, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático.
 
Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos, como Luis Majul.
 
El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.
 
Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
 
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Nacionales - 29-06-2020 / 10:06
PARA ENTENDER EL ENTRAMADO DE ESCUCHAS Y APRIETES ILÍCITOS DE LA ERA MACRI

Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas

Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
El grupo de espionaje ilegal Súper Mario Bros reportaba, por una vía, al director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y por otro lado, a través del secretario personal, directamente a Mauricio Macri.
 
El falso abogado Marcelo D'Alessio, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático.
 
Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos, como Luis Majul.
 
El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.
 
Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
 

 
También se buscó el control político vigilando a los propios dirigentes de Cambiemos, que no se mostraban los suficientemente duros, que amagaban con lanzar la candidatura de María Eugenia Vidal, o que dialogaban demasiado con la oposición.
 
Como era de esperar, el uso masivo de la escoria del espionaje derivó en maniobras para quitarle las empresas a los empresarios, para hacerlos renunciar a licitaciones y un agente trucho como D'Alessio no se privó de extorsionar, exigiendo dinero a cambio de no armar causas truchas o plata para que no se publique tal o cual falsedad.
 
Como es obvio, hubo casos de corrupción como el de José López, a quien se le encontraron nueve millones de dólares, pero la ofensiva hablaba de tesoros enterrados, bóvedas, cuentas en Seychelles u otros paraísos fiscales y sociedades en Panamá.
 
Lo que se encontró de ese estilo fueron sociedades, cuentas y blanqueo de la familia Macri o fabulosos negocios en peajes, energía eólica, construcción y líneas aéreas, siempre con los Macri como beneficiarios. El espionaje global, como se ve en los expedientes, fue al servicio de esas políticas económicas y esos negocios.
 
 
 
Primeros
 
El primer detenido --el ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz-- y el primer arrepentido --uno de los agentes que supo del espionaje al instituto Patria y el domicilio de CFK-- se produjeron en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
 
El expediente se inició de manera escandalosa. Un agente de la AFI dijo que escuchó a dos personas en la plaza de Avellaneda. En el diálogo, los desconocidos dijeron que se venía la cumbre del G-20 (noviembre de 2018), que por lo tanto las fuerzas de seguridad estaban ocupadas y que era buen momento para atentar con CFK.
 
Dado que los individuos --que nunca se supo quiénes eran ni en qué fuerza "anarquista" militaban-- mantuvieron el supuesto diálogo en Avellaneda, "correspondía" hacer la denuncia en Lomas de Zamora. El magistrado interviniente, Federico Villena, autorizó que se protegiera a CFK, claro que nadie le avisó a la expresidenta y todo se hizo de manera clandestina.
 
O sea que el diálogo de la plaza no existió, la denuncia fue trucha y todo consistió en una burda maniobra para espiar a CFK y determinar con quién se reunía y con quién hablaba. Villena dice que fue engañado por la AFI, se excusó en la causa y será testigo.
 
 
Trotyl I
  
En el juzgado de Villena, mientras tanto, se investigaba una banda de narcotraficantes que, entre otros, manejaba un tal Sergio Verdura Rodríguez. El individuo terminó detenido y contó que un abogado lo había reclutado para hacer "trabajitos" para la AFI. Por ejemplo, colocar una caja con trotyl en la puerta de un edificio de la avenida Callao, donde había vivido un secretario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila.
 
El seguimiento a Melo confirmó que visitaba varios puntos de venta de droga, pero no resultaba fácil constatar que participó de la amenaza --el trotyl no estaba preparado para explotar-- contra Vila. Sin embargo, en el celular del abogado se encontró un archivo llamado susto.ar sobre la amenaza al exfuncionario.
 
Ante la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, cuyo titular es Leopoldo Moreau, Melo admitió que trabajaba para la AFI y para un grupo de espías que se autodenominaba Super Mario Bros, aunque negó su participación en lo del trotyl. Lo encontrado en su celular le jugará en contra.
 
