, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático.
 
Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos, como Luis Majul.
 
El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.
 
Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
 
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Nacionales - 29-06-2020 / 10:06
PARA ENTENDER EL ENTRAMADO DE ESCUCHAS Y APRIETES ILÍCITOS DE LA ERA MACRI

Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas

Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
El grupo de espionaje ilegal Súper Mario Bros reportaba, por una vía, al director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y por otro lado, a través del secretario personal, directamente a Mauricio Macri.
 
El falso abogado Marcelo D'Alessio, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático.
 
Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos, como Luis Majul.
 
El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.
 
Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
 

 
También se buscó el control político vigilando a los propios dirigentes de Cambiemos, que no se mostraban los suficientemente duros, que amagaban con lanzar la candidatura de María Eugenia Vidal, o que dialogaban demasiado con la oposición.
 
Como era de esperar, el uso masivo de la escoria del espionaje derivó en maniobras para quitarle las empresas a los empresarios, para hacerlos renunciar a licitaciones y un agente trucho como D'Alessio no se privó de extorsionar, exigiendo dinero a cambio de no armar causas truchas o plata para que no se publique tal o cual falsedad.
 
Como es obvio, hubo casos de corrupción como el de José López, a quien se le encontraron nueve millones de dólares, pero la ofensiva hablaba de tesoros enterrados, bóvedas, cuentas en Seychelles u otros paraísos fiscales y sociedades en Panamá.
 
Lo que se encontró de ese estilo fueron sociedades, cuentas y blanqueo de la familia Macri o fabulosos negocios en peajes, energía eólica, construcción y líneas aéreas, siempre con los Macri como beneficiarios. El espionaje global, como se ve en los expedientes, fue al servicio de esas políticas económicas y esos negocios.
 
 
 
Primeros
 
El primer detenido --el ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz-- y el primer arrepentido --uno de los agentes que supo del espionaje al instituto Patria y el domicilio de CFK-- se produjeron en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
 
El expediente se inició de manera escandalosa. Un agente de la AFI dijo que escuchó a dos personas en la plaza de Avellaneda. En el diálogo, los desconocidos dijeron que se venía la cumbre del G-20 (noviembre de 2018), que por lo tanto las fuerzas de seguridad estaban ocupadas y que era buen momento para atentar con CFK.
 
Dado que los individuos --que nunca se supo quiénes eran ni en qué fuerza "anarquista" militaban-- mantuvieron el supuesto diálogo en Avellaneda, "correspondía" hacer la denuncia en Lomas de Zamora. El magistrado interviniente, Federico Villena, autorizó que se protegiera a CFK, claro que nadie le avisó a la expresidenta y todo se hizo de manera clandestina.
 
O sea que el diálogo de la plaza no existió, la denuncia fue trucha y todo consistió en una burda maniobra para espiar a CFK y determinar con quién se reunía y con quién hablaba. Villena dice que fue engañado por la AFI, se excusó en la causa y será testigo.
 
 
Trotyl I
  
En el juzgado de Villena, mientras tanto, se investigaba una banda de narcotraficantes que, entre otros, manejaba un tal Sergio Verdura Rodríguez. El individuo terminó detenido y contó que un abogado lo había reclutado para hacer "trabajitos" para la AFI. Por ejemplo, colocar una caja con trotyl en la puerta de un edificio de la avenida Callao, donde había vivido un secretario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila.
 
El seguimiento a Melo confirmó que visitaba varios puntos de venta de droga, pero no resultaba fácil constatar que participó de la amenaza --el trotyl no estaba preparado para explotar-- contra Vila. Sin embargo, en el celular del abogado se encontró un archivo llamado susto.ar sobre la amenaza al exfuncionario.
 
Ante la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, cuyo titular es Leopoldo Moreau, Melo admitió que trabajaba para la AFI y para un grupo de espías que se autodenominaba Super Mario Bros, aunque negó su participación en lo del trotyl. Lo encontrado en su celular le jugará en contra.
 
