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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 05-07-2020 / 08:07

Próximas medidas de Alberto: Canje de deuda, nuevo IFE, ATP y proyecto de mini "Plan Marshall"

Próximas medidas de Alberto: Canje de deuda, nuevo IFE, ATP y proyecto de mini
Aún con trabas en la sintonía fina, los rumbos de Alberto son lúcidos, sensatos. La protección del empleo, el gasto social sostenido, la asistencia alimentaria, la articulación con la sociedad civil conforman un abanico de aciertos en un contorno de incertidumbre mundial.
* Mañana se presentará la enmienda de la oferta argentina para el canje de deuda ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC).
 
* En los próximos días se definirá un nuevo tramo del Ingreso Familiar de Emergencia ("IFE III"). El Gobierno analiza si cubre a menos beneficiarios o si se mantiene el universo original.
 
* Se prepara otra ronda de Anticipos para el Trabajo y la Producción (ATP III) con cobertura amplísima aunque menor a las previas.
 
* En Economía comienzan a preocuparse por la emisión monetaria y el déficit fiscal. No han frenado las transferencias masivas de ingresos hasta acá. No causan hiper ni inflación desbocada pero los funcionarios temen que causen problemas cuando se amortigüe la recesión.
 
* Además se están pensando medidas de creación de empleo, dinamización de obra pública, un "Plan Marshall" exageran a sabiendas en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada.
 
Habrá que redoblar la inversión pública, reperfilar el gasto estatal. Esa última parte, claro, pospuesta hasta que se aletargue la pandemia. Hasta el momento incierto y deseado en que baje la tremenda curva.
 
Aún con trabas en la sintonía fina, los rumbos de Alberto son lúcidos, sensatos. La protección del empleo, el gasto social sostenido, la asistencia alimentaria, la articulación con la sociedad civil conforman un abanico de aciertos en un contorno de incertidumbre mundial.
 

 
EL IFE, más allá del AMBA
 
El presidente Alberto Fernández convocó al gabinete económico social a Olivos dos veces en la semana que pasó. Readecuar las herramientas de crisis, primera labor. La segunda, planificar la economía política para cuando el panorama aclare.
 
EL IFE, concebido como herramienta para una sola ocasión, lleva dos renovaciones. La segunda ronda todavía se está pagando, funciona como inyección de dinero bimensual. Definir cuáles serán los beneficiarios está pendiente. Se imaginó focalizarlo en las regiones más castigadas por el coronavirus: AMBA y Chaco. Pronto se añadieron, en la mesa de arena, otros territorios muy castigados: Río Negro y Neuquén.
 
La difusión del proyecto causó alarma entre los gobernadores. El IFE valió de alivio en todo el país. En Córdoba, por ejemplo, cobraron 740 mil personas. Solo en la capital de la provincia llegan a 350 mil. El intendente Martín Llaryora activó su alarma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) local emitió un comunicado pidiendo la prórroga del IFE.
 
La periodista Beatriz Marengo describió en el diario Alfil la preocupación conjunta de funcionarios y los movimientos sociales ante la hipótesis de cortar de cuajo ese flujo de recursos.
 
El Gran Rosario es otra zona que precisa el auxilio nacional.
 
La idea de focalizar el IFE se funda en que la mayoría de las provincias han normalizado la actividad económica. Pero la reapertura no equivale a reactivación. El impacto no llega a los informales o desocupados. Se agrava la desigualdad social precedente.
 
De modo simultáneo, la covid-19 engendra flamantes asimetrías entre ramas de actividad. El turismo, el esparcimiento, las actividades culturales con público, la hotelería tienen por delante meses de parate en el más optimista de los escenarios. La supervivencia impondrá, más pronto que tarde, medidas selectivas para el sector.
 
Ante ese cuadro desde Economía se aconseja sopesar el nivel de gasto. Con menos experticia, este cronista opina que dado el nivel ya invertido y la subsistencia de necesidades se atraviesa un mal momento para podar la ayuda social. Confeccionar un nuevo padrón de beneficiarios recargaría la gestión y, seguramente, demoraría los pagos.
 
Por otro lado, el conjunto de perceptores en el AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, Chaco, parte de la Patagonia y trabajadores ligados al turismo, etc., comprenden acaso las tres cuartas partes del conjunto y podrían cometerse injusticias con parte del resto.
 
