, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático.
 
Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos, como Luis Majul.
 
El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.
 
Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
 
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Nacionales - 29-06-2020 / 10:06
PARA ENTENDER EL ENTRAMADO DE ESCUCHAS Y APRIETES ILÍCITOS DE LA ERA MACRI

Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas

Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
El grupo de espionaje ilegal Súper Mario Bros reportaba, por una vía, al director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y por otro lado, a través del secretario personal, directamente a Mauricio Macri.
 
El falso abogado Marcelo D'Alessio, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático.
 
Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos, como Luis Majul.
 
El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.
 
Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
 

 
También se buscó el control político vigilando a los propios dirigentes de Cambiemos, que no se mostraban los suficientemente duros, que amagaban con lanzar la candidatura de María Eugenia Vidal, o que dialogaban demasiado con la oposición.
 
Como era de esperar, el uso masivo de la escoria del espionaje derivó en maniobras para quitarle las empresas a los empresarios, para hacerlos renunciar a licitaciones y un agente trucho como D'Alessio no se privó de extorsionar, exigiendo dinero a cambio de no armar causas truchas o plata para que no se publique tal o cual falsedad.
 
Como es obvio, hubo casos de corrupción como el de José López, a quien se le encontraron nueve millones de dólares, pero la ofensiva hablaba de tesoros enterrados, bóvedas, cuentas en Seychelles u otros paraísos fiscales y sociedades en Panamá.
 
Lo que se encontró de ese estilo fueron sociedades, cuentas y blanqueo de la familia Macri o fabulosos negocios en peajes, energía eólica, construcción y líneas aéreas, siempre con los Macri como beneficiarios. El espionaje global, como se ve en los expedientes, fue al servicio de esas políticas económicas y esos negocios.
 
 
 
Primeros
 
El primer detenido --el ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz-- y el primer arrepentido --uno de los agentes que supo del espionaje al instituto Patria y el domicilio de CFK-- se produjeron en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
 
El expediente se inició de manera escandalosa. Un agente de la AFI dijo que escuchó a dos personas en la plaza de Avellaneda. En el diálogo, los desconocidos dijeron que se venía la cumbre del G-20 (noviembre de 2018), que por lo tanto las fuerzas de seguridad estaban ocupadas y que era buen momento para atentar con CFK.
 
Dado que los individuos --que nunca se supo quiénes eran ni en qué fuerza "anarquista" militaban-- mantuvieron el supuesto diálogo en Avellaneda, "correspondía" hacer la denuncia en Lomas de Zamora. El magistrado interviniente, Federico Villena, autorizó que se protegiera a CFK, claro que nadie le avisó a la expresidenta y todo se hizo de manera clandestina.
 
O sea que el diálogo de la plaza no existió, la denuncia fue trucha y todo consistió en una burda maniobra para espiar a CFK y determinar con quién se reunía y con quién hablaba. Villena dice que fue engañado por la AFI, se excusó en la causa y será testigo.
 
 
Trotyl I
  
En el juzgado de Villena, mientras tanto, se investigaba una banda de narcotraficantes que, entre otros, manejaba un tal Sergio Verdura Rodríguez. El individuo terminó detenido y contó que un abogado lo había reclutado para hacer "trabajitos" para la AFI. Por ejemplo, colocar una caja con trotyl en la puerta de un edificio de la avenida Callao, donde había vivido un secretario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila.
 
El seguimiento a Melo confirmó que visitaba varios puntos de venta de droga, pero no resultaba fácil constatar que participó de la amenaza --el trotyl no estaba preparado para explotar-- contra Vila. Sin embargo, en el celular del abogado se encontró un archivo llamado susto.ar sobre la amenaza al exfuncionario.
 
Ante la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, cuyo titular es Leopoldo Moreau, Melo admitió que trabajaba para la AFI y para un grupo de espías que se autodenominaba Super Mario Bros, aunque negó su participación en lo del trotyl. Lo encontrado en su celular le jugará en contra.
 