 
Trotyl II
  
La operación contra Vila tiene su propia causa judicial, que instruye el juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py. El magistrado entendió que debía seguir investigando el juzgado de Lomas porque detrás de la amenaza hubo una organización más vasta integrada por narcos y agentes de la AFI y las operaciones empezaron antes.
 
Pero el aparato de Comodoro Py, siempre del lado de Cambiemos, jugó sus fichas. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión de Ramos y el camarista Rafael Llorens le dio la razón: dijo que el expediente debía quedar en Py. Ahora parece que Marijuán pide toda la causa de Lomas: el edificio de Retiro no quiere que nadie investigue sus vínculos con la AFI y el show mediático.
 
 
Super Mario Bros
  
La trama narco-inteligencia de Verdura y Melo llevó al análisis de los teléfonos de este último y la actuación del grupo de la AFI denominado, como su grupo de whatsapp, Super Mario Bros. En escena aparecieron entonces otros dos integrantes principales de la banda, los policías Leandro Araque y Jorge "El Turco" Sáez, este último con paso por el Servicio Penitenciario.
 
En el celular de Araque, que llevaba seis meses secuestrado en un juzgado, se encontraron unos 2500 archivos de seguimientos y escuchas a políticos macristas, opositores, periodistas, dirigentes gremiales y hasta el obispo Jorge Lugones, amigo del papa Francisco.
 
Como frutilla del postre, también espiaron a Florencia Macri, la hermana menor de Mauricio, y a su pareja, Salvatore Pica. Todo se hizo con el mismo cuento: que era para proteger a la chica, claro que sin avisarle. En cambio, contactaron a un arquitecto que estaba haciendo reformas en una casa de enfrente y desde ahí sacaban fotos y vigilaban.
 
Lo mismo hicieron hasta con los propios aliados de Macri, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot. El objetivo fue ver con quién se reunían.
 
Los jefes de Super Mario Bros recibían órdenes de Alan Ruiz --detenido en la otra causa--, que a su vez decía obedecer a Gustavo Arribas, titular de la AFI. Pero el grupo también se reunía en Casa Rosada con Susana Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial. Hay escuchas que indican que Martinengo le pasaba los informes a Darío Nieto, secretario presidencial, y éste a Macri.
 
 
Cables
  
Las andanzas del expenitenciario Jorge "El Turco" Sáez hicieron que la mirada del juez Villena se posara rápidamente en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), porque Super Mario Bros evidenciaba relaciones con el SPF.
 
A través de una penitenciaria que se presentó en el juzgado fue quedando en claro que el Area 50, inteligencia del SPF, y la Dirección de Seguridad, se había concretado una enorme operación de espionaje sobre los detenidos --ex funcionarios del gobierno de CFK y empresarios-- en el penal de Ezeiza, también en Melchor Romero y posiblemente en Marcos Paz. El juez ordenó los allanamientos y se encontraron cables y restos del tendido de espionaje.
 
Toda la operación fue siniestra: se espiaba a los presos en sus celdas, en los salones donde se reunían con los abogados y hasta en los encuentros con sus parejas y familias. Había una clasificación de cada uno de los detenidos --semáforo rojo, anaranjado o verde, según su importancia-- y un protocolo que le indicaba a los agentes que debían informar si había quiebres en la familia, peleas en las parejas, las tácticas de la defensa y las estrategias empresarias.
 
El objetivo era quebrar a una parte de los detenidos, lograr que se "arrepientan" y declaren contra CFK o contra el peronismo, y en el caso de los empresarios, que entreguen sus empresas.
 
 
Celda
  
En la causa de Lomas se confirmó que uno de los objetivos de Macri y de la AFI macrista era meter presos a Hugo y Pablo Moyano. El expresidente decía que los camioneros encarecían la logística argentina y, desde una mirada empresaria, apuntaba contra los dirigentes gremiales con las herramientas que fueran: judiciales, de espionaje y mediáticas. Al punto de que el juez Villena encontró evidencias de que ya se había preparado una celda, con cámaras y micrófonos ocultos, para alojarlos.
 
