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Nacionales - 08-07-2020 / 12:07
"OTORGARON IRREGULARMENTE MILLONARIOS CRÉDITOS EN MONEDA EXTRANJERA”

La Justicia pide inhibir los bienes del macrista González Fraga y de los dueños de Vicentin

La Justicia pide inhibir los bienes del macrista González Fraga y de los dueños de Vicentin
PIDEN INHIBIR LOS BIENES DE GONZÁLEZ FRAGA, LUCAS LLACH Y DIRECTIVOS DE VICENTIN. En un duro dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que las autoridades macristas del Banco Nación "incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo". Afirmó que los empresarios accedieron a créditos mientras postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que la entidad finalmente no tuviera de donde cobrar la deuda.
En un duro dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que las autoridades macristas del Banco Nación "incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo". Afirmó que los empresarios accedieron a créditos mientras postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que la entidad finalmente no tuviera de donde cobrar la deuda.
 
Pollicita pidió que se ordene la inhibición de bienes al ex presidente del Banco Nación (BN) Javier González Fraga y a su segundo Lucas Llach, así como también a ex funcionarios de esa entidad y a empresarios de Vicentin involucrados en la causa penal que investiga una supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa cerealera.
 
"Otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera", dice el planteo presentado ante el juez de la causa, Julián Ercolini. En el escrito de 79 páginas, el fiscal pidió que se disponga esas medidas contra los 24 investigados en esa causa, entre los que están involucradas las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA. Sobre estos se pidió que se dicte la "prohibición de innovar sobre su composición accionaria".
 
El dictamen sostiene que "los elementos probatorios" indican que los funcionarios del Banco Nación, "algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria".
 
"Otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba", puntualizó.
 

 
También se refirió a una "connivencia" de los empresarios con los funcionarios, a quienes les "solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía".
 
"En simultáneo -explicó- postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo."
 
El fiscal advirtió que esto había ocurrido a pesar de que esas operatorias fueron reveladas en denuncias públicas, y que hasta las autoridades del Banco Central estuvieron enteradas del hecho.
 
"Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre". Aún así, esto no impidió que "durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco", agregó.
 
La Opinión Popular
 
 
ADEMÁS, EL FISCAL GERARDO POLLICITIA REALIZÓ EL MISMO PEDIDO PARA LOS DIRECTIVOS DE LA CEREALERA, BENEFICIADA EN EL ÚLTIMO GOBIERNO
 
Vicentin: Pidieron la inhibición de Javier González Fraga y Lucas Llach
 
 
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que se ordene la inhibición de bienes al ex titular del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, ex directivos y gerentes de la entidad y a empresarios de Vicentin, en la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma por parte de la entidad bancaria.
 
En un dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, el fiscal pidió que se disponga la inhibición general de bienes a González Fraga, al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a otros 24 investigados; entre ellos los ex miembros del Directorio del Nación y de su planta gerencial y empresarios. También, pidió la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, y que se dicte la "prohibición de innovar sobre su composición accionaria".
 
"Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria", advirtió Pollicita en el dictamen. Para ello "otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba", agregó.
 
El fiscal tiene delegada la investigación y explicó que "las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo".
 
"Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco", agregó en base a documentación probatoria recibida en la causa.
 
Pollicita investiga el presunto otorgamiento irregular por parte del Nación de préstamos a la firma Vicentín que acumuló una deuda de 18.500 millones de pesos con la entidad oficial, "los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo", recordó el fiscal.
 
La semana pasada el fiscal ordenó medidas de prueba para investigar la "posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de VICENTIN S.A. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina, y solicitó la producción de 13 medidas de prueba, así como también, la recolección de toda la documentación de interés vinculada a los hechos denunciados", recordó ahora.
 
Fuente: El Destape
 

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24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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