 
Trotyl II
  
La operación contra Vila tiene su propia causa judicial, que instruye el juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py. El magistrado entendió que debía seguir investigando el juzgado de Lomas porque detrás de la amenaza hubo una organización más vasta integrada por narcos y agentes de la AFI y las operaciones empezaron antes.
 
Pero el aparato de Comodoro Py, siempre del lado de Cambiemos, jugó sus fichas. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión de Ramos y el camarista Rafael Llorens le dio la razón: dijo que el expediente debía quedar en Py. Ahora parece que Marijuán pide toda la causa de Lomas: el edificio de Retiro no quiere que nadie investigue sus vínculos con la AFI y el show mediático.
 
 
Super Mario Bros
  
La trama narco-inteligencia de Verdura y Melo llevó al análisis de los teléfonos de este último y la actuación del grupo de la AFI denominado, como su grupo de whatsapp, Super Mario Bros. En escena aparecieron entonces otros dos integrantes principales de la banda, los policías Leandro Araque y Jorge "El Turco" Sáez, este último con paso por el Servicio Penitenciario.
 
En el celular de Araque, que llevaba seis meses secuestrado en un juzgado, se encontraron unos 2500 archivos de seguimientos y escuchas a políticos macristas, opositores, periodistas, dirigentes gremiales y hasta el obispo Jorge Lugones, amigo del papa Francisco.
 
Como frutilla del postre, también espiaron a Florencia Macri, la hermana menor de Mauricio, y a su pareja, Salvatore Pica. Todo se hizo con el mismo cuento: que era para proteger a la chica, claro que sin avisarle. En cambio, contactaron a un arquitecto que estaba haciendo reformas en una casa de enfrente y desde ahí sacaban fotos y vigilaban.
 
Lo mismo hicieron hasta con los propios aliados de Macri, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot. El objetivo fue ver con quién se reunían.
 
Los jefes de Super Mario Bros recibían órdenes de Alan Ruiz --detenido en la otra causa--, que a su vez decía obedecer a Gustavo Arribas, titular de la AFI. Pero el grupo también se reunía en Casa Rosada con Susana Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial. Hay escuchas que indican que Martinengo le pasaba los informes a Darío Nieto, secretario presidencial, y éste a Macri.
 
 
Cables
  
Las andanzas del expenitenciario Jorge "El Turco" Sáez hicieron que la mirada del juez Villena se posara rápidamente en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), porque Super Mario Bros evidenciaba relaciones con el SPF.
 
A través de una penitenciaria que se presentó en el juzgado fue quedando en claro que el Area 50, inteligencia del SPF, y la Dirección de Seguridad, se había concretado una enorme operación de espionaje sobre los detenidos --ex funcionarios del gobierno de CFK y empresarios-- en el penal de Ezeiza, también en Melchor Romero y posiblemente en Marcos Paz. El juez ordenó los allanamientos y se encontraron cables y restos del tendido de espionaje.
 
Toda la operación fue siniestra: se espiaba a los presos en sus celdas, en los salones donde se reunían con los abogados y hasta en los encuentros con sus parejas y familias. Había una clasificación de cada uno de los detenidos --semáforo rojo, anaranjado o verde, según su importancia-- y un protocolo que le indicaba a los agentes que debían informar si había quiebres en la familia, peleas en las parejas, las tácticas de la defensa y las estrategias empresarias.
 
El objetivo era quebrar a una parte de los detenidos, lograr que se "arrepientan" y declaren contra CFK o contra el peronismo, y en el caso de los empresarios, que entreguen sus empresas.
 
 
Celda
  
En la causa de Lomas se confirmó que uno de los objetivos de Macri y de la AFI macrista era meter presos a Hugo y Pablo Moyano. El expresidente decía que los camioneros encarecían la logística argentina y, desde una mirada empresaria, apuntaba contra los dirigentes gremiales con las herramientas que fueran: judiciales, de espionaje y mediáticas. Al punto de que el juez Villena encontró evidencias de que ya se había preparado una celda, con cámaras y micrófonos ocultos, para alojarlos.
 