 
Trotyl II
  
La operación contra Vila tiene su propia causa judicial, que instruye el juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py. El magistrado entendió que debía seguir investigando el juzgado de Lomas porque detrás de la amenaza hubo una organización más vasta integrada por narcos y agentes de la AFI y las operaciones empezaron antes.
 
Pero el aparato de Comodoro Py, siempre del lado de Cambiemos, jugó sus fichas. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión de Ramos y el camarista Rafael Llorens le dio la razón: dijo que el expediente debía quedar en Py. Ahora parece que Marijuán pide toda la causa de Lomas: el edificio de Retiro no quiere que nadie investigue sus vínculos con la AFI y el show mediático.
 
 
Super Mario Bros
  
La trama narco-inteligencia de Verdura y Melo llevó al análisis de los teléfonos de este último y la actuación del grupo de la AFI denominado, como su grupo de whatsapp, Super Mario Bros. En escena aparecieron entonces otros dos integrantes principales de la banda, los policías Leandro Araque y Jorge "El Turco" Sáez, este último con paso por el Servicio Penitenciario.
 
En el celular de Araque, que llevaba seis meses secuestrado en un juzgado, se encontraron unos 2500 archivos de seguimientos y escuchas a políticos macristas, opositores, periodistas, dirigentes gremiales y hasta el obispo Jorge Lugones, amigo del papa Francisco.
 
Como frutilla del postre, también espiaron a Florencia Macri, la hermana menor de Mauricio, y a su pareja, Salvatore Pica. Todo se hizo con el mismo cuento: que era para proteger a la chica, claro que sin avisarle. En cambio, contactaron a un arquitecto que estaba haciendo reformas en una casa de enfrente y desde ahí sacaban fotos y vigilaban.
 
Lo mismo hicieron hasta con los propios aliados de Macri, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot. El objetivo fue ver con quién se reunían.
 
Los jefes de Super Mario Bros recibían órdenes de Alan Ruiz --detenido en la otra causa--, que a su vez decía obedecer a Gustavo Arribas, titular de la AFI. Pero el grupo también se reunía en Casa Rosada con Susana Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial. Hay escuchas que indican que Martinengo le pasaba los informes a Darío Nieto, secretario presidencial, y éste a Macri.
 
 
Cables
  
Las andanzas del expenitenciario Jorge "El Turco" Sáez hicieron que la mirada del juez Villena se posara rápidamente en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), porque Super Mario Bros evidenciaba relaciones con el SPF.
 
A través de una penitenciaria que se presentó en el juzgado fue quedando en claro que el Area 50, inteligencia del SPF, y la Dirección de Seguridad, se había concretado una enorme operación de espionaje sobre los detenidos --ex funcionarios del gobierno de CFK y empresarios-- en el penal de Ezeiza, también en Melchor Romero y posiblemente en Marcos Paz. El juez ordenó los allanamientos y se encontraron cables y restos del tendido de espionaje.
 
Toda la operación fue siniestra: se espiaba a los presos en sus celdas, en los salones donde se reunían con los abogados y hasta en los encuentros con sus parejas y familias. Había una clasificación de cada uno de los detenidos --semáforo rojo, anaranjado o verde, según su importancia-- y un protocolo que le indicaba a los agentes que debían informar si había quiebres en la familia, peleas en las parejas, las tácticas de la defensa y las estrategias empresarias.
 
El objetivo era quebrar a una parte de los detenidos, lograr que se "arrepientan" y declaren contra CFK o contra el peronismo, y en el caso de los empresarios, que entreguen sus empresas.
 
 
Celda
  
En la causa de Lomas se confirmó que uno de los objetivos de Macri y de la AFI macrista era meter presos a Hugo y Pablo Moyano. El expresidente decía que los camioneros encarecían la logística argentina y, desde una mirada empresaria, apuntaba contra los dirigentes gremiales con las herramientas que fueran: judiciales, de espionaje y mediáticas. Al punto de que el juez Villena encontró evidencias de que ya se había preparado una celda, con cámaras y micrófonos ocultos, para alojarlos.
 
