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Nacionales - 01-07-2020 / 10:07
INDAGAN A LOS DETENIDOS

Comienzan a declarar los miembros de la banda de espionaje ilegal macrista

Comienzan a declarar los miembros de la banda de espionaje ilegal macrista
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, interroga a quienes fueron arrestados en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Susana Martinengo, ex jefa de Documentación Presidencial, y Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI, están convocados para el jueves.
Crece el escándalo. Tras ordenar este martes el arresto de una ex funcionaria cercana al ex presidente Mauricio Macri y varios ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, comienza a indagar a los espías macristas detenidos.
 
Según el cronograma, a partir de las 9.30 fueron convocados María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.
 
Para el jueves, también desde las 9.30, están citados Susana Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), Diego Dalmau Pereyra (ex jefe de Contrainteligencia de la AFI), Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.
 
En tanto, para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria para Alan Ruiz, quien ya está detenido en la causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández. Ese expediente lo lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.
 
Este martes el juez Villena ordenó detener a un total de 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos. Estas detenciones no son prisiones preventivas, porque no se puede dictar la preventiva sin haber indagado antes al acusado.
 

 
En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que "la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal". 
 
Susana Martinengo recibía material de inteligencia de manos de al menos otros tres detenidos que tuvieron 12 entradas a la Casa Rosada: Araque, Sáez y Melo.
 
Según la investigación, esas carpetas iban a parar luego a manos de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. "Dale, dale, si vos tenés un informe que no los comprometa, yo se lo paso a Nieto, al secretario privado, como hice la vez anterior... ¿viste?", es un diálogo que consta en el expediente, entre Martinengo y Sáez, cabeza del grupo de espías ilegales autodenominado Super Mario Bros.
 
Frente a las detenciones de ex espías y ex funcionarios macristas, Macri prefiere mantenerse en silencio. Y es innegable que los medios del periodismo hegemónico del país: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, intentan minimizar las escuchas ilegales que investiga la Justicia. Lo que resta saber es si lograran torcer el rumbo de la causa.
 
La Opinión Popular
 
 
CRECE EL ESCÁNDALO
 
Espionaje ilegal: las claves del caso en el que se ordenaron 22 detenciones
 
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de 22 agentes de diversas fuerzas de seguridad relacionados a la AFI, todos involucrados en la trama del espionaje ilegal que compromete al gobierno de Mauricio Macri.
 
Entre los apresados figura la exfuncionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo. Con esta resolución del magistrado, el caso que se inició con una confesión del narco Sergio "Verdura" Rodríguez adquiere un nuevo giro. El próximo paso serán las indagatorias de cada uno de los imputados. 
 
 
Cronología del caso
 
El juez Villena investiga "a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" integrada por agentes de diversas fuerzas de Seguridad y la AFI, que realizó "tareas de inteligencia y espionaje" ilegal "en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones", tal como se desprende de la resolución que firmó el lunes y cuyas directivas se concretaron este martes.
 
La lista de espiados parece no tener fin e incluye a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios. Entre otros, figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
 
La investigación de Villena tuvo como disparador una confesión narco, la de Sergio "Verdura" Rodríguez. Es que desde el inicio esta pesquisa en la que también interviene la fiscal Cecilia Incardona se perfilaba como un "policial más". El viraje lo dio el testimonio de Rodríguez quien aseguró que se vinculó con un agente de la AFI para tener cobertura.
 
Tal como se desprende de la resolución en la que Villena ordenó las 22 detenciones, Verdura "manifestó que con motivo de instalarse en Villa Sapito para vender estupefacientes se vinculó con una persona apodada 'Jugador', quien a su vez lo contactó con un abogado de nombre Facundo  Melo, quien se identificó como miembro de la Agencia Federal de Inteligencia".
 
Entre otras cosas, según el juez, Sergio Rodríguez declaró que Melo actuó de intermediario entre él "y un policía de la Brigada de Narcotráfico de Quilmes, a fin de que se cerrara una investigación en su contra".
 
Melo es abogado y revistó en la AFI macrista. Fue agente entre 2016 y 2019. Hoy es uno de los detenidos. Acaso el dato más destacado del testimonio de Verdura fue cuando dijo que Melo lo contactó para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño para una amenaza.
 
De acuerdo a la reconstrucción judicial, se trata de donde vivía José Luis Vila, quien por entonces era funcionario en el Ministerio de Defensa. Vila, de origen radical, revistó como agente de la exSIDE de donde se desvinculó en 2015. Con los datos que aportó Verdura se produjo un giro de 180° en el caso.
 
Esta declaración derivó en una serie de operativos que incluyeron allanamientos en la casa y el estudio de abogados de Melo. Se secuestró su celular, al que los investigadores pudieron tener acceso. Con este hallazgo, la pesquisa dejó de ser definitivamente un policial no muy diferente a los que la justicia penal suele investigar y viró a una causa por espionaje de gran escala.
 
