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Nacionales - 01-07-2020 / 10:07
INDAGAN A LOS DETENIDOS

Comienzan a declarar los miembros de la banda de espionaje ilegal macrista

Comienzan a declarar los miembros de la banda de espionaje ilegal macrista
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, interroga a quienes fueron arrestados en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Susana Martinengo, ex jefa de Documentación Presidencial, y Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI, están convocados para el jueves.
Crece el escándalo. Tras ordenar este martes el arresto de una ex funcionaria cercana al ex presidente Mauricio Macri y varios ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, comienza a indagar a los espías macristas detenidos.
 
Según el cronograma, a partir de las 9.30 fueron convocados María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.
 
Para el jueves, también desde las 9.30, están citados Susana Martinengo (ex jefa de Documentación Presidencial), Diego Dalmau Pereyra (ex jefe de Contrainteligencia de la AFI), Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, informaron fuentes judiciales.
 
En tanto, para el lunes, a la misma hora, se dispuso la indagatoria para Alan Ruiz, quien ya está detenido en la causa por supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández. Ese expediente lo lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.
 
Este martes el juez Villena ordenó detener a un total de 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos. Estas detenciones no son prisiones preventivas, porque no se puede dictar la preventiva sin haber indagado antes al acusado.
 

 
En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que "la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal". 
 
Susana Martinengo recibía material de inteligencia de manos de al menos otros tres detenidos que tuvieron 12 entradas a la Casa Rosada: Araque, Sáez y Melo.
 
Según la investigación, esas carpetas iban a parar luego a manos de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. "Dale, dale, si vos tenés un informe que no los comprometa, yo se lo paso a Nieto, al secretario privado, como hice la vez anterior... ¿viste?", es un diálogo que consta en el expediente, entre Martinengo y Sáez, cabeza del grupo de espías ilegales autodenominado Super Mario Bros.
 
Frente a las detenciones de ex espías y ex funcionarios macristas, Macri prefiere mantenerse en silencio. Y es innegable que los medios del periodismo hegemónico del país: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, intentan minimizar las escuchas ilegales que investiga la Justicia. Lo que resta saber es si lograran torcer el rumbo de la causa.
 
La Opinión Popular
 
 
CRECE EL ESCÁNDALO
 
Espionaje ilegal: las claves del caso en el que se ordenaron 22 detenciones
 
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de 22 agentes de diversas fuerzas de seguridad relacionados a la AFI, todos involucrados en la trama del espionaje ilegal que compromete al gobierno de Mauricio Macri.
 
Entre los apresados figura la exfuncionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo. Con esta resolución del magistrado, el caso que se inició con una confesión del narco Sergio "Verdura" Rodríguez adquiere un nuevo giro. El próximo paso serán las indagatorias de cada uno de los imputados. 
 
 
Cronología del caso
 
El juez Villena investiga "a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" integrada por agentes de diversas fuerzas de Seguridad y la AFI, que realizó "tareas de inteligencia y espionaje" ilegal "en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones", tal como se desprende de la resolución que firmó el lunes y cuyas directivas se concretaron este martes.
 
La lista de espiados parece no tener fin e incluye a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios. Entre otros, figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
 
La investigación de Villena tuvo como disparador una confesión narco, la de Sergio "Verdura" Rodríguez. Es que desde el inicio esta pesquisa en la que también interviene la fiscal Cecilia Incardona se perfilaba como un "policial más". El viraje lo dio el testimonio de Rodríguez quien aseguró que se vinculó con un agente de la AFI para tener cobertura.
 
Tal como se desprende de la resolución en la que Villena ordenó las 22 detenciones, Verdura "manifestó que con motivo de instalarse en Villa Sapito para vender estupefacientes se vinculó con una persona apodada 'Jugador', quien a su vez lo contactó con un abogado de nombre Facundo  Melo, quien se identificó como miembro de la Agencia Federal de Inteligencia".
 
Entre otras cosas, según el juez, Sergio Rodríguez declaró que Melo actuó de intermediario entre él "y un policía de la Brigada de Narcotráfico de Quilmes, a fin de que se cerrara una investigación en su contra".
 
Melo es abogado y revistó en la AFI macrista. Fue agente entre 2016 y 2019. Hoy es uno de los detenidos. Acaso el dato más destacado del testimonio de Verdura fue cuando dijo que Melo lo contactó para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño para una amenaza.
 
De acuerdo a la reconstrucción judicial, se trata de donde vivía José Luis Vila, quien por entonces era funcionario en el Ministerio de Defensa. Vila, de origen radical, revistó como agente de la exSIDE de donde se desvinculó en 2015. Con los datos que aportó Verdura se produjo un giro de 180° en el caso.
 