El abogado Facundo Melo, de Super Mario Bros, contó que se tuvo que ir de la AFI porque no estuvo dispuesto a obligar a uno de sus defendidos, barrabrava de Independiente, a declarar contra los Moyano.
 
En la semana que pasó, Pablo presencialmente y Hugo por Zoom, estuvieron con el juez Villena. El dirigente camionero y su abogado, Daniel Llermanos, explicaron que vieron grabaciones, seguimientos y hasta el armado de material de programas de televisión --con mano de obra de la AFI y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich-- que luego fue puesto al aire por el periodista Luis Majul.
 
Como ya se conoció en su momento, el juez Luis Carzoglio denunció una maniobra de la AFI con el mismo contenido: dos altos cargos de la central de espías, el director de Legales, Sebastián "El Enano" De Estéfano y el director de Finanzas, Fernando Di Pasquale, fueron a ver al magistrado para que firmara una resolución para detener a Pablo Moyano.
 
El texto estaba escrito y la presencia de Di Pasqueale sugiere que tal vez iban a ofrecerle dinero. La insólita visita de ambos directores en el juzgado de Carzoglio fue reconocida por Arribas en el Congreso.
 
 
Trucho
  
El falso abogado Marcelo D'Alessio también reportaba a Arribas, aunque con intermediarios. Su trato cotidiano era con dos comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, que formaron parte de una estructura armada por la AFI en el Gran Buenos Aires. Los expolicías bonaerenses reportaban a Pablo Pinamonti y éste a la estructura en la que revistaban otros directores de la AFI.
 
Como se sabe, el juez Alejo Ramos Padilla descubrió que D'Alessio armaba causas falsas en un entramado en el que apareció la pata judicial, a través del procesado fiscal Carlos Stornelli, y la pata mediática, con el también procesado periodista Daniel Santoro.
 
En el expediente de Dolores ahora se investiga, por ejemplo, cómo se le hizo un guion al arrepentido Leonardo Fariña; ya constaba cómo apretaron al exgerente de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, y cómo se dibujó una falsa declaración en la causa del Gas Natural Licuado. Todo supervisado por la AFI y los ministerios de Justicia y Seguridad.
 
 
Masivo
  
El instrumento del espionaje ilegal fue masivo. En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño, encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones kirchneristas, pero también del radicalismo. La causa la instruye Marcelo Martínez de Giorgi.
 
Igualmente en la AFI se encontraron investigaciones, más profundas y menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20, clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri. La investigación también está a cargo de Martínez de Giorgi.
 
En la causa de Dolores quedó evidenciado que se accedía a los archivos de Migraciones para saber las entradas y salidas del país, entre otros, de los jueces. No sólo se buscaba saber cuántas veces viajaron y adónde, sino con quién. Todo indica que esa información --que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral-- se usaba para presionar a los magistrados.
 
 
Maquinaria
  
El macrismo puso en marcha una gigantesca maquinaria de escuchas ilegales sobre las que hay numerosas causas judiciales. Por ejemplo, grabaron de forma clandestina a los presos en Ezeiza y con eso armaron un expediente al que llamaron Puf, porque supuestamente eran diálogos que mostraban que la denuncia contra D'Alessio se armó en el penal. Las escuchas de ninguna manera demuestran eso, pero el expediente sigue abierto.
 
En el centro de la escena esta Martin Irurzun, responsable de la Dajudecu, el organismo que realiza las escuchas: desde que estuvo en sus manos, se produjeron difusiones masivas de audios obtenidos de forma ilegal.
 
Irurzun fue uno de los hombres clave de Cambiemos en Comodoro Py. En su momento, el juez Claudio Bonadio quiso usar ese expediente para contrarrestar el de Dolores. Hoy el expediente lo tiene Martínez de Giorgi.
 
