23:04 | Domingo 04 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 01-07-2020 / 10:07

INDAGAN A LOS DETENIDOS

Comienzan a declarar los miembros de la banda de espionaje ilegal macrista

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, interroga a quienes fueron arrestados en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Susana Martinengo, ex jefa de Documentación Presidencial, y Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI, están convocados para el jueves.

Crece el escándalo. Tras ordenar este martes el arresto de una ex funcionaria cercana al ex presidente Mauricio Macri y varios ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, comienza a indagar a los espías macristas detenidos.

Según el cronograma, a partir de las 9.30 fueron convocados María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.

Para el jueves, también desde las 9.30, están citados Susana Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), Diego Dalmau Pereyra (ex jefe de Contrainteligencia de la AFI), Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.

En tanto, para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria para Alan Ruiz, quien ya está detenido en la causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández. Ese expediente lo lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

Este martes el juez Villena ordenó detener a un total de 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos. Estas detenciones no son prisiones preventivas, porque no se puede dictar la preventiva sin haber indagado antes al acusado.

En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que "la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal".

Susana Martinengo recibía material de inteligencia de manos de al menos otros tres detenidos que tuvieron 12 entradas a la Casa Rosada: Araque, Sáez y Melo.

Según la investigación, esas carpetas iban a parar luego a manos de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. "Dale, dale, si vos tenés un informe que no los comprometa, yo se lo paso a Nieto, al secretario privado, como hice la vez anterior... ¿viste?", es un diálogo que consta en el expediente, entre Martinengo y Sáez, cabeza del grupo de espías ilegales autodenominado Super Mario Bros.

Frente a las detenciones de ex espías y ex funcionarios macristas, Macri prefiere mantenerse en silencio. Y es innegable que los medios del periodismo hegemónico del país: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, intentan minimizar las escuchas ilegales que investiga la Justicia. Lo que resta saber es si lograran torcer el rumbo de la causa.

La Opinión Popular

CRECE EL ESCÁNDALO

Espionaje ilegal: las claves del caso en el que se ordenaron 22 detenciones

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de 22 agentes de diversas fuerzas de seguridad relacionados a la AFI, todos involucrados en la trama del espionaje ilegal que compromete al gobierno de Mauricio Macri.

Entre los apresados figura la exfuncionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo. Con esta resolución del magistrado, el caso que se inició con una confesión del narco Sergio "Verdura" Rodríguez adquiere un nuevo giro. El próximo paso serán las indagatorias de cada uno de los imputados.

Cronología del caso

El juez Villena investiga "a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" integrada por agentes de diversas fuerzas de Seguridad y la AFI, que realizó "tareas de inteligencia y espionaje" ilegal "en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones", tal como se desprende de la resolución que firmó el lunes y cuyas directivas se concretaron este martes.

La lista de espiados parece no tener fin e incluye a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios. Entre otros, figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La investigación de Villena tuvo como disparador una confesión narco, la de Sergio "Verdura" Rodríguez. Es que desde el inicio esta pesquisa en la que también interviene la fiscal Cecilia Incardona se perfilaba como un "policial más". El viraje lo dio el testimonio de Rodríguez quien aseguró que se vinculó con un agente de la AFI para tener cobertura.

Tal como se desprende de la resolución en la que Villena ordenó las 22 detenciones, Verdura "manifestó que con motivo de instalarse en Villa Sapito para vender estupefacientes se vinculó con una persona apodada 'Jugador', quien a su vez lo contactó con un abogado de nombre Facundo Melo, quien se identificó como miembro de la Agencia Federal de Inteligencia".

Entre otras cosas, según el juez, Sergio Rodríguez declaró que Melo actuó de intermediario entre él "y un policía de la Brigada de Narcotráfico de Quilmes, a fin de que se cerrara una investigación en su contra".

Melo es abogado y revistó en la AFI macrista. Fue agente entre 2016 y 2019. Hoy es uno de los detenidos. Acaso el dato más destacado del testimonio de Verdura fue cuando dijo que Melo lo contactó para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño para una amenaza.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, se trata de donde vivía José Luis Vila, quien por entonces era funcionario en el Ministerio de Defensa. Vila, de origen radical, revistó como agente de la exSIDE de donde se desvinculó en 2015. Con los datos que aportó Verdura se produjo un giro de 180° en el caso.

Esta declaración derivó en una serie de operativos que incluyeron allanamientos en la casa y el estudio de abogados de Melo. Se secuestró su celular, al que los investigadores pudieron tener acceso. Con este hallazgo, la pesquisa dejó de ser definitivamente un policial no muy diferente a los que la justicia penal suele investigar y viró a una causa por espionaje de gran escala.