Esta declaración derivó en una serie de operativos que incluyeron allanamientos en la casa y el estudio de abogados de Melo. Se secuestró su celular, al que los investigadores pudieron tener acceso. Con este hallazgo, la pesquisa dejó de ser definitivamente un policial no muy diferente a los que la justicia penal suele investigar y viró a una causa por espionaje de gran escala.
 
En los allanamientos de Melo "no sólo se obtuvieron elementos vinculados a la colocación de un artefacto explosivo desactivado, sino también evidencia de que el abogado mantendría un trato asiduo con  integrantes de distintas fuerzas de seguridad, con los cuales realizarían maniobras consistentes en seguimientos, tomas fotográficas, maniobras extorsivas e infiltraciones", indicó el juez.
 
En el celular de Melo, describió Villena, se encontró un "grupo de la aplicación WhatsApp denominado 'Argentina'", que integraban dos protagonistas de esta historia de espionaje: Jorge "Turco" Sáez y Leandro Araque, otros de los detenidos este martes. Ambos revistan en la Policía de la Ciudad. Sáez, incluso, tiene pasado en la inteligencia penitenciaria.
 
El juez ya les había allanado sus domicilios el 20 y 21 de mayo pasado. De hecho, el celular de Araque, que estaba secuestrado en el marco de otra investigación en los tribunales de Comodoro Py, se volvió una prueba clave. Allí, por ejemplo, el juez se topó con el grupo de Whatsapp "Super Mario Bros".
 
"De un análisis de los elementos recabados se advirtió la existencia de distintos grupos de WhatsApp, en especial de uno denominado 'Super Mario Bross', cuyo contenido daría cuenta que las personas que a continuación se detallan (NdelR: es decir, las 22 que ordenó detener), se encontrarían involucradas en la comisión de distintas maniobras de carácter ilícito, que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, como así también, de la esfera política, social y gremial de nuestro país", escribió Villena este lunes.
 
Los allanamientos en los domicilios de Melo, Sáez y Araque provocaron un efecto dominó que terminó un mes más tarde en las órdenes de detención que se conocieron este martes.
 
El 27 de mayo pasado, seis días después de los mentados procedimientos en los domicilios de Sáez -de pasado en la inteligencia penitenciaria- y Araque, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad.
 
Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas retiró mucho material tanto en papel como digital de las dependencias del SPF.
 
Luego se produjeron operativos en diversas unidades penales como el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza donde se constató que hubo "cableados" para escuchar y monitorear a los presos. Allí estaban alojados exfuncionarios kirchneristas.
 
Uno de los últimos allanamientos del caso ocurrió en el domicilio de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Se le secuestró el teléfono. Hay referencias suyas en diálogos entre dos de los detenidos: Sáez y Martinengo.
 
En este contexto, el abogado defensor de Melo, Fernando Sicilia, cuestiona el relato de Verdura y pidió la recusación de Villena tal como lo hicieron otras defensas. Entre otras cosas, aseguran que algunas de las operaciones de la AFI macrista tuvieron cobertura judicial en causas que el propio juez impulsó.
 
Los letrados argumentan que haya sido cómplice o engañado en su momento, el mismo magistrado ahora no puede investigar este caso. Piden que dé un paso al costado.
 
El magistrado no esperó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que debe resolver estos planteos y ordenó el raid de detenciones. Villena respaldó su decisión en que dado a que los imputados son exfuncionarios, espías y policías hay grandes posibilidades de que entorpezcan la investigación.
 
Hasta este martes, el único detenido por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos era Alan Ruiz. Estaba apresado en el marco de otra investigación que tiene muchos puntos de contacto con la de Villena pero que tramita en el otro juzgado de Lomas de Zamora, que está a cargo de Juan Pablo Augé.
 
Se trata de una pesquisa que analiza el espionaje de la misma banda sobre Cristina Fernández de Kirchner, que cobró impulso a partir de una denuncia que realizó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
 
 
Espiados y querellantes
 
La lista de espiados que consta en la causa a cargo de Villena parece no tener fin. Entra las víctimas de los Super Mario Bros figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su segundo, Diego Santilli; monseñor Jorge Lugones; el exdiputado Emilió Monzó;  la exgobernadora María Eugenia Vidal; el cuñado de Macri, Salvatore Pica; los intendentes de Lomas de Zamora y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, entre otros.
 
Los primeros tres, por ejemplo, ya se presentaron como querellantes en este expediente. Hicieron lo propio los Moyano y el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, por citar otros ejemplos.
 
Como la nómina de "objetivos" de la AFI macrista se amplía cada día, a la lista inicial de espiados se sumaron en los últimos días los empresarios Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo, y Gerardo Ferreyra, directivo de Electroingeniería. Ambos estuvieron detenidos durante el macrismo y son dueños de medios que no siguieron la línea oficial o servicial que bajaba desde la Casa Rosada. También hay pruebas de que se produjeron infiltraciones en organizaciones sociales.
 
Por Ari Lijalad
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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