De la misma manera armaron un show con aquella escucha entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner, diálogo que no evidenciaba ninguna ilegalidad pero se usó en programas de televisión adictos. Algo similar hicieron con un llamada entre Lázaro Báez y su abogada, la que utilizaron mediáticamente pero sobre todo para apretar al empresario y lograr que se "arrepintiera". La causa estaba cerrada, pero Parrilli le está pidiendo a Canicoba que la reabra.
 
 
Mesa
  
Entre las doce causas que se tramitan en distintos distritos, el juez Sebastián Ramos instruye un expediente significativo: el que se conoce como "la mesa judicial". En realidad, las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales.
 
En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas, el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores, José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador, Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de Trabajo, Jorge Triacca. Todos están imputados en esta causa.
 
 
Política
  
Buena parte de las 12 causas judiciales son anteriores al gobierno de Fernández-Fernández: o sea que no constituyen revanchas, sino denuncias que se hicieron en su momento, aun cuando gobernaba el macrismo.
 
Pero la cantidad de expedientes es una demostración de que cada una de estas operaciones ilegales no era producto de monotributistas del espionaje, sino que conformaron una estrategia global que tenía un objetivo básico: tapar los resultados de la política económica que favoreció a los sectores de más recursos, incluyendo el endeudamiento, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, la caída del salario real.
 
Por un lado, se buscó el control político, con el espionaje a CFK y otros dirigentes. El macrismo supo a través de los espías, por ejemplo, que la expresidenta se reunió con Sergio Massa a fines de 2017, algo de lo que no dieron cuenta los medios.
 
El corazón de las operaciones fueron las escuchas y el espionaje para armar causas judiciales y presionar para que los ex funcionarios o empresarios se "arrepientan" y declaren contra CFK y el peronismo. La detención en sí misma fue una extorsión para que declaren contra la exmandataria.
 
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas
ESPIONAJE ILEGAL: OTRO ALLANAMIENTO EN EL ENTORNO MACRI. El juez Villena ordenó un procedimiento en la casa de Susana Martinengo. La ex secretaria de Documentación de Macri (que él dice no conocer) fue señalada como una de las personas que recibía los informes de los seguimientos que realizaban los espías. El magistrado pidió secuestrar “agendas telefónicas, teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos; dinero, divisas, documentación contable, anotaciones, como todo otro elemento relacionado con la investigación y aquellos que pudieran ser indiciarios de actividades de inteligencia”.
03-12-2025 / 10:12
No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.
 
El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.
 
La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.
 
El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.
 
Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.
 
Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".
 
Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
 
Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".
 

03-12-2025 / 10:12
Karina "la Coimera" Milei sueña con que su hermano la elija como sucesora como hizo Néstor Kirchner con Cristina en 2007 en una maniobra que le permitió al kirchnerismo quedarse en el poder durante 12 años. "Hay que ir por la reelección de Javier Milei", aclaró en Mar del Plata, en el congreso libertario que encabezó frente a 300 personas, pese a que esperaban más de 700. Pero lo que no dijo es que ella se plantea como sucesora de su hermano, en el 2027 o en el siguiente turno electoral.
 
"Ella quiere que Milei la elija como sucesora, como hizo Néstor con Cristina", explicó un dirigente libertario al tanto de los planes de la hermana presidencial. En el mismo acto se difundió la creación de un "comité de disciplina" de La Libertad Avanza, que tendrá tolerancia cero a las individualidades. Entre los libertarios dijeron que el comité servirá como una suerte de Mazorca de Karina para tener a raya a todo el partido, en especial a los influencers como el Gordo Dan, el cabecilla de Las Fuerzas del Cielo que agrupa a los seguidores de Santiago Caputo.
 