El abogado Facundo Melo, de Super Mario Bros, contó que se tuvo que ir de la AFI porque no estuvo dispuesto a obligar a uno de sus defendidos, barrabrava de Independiente, a declarar contra los Moyano.
 
En la semana que pasó, Pablo presencialmente y Hugo por Zoom, estuvieron con el juez Villena. El dirigente camionero y su abogado, Daniel Llermanos, explicaron que vieron grabaciones, seguimientos y hasta el armado de material de programas de televisión --con mano de obra de la AFI y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich-- que luego fue puesto al aire por el periodista Luis Majul.
 
Como ya se conoció en su momento, el juez Luis Carzoglio denunció una maniobra de la AFI con el mismo contenido: dos altos cargos de la central de espías, el director de Legales, Sebastián "El Enano" De Estéfano y el director de Finanzas, Fernando Di Pasquale, fueron a ver al magistrado para que firmara una resolución para detener a Pablo Moyano.
 
El texto estaba escrito y la presencia de Di Pasqueale sugiere que tal vez iban a ofrecerle dinero. La insólita visita de ambos directores en el juzgado de Carzoglio fue reconocida por Arribas en el Congreso.
 
 
Trucho
  
El falso abogado Marcelo D'Alessio también reportaba a Arribas, aunque con intermediarios. Su trato cotidiano era con dos comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, que formaron parte de una estructura armada por la AFI en el Gran Buenos Aires. Los expolicías bonaerenses reportaban a Pablo Pinamonti y éste a la estructura en la que revistaban otros directores de la AFI.
 
Como se sabe, el juez Alejo Ramos Padilla descubrió que D'Alessio armaba causas falsas en un entramado en el que apareció la pata judicial, a través del procesado fiscal Carlos Stornelli, y la pata mediática, con el también procesado periodista Daniel Santoro.
 
En el expediente de Dolores ahora se investiga, por ejemplo, cómo se le hizo un guion al arrepentido Leonardo Fariña; ya constaba cómo apretaron al exgerente de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, y cómo se dibujó una falsa declaración en la causa del Gas Natural Licuado. Todo supervisado por la AFI y los ministerios de Justicia y Seguridad.
 
 
Masivo
  
El instrumento del espionaje ilegal fue masivo. En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño, encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones kirchneristas, pero también del radicalismo. La causa la instruye Marcelo Martínez de Giorgi.
 
Igualmente en la AFI se encontraron investigaciones, más profundas y menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20, clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri. La investigación también está a cargo de Martínez de Giorgi.
 
En la causa de Dolores quedó evidenciado que se accedía a los archivos de Migraciones para saber las entradas y salidas del país, entre otros, de los jueces. No sólo se buscaba saber cuántas veces viajaron y adónde, sino con quién. Todo indica que esa información --que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral-- se usaba para presionar a los magistrados.
 
 
Maquinaria
  
El macrismo puso en marcha una gigantesca maquinaria de escuchas ilegales sobre las que hay numerosas causas judiciales. Por ejemplo, grabaron de forma clandestina a los presos en Ezeiza y con eso armaron un expediente al que llamaron Puf, porque supuestamente eran diálogos que mostraban que la denuncia contra D'Alessio se armó en el penal. Las escuchas de ninguna manera demuestran eso, pero el expediente sigue abierto.
 
En el centro de la escena esta Martin Irurzun, responsable de la Dajudecu, el organismo que realiza las escuchas: desde que estuvo en sus manos, se produjeron difusiones masivas de audios obtenidos de forma ilegal.
 
Irurzun fue uno de los hombres clave de Cambiemos en Comodoro Py. En su momento, el juez Claudio Bonadio quiso usar ese expediente para contrarrestar el de Dolores. Hoy el expediente lo tiene Martínez de Giorgi.
 