El abogado Facundo Melo, de Super Mario Bros, contó que se tuvo que ir de la AFI porque no estuvo dispuesto a obligar a uno de sus defendidos, barrabrava de Independiente, a declarar contra los Moyano.
 
En la semana que pasó, Pablo presencialmente y Hugo por Zoom, estuvieron con el juez Villena. El dirigente camionero y su abogado, Daniel Llermanos, explicaron que vieron grabaciones, seguimientos y hasta el armado de material de programas de televisión --con mano de obra de la AFI y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich-- que luego fue puesto al aire por el periodista Luis Majul.
 
Como ya se conoció en su momento, el juez Luis Carzoglio denunció una maniobra de la AFI con el mismo contenido: dos altos cargos de la central de espías, el director de Legales, Sebastián "El Enano" De Estéfano y el director de Finanzas, Fernando Di Pasquale, fueron a ver al magistrado para que firmara una resolución para detener a Pablo Moyano.
 
El texto estaba escrito y la presencia de Di Pasqueale sugiere que tal vez iban a ofrecerle dinero. La insólita visita de ambos directores en el juzgado de Carzoglio fue reconocida por Arribas en el Congreso.
 
 
Trucho
  
El falso abogado Marcelo D'Alessio también reportaba a Arribas, aunque con intermediarios. Su trato cotidiano era con dos comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, que formaron parte de una estructura armada por la AFI en el Gran Buenos Aires. Los expolicías bonaerenses reportaban a Pablo Pinamonti y éste a la estructura en la que revistaban otros directores de la AFI.
 
Como se sabe, el juez Alejo Ramos Padilla descubrió que D'Alessio armaba causas falsas en un entramado en el que apareció la pata judicial, a través del procesado fiscal Carlos Stornelli, y la pata mediática, con el también procesado periodista Daniel Santoro.
 
En el expediente de Dolores ahora se investiga, por ejemplo, cómo se le hizo un guion al arrepentido Leonardo Fariña; ya constaba cómo apretaron al exgerente de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, y cómo se dibujó una falsa declaración en la causa del Gas Natural Licuado. Todo supervisado por la AFI y los ministerios de Justicia y Seguridad.
 
 
Masivo
  
El instrumento del espionaje ilegal fue masivo. En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño, encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones kirchneristas, pero también del radicalismo. La causa la instruye Marcelo Martínez de Giorgi.
 
Igualmente en la AFI se encontraron investigaciones, más profundas y menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20, clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri. La investigación también está a cargo de Martínez de Giorgi.
 
En la causa de Dolores quedó evidenciado que se accedía a los archivos de Migraciones para saber las entradas y salidas del país, entre otros, de los jueces. No sólo se buscaba saber cuántas veces viajaron y adónde, sino con quién. Todo indica que esa información --que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral-- se usaba para presionar a los magistrados.
 
 
Maquinaria
  
El macrismo puso en marcha una gigantesca maquinaria de escuchas ilegales sobre las que hay numerosas causas judiciales. Por ejemplo, grabaron de forma clandestina a los presos en Ezeiza y con eso armaron un expediente al que llamaron Puf, porque supuestamente eran diálogos que mostraban que la denuncia contra D'Alessio se armó en el penal. Las escuchas de ninguna manera demuestran eso, pero el expediente sigue abierto.
 
En el centro de la escena esta Martin Irurzun, responsable de la Dajudecu, el organismo que realiza las escuchas: desde que estuvo en sus manos, se produjeron difusiones masivas de audios obtenidos de forma ilegal.
 
Irurzun fue uno de los hombres clave de Cambiemos en Comodoro Py. En su momento, el juez Claudio Bonadio quiso usar ese expediente para contrarrestar el de Dolores. Hoy el expediente lo tiene Martínez de Giorgi.
 