Justamente el Gordo Dan ofició durante los primeros dos años de mandato de Milei como un guardián de la pureza libertaria y fue quien hizo echar a varios funcionarios que se corrieron de la línea. Karina quiere ser la única en detentar ese poder. Además, no quiere que los ministros, diputados y senadores vayan a la televisión sin su supervisión previa.
 
La visión policial de la política que despliega Karina ya es motivo de preocupación entre importantes dirigentes libertarios y llegó a impactar en el Congreso. "Patricia Bullrich le tiene terror a Karina", afirmó un importante dirigente libertario.
 
La hermana de Milei ahora tiene en mira el ministerio de Justicia como el próximo lugar para colonizar. Karina le pidió a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el ministerio luego de las elecciones pese a que ya había presentado una carta con su renuncia. El objetivo era darse un tiempo para definir su sucesor.
 
Ahora, Karina quiere que el puesto de Cúneo lo ocupe Santiago Viola. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y era su candidato para la secretaría Legal y Técnica antes de que Santiago Caputo acercara a María Ibarzábal Murphy, quien se ganó la confianza de Milei y es una pieza clave del gabinete. Pero los tiempos cambiaron y la obsesión de Karina por la Justicia creció desde el caso Libra y las coimas de la Andis, que la tienen en el centro de las investigaciones de la justicia federal.
 
Estos movimientos forman parte, según los libertarios, de un objetivo mayor para Karina, que es el de entrar a la fórmula presidencial en el futuro. Milei repite que su jefe es su hermana y por eso en el gobierno no descartan que Karina pida dar el salto en 2027.
 
La semana pasada, Karina se apersonó en el Senado para dar una demostración de poder en la Cámara en la que acaba de entrar Patricia Bullrich, otra de las figuras del gobierno con aspiraciones a entrar en la fórmula presidencial, pero que teme a la hermana de Milei.
 
Karina es la persona de este gobierno que tiene peor imagen, se la asocia a la corrupción. Su figura, cada vez más central dentro de la estructura de poder, es parte del debate sobre quién toma las decisiones en la gestión nacional. De hecho, las encuestas ya están evaluando la percepción sobre quién gobierna realmente: Javier Milei o su hermana, la secretaria general de la Presidencia.
 
La Opinión Popular
 

01-12-2025 / 09:12
En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.
 
Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.
 
Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.
 
¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?
 
Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?
 
La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.
 
Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.
 
Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.
 
Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.
 

30-11-2025 / 12:11
La concentración de fachos en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores fue un fracaso. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro-dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó para avisarles que estaba llegando la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.
 
El que recibió el mensaje fue Guillermo Sottovia, uno de los organizadores de la movida fallida, que dice ser piloto civil e hijo de un oficial de la Aeronáutica. A Sottovia no le quedó más remedio que agarrar el megáfono maltrecho que tenían e iniciar la retirada. -Nos tenemos que ir, no por cobardes, sino para demostrar que ellos son los violentos -dijo.
 
Hasta segundos antes, Sottovia había estado a los abrazos con Carlos Pampillón, el dirigente neonazi marplatense procesado por atacar un monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pampillón palmeaba a algunos hombres con uniformes y los llamaba "héroes" mientras se abría paso por la Plaza de Mayo.
 
Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse: no solo en oposición a las Madres de Plaza de Mayo sino porque también dice estar de "luto" por los represores presos.
 
Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.
 
Tanto Asunción como su hermano, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit, suelen visitar a los condenados y procesados por secuestrar, torturar y desaparecer personas. Ella sostiene que no solo hay que pedirle al gobierno de Javier "el Loco" Milei por su libertad, sino también reivindicar su accionar represivo.
 
"La esperanza es lo último que se pierde", dijo la mujer que pululó por distintas organizaciones pro-dictadura. "De hecho podemos estar haciendo este reclamo. Si fuera con otro gobierno, ya estaríamos presos", concedió, aunque no esconde su desazón porque la administración de La Libertad Avanza (LLA) no hizo más para tener al genocida Alfredo Astiz y compañía fuera de las cárceles.
 