De la misma manera armaron un show con aquella escucha entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner, diálogo que no evidenciaba ninguna ilegalidad pero se usó en programas de televisión adictos. Algo similar hicieron con un llamada entre Lázaro Báez y su abogada, la que utilizaron mediáticamente pero sobre todo para apretar al empresario y lograr que se "arrepintiera". La causa estaba cerrada, pero Parrilli le está pidiendo a Canicoba que la reabra.
 
 
Mesa
  
Entre las doce causas que se tramitan en distintos distritos, el juez Sebastián Ramos instruye un expediente significativo: el que se conoce como "la mesa judicial". En realidad, las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales.
 
En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas, el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores, José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador, Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de Trabajo, Jorge Triacca. Todos están imputados en esta causa.
 
 
Política
  
Buena parte de las 12 causas judiciales son anteriores al gobierno de Fernández-Fernández: o sea que no constituyen revanchas, sino denuncias que se hicieron en su momento, aun cuando gobernaba el macrismo.
 
Pero la cantidad de expedientes es una demostración de que cada una de estas operaciones ilegales no era producto de monotributistas del espionaje, sino que conformaron una estrategia global que tenía un objetivo básico: tapar los resultados de la política económica que favoreció a los sectores de más recursos, incluyendo el endeudamiento, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, la caída del salario real.
 
Por un lado, se buscó el control político, con el espionaje a CFK y otros dirigentes. El macrismo supo a través de los espías, por ejemplo, que la expresidenta se reunió con Sergio Massa a fines de 2017, algo de lo que no dieron cuenta los medios.
 
El corazón de las operaciones fueron las escuchas y el espionaje para armar causas judiciales y presionar para que los ex funcionarios o empresarios se "arrepientan" y declaren contra CFK y el peronismo. La detención en sí misma fue una extorsión para que declaren contra la exmandataria.
 
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas
ESPIONAJE ILEGAL: OTRO ALLANAMIENTO EN EL ENTORNO MACRI. El juez Villena ordenó un procedimiento en la casa de Susana Martinengo. La ex secretaria de Documentación de Macri (que él dice no conocer) fue señalada como una de las personas que recibía los informes de los seguimientos que realizaban los espías. El magistrado pidió secuestrar “agendas telefónicas, teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos; dinero, divisas, documentación contable, anotaciones, como todo otro elemento relacionado con la investigación y aquellos que pudieran ser indiciarios de actividades de inteligencia”.
29-11-2025 / 10:11
Con un señor en cueros haciendo equilibrio para que no se le caiga un pedazo de fierro que sostenía en sus grandes pectorales flácidos empezó en el Congreso la reunión antivacunas que convocó la diputada oficialista Marilú Quiroz.
 
El hombre quedó "imantado" por las vacunas, según denunciaron, mientras el Senado retrasaba, hasta que ingresen los nuevos senadores, la discusión sobre la incorporación de la rionegrina oficialista Lorena Villaverde, ya rechazada por la comisión de Asuntos Constitucionales por sus antecedentes vinculados con el narcotráfico.
 
El INDEC retocó los índices de crecimiento para ocultar que el país está en recesión desde principios de año. Pero cuando se habla con los industriales, parecen vacas que van al matadero al balbucear que igual respaldan a este gobierno "porque es el único que se preocupó por la macro".
 
La pobreza de pensamiento de la clase empresarial produce hasta molestia física. Cuestionan aspectos como los antivacunas o la corrupción del famoso tres por ciento, pero no pueden ver que se intenta cambiar la matriz productiva y que el primer paso es el industricidio.
 
Aplauden como focas un proyecto de reforma laboral que atrasa 200 años las relaciones de trabajo, mientras tienen que cerrar sus propias empresas. Esta semana Whirlpool cerró la fábrica de Pilar, que había inaugurado hace tres años con una inversión de 50 millones de dólares.
 
Desde noviembre de 2023, cerraron más de quince mil empresas. Las patronales del campo pensaban que tenían la vaca atada pero ahora, con un dólar barato, tienen que afrontar insumos inflacionados, rutas abandonadas e inundaciones y sequias sin asistencia.
 