En plena carencia, nada es perfecto. Parece más equitativo prorrogar la actual cobertura del IFE antes que desproteger a un conjunto todavía desvalido. En breve diálogo telefónico informal con este diario, Alberto Fernández explicó que la decisión no está tomada y que quizá el IFE III se mantenga idéntico al IFE II.
 
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Ingreso Ciudadano, not yet
 
El nombre es arquetipo de la cosa, el IFE es un instrumento de emergencia, urdido en semanas. Aún con vicisitudes de ejecución llegó al bolsillo de 9 millones de argentinos. Distante de la prolijidad de las deseables políticas universales, rotundo para mitigar la malaria en toda la geografía nacional.
 
Recobró fuerza en el Ágora la iniciativa de implantar el Ingreso Ciudadano universal (IC), una medida sofisticada que (en toda su dimensión) no se aplica en casi ningún lugar del mundo.
 
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, planteó un sendero propio, la Renta Básica, combinando la transferencia de dinero con la creación de puestos de trabajo. El propio Fernández, en un par de entrevistas, asumió que sería un cambio interesante.
 
Tras repasar con detalle y asumir las complicaciones de la coyuntura, AF afirma (textual) que "no es momento para promover semejante cambio". "Un pago para cada ciudadana o ciudadano sería destinar recursos a gente que no lo necesita esperando que lo devuelva".
 
El IC implica abonar un haber básico a toda la población. Las personas más pudientes lo reintegrarían con sus impuestos. Con clases dominantes expertas en evasión, entiende quien esto firma, sería entre altamente factible e inevitable que los más ricos ganaran un plus. Los datos conocidos sobre la cerealera Vicentín, los informes de OCDE sobre la masiva existencia de cuentas off shore (muchas no declaradas) inducen a levantar la guardia.
 
La necesidad de una reforma impositiva progresista, por ahí, exige recorrer un estadio previo: reforzamiento de capacidad para recaudar los tributos existentes. Con el Congreso empantanado por la polémica sobre sesiones remotas, con una oposición cerril en Diputados, la perfección deviene virtual.
 
El oficialismo parece "condenado" a recaudar valiéndose de los instrumentos reales disponibles. Por ejemplo, el incremento de las alícuotas para el Impuesto a los Bienes Personales, agravado para quien posee activos en el exterior.
 
La norma vigente, pájaro en mano, será más funcional para colectar recursos que el impuesto a las grandes fortunas que sigue en veremos. Por si hace falta: se impone defender ese tributo, transformarlo en ley. Una regla ejemplar, una señal para otras futuras. Pero en el corto plazo, da la impresión, los dineros para la emergencia tendrán que brotar de otras fuentes.
 
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Inteligencia y condicionalidades
 
Impresionan las cantidades de profesionales, talento y plata destinados a evadir, fugar divisas, lavar dinero, urdir marañas de empresas fantasmas, crear fideicomisos tramposos.
 
Las revelaciones recientes, la cooperación internacional que combate (bien que mal) esas conductas, habilitan una oportunidad para los organismos estatales de recaudación e investigación. Inteligencia fiscal, desbaratar esas tramas. Con la mira en Tribunales pero más que nada en las arcas públicas.
 
Funcionarios comprometidos toman nota de cómo reaccionó una fracción minoritaria aunque significativa de las empresas que cobraban ATP cuando se les impusieron condicionalidades.
 
Sorprendidos al principio por falta de costumbre. Enfadados luego. Renunciaron al subsidio clamando al cielo porque se les exigía no tener sede en paraísos fiscales, ni distribuir dividendos ni comprar divisas. Compromisos mínimos, bien mirados, para acceder a un subsidio sin otras contraprestaciones.
 
Los académicos europeos Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni cuentan que rigen reglas similares en Francia y Dinamarca. El presidente francés, Emmanuel Macron, pregona que no hay que salvar a las empresas exclusivamente, también transformarlas. Renault recibe un rescate faraónico bajo compromiso de fabricar un millón de autos "limpios" antes de 2025.
 