De la misma manera armaron un show con aquella escucha entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner, diálogo que no evidenciaba ninguna ilegalidad pero se usó en programas de televisión adictos. Algo similar hicieron con un llamada entre Lázaro Báez y su abogada, la que utilizaron mediáticamente pero sobre todo para apretar al empresario y lograr que se "arrepintiera". La causa estaba cerrada, pero Parrilli le está pidiendo a Canicoba que la reabra.
 
 
Mesa
  
Entre las doce causas que se tramitan en distintos distritos, el juez Sebastián Ramos instruye un expediente significativo: el que se conoce como "la mesa judicial". En realidad, las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales.
 
En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas, el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores, José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador, Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de Trabajo, Jorge Triacca. Todos están imputados en esta causa.
 
 
Política
  
Buena parte de las 12 causas judiciales son anteriores al gobierno de Fernández-Fernández: o sea que no constituyen revanchas, sino denuncias que se hicieron en su momento, aun cuando gobernaba el macrismo.
 
Pero la cantidad de expedientes es una demostración de que cada una de estas operaciones ilegales no era producto de monotributistas del espionaje, sino que conformaron una estrategia global que tenía un objetivo básico: tapar los resultados de la política económica que favoreció a los sectores de más recursos, incluyendo el endeudamiento, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, la caída del salario real.
 
Por un lado, se buscó el control político, con el espionaje a CFK y otros dirigentes. El macrismo supo a través de los espías, por ejemplo, que la expresidenta se reunió con Sergio Massa a fines de 2017, algo de lo que no dieron cuenta los medios.
 
El corazón de las operaciones fueron las escuchas y el espionaje para armar causas judiciales y presionar para que los ex funcionarios o empresarios se "arrepientan" y declaren contra CFK y el peronismo. La detención en sí misma fue una extorsión para que declaren contra la exmandataria.
 
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas
ESPIONAJE ILEGAL: OTRO ALLANAMIENTO EN EL ENTORNO MACRI. El juez Villena ordenó un procedimiento en la casa de Susana Martinengo. La ex secretaria de Documentación de Macri (que él dice no conocer) fue señalada como una de las personas que recibía los informes de los seguimientos que realizaban los espías. El magistrado pidió secuestrar “agendas telefónicas, teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos; dinero, divisas, documentación contable, anotaciones, como todo otro elemento relacionado con la investigación y aquellos que pudieran ser indiciarios de actividades de inteligencia”.
10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados? Las pelotas...
 

09-12-2025 / 08:12
La compra de los 24 aviones F-16 daneses, que entregarán 6 por año, expone el negociado millonario de Javier Milei con los aviones chatarra que no cambian la correlación estratégica ante un eventual conflicto en el Atlántico Sur. Los F-16 son antiguos e inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto. El avión elegido carece de misiles modernos de largo alcance, capacidades SEAD/DEAD, apoyo AWACS y autonomía suficiente para operar a grandes distancias. Y la infraestructura de mantenimiento de la Fuerza Aérea está por debajo de los estándares necesarios. La OTAN jamás lo permitiría.
 
Estados Unidos y el Reino Unido -ambos miembros de la OTAN- mantienen restricciones tecnológicas que limitan cualquier avance argentino en términos de disuasión real. Seguimos igual de indefensos que antes, a pesar de la celebración marketinera del Gobierno libertario. Las críticas a la compra de los aviones F-16 por parte de Argentina son variadas y provienen de diferentes sectores, abarcando aspectos económicos, militares y geopolíticos. Un resumen de los principales puntos de crítica:
 
Alto Costo de Operación: la hora de vuelo de un F-16 es muy cara (rondan entre los $10.000 y $20.000 dólares). En un contexto de ajuste fiscal, esto generaría dudas sobre si el país tendrá los fondos necesarios para mantener los aviones operativos y entrenar adecuadamente a los pilotos.

Prioridades de Gasto: Hay críticas sobre destinar una suma importante del presupuesto de defensa (alrededor de $650 millones de dólares para el paquete completo contra un euro que pagó Rumania) a aviones, en lugar de utilizar esos recursos en áreas con mayores necesidades sociales o productivas. Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones obsoletos y equipos en mal estado.