"Unos 220 obreros quedaron en la calle por el cierre de Whirlpool" adujo el periodista. El economista oficialista Miguel Boggiano, hijo de un ex juez de la Corte menemista, explicó: "Pero ahora tenés a 850 mil que van a comprar más barato el lavarropa". Aplazado el economista Boggiano, porque los desocupados y los que tienen bajos salarios dejaran de comprar lavarropas, heladeras, televisores, bicicletas, motos, etc., etc. Sin comprar nada de eso, la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes con lo que gana.
 
Con este proyecto de país, industriales y comerciantes se van al bombo o se ajustan y los patrones rurales se achican. En contrapartida, las tecnológicas, extremistas del discurso anti Estado, reciben subsidios. El capital concentrado trata de volcarse a la energía, la minería y la timba financiera, que son los únicos que crecieron realmente. Y el INDEC funciona como vaselina con dibujos de los índices de crecimiento, de inflación o de consumo, para que el infierno parezca paraíso.
 
El Gobierno que salió airoso de las elecciones de medio término, ahora se dirige a cobrar el premio. Un Consejo de Mayo inútil, que no resuelve nada, pensado para una foto mentirosa que quiera dar la imagen de "diálogo", anunció que antes de fin de año el gobierno enviará al Congreso un proyecto de Reforma Laboral, que no tuvo consenso ni fue aprobado por ese Consejo por el nivel esclavista que propone para los trabajadores.
 

28-11-2025 / 10:11
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, alertó por el cierre de empresas en Argentina, y entre las principales causas detalla la baja en el consumo y la apertura de importaciones que impulsa el gobierno de Javier "el Loco" Milei. Diab mencionó el reciente cierre de Whirlpool, que dejó a 220 personas sin trabajo, y el de la láctea La Suipachense señalando que estas no son "grandes empresas" pero si son significativas.
 
Vale recordar que la CAME tomó partido por Milei antes del balotaje con Sergio Massa, apoyó públicamente el mega DNU del presidente en diciembre de 2023 sobre la desregulación total de la economía y respaldó junto a otras cámaras de grandes empresas el endeudamiento de Luis Caputo ante el FMI.
 
En primer lugar, el presidente de CAME sostuvo que la baja en el consumo "hace que el comercio en sí mismo no demande a la industria producto por este mismo motivo. Nosotros solicitamos otras alternativas de incentivo al consumo, en lo que tenía que ver con los planes de cuota a largo plazo que dio en un momento facilidades en la forma de estirar el salario".
 
Sin embargo, indicó que no tuvo éxito porque el Estado no interviene en las cuestiones de los privados: "Si los bancos no acceden, no aceptan o las plataformas de tarjeta, es muy difícil llevarlo a cabo". A esto se le suma la apertura de importaciones: "Muchas empresas ven que no son competitivas con respecto a productos que vienen fundamentalmente de China". El empresario señaló que incluso en rubros como el alimenticio se observa un aumento de productos importados que compiten con los nacionales.
 
Aunque el comercio internacional es "imprescindible", para Diab en el crecimiento económico en tecnología y materias primas, ciertos sectores nacionales no logran ser competitivos, lo que "lleva al cierre". Observó, además, que la tendencia es "creciente", al punto que empresarios que no tenían entre sus proyectos ser importadores, ahora lo están analizando.
 
El dirigente también destacó el impacto de la carga tributaria en la competitividad de las empresas argentinas. "Si sabemos que automáticamente cualquiera de nuestros productos tiene un 50% de impuesto, ya partimos de una situación impositiva muy difícil de resolver", afirmó, y comparó la situación con otros países que tienen menores cargas o distintos estilos de producción.
 
En cuanto al mercado laboral, Diab fue contundente al señalar que "en línea genérica, no hay actividad que esté demandando empleo". Explicó que, aunque una adecuación de la legislación laboral es necesaria, no será suficiente "si no hay demanda productiva". El presidente de CAME reconoció que, si bien la gente no consume porque "no tiene salarios buenos", las propias empresas, en especial las PyMEs, están imposibilitadas de mejorar esos salarios sustancialmente debido a la falta de rentabilidad y la fragilidad del contexto económico.
 
