22:09 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 01-07-2020 / 10:07

INDAGAN A LOS DETENIDOS

Comienzan a declarar los miembros de la banda de espionaje ilegal macrista

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, interroga a quienes fueron arrestados en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Susana Martinengo, ex jefa de Documentación Presidencial, y Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI, están convocados para el jueves.

Crece el escándalo. Tras ordenar este martes el arresto de una ex funcionaria cercana al ex presidente Mauricio Macri y varios ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, comienza a indagar a los espías macristas detenidos.

Según el cronograma, a partir de las 9.30 fueron convocados María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.

Para el jueves, también desde las 9.30, están citados Susana Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), Diego Dalmau Pereyra (ex jefe de Contrainteligencia de la AFI), Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.

En tanto, para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria para Alan Ruiz, quien ya está detenido en la causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández. Ese expediente lo lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

Este martes el juez Villena ordenó detener a un total de 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos. Estas detenciones no son prisiones preventivas, porque no se puede dictar la preventiva sin haber indagado antes al acusado.

En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que "la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal".

Susana Martinengo recibía material de inteligencia de manos de al menos otros tres detenidos que tuvieron 12 entradas a la Casa Rosada: Araque, Sáez y Melo.

Según la investigación, esas carpetas iban a parar luego a manos de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. "Dale, dale, si vos tenés un informe que no los comprometa, yo se lo paso a Nieto, al secretario privado, como hice la vez anterior... ¿viste?", es un diálogo que consta en el expediente, entre Martinengo y Sáez, cabeza del grupo de espías ilegales autodenominado Super Mario Bros.

Frente a las detenciones de ex espías y ex funcionarios macristas, Macri prefiere mantenerse en silencio. Y es innegable que los medios del periodismo hegemónico del país: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, intentan minimizar las escuchas ilegales que investiga la Justicia. Lo que resta saber es si lograran torcer el rumbo de la causa.

La Opinión Popular

CRECE EL ESCÁNDALO

Espionaje ilegal: las claves del caso en el que se ordenaron 22 detenciones

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de 22 agentes de diversas fuerzas de seguridad relacionados a la AFI, todos involucrados en la trama del espionaje ilegal que compromete al gobierno de Mauricio Macri.

Entre los apresados figura la exfuncionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo. Con esta resolución del magistrado, el caso que se inició con una confesión del narco Sergio "Verdura" Rodríguez adquiere un nuevo giro. El próximo paso serán las indagatorias de cada uno de los imputados.

Cronología del caso

El juez Villena investiga "a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" integrada por agentes de diversas fuerzas de Seguridad y la AFI, que realizó "tareas de inteligencia y espionaje" ilegal "en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones", tal como se desprende de la resolución que firmó el lunes y cuyas directivas se concretaron este martes.

La lista de espiados parece no tener fin e incluye a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios. Entre otros, figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La investigación de Villena tuvo como disparador una confesión narco, la de Sergio "Verdura" Rodríguez. Es que desde el inicio esta pesquisa en la que también interviene la fiscal Cecilia Incardona se perfilaba como un "policial más". El viraje lo dio el testimonio de Rodríguez quien aseguró que se vinculó con un agente de la AFI para tener cobertura.

Tal como se desprende de la resolución en la que Villena ordenó las 22 detenciones, Verdura "manifestó que con motivo de instalarse en Villa Sapito para vender estupefacientes se vinculó con una persona apodada 'Jugador', quien a su vez lo contactó con un abogado de nombre Facundo Melo, quien se identificó como miembro de la Agencia Federal de Inteligencia".

Entre otras cosas, según el juez, Sergio Rodríguez declaró que Melo actuó de intermediario entre él "y un policía de la Brigada de Narcotráfico de Quilmes, a fin de que se cerrara una investigación en su contra".

Melo es abogado y revistó en la AFI macrista. Fue agente entre 2016 y 2019. Hoy es uno de los detenidos. Acaso el dato más destacado del testimonio de Verdura fue cuando dijo que Melo lo contactó para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño para una amenaza.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, se trata de donde vivía José Luis Vila, quien por entonces era funcionario en el Ministerio de Defensa. Vila, de origen radical, revistó como agente de la exSIDE de donde se desvinculó en 2015. Con los datos que aportó Verdura se produjo un giro de 180° en el caso.

Esta declaración derivó en una serie de operativos que incluyeron allanamientos en la casa y el estudio de abogados de Melo. Se secuestró su celular, al que los investigadores pudieron tener acceso. Con este hallazgo, la pesquisa dejó de ser definitivamente un policial no muy diferente a los que la justicia penal suele investigar y viró a una causa por espionaje de gran escala.