Inversión en Infraestructura: Además del costo de compra y operación, se requiere una inversión adicional significativa para actualizar y readecuar las bases aéreas, pistas, talleres y sistemas logísticos para poder soportar la operación de estas aeronaves.

Aviones Usados y Desfase Tecnológico: Aunque modernizados, los aviones son de segunda mano (Europa los está reemplazando por F-35 de quinta generación) y tienen 40 años de antigüedad. Esto no representa la "última tecnología" y Argentina queda rezagada frente a los avances en aviación de combate, cuando los drones y los sistemas no tripulados están redefiniendo el combate aéreo.

Insuficiente para la Extensión Territorial: Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Una flota de 24 aviones no es suficiente para cubrir eficazmente todo el territorio nacional y su espacio aéreo.
 
Limitaciones Logísticas y Técnicas: el F-16 tiene un sistema de reabastecimiento en vuelo por pértiga rígida, lo cual es un problema, ya que la Fuerza Aérea Argentina utiliza un sistema de cesta y manguera, lo que obligaría a readecuar la flota de tanqueros o a depender exclusivamente del sistema rígido.
 
La compra de armamento estadounidense fomenta un claro alineamiento cipayo con Estados Unidos y la OTAN. Esto limita la soberanía en política exterior y que todo el control logístico, mantenimiento y la provisión de repuestos queden sujetos al visto bueno de los EEUU (y a las restricciones impuestas por el Reino Unido), como ha ocurrido históricamente con otras ventas militares. La elección del F-16 priorizó el alineamiento internacional por sobre otras opciones, como los aviones chinos JF-17 (más modernos y que incluían armamento), los cuales fueron objetados por Gran Bretaña.
 
La Opinión Popular


08-12-2025 / 08:12
Al anular las convocatorias a proyectos de investigación que ya estaban adjudicadas (de 2022) y cerrar definitivamente las siguientes, la Agencia I+D+i, el organismo encargado del financiamiento científico, terminó de cerrar el círculo de destrucción del conocimiento levantado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. El año que viene, Argentina será el único país de América latina que no invierte un peso en ciencia.
 
Cuando una situación atroz se presenta en reiteradas ocasiones, cada vez tiende a generar un menor impacto. Desde que Milei asumió la Presidencia de la Nación en diciembre de 2023, la comunidad científica advirtió -más de una vez- la desidia a la que se enfrentaba el sector. Organizaron marchas, manifestaciones, feria de investigadores y alzaron la voz en cada oportunidad en la que el Poder Ejecutivo daba otro paso en pos de desmantelar la ciencia del país.
 
Ahora, la Agencia I+D+i, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, anuló las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022 - que ya estaban adjudicados- y cerró definitivamente la convocatoria 2023. Es decir, el próximo año, Argentina será el único país de América Latina que no invierte en ciencia, según explicaron desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).
 
"El jueves 4 de diciembre de 2025 quedará tristemente en la historia como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico de la Argentina", anunciaron desde la organización que agrupa a más de 400 directivos de organismos científicos-tecnológicos con el objetivo de articular medidas para frenar lo que ellos denominan como un "cientificidio". El próximo miércoles, la comunidad científica se concentrará en el Polo Científico de Palermo para rechazar y denunciar los nuevos recortes.
 
La Agencia I+D+i, desde que se creó en 1996, financió las actividades del sistema con convocatorias para que los investigadores reciban fondos para llevar adelante sus investigaciones. Anteriormente dependía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde 2023, el Ministerio desapareció y la agencia pasó a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la órbita de Darío Genua.
 
El cambio de gestión trajo consigo el desmantelamiento de la Agencia I+D+i, según cuentan desde Raicyt. La principal herramienta del organismo era la financiación de los Proyectos de Investigación Científico/Tecnológicos (PICTs). Cada año se convocaban a los PICTs y se financiaban aproximadamente 1500 proyectos. Desde la asunción del gobierno de Milei esta línea de financiamiento desapareció.
 
