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Nacionales - 05-07-2020 / 08:07

Próximas medidas de Alberto: Canje de deuda, nuevo IFE, ATP y proyecto de mini "Plan Marshall"

Próximas medidas de Alberto: Canje de deuda, nuevo IFE, ATP y proyecto de mini
Aún con trabas en la sintonía fina, los rumbos de Alberto son lúcidos, sensatos. La protección del empleo, el gasto social sostenido, la asistencia alimentaria, la articulación con la sociedad civil conforman un abanico de aciertos en un contorno de incertidumbre mundial.
* Mañana se presentará la enmienda de la oferta argentina para el canje de deuda ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC).
 
* En los próximos días se definirá un nuevo tramo del Ingreso Familiar de Emergencia ("IFE III"). El Gobierno analiza si cubre a menos beneficiarios o si se mantiene el universo original.
 
* Se prepara otra ronda de Anticipos para el Trabajo y la Producción (ATP III) con cobertura amplísima aunque menor a las previas.
 
* En Economía comienzan a preocuparse por la emisión monetaria y el déficit fiscal. No han frenado las transferencias masivas de ingresos hasta acá. No causan hiper ni inflación desbocada pero los funcionarios temen que causen problemas cuando se amortigüe la recesión.
 
* Además se están pensando medidas de creación de empleo, dinamización de obra pública, un "Plan Marshall" exageran a sabiendas en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada.
 
Habrá que redoblar la inversión pública, reperfilar el gasto estatal. Esa última parte, claro, pospuesta hasta que se aletargue la pandemia. Hasta el momento incierto y deseado en que baje la tremenda curva.
 
Aún con trabas en la sintonía fina, los rumbos de Alberto son lúcidos, sensatos. La protección del empleo, el gasto social sostenido, la asistencia alimentaria, la articulación con la sociedad civil conforman un abanico de aciertos en un contorno de incertidumbre mundial.
 

 
EL IFE, más allá del AMBA
 
El presidente Alberto Fernández convocó al gabinete económico social a Olivos dos veces en la semana que pasó. Readecuar las herramientas de crisis, primera labor. La segunda, planificar la economía política para cuando el panorama aclare.
 
EL IFE, concebido como herramienta para una sola ocasión, lleva dos renovaciones. La segunda ronda todavía se está pagando, funciona como inyección de dinero bimensual. Definir cuáles serán los beneficiarios está pendiente. Se imaginó focalizarlo en las regiones más castigadas por el coronavirus: AMBA y Chaco. Pronto se añadieron, en la mesa de arena, otros territorios muy castigados: Río Negro y Neuquén.
 
La difusión del proyecto causó alarma entre los gobernadores. El IFE valió de alivio en todo el país. En Córdoba, por ejemplo, cobraron 740 mil personas. Solo en la capital de la provincia llegan a 350 mil. El intendente Martín Llaryora activó su alarma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) local emitió un comunicado pidiendo la prórroga del IFE.
 
La periodista Beatriz Marengo describió en el diario Alfil la preocupación conjunta de funcionarios y los movimientos sociales ante la hipótesis de cortar de cuajo ese flujo de recursos.
 
El Gran Rosario es otra zona que precisa el auxilio nacional.
 
La idea de focalizar el IFE se funda en que la mayoría de las provincias han normalizado la actividad económica. Pero la reapertura no equivale a reactivación. El impacto no llega a los informales o desocupados. Se agrava la desigualdad social precedente.
 
De modo simultáneo, la covid-19 engendra flamantes asimetrías entre ramas de actividad. El turismo, el esparcimiento, las actividades culturales con público, la hotelería tienen por delante meses de parate en el más optimista de los escenarios. La supervivencia impondrá, más pronto que tarde, medidas selectivas para el sector.
 
Ante ese cuadro desde Economía se aconseja sopesar el nivel de gasto. Con menos experticia, este cronista opina que dado el nivel ya invertido y la subsistencia de necesidades se atraviesa un mal momento para podar la ayuda social. Confeccionar un nuevo padrón de beneficiarios recargaría la gestión y, seguramente, demoraría los pagos.
 
Por otro lado, el conjunto de perceptores en el AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, Chaco, parte de la Patagonia y trabajadores ligados al turismo, etc., comprenden acaso las tres cuartas partes del conjunto y podrían cometerse injusticias con parte del resto.
 
