cuotas fijadas por la Justicia a las provincias que demandaron a la Nación. Entre Ríos hasta abril recibirá $ 2.000 millones al mes, de los más de 10 mil que debería estar recibiendo cada 30 días si se cumpliera la ley.

Los envíos de coparticipación vienen en caída desde hace meses y la semana pasada un informe del Iaraf señaló que la reducción de la presión tributaria efectiva nacional que publicita el gobierno de Milei correspondió en 2024 y 2025 al 0,8 % del PBI. "De esta baja acumulada, la Nación aportó el 8% (0,06 puntos porcentuales del PBI) y las Provincias el 92% (0,73 puntos porcentuales del PIB)". Sin embargo recién ahora muchos se desayunan con esta noticia y otros aún no superan la negación.

Mientras el oficialismo recurre a montajes y operaciones comunicacionales mentirosas para sostener su relato, las provincias perdieron los subsidios al transporte, el Fonid y los recursos de Anses. Los gobernadores ahora hacen cuentas sobre una pérdida en ciernes: el proyecto de Reforma Laboral prevé una reducción de Ganancias para las grandes empresas privadas y las provincias dejarán de recibir cerca de $1,7 billones en 2026, ya que se trata de un impuesto coparticipable. Entre Ríos perdería cerca de $ 80 mil millones.

La baja de la presión tributaria nacional y la evolución de los recursos provinciales parecen, a primera vista, dos debates separados. Sin embargo, forman parte de un mismo fenómeno: liberales vs federales. La baja impositiva de Milei se apoya, casi por completo, en una restricción creciente sobre las finanzas de las provincias. Menos impuestos a nivel nacional no significan más holgura fiscal para los gobiernos subnacionales, sino todo lo contrario.

Cuando se analiza la recaudación en términos relativos al tamaño de la economía, el panorama se vuelve aún más claro. En 2025, con una economía que habría crecido en torno al 4%, tanto la recaudación que queda en manos de Milei como la que se transfiere a las provincias vía coparticipación perdió peso en relación al PBI.

La recaudación nacional se redujo en 0,9 puntos porcentuales del producto, mientras que la correspondiente a provincias cayó 0,2 puntos. En conjunto, la presión tributaria efectiva nacional descendió 1,1 puntos del PBI en los dos años analizados. Si la comparación se extiende a 2023, la conclusión es todavía más contundente: tanto la Nación como las provincias perdieron 0,5 puntos porcentuales del PBI cada una en términos de recursos relativos.

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