Conformaron un grupúsculo que se dio en llamar Unidos por la Sangre Derramada, pero, en realidad, lo que derramaron fueron peleas internas. Hasta hace diez días, Orlando González se presentaba como el coordinador general de la iniciativa. El tema se complicó cuando se contó quién era el personaje: un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua y que se encuentra en arresto domiciliario. Aficionado a la fotografía, el "Hormiga" González solía retratar a sus víctimas.
 
En Plaza San Martín se hicieron grandes actos para oponerse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y para reclamar una amnistía general. Las concentraciones eran mucho más nutridas que las de este sábado en Plaza de Mayo. Pese a eso, con megáfono en mano, Sottovia afirmaba: "Tenemos poder ahora de cambiar la historia. Nunca se hizo un acto como éste". Patético.
 
La Opinión Popular
 

29-11-2025 / 10:11
Con un señor en cueros haciendo equilibrio para que no se le caiga un pedazo de fierro que sostenía en sus grandes pectorales flácidos empezó en el Congreso la reunión antivacunas que convocó la diputada oficialista Marilú Quiroz.
 
El hombre quedó "imantado" por las vacunas, según denunciaron, mientras el Senado retrasaba, hasta que ingresen los nuevos senadores, la discusión sobre la incorporación de la rionegrina oficialista Lorena Villaverde, ya rechazada por la comisión de Asuntos Constitucionales por sus antecedentes vinculados con el narcotráfico.
 
El INDEC retocó los índices de crecimiento para ocultar que el país está en recesión desde principios de año. Pero cuando se habla con los industriales, parecen vacas que van al matadero al balbucear que igual respaldan a este gobierno "porque es el único que se preocupó por la macro".
 
La pobreza de pensamiento de la clase empresarial produce hasta molestia física. Cuestionan aspectos como los antivacunas o la corrupción del famoso tres por ciento, pero no pueden ver que se intenta cambiar la matriz productiva y que el primer paso es el industricidio.
 
Aplauden como focas un proyecto de reforma laboral que atrasa 200 años las relaciones de trabajo, mientras tienen que cerrar sus propias empresas. Esta semana Whirlpool cerró la fábrica de Pilar, que había inaugurado hace tres años con una inversión de 50 millones de dólares.
 
Desde noviembre de 2023, cerraron más de quince mil empresas. Las patronales del campo pensaban que tenían la vaca atada pero ahora, con un dólar barato, tienen que afrontar insumos inflacionados, rutas abandonadas e inundaciones y sequias sin asistencia.
 
"Unos 220 obreros quedaron en la calle por el cierre de Whirlpool" adujo el periodista. El economista oficialista Miguel Boggiano, hijo de un ex juez de la Corte menemista, explicó: "Pero ahora tenés a 850 mil que van a comprar más barato el lavarropa". Aplazado el economista Boggiano, porque los desocupados y los que tienen bajos salarios dejaran de comprar lavarropas, heladeras, televisores, bicicletas, motos, etc., etc. Sin comprar nada de eso, la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes con lo que gana.
 
Con este proyecto de país, industriales y comerciantes se van al bombo o se ajustan y los patrones rurales se achican. En contrapartida, las tecnológicas, extremistas del discurso anti Estado, reciben subsidios. El capital concentrado trata de volcarse a la energía, la minería y la timba financiera, que son los únicos que crecieron realmente. Y el INDEC funciona como vaselina con dibujos de los índices de crecimiento, de inflación o de consumo, para que el infierno parezca paraíso.
 
El Gobierno que salió airoso de las elecciones de medio término, ahora se dirige a cobrar el premio. Un Consejo de Mayo inútil, que no resuelve nada, pensado para una foto mentirosa que quiera dar la imagen de "diálogo", anunció que antes de fin de año el gobierno enviará al Congreso un proyecto de Reforma Laboral, que no tuvo consenso ni fue aprobado por ese Consejo por el nivel esclavista que propone para los trabajadores.
 

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