En plena carencia, nada es perfecto. Parece más equitativo prorrogar la actual cobertura del IFE antes que desproteger a un conjunto todavía desvalido. En breve diálogo telefónico informal con este diario, Alberto Fernández explicó que la decisión no está tomada y que quizá el IFE III se mantenga idéntico al IFE II.
 
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Ingreso Ciudadano, not yet
 
El nombre es arquetipo de la cosa, el IFE es un instrumento de emergencia, urdido en semanas. Aún con vicisitudes de ejecución llegó al bolsillo de 9 millones de argentinos. Distante de la prolijidad de las deseables políticas universales, rotundo para mitigar la malaria en toda la geografía nacional.
 
Recobró fuerza en el Ágora la iniciativa de implantar el Ingreso Ciudadano universal (IC), una medida sofisticada que (en toda su dimensión) no se aplica en casi ningún lugar del mundo.
 
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, planteó un sendero propio, la Renta Básica, combinando la transferencia de dinero con la creación de puestos de trabajo. El propio Fernández, en un par de entrevistas, asumió que sería un cambio interesante.
 
Tras repasar con detalle y asumir las complicaciones de la coyuntura, AF afirma (textual) que "no es momento para promover semejante cambio". "Un pago para cada ciudadana o ciudadano sería destinar recursos a gente que no lo necesita esperando que lo devuelva".
 
El IC implica abonar un haber básico a toda la población. Las personas más pudientes lo reintegrarían con sus impuestos. Con clases dominantes expertas en evasión, entiende quien esto firma, sería entre altamente factible e inevitable que los más ricos ganaran un plus. Los datos conocidos sobre la cerealera Vicentín, los informes de OCDE sobre la masiva existencia de cuentas off shore (muchas no declaradas) inducen a levantar la guardia.
 
La necesidad de una reforma impositiva progresista, por ahí, exige recorrer un estadio previo: reforzamiento de capacidad para recaudar los tributos existentes. Con el Congreso empantanado por la polémica sobre sesiones remotas, con una oposición cerril en Diputados, la perfección deviene virtual.
 
El oficialismo parece "condenado" a recaudar valiéndose de los instrumentos reales disponibles. Por ejemplo, el incremento de las alícuotas para el Impuesto a los Bienes Personales, agravado para quien posee activos en el exterior.
 
La norma vigente, pájaro en mano, será más funcional para colectar recursos que el impuesto a las grandes fortunas que sigue en veremos. Por si hace falta: se impone defender ese tributo, transformarlo en ley. Una regla ejemplar, una señal para otras futuras. Pero en el corto plazo, da la impresión, los dineros para la emergencia tendrán que brotar de otras fuentes.
 
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Inteligencia y condicionalidades
 
Impresionan las cantidades de profesionales, talento y plata destinados a evadir, fugar divisas, lavar dinero, urdir marañas de empresas fantasmas, crear fideicomisos tramposos.
 
Las revelaciones recientes, la cooperación internacional que combate (bien que mal) esas conductas, habilitan una oportunidad para los organismos estatales de recaudación e investigación. Inteligencia fiscal, desbaratar esas tramas. Con la mira en Tribunales pero más que nada en las arcas públicas.
 
Funcionarios comprometidos toman nota de cómo reaccionó una fracción minoritaria aunque significativa de las empresas que cobraban ATP cuando se les impusieron condicionalidades.
 
Sorprendidos al principio por falta de costumbre. Enfadados luego. Renunciaron al subsidio clamando al cielo porque se les exigía no tener sede en paraísos fiscales, ni distribuir dividendos ni comprar divisas. Compromisos mínimos, bien mirados, para acceder a un subsidio sin otras contraprestaciones.
 
Los académicos europeos Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni cuentan que rigen reglas similares en Francia y Dinamarca. El presidente francés, Emmanuel Macron, pregona que no hay que salvar a las empresas exclusivamente, también transformarlas. Renault recibe un rescate faraónico bajo compromiso de fabricar un millón de autos "limpios" antes de 2025.
 