En los allanamientos de Melo "no sólo se obtuvieron elementos vinculados a la colocación de un artefacto explosivo desactivado, sino también evidencia de que el abogado mantendría un trato asiduo con  integrantes de distintas fuerzas de seguridad, con los cuales realizarían maniobras consistentes en seguimientos, tomas fotográficas, maniobras extorsivas e infiltraciones", indicó el juez.
 
En el celular de Melo, describió Villena, se encontró un "grupo de la aplicación WhatsApp denominado 'Argentina'", que integraban dos protagonistas de esta historia de espionaje: Jorge "Turco" Sáez y Leandro Araque, otros de los detenidos este martes. Ambos revistan en la Policía de la Ciudad. Sáez, incluso, tiene pasado en la inteligencia penitenciaria.
 
El juez ya les había allanado sus domicilios el 20 y 21 de mayo pasado. De hecho, el celular de Araque, que estaba secuestrado en el marco de otra investigación en los tribunales de Comodoro Py, se volvió una prueba clave. Allí, por ejemplo, el juez se topó con el grupo de Whatsapp "Super Mario Bros".
 
"De un análisis de los elementos recabados se advirtió la existencia de distintos grupos de WhatsApp, en especial de uno denominado 'Super Mario Bross', cuyo contenido daría cuenta que las personas que a continuación se detallan (NdelR: es decir, las 22 que ordenó detener), se encontrarían involucradas en la comisión de distintas maniobras de carácter ilícito, que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, como así también, de la esfera política, social y gremial de nuestro país", escribió Villena este lunes.
 
Los allanamientos en los domicilios de Melo, Sáez y Araque provocaron un efecto dominó que terminó un mes más tarde en las órdenes de detención que se conocieron este martes.
 
El 27 de mayo pasado, seis días después de los mentados procedimientos en los domicilios de Sáez -de pasado en la inteligencia penitenciaria- y Araque, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad.
 
Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas retiró mucho material tanto en papel como digital de las dependencias del SPF.
 
Luego se produjeron operativos en diversas unidades penales como el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza donde se constató que hubo "cableados" para escuchar y monitorear a los presos. Allí estaban alojados exfuncionarios kirchneristas.
 
Uno de los últimos allanamientos del caso ocurrió en el domicilio de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Se le secuestró el teléfono. Hay referencias suyas en diálogos entre dos de los detenidos: Sáez y Martinengo.
 
En este contexto, el abogado defensor de Melo, Fernando Sicilia, cuestiona el relato de Verdura y pidió la recusación de Villena tal como lo hicieron otras defensas. Entre otras cosas, aseguran que algunas de las operaciones de la AFI macrista tuvieron cobertura judicial en causas que el propio juez impulsó.
 
Los letrados argumentan que haya sido cómplice o engañado en su momento, el mismo magistrado ahora no puede investigar este caso. Piden que dé un paso al costado.
 
El magistrado no esperó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que debe resolver estos planteos y ordenó el raid de detenciones. Villena respaldó su decisión en que dado a que los imputados son exfuncionarios, espías y policías hay grandes posibilidades de que entorpezcan la investigación.
 
Hasta este martes, el único detenido por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos era Alan Ruiz. Estaba apresado en el marco de otra investigación que tiene muchos puntos de contacto con la de Villena pero que tramita en el otro juzgado de Lomas de Zamora, que está a cargo de Juan Pablo Augé.
 
Se trata de una pesquisa que analiza el espionaje de la misma banda sobre Cristina Fernández de Kirchner, que cobró impulso a partir de una denuncia que realizó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
 
 
Espiados y querellantes
 
La lista de espiados que consta en la causa a cargo de Villena parece no tener fin. Entra las víctimas de los Super Mario Bros figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su segundo, Diego Santilli; monseñor Jorge Lugones; el exdiputado Emilió Monzó;  la exgobernadora María Eugenia Vidal; el cuñado de Macri, Salvatore Pica; los intendentes de Lomas de Zamora y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, entre otros.
 
Los primeros tres, por ejemplo, ya se presentaron como querellantes en este expediente. Hicieron lo propio los Moyano y el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, por citar otros ejemplos.
 
Como la nómina de "objetivos" de la AFI macrista se amplía cada día, a la lista inicial de espiados se sumaron en los últimos días los empresarios Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo, y Gerardo Ferreyra, directivo de Electroingeniería. Ambos estuvieron detenidos durante el macrismo y son dueños de medios que no siguieron la línea oficial o servicial que bajaba desde la Casa Rosada. También hay pruebas de que se produjeron infiltraciones en organizaciones sociales.
 
Por Ari Lijalad
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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