15:45 | Viernes 26 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 03-07-2020 / 12:07
Apartan al juez Villena de la mega causa por espionaje ilegal macrista
El juez de Lomas de Zamora Federico Villena fue recusado en la causa por espionaje ilegal por la que se llevaron a cabo una serie de 22 detenciones en los últimos días. La causa quedó en manos del magistrado Juan Pablo Auge y echan por tierra que pase a Comodoro Py porque intervino la Cámara Federal de La Plata. La mayoría de las indagatorias ya se tomaron.
La Cámara Federal de La Plata apartó al juez Federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, de la causa por supuesto espionaje ilegal de Macri, Arribas y Majdalani contra dirigentes políticos, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la familia Moyano.
De acuerdo a la decisión de la Cámara Federal, la causa debe tramitar en el otro juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, quien investiga otro caso de seguimientos ilegales durante el macrismo. "Se encuentra suficientemente fundado el temor o sospecha de parcialidad", afirma la Cámara Federal.
Villena había tomado declaración a los espías de la AFI que habían sido detenidos por la causa y también a Susana Martinengo, la ex coordinadora de Documentación Presidencial señalada como quien recibía en Casa Rosada parte de los informes producidos por los espías agrupados en un grupo de Whatsapp denominado "Super Mario Bros".
"Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quién no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas", sostiene la Cámara Federal de La Plata.
El pedido de recusación había sido formulado por el abogado Fernando Enrique Sicilia, letrado defensor de los ex espías macristas Facundo Melo y Leandro Araque, y por Alfredo Olivan y Martín Calvet Salas, a cargo de la defensa de Jorge Horacio Sáez.
El motivo que alega Sicilia para la recusación es que Villena formaría parte de la "colaboración judicial" prestada para que las tareas presuntamente ilegales que se investigan en la presente causa tengan la cobertura legal necesaria. Desde el oficialismo consideran que lo más probable es que el juez Villena termina siendo procesado, por lo que decidieron apartarlo antes de tiempo para preservar la causa y todo el material que se logró obtener.
De acuerdo a la decisión de la Cámara Federal, la causa debe tramitar en el otro juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, quien investiga otro caso de seguimientos ilegales durante el macrismo. "Se encuentra suficientemente fundado el temor o sospecha de parcialidad", afirma la Cámara Federal.
Villena había tomado declaración a los espías de la AFI que habían sido detenidos por la causa y también a Susana Martinengo, la ex coordinadora de Documentación Presidencial señalada como quien recibía en Casa Rosada parte de los informes producidos por los espías agrupados en un grupo de Whatsapp denominado "Super Mario Bros".
"Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quién no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas", sostiene la Cámara Federal de La Plata.
El pedido de recusación había sido formulado por el abogado Fernando Enrique Sicilia, letrado defensor de los ex espías macristas Facundo Melo y Leandro Araque, y por Alfredo Olivan y Martín Calvet Salas, a cargo de la defensa de Jorge Horacio Sáez.
El motivo que alega Sicilia para la recusación es que Villena formaría parte de la "colaboración judicial" prestada para que las tareas presuntamente ilegales que se investigan en la presente causa tengan la cobertura legal necesaria. Desde el oficialismo consideran que lo más probable es que el juez Villena termina siendo procesado, por lo que decidieron apartarlo antes de tiempo para preservar la causa y todo el material que se logró obtener.
"El defensor indicó en unos audios que refirió en su presentación, una persona que habría prestado servicios en la Agencia Federal de Inteligencia mencionó que el juez Villena libraba oficios judiciales para justificar la realización de tareas de inteligencia ilegales llevadas a cabo por personal de la citada agencia estatal", sostuvo la Cámara Federal de La Plata.
Por su parte, la defensa de Sáez afirma que el pedido de apartamiento del magistrado por considerar que las sucesivas prórrogas del secreto de sumario dispuestas por el juez infringen lo previsto por el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación y afectan el derecho de defensa de su asistido, ya que le "impiden conocer la imputación que recae en su contra y los actos procesales llevados a cabo en la causa".
En tanto, crece la preocupación de Macri por la causa del espionaje ilegal. A pesar de que aún no está imputado, sí está denunciado y con la prisión de Martinengo y el allanamiento a su secretario privado, el ex presidente prepara la estrategia legal con el abogado Pablo Lanusse.
La Opinión Popular
Declararon los espías: se complica más el frente judicial de Mauricio Macri y la cúpula de Cambiemos
Los agentes de la AFI apuntaron directamente contra Arribas y Majdalani, quienes controlaron la central de inteligencia durante la era Cambiemos. Susana Martinengo podría obtener la prisión domiciliaria.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continúa tomando declaración indagatoria a los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) investigados por supuesto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, mientras algunos de ellos apuntaron a la ex cúpula de la central de espías.