En los allanamientos de Melo "no sólo se obtuvieron elementos vinculados a la colocación de un artefacto explosivo desactivado, sino también evidencia de que el abogado mantendría un trato asiduo con integrantes de distintas fuerzas de seguridad, con los cuales realizarían maniobras consistentes en seguimientos, tomas fotográficas, maniobras extorsivas e infiltraciones", indicó el juez.

En el celular de Melo, describió Villena, se encontró un "grupo de la aplicación WhatsApp denominado 'Argentina'", que integraban dos protagonistas de esta historia de espionaje: Jorge "Turco" Sáez y Leandro Araque, otros de los detenidos este martes. Ambos revistan en la Policía de la Ciudad. Sáez, incluso, tiene pasado en la inteligencia penitenciaria.

El juez ya les había allanado sus domicilios el 20 y 21 de mayo pasado. De hecho, el celular de Araque, que estaba secuestrado en el marco de otra investigación en los tribunales de Comodoro Py, se volvió una prueba clave. Allí, por ejemplo, el juez se topó con el grupo de Whatsapp "Super Mario Bros".

"De un análisis de los elementos recabados se advirtió la existencia de distintos grupos de WhatsApp, en especial de uno denominado 'Super Mario Bross', cuyo contenido daría cuenta que las personas que a continuación se detallan (NdelR: es decir, las 22 que ordenó detener), se encontrarían involucradas en la comisión de distintas maniobras de carácter ilícito, que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, como así también, de la esfera política, social y gremial de nuestro país", escribió Villena este lunes.

Los allanamientos en los domicilios de Melo, Sáez y Araque provocaron un efecto dominó que terminó un mes más tarde en las órdenes de detención que se conocieron este martes.

El 27 de mayo pasado, seis días después de los mentados procedimientos en los domicilios de Sáez -de pasado en la inteligencia penitenciaria- y Araque, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad.

Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas retiró mucho material tanto en papel como digital de las dependencias del SPF.

Luego se produjeron operativos en diversas unidades penales como el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza donde se constató que hubo "cableados" para escuchar y monitorear a los presos. Allí estaban alojados exfuncionarios kirchneristas.

Uno de los últimos allanamientos del caso ocurrió en el domicilio de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Se le secuestró el teléfono. Hay referencias suyas en diálogos entre dos de los detenidos: Sáez y Martinengo.

En este contexto, el abogado defensor de Melo, Fernando Sicilia, cuestiona el relato de Verdura y pidió la recusación de Villena tal como lo hicieron otras defensas. Entre otras cosas, aseguran que algunas de las operaciones de la AFI macrista tuvieron cobertura judicial en causas que el propio juez impulsó.

Los letrados argumentan que haya sido cómplice o engañado en su momento, el mismo magistrado ahora no puede investigar este caso. Piden que dé un paso al costado.

El magistrado no esperó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que debe resolver estos planteos y ordenó el raid de detenciones. Villena respaldó su decisión en que dado a que los imputados son exfuncionarios, espías y policías hay grandes posibilidades de que entorpezcan la investigación.

Hasta este martes, el único detenido por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos era Alan Ruiz. Estaba apresado en el marco de otra investigación que tiene muchos puntos de contacto con la de Villena pero que tramita en el otro juzgado de Lomas de Zamora, que está a cargo de Juan Pablo Augé.

Se trata de una pesquisa que analiza el espionaje de la misma banda sobre Cristina Fernández de Kirchner, que cobró impulso a partir de una denuncia que realizó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Espiados y querellantes

La lista de espiados que consta en la causa a cargo de Villena parece no tener fin. Entra las víctimas de los Super Mario Bros figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su segundo, Diego Santilli; monseñor Jorge Lugones; el exdiputado Emilió Monzó; la exgobernadora María Eugenia Vidal; el cuñado de Macri, Salvatore Pica; los intendentes de Lomas de Zamora y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, entre otros.

Los primeros tres, por ejemplo, ya se presentaron como querellantes en este expediente. Hicieron lo propio los Moyano y el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, por citar otros ejemplos.

Como la nómina de "objetivos" de la AFI macrista se amplía cada día, a la lista inicial de espiados se sumaron en los últimos días los empresarios Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo, y Gerardo Ferreyra, directivo de Electroingeniería. Ambos estuvieron detenidos durante el macrismo y son dueños de medios que no siguieron la línea oficial o servicial que bajaba desde la Casa Rosada. También hay pruebas de que se produjeron infiltraciones en organizaciones sociales.

Por Ari Lijalad
Por Franco Mizrahi

Fuente: El Destape

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular