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Nacionales - 05-07-2020 / 10:07
¿QUÉ GRADO DE IMPLICANCIA TUVO "EL TANO"?

Angelici, operador judicial de Macri, poseía una AFI paralela

Angelici, operador judicial de Macri, poseía una AFI paralela
Se complica la situación de Daniel “Tano” Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
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Complicada situación del "Tano" Angelici por las escuchas macristas ilegales
 
El personaje clave en la Dirección de Jurídicos de la AFI era el "Enano" De Stéfano. Hombre del radicalismo porteño, tiene como terminal y padrino político a Angelici. "La influencia política partidaria en los directorios era gigantesca", declaró Coste.
 
Al igual que Juan Bautista Mahiques, otro de los arietes de la persecución judicial, tras la salida de Macri de la presidencia, De Stéfano encontró cobijo en la ciudad de Buenos Aires bajo el ala de Horacio Rodríguez Larreta. Lo ubicaron como director en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la empresa pública que administra los subtes. No es casual. Mientras era un peso pesado en la AFI aún figuraba como empleado de la Legislatura porteña.
 
De Stéfano trabajó en la Corporación Buenos Aires Sur bajo las órdenes de Humberto Schiavoni, ex presidente del PRO a nivel nacional. Conoce de judiciales: pasó varios años en el Consejo de la Magistratura porteño. Finalmente, Angelici lo colocó en la AFI. De Stéfano fue uno de los directivos de la exSIDE que fue a ver al juez Luis Carzoglio para pedirle que detuviera a Pablo y Hugo Moyano, tal como reveló El Destape.
 
La visita fue reconocida por Arribas y Majdalani ante la misma Bicameral de Inteligencia en 2019. También fue central en el encubrimiento del espionaje a Cristina Fernández de Kirchner luego de que agentes de la AFI fueran descubiertos en la puerta del Instituto Patria.
 
El relato de Martín Coste ante la Bicameral de Inteligencia, el 26 de junio pasado, aporta muchos indicios sobre cómo funcionaba esta estructura de inteligencia con terminal propia dentro de la propia AFI. Coste es un espía de carrera, con más de 15 años en lo que era la SIDE y actualmente es la AFI, que en su entrevista con los legisladores se quejó en varias oportunidades de que Arribas y Majdalani lotearon la casa de los espías y la plagaron de militantes de Cambiemos que no conocían el oficio.
 
Coste cambió varias veces de cargo en los años del macrismo pero lo que aseguró como constante es que mientras vaciaban la estructura a su cargo -Contrainteligencia- había un área que crecía: la Dirección de Jurídicos. O sea, la que se encargaba de las relaciones con el Poder Judicial.
 
El espía Coste fue terminante: "La Dirección de Jurídicos no fue una mera área administrativa encargada de recibir un oficio y comunicarlo hacia adentro. Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani". En teoría, debía ser un área administrativa, pero Coste aseguró que "tenían agentes operativos".
 
Se dio el siguiente diálogo con Leopoldo Moreau, presidente de la Bicameral de Inteligencia:
 
Moreau: - ¿La Dirección de Jurídicos tenía agentes operativos?
Coste: - Correcto.
Moreau: -¿Pero había una oficina operativa? ¿Hacían tareas de calle?
Coste: - Tenían personal operativo, tenían expolicías o policías en comisión.
 
Dalmau Pereyra relató algo similar y dijo que "hubo una directiva clara de que había que trabajar los casos con Jurídicos. No estaba autorizado el personal de la Agencia a ir a Tribunales, salvo con autorización expresa. O sea, todo el tema de ir a Tribunales, Comodoro Py, básicamente, y otros, se trabajaba desde el Área de Jurídicos, y era una directiva expresa. Antes la costumbre era -entiendo y me lo contaron- iban y hablaban directamente con el fiscal. Eso se terminó de manera rotunda". El control lo tenía De Stéfano, ergo, Angelici.
 
Coste relató cómo la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, lo envió a entrevistarse con Di Stéfano luego de que se desatara el escándalo del espionaje ilegal al Instituto Patria, que había derivado en una causa judicial que tramitó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en los tribunales federales de Comodoro Py. Cuando fue a verlo, Coste se encontró a "De Stéfano sentado con Alan Ruiz y el señor Martiré", que era un director de Jurídicos. ¿Qué pasó en esa reunión? "Estaban tratando -hace tiempo estaban, yo llegué después- el tema de qué es lo que Alan había hecho, teóricamente", dijo Coste en la bicameral parlamentaria. Martínez de Giorgi terminó cerrando ese caso.
 
Pero los tiempos cambiaron en diciembre de 2019 y la impunidad parece haber llegado a su fin. Hoy Ruiz -ex director de Operaciones Especiales- está preso en el marco de la causa por espionaje a CFK en el Instituto Patria y su domicilio de Recoleta que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Esa causa se inició por una presentación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
 
Las escuchas telefónicas y sus transcripciones son un caso aparte. El punto central es que por entonces la AFI tenía un área de escuchas que dependía de Contrainteligencia, es decir, de Coste. Tenía, según Coste, dos o tres personas que escuchaban las intervenciones a teléfonos que les enviaban jueces y las desgrababan.
 
"Esa era el área de Contrainteligencia, el área que yo tuve de escuchas, con tres o cuatro personas; pero había muchas líneas telefónicas tomadas y no nos dejaban tener más gente de escuchas telefónicas. Entonces, el área de Jurídicos armó una dirección, que se llamaba 'Asistencia al Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos', si mal no recuerdo, que hacían transcripciones", relató Coste.
 