Para los PICTs, las diferentes entidades científicas debían presentar sus proyectos -que abarcaban todas las áreas del conocimiento-, para luego ser evaluados por la Agencia I+D+i que, en caso de aprobarlos, los ejecutaría aproximadamente dos años después. En 2024, aquellos proyectos aprobados por el Directorio de la agencia en el 2022 no se ejecutaron, cuando ya había cerca de 800 adjudicados.
 
La convocatoria del 2023 -a ejecutarse en 2025- fue prorrogada en 7 ocasiones y ahora, con el anuncio del 4 de diciembre, definitivamente desapareció del mapa. En 2024 y 2025 no hubo nuevas convocatorias.
 

07-12-2025 / 09:12
La profecía de Javier "el Loco" Milei vuelve a atormentarlo: no hay plata. Esa frase que en el comienzo de su mandato el presidente utilizaba como un mantra para justificar su motosierra ahora se convirtió en el principal obstáculo para alcanzar su único objetivo económico concreto, que es recuperar el acceso genuino a los mercados de crédito voluntario internacional de los que estamos vedados por insolvencia desde la primera gestión del actual ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
 
Ante la imposibilidad de cumplir esa meta, el gobierno argentino ensayó una pantomima guionada, que sólo elude el papelón gracias a los bolsillos generosos y la mirada permisiva de grandes capitales nacionales jugados all-in en el experimento de Milei a partir de los resultados de las elecciones de medio término. El resultado es una farsa montada sobre otra farsa, un engaño consentido para un público diminuto, que lejos de mostrar fortaleza, echa luz sobre su fragilidad.
 
Caputo es un tahúr habilidoso, pero el suyo no deja de ser un oficio que se ejerce siempre al borde de perderlo todo. Quedar expuesto con una mentira es apenas un accidente cotidiano del que uno debe reponerse rápido y seguir adelante. Pero cada vez se paga un costo de credibilidad y el prontuario del ministro ya tiene muchas páginas. Los 20 mil millones de dólares que preparaban los bancos se convirtieron en seis o siete. Esos seis o siete no aparecieron.
 
Es por eso que el gobierno, ante la cercanía de un vencimiento de 4000 millones de dólares en enero que no tiene cómo pagar, tuvo que salir a recaudar un "bono patriótico" entre empresarios amigos que se vieron beneficiados y tienen promesas de más negocios en la Argentina que proyecta Milei, directamente interesados también en la aprobación de un nuevo blanqueo y de las reformas laborales, tributarias, previsionales y penales en carpeta para los próximos meses.
 
Para eso les armaron una pasarela que una vez más les garantiza a jugadores muy específicos a través de herramientas direccionadas pret a porter un negocio redondo con fondos públicos. Tal como advirtió el economista de CEPA Hernán Letcher, "el gobierno publicó una resolución que permite a las aseguradoras endeudarse a una tasa baja en dólares para usar esos fondos en la licitación primaria del miércoles y así mostrar una demanda inflada por el nuevo título".
 
Sin embargo, los acreedores externos no compran esas mentiras autoindulgentes. Por eso fracasó el primer crawling peg, por eso fracasó el esquema de bandas y por eso va en firme camino al fracaso el nuevo crawling peg disfrazado de esquema de bandas que funciona (es una manera de decir) desde las elecciones de octubre. Por eso, no importa con qué le tiren, el riesgo país no baja. Nadie va a volver a prestar hasta no ver la plata. No es que no quieran creerle, es que no le creen.
 
Las voces que advierten sobre la fragilidad intrínseca que trae consigo la falta de dólares se multiplican y a esta altura ya conforman un coro, en el que se lleva el rol solista la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, que esta semana reclamó "un camino más ambicioso en la acumulación de reservas", sobresaliendo entre otras melodías similares, de bancos internacionales como JP Morgan y Barclays, consultoras locales y hasta "próceres" liberales como Domingo Cavallo.
 