En Estados Unidos, paraíso de los despidos sin causa ni indemnización, se otorgaron préstamos y garantías a empresas aeronáuticas contra el compromiso de retener el 90 por ciento de los empleados, no relocalizar ni tercerizar sus servicios.
 
En Argentina, resoluciones similares son repelidas con furia. No solo por grandes corporaciones, observan en la Agencia Federal de Ingreso Públicos (AFIP), también en medianas empresas.
 
Mientras despotrica contra el intervencionismo, menor que en el centro del mundo, la Unión Industrial Argentina (UIA) hace llegar al Gobierno un frondoso documento: "Hacia una nueva normalidad. Propuestas para una reactivación productiva".
 
Reseñarlo trasciende los márgenes de esta columna. Vale chimentar que contiene una pléyade de reclamos de bajas de impuestos y tasas careciendo de cualquier compromiso de repatriar divisas o hacer un esfuerzo fiscal o algo que se le parezca.
 
Una paradoja signa la etapa del "Estado presente" magnánimo para repartir fondos a toda la pirámide social. La innegable necesidad compele a defender el tramado productivo existente. La injusticia del capitalismo globalizado se preserva como mal menor para evitar una catástrofe.
 
El Gobierno compensa en parte mediante acciones contracíclicas, adecuaciones de la mejor tradición peronista: prohibir despidos por fuerza mayor, la doble indemnización. En el plano administrativo el rechazo que recibirá, tras algunas semanas de trámite, la tentativa de LAN argentina (Latam) de valerse del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para ahorrar indemnizaciones y gambetear la quiebra por cierre.
 
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Federalismos surtidos
 
La cuarentena acentuada en el AMBA encuentra a la población fatigada. Hay renuencia a prestarse a controles. Las relocalizaciones son a veces traumáticas, gente común intenta evitarlos. No es sencillo que comente ante los profesionales de la salud quiénes fueron sus contactos recientes. El personal redobla esfuerzos que la sociedad tendría que valorizar más y pagar mejor.
 
En las antípodas de sus colegas Jair Bolsonaro y Donald Trump, Alberto Fernández se empeña en ahorrar vidas. A diferencia del brasileño y el estadounidense, lleva un rumbo similar a los gobernadores e intendentes.
 
Sería temerario hablar de unanimidad con miles de municipios pero prevalece la tendencia a acentuar las cuarentenas cuándo y dónde crecen los contagios. Pichones de Bolsonaro hay, entre los opositores sin tierra. Quienes comandan ejecutivos obran con precaución.
 
En provincia del Neuquén, la zona de la Confluencia (la capital de la provincia, Centenario, Plottier) regresó a fase I. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, abandonó ideas de "importar" la Superliga cuando recrudecieron contagios.
 
El invierno encuentra al Gobierno complicado. Cometió errores tácticos no forzados respecto de Vicentin. Escenifica internas que lo debilitan en materia de Seguridad.
 
El "Plan Marshall" (se subrayan las comillas) prevé créditos a tasa subsidiada. En zonas neo-normalizadas el comercio se recupera de modo dispar: "la gente" dispone de poca plata y se concentra en bienes esenciales. La industria puede producir stocks a la espera de mejores horizontes... hasta un punto.
 
La obra pública y la construcción de viviendas prometen círculos virtuosos más tangibles. Tienen que ser motor de la recuperación económica. Gloria y loor al compañero Lord Keynes. No es menester importar los insumos más necesarios, se entusiasma el Presidente: ladrillos, cemento, vidrio se producen acá. Mano de obra abunda, el Estado sostendrá... cuando el aplanamiento de la pandemia lo permita. Tremendos esos puntos suspensivos.
 
Ojalá las próximas semanas --cuarentena, activismo del sistema de Salud y acompañamiento colectivo mediante-- se vaya despejando el horizonte. Gobernantes, ciudadanos y trabajadores esenciales ponen lo mejor de sí, se empeñan, laburan 24 x7.
 
En otra trinchera se agolpan, minoritarios y brutales, los anticuarentena, los indignados perennes, lo peor de la derecha argentina. Entre ellos, el secesionista mendocino Alfredo Cornejo, patético exponente de las carencias de la oposición. Los que gobiernan, de cualquier signo partidario, son en promedio más sensatos y comprometidos. Por el rol que cumplen, por suerte para los argentinos de a pie.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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