Otro tramo de la reunión, un intercambio entre Moreau, Coste y los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, es interesante respecto de ese armado:
 
Coste: - El fin de eso, claramente, era tratar de que no se le escapara ninguna información a nuestro personal de escuchas, porque lo que estaban haciendo era duplicando nuestro trabajo.
Doñate: - Control.
Moreau: - A ver: usted tenía a su cargo escuchas con el personal, digamos, habitual: tres, cuatro, cinco personas; lo que fuere. Y Jurídicos armó una oficina de transcripciones que dependía exclusivamente de Jurídicos.
Coste: - Correcto.
Moreau: - Y ellos ahí hacían escuchas, pero no pasaban por sus manos. ¿O sí pasaban por sus manos?
Coste: - Ellos lo que hacían era escuchar, transcribir y, si había algo para la causa, en un sobre cerrado nos decían "esto está bueno para la causa".
Moreau: - ¿Y el resto?
Coste: - El resto lo escuchaban ellos.
Moreau: -¿Y no sabe qué hacían con ese material?
Coste: -  No. Y hay mucho personal que trabajaba para mí al que le pueden preguntar qué escuchaba y qué no escuchaba.
Moreau: - ¿Esta oficina de transcripciones que hizo Jurídicos tenía un jefe específico o no?
Coste: - El señor Ruda Bar.
Moreau: - ¿Ruda...?
Coste: - Bar. No sé si era con B larga, Bar. Es fonético lo que le estoy comentando.
Moreau: - ¿Era personal de la Agencia estable o ingresó en la gestión esta?
Coste: -  Personal de la Agencia estable.
Tailhade: - Mariano Ruda Bart.
Coste: -  Ruda Bart.
 
Ese área la controlaba De Stéfano, el hombre de Angelici. Según dijo Coste, llegó a tener 30 personas. El destino de las escuchas, que terminaban en medios y periodistas serviciales, también fue parte de la declaración de Coste y consta en este diálogo:
 
Doñate: - ¿Hubo alguna oportunidad, que usted sepa, que alguna escucha haya llegado al área de Jurídicos y no haya pasado previamente por su área de transcripciones?
Coste: - El ciento por ciento de los últimos dos años, porque ellos estaban en el medio. Jurídicos recibía el CD, lo mandaba a su área, que me iba a dar soporte a mí, y también me lo mandaba a mí para que lo escuche.
Doñate: - ¿Pudo haber una filtración que no haya llegado a usted y que haya quedado en Jurídicos?
Coste: - Claramente, porque no tengo forma de controlar a Jurídicos ni su estructura nueva.
 
Que la ruta de las filtraciones de escuchas apuntaba a Angelici fue adelantado por El Destape en junio de 2018. En ese momento, este medio reveló el rol de Juan Ramella, quien encabezaba la Subdirección de Escucha Directa de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, la DAJuDeCO, la oficina de escuchas de la Corte Suprema.
 
Al consultar a distintas fuentes judiciales por Ramella, la respuesta fue contundente: "Ese es de La Boca", "es del Tano" o directamente "responde a Angelici y al Coti Nosiglia", repitieron una docena de miembros del Poder Judicial y de conocedores de los entramados de tribunales. Ahora parece que se completa el rompecabezas y que Angelici tenía acceso por varios frentes.
 
El caso de las escuchas entre CFK y Oscar Parrilli también ocupó parte de la declaración de Dalmau Pereyra en la Bicameral de Inteligencia.
 
El diálogo fue el siguiente:
 
Moreau: -En la pre-causa de Parrilli, Mena, etcétera, usted dice que la función de ustedes fue hacer las transcripciones de la tomas telefónicas. ¿Esas transcripciones, adónde las enviaban? ¿A quién se las enviaban?
Dalmau Pereira: - Eso después iba al juzgado.
Moreau: - ¿Las enviaba usted directamente al juzgado?
Dalmau Pereira: - No, no. Eso pasaba por Jurídicos y después al juzgado.
Moreau: - Usted la enviaba a Jurídicos a cargo de De Stéfano.
Moreau: - Esas transcripciones se archivaban... Primero se leía si había algo de interés para la causa. Se guardaba todo eso y después se devolvía todo. La causa también se mandaba al juzgado, pero a través de Jurídicos. Directamente al juzgado, no.
Moreau: - Es una línea que nos interesa porque esas transcripciones -en algunos casos- tuvieron estado público.
Dalmau Pereira: - Ya lo sé.
Moreau: - O sea que usted enviaba las transcripciones a Jurídicos.
Dalmau Pereira: - Yo tenía un archivo. Para enviar una copia al juzgado, se mandaba a Jurídicos.
Moreau: - Y lo otro quedaba archivado en su Dirección.
Dalmau Pereira: -  Sí, hasta que se destruía. Hasta que el juzgado ordenaba la destrucción.
Moreau: - Perfecto.
 
Dalmau Pereyra fue detenido en el marco de la causa por espionaje ilegal que se sustancia en los tribunales de Lomas de Zamora. Di Stéfano, por su parte, estaba citado para prestar testimonio ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia pero su visita se postergó luego que se detectara un caso de COVID-19 positivo en el Congreso.
 
Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape 
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
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04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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