Caputo ya avisó: no va a acumular reservas. Eso va en contra de su único credo que es la fuga de divisas. Todo dólar que entra tiene que salir. Una gestión bulímica que es incapaz de retener riqueza y necesita atracones de miles de millones de dólares varias veces por año para no colapsar. Puro flujo, nada de stock. Es un país que funciona bajo la tiranía de compulsiones y apuestas arriesgadas pero no tiene una red que lo sostenga cuando algo salga mal.
 

06-12-2025 / 08:12
El Departamento de Estado de los Estados Unidos cambió el nombre al Instituto para la Paz y ahora se llama Instituto Donald Trump para la Paz. La Casa Blanca habilitó un portal con una lista negra de periodistas críticos del gobierno. Y dos días antes de las elecciones en Honduras, Trump respaldó al candidato del conservador Partido Nacional e indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente por ese partido, condenado en Estados Unidos por narcotraficante, mientras acusó de narcotraficante al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y amenazó con invadir ese país. En bochornosa complicidad con Trump, en La Haya, el representante del cipayo Javier Milei, Diego Sadosfchi exigió "medidas urgentes" de la Corte Penal Internacional contra el mandatario venezolano.
 
Estados Unidos no reconoce a esa Corte pero necesitaba muestras de respaldo internacional a su acción amenazadora contra Venezuela y el gobierno argentino se prestó rastreramente a ofrecerle coartadas. Fue una forma de devolver favores por las intervenciones de Trump y su gobierno en las elecciones locales de medio término.
 
Otra forma de intervencionismo en países en América Latina fue el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por introducir durante décadas toneladas de cocaína en Estados Unidos. Con Honduras, Trump hizo algo parecido que con Argentina y amenazó con el apocalipsis si no ganaba el candidato del partido del narco Hernández.
 
La sombra del narcotráfico oscurece a Estados Unidos. Un artículo de The Washington Post, del año 2015, describió las relaciones familiares de Marco Rubio, actual titular del Departamento de Estado y virtual canciller norteamericano, con el mundo narco. Durante su adolescencia en Miami, Rubio convivió en el domicilio de su hermana mayor, Bárbara, casada con Orlando Cicilia, un capo de la droga cuando Miami era la capital de la cocaína.
 
El vocero de Rubio quiso desmentir al diario, al decir que de esa información no se podía inferir la complicidad de Rubio con los narcos. Por ese lado, Rubio ya no tiene problemas. El multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, compró el histórico diario y advirtió que sólo escribirían aquellos que coincidan con su pensamiento.
 
Cicilia era para todo el mundo en Miami un empresario super exitoso, multimillonario y ostentoso, lo cual no constituía la excepción en esa parte del mundo. Fue apresado en los años 80. "Al momento de caer en manos de la justicia Orlando Cicilia (también de origen cubano), Marco Rubio tenía apenas 16 años. Pero su ambiente familiar ya era bastante turbio", señala el tabloide británico Daily Mail.
 
Orlando Cicilia fue condenado a más de 35 años de cárcel. Pero cumplió poco más de 12 años. Salió en libertad plena justo cuando Marco Rubio asumió como representante en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000. Cicilia salió de la cárcel apenas cuatro días después de que Rubio asumió. El antiguo jefe de Orlando, Mario Tabraue, sobre quien pesaba una pena de 100 años de cárcel por sus delitos, salió de prisión en el año 2003, con solo 15 años de pena cumplida.
 
La participación de Orlando Hernández fue descripta y comprobada con lujo de detalles. Nadie puso en duda su culpabilidad. La excusa que dio Trump fue que "fuentes amigas y creíbles" le habían informado que Hernández había sufrido un trato injusto. Pero no habló de inocencia porque no existe forma de exculpar al expresidente hondureño. El seguidismo de Milei, el "perrito faldero" del gobierno yanqui, es cómplice de los narcos.
 

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