Una de las ex espías que declaró fue Mercedes Funes Silva quien confirmó haber visitado la Casa Rosada en una oportunidad, durante 6 minutos, para llevar documentación a la oficina de documentación presidencial para quien ahora reconoce como Susana Martinengo, la ex coordinadora de Documentación Presidencial señalada como quien recibía en Casa Rosada parte de los informes producidos por los espías agrupados en un grupo de Whatsapp denominado "Super Mario Bros", en referencia al personaje de videojuegos que se desplaza por cañerías.
Su estrategia de defensa y la de otros espías fue la de señalar que recibía órdenes a través del ahora detenido Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales, quien las impartía y repartía entre todos los agentes y que solo él y sus superiores podían saber que la información iba a parar a legajos que, vistos en forma completa, confirmarían el espionaje político ilegal.
Funes Silva, una de las primeras en terminar de comparecer durante varias horas, respondió preguntas del tribunal y pidió que se incorporara a su declaración el texto que presentó ante la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia del Congreso donde afirmó que la información que recolectaba el equipo que integraba "subía de manera pormenorizada a (Silvia) Majdalani y (Gustavo) Arribas".
"La AFI era una sola y su estructura de mando también era única, piramidal y comenzaba en Gustavo Arribas, continuaba en Silvia Majdalani y en lo que respecta a la cadena de mandos mis superiores fueron las personas que ocuparon sucesivamente el cargo de director de Contrainteligencia, de Operaciones y Operaciones Especiales", sostuvo, Funes Silva cuando se presentó ante el Congreso según informó Télam.
La ex espía, que supo alquilar un departamento de su familia a la AFI, contó cómo se dio ese acuerdo comercial y relató pormenores de las maniobras de espionaje sobre la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Otro de los ex espías que declaró fue Leandro Araque, uno de los que registró mayor cantidad de ingresos a la Casa Rosada, quien aportó datos sobre tareas de seguimiento al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, indicaron fuentes judiciales. Un dato que comenzó a cobrar fuerza y que continuó creciendo es que las defensas de algunos de los acusados comenzaron a tantear la posibilidad de que sus defendidos desanden el camino del arrepentimiento, con lo que tendrían que reconocer su participación en los ilícitos investigados y apuntar "hacía arriba" para conseguir los beneficios procesales que la ley prevé, según consignó la agencia oficial de noticias.
El acuerdo de colaboración lo podrían alcanzar por la vía de la fiscalía que si los acepta debería poner tal acuerdo, registrado con los "medios técnicos idóneos" -según establece la ley del arrepentido- a consideración del juez Villena, que sería finalmente quien decidirá si lo homologa o lo descarta.
¿Martinengo con prisión domiciliaria?
Uno de los espías seguía sin entregarse ante la justicia y le había vencido el plazo para no ser declarado en rebeldía: se trata de Martín Terra, amigo personal de Arribas y ex marido de la modelo Analía Maiorana, esposa del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien figura entre las víctimas del espionaje ilegal.
Dos de las mujeres detenidas consiguieron el beneficio de la prisión domiciliaria y están en sus casas con tobillera electrónica: Belén Saéz porque tiene un hijo recién nacido y Funes Silva porque tiene un hijo con autismo.
La tercera en seguir ese camino podría ser Martinengo, quien obtuvo un dictamen favorable de la fiscalía dado que tiene 64 años y es paciente de riesgo de contraer coronavirus, aunque el juez no decidió sobre su situación y según fuentes judiciales antes de hacerlo podría pedir informes médicos.
La de Martinengo es la declaración más esperada por los investigadores dado que está apuntada como el supuesto nexo entre los espías y el ex presidente de la Nación: en el expediente hay registros de reuniones de ella con los ex agentes en la Casa Rosada y conversaciones en las que promete pasarle informes a Darío Nieto, el secretario privado de Macri.
La ex funcionaria podría hacer uso del derecho a no declarar, aunque fuentes con acceso al expediente señalaron que se iba a limitar a negar los hechos que se le endilgan y a desconocer el vínculo con los espías, mientras espera que el juez resuelva si le concede la prisión domiciliaria.
Los otros espías ilegales del macrismo
Entre los que declaraban hasta la noche del jueves también están el ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra y los espías Jorge Horacio "Turco" Sáez, Facundo Melo, Emiliano Matta y Guillermo Matta quien lo hizo por videoconfernecia porque uno de los policías que lo detuvo había estado en contacto estrecho con otro oficial que dio positivo en el test de coronavirus.
El juez Villena acusó a los detenidos en la causa por presunto espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo, de ser parte de una "organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" dedicada al "uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales". Los cargos se desprenden de la imputación leída a los acusados indagados y en la que se les atribuyó ser parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia", informaron a Télam fuentes judiciales.
"Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales", agregó la acusación del juez.
También al "acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las víctimas". Además se habría colocado a las víctimas "en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras".
"Todo ello, tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo", agregó la imputación judicial.
La acusación sostiene que la actividad ilegal se habría iniciado en 2017 para obtener información ilegal sobre "acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción".
Fuente: El Destape
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