En Estados Unidos, paraíso de los despidos sin causa ni indemnización, se otorgaron préstamos y garantías a empresas aeronáuticas contra el compromiso de retener el 90 por ciento de los empleados, no relocalizar ni tercerizar sus servicios.
 
En Argentina, resoluciones similares son repelidas con furia. No solo por grandes corporaciones, observan en la Agencia Federal de Ingreso Públicos (AFIP), también en medianas empresas.
 
Mientras despotrica contra el intervencionismo, menor que en el centro del mundo, la Unión Industrial Argentina (UIA) hace llegar al Gobierno un frondoso documento: "Hacia una nueva normalidad. Propuestas para una reactivación productiva".
 
Reseñarlo trasciende los márgenes de esta columna. Vale chimentar que contiene una pléyade de reclamos de bajas de impuestos y tasas careciendo de cualquier compromiso de repatriar divisas o hacer un esfuerzo fiscal o algo que se le parezca.
 
Una paradoja signa la etapa del "Estado presente" magnánimo para repartir fondos a toda la pirámide social. La innegable necesidad compele a defender el tramado productivo existente. La injusticia del capitalismo globalizado se preserva como mal menor para evitar una catástrofe.
 
El Gobierno compensa en parte mediante acciones contracíclicas, adecuaciones de la mejor tradición peronista: prohibir despidos por fuerza mayor, la doble indemnización. En el plano administrativo el rechazo que recibirá, tras algunas semanas de trámite, la tentativa de LAN argentina (Latam) de valerse del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para ahorrar indemnizaciones y gambetear la quiebra por cierre.
 
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Federalismos surtidos
 
La cuarentena acentuada en el AMBA encuentra a la población fatigada. Hay renuencia a prestarse a controles. Las relocalizaciones son a veces traumáticas, gente común intenta evitarlos. No es sencillo que comente ante los profesionales de la salud quiénes fueron sus contactos recientes. El personal redobla esfuerzos que la sociedad tendría que valorizar más y pagar mejor.
 
En las antípodas de sus colegas Jair Bolsonaro y Donald Trump, Alberto Fernández se empeña en ahorrar vidas. A diferencia del brasileño y el estadounidense, lleva un rumbo similar a los gobernadores e intendentes.
 
Sería temerario hablar de unanimidad con miles de municipios pero prevalece la tendencia a acentuar las cuarentenas cuándo y dónde crecen los contagios. Pichones de Bolsonaro hay, entre los opositores sin tierra. Quienes comandan ejecutivos obran con precaución.
 
En provincia del Neuquén, la zona de la Confluencia (la capital de la provincia, Centenario, Plottier) regresó a fase I. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, abandonó ideas de "importar" la Superliga cuando recrudecieron contagios.
 
El invierno encuentra al Gobierno complicado. Cometió errores tácticos no forzados respecto de Vicentin. Escenifica internas que lo debilitan en materia de Seguridad.
 
El "Plan Marshall" (se subrayan las comillas) prevé créditos a tasa subsidiada. En zonas neo-normalizadas el comercio se recupera de modo dispar: "la gente" dispone de poca plata y se concentra en bienes esenciales. La industria puede producir stocks a la espera de mejores horizontes... hasta un punto.
 
La obra pública y la construcción de viviendas prometen círculos virtuosos más tangibles. Tienen que ser motor de la recuperación económica. Gloria y loor al compañero Lord Keynes. No es menester importar los insumos más necesarios, se entusiasma el Presidente: ladrillos, cemento, vidrio se producen acá. Mano de obra abunda, el Estado sostendrá... cuando el aplanamiento de la pandemia lo permita. Tremendos esos puntos suspensivos.
 
Ojalá las próximas semanas --cuarentena, activismo del sistema de Salud y acompañamiento colectivo mediante-- se vaya despejando el horizonte. Gobernantes, ciudadanos y trabajadores esenciales ponen lo mejor de sí, se empeñan, laburan 24 x7.
 
En otra trinchera se agolpan, minoritarios y brutales, los anticuarentena, los indignados perennes, lo peor de la derecha argentina. Entre ellos, el secesionista mendocino Alfredo Cornejo, patético exponente de las carencias de la oposición. Los que gobiernan, de cualquier signo partidario, son en promedio más sensatos y comprometidos. Por el rol que cumplen, por suerte para los argentinos de a pie.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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