En los allanamientos de Melo "no sólo se obtuvieron elementos vinculados a la colocación de un artefacto explosivo desactivado, sino también evidencia de que el abogado mantendría un trato asiduo con integrantes de distintas fuerzas de seguridad, con los cuales realizarían maniobras consistentes en seguimientos, tomas fotográficas, maniobras extorsivas e infiltraciones", indicó el juez.

En el celular de Melo, describió Villena, se encontró un "grupo de la aplicación WhatsApp denominado 'Argentina'", que integraban dos protagonistas de esta historia de espionaje: Jorge "Turco" Sáez y Leandro Araque, otros de los detenidos este martes. Ambos revistan en la Policía de la Ciudad. Sáez, incluso, tiene pasado en la inteligencia penitenciaria.

El juez ya les había allanado sus domicilios el 20 y 21 de mayo pasado. De hecho, el celular de Araque, que estaba secuestrado en el marco de otra investigación en los tribunales de Comodoro Py, se volvió una prueba clave. Allí, por ejemplo, el juez se topó con el grupo de Whatsapp "Super Mario Bros".

"De un análisis de los elementos recabados se advirtió la existencia de distintos grupos de WhatsApp, en especial de uno denominado 'Super Mario Bross', cuyo contenido daría cuenta que las personas que a continuación se detallan (NdelR: es decir, las 22 que ordenó detener), se encontrarían involucradas en la comisión de distintas maniobras de carácter ilícito, que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, como así también, de la esfera política, social y gremial de nuestro país", escribió Villena este lunes.

Los allanamientos en los domicilios de Melo, Sáez y Araque provocaron un efecto dominó que terminó un mes más tarde en las órdenes de detención que se conocieron este martes.

El 27 de mayo pasado, seis días después de los mentados procedimientos en los domicilios de Sáez -de pasado en la inteligencia penitenciaria- y Araque, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad.

Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas retiró mucho material tanto en papel como digital de las dependencias del SPF.

Luego se produjeron operativos en diversas unidades penales como el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza donde se constató que hubo "cableados" para escuchar y monitorear a los presos. Allí estaban alojados exfuncionarios kirchneristas.

Uno de los últimos allanamientos del caso ocurrió en el domicilio de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Se le secuestró el teléfono. Hay referencias suyas en diálogos entre dos de los detenidos: Sáez y Martinengo.

En este contexto, el abogado defensor de Melo, Fernando Sicilia, cuestiona el relato de Verdura y pidió la recusación de Villena tal como lo hicieron otras defensas. Entre otras cosas, aseguran que algunas de las operaciones de la AFI macrista tuvieron cobertura judicial en causas que el propio juez impulsó.

Los letrados argumentan que haya sido cómplice o engañado en su momento, el mismo magistrado ahora no puede investigar este caso. Piden que dé un paso al costado.

El magistrado no esperó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que debe resolver estos planteos y ordenó el raid de detenciones. Villena respaldó su decisión en que dado a que los imputados son exfuncionarios, espías y policías hay grandes posibilidades de que entorpezcan la investigación.

Hasta este martes, el único detenido por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos era Alan Ruiz. Estaba apresado en el marco de otra investigación que tiene muchos puntos de contacto con la de Villena pero que tramita en el otro juzgado de Lomas de Zamora, que está a cargo de Juan Pablo Augé.

Se trata de una pesquisa que analiza el espionaje de la misma banda sobre Cristina Fernández de Kirchner, que cobró impulso a partir de una denuncia que realizó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Espiados y querellantes

La lista de espiados que consta en la causa a cargo de Villena parece no tener fin. Entra las víctimas de los Super Mario Bros figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su segundo, Diego Santilli; monseñor Jorge Lugones; el exdiputado Emilió Monzó; la exgobernadora María Eugenia Vidal; el cuñado de Macri, Salvatore Pica; los intendentes de Lomas de Zamora y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, entre otros.

Los primeros tres, por ejemplo, ya se presentaron como querellantes en este expediente. Hicieron lo propio los Moyano y el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, por citar otros ejemplos.

Como la nómina de "objetivos" de la AFI macrista se amplía cada día, a la lista inicial de espiados se sumaron en los últimos días los empresarios Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo, y Gerardo Ferreyra, directivo de Electroingeniería. Ambos estuvieron detenidos durante el macrismo y son dueños de medios que no siguieron la línea oficial o servicial que bajaba desde la Casa Rosada. También hay pruebas de que se produjeron infiltraciones en organizaciones sociales.

Por Ari Lijalad
Por Franco Mizrahi

Fuente: El Destape

04-01-2026 / 17:01

Trump consuma otro ciclo imperialista con la fuerza como único argumento

La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".

El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.

"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.