La industria nacional, a contramano de los datos que promociona el Gobierno de Milei, sigue en un pozo del que no puede salir. "Estamos inmersos casi en un círculo negativo donde los mismos que declamamos no lo podemos llevar a cabo fácilmente", afirmó. Además, el dirigente mencionó que, si bien han dialogado con el Gobierno, "el Estado hoy no interviene absolutamente en nada que tenga que ver los privados".
 
La Opinión Popular
 

27-11-2025 / 10:11
El industricidio avanza gracias a las políticas neoliberales de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo. Ya pasó un mes de aquellas elecciones legislativas donde Milei logró un triunfo que hizo crecer la soberbia de su gobierno, lo cual impulsa la reforma laboral que propone. No obstante, se enfrenta a un panorama complicado que lo desafía por completo.

A un mes de la "Argentina" violeta, se acumulan los despidos en fábricas ante la apertura de importaciones. Whirlpool cerró la planta de Pilar inaugurada en 2022 y despidió a sus 220 trabajadores. Asimismo, el consumo continúa en caída libre mientras que diciembre se avecina con nuevos aumentos que sigue golpeando más de un bolsillo. Por su parte, el salario continúa congelado y no hay sueldo que aguante.

Sin embargo, el Gobierno anarco capitalista hace vista ciega y avanza a fondo por la reforma laboral. Tal es así que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió este miércoles (26/11) en Casa Rosada a los miembros del Consejo de Mayo y, pese a la falta de consensos, anunció que la administración libertaria enviará el proyecto al Congreso el próximo 9 de diciembre.

Si los tiempos avanzan como pretende Milei, la reforma laboral se debatirá al filo o durante la Navidad y Año Nuevo anticipando semanas difíciles para aquellos trabajadores que perdieron su empleo, lo que se intensificó en los últimos días luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza, donde nada cambió para la economía real pese al rescate del INDEC.

Las pálidas continúan y están a la vista de todos los argentinos. Sin ir más lejos, los datos del último informe de CEPA, que abarca hasta agosto, sostienen que desde que Milei inició su gestión, por día cierran 30 empresas y, en total, se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados. "Creer o reventar", dice la frase.

Por su parte, el INDEC que conduce Marco Lavagna quedó en el centro de una nueva polémica por una sugestiva corrección de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para evitar que la economía entre en recesión técnica. El organismo que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento de 0,5% en comparación con agosto, un dato mucho mejor que el estimado por las consultoras privadas que preveían una caída de entre 0,1% y 0,3%. Dibujando los números, el gobierno logró evitar ese título negativo pese que el tercer trimestre fue el más afectado por la inestabilidad económica consecuencia de las elecciones.

En tanto, los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales recortaron sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2026. Según el relevamiento de FocusEconomics, el Producto Bruto Interno se expandirá menos de la estimación previa. El ajuste refleja un escenario menos optimista y expone el desgaste del discurso libertario, que hasta ahora muestra más promesas que resultados.

El relato libertario remacha que la economía empieza a mostrar signos de recuperación, pero la realidad en las góndolas y en los bolsillos cuenta otra historia. El consumo masivo sigue estancado, sin el menor atisbo de mejora en la segunda mitad del año. Los datos publicados por el Indec este miércoles son contundentes: las ventas en supermercados cayeron a nivel intermensual y ya suman seis meses consecutivos de baja hasta septiembre. El golpe al consumo es tan fuerte que, en la comparación interanual, las ventas también retrocedieron. El ingreso de productos importados que compiten con los de fabricación nacional, el dólar barato y el encarecimiento de los costos productivos alientan la desindustrialización y el desempleo.

La Opinión Popular



26-11-2025 / 09:11
El conjunto de las organizaciones sociales y piqueteras movilizarán a la Secretaría de Trabajo cuando se realice la audiencia del Consejo del Salario convocada por el Secretario de Trabajo, Julio Cordero. El Consejo del Salario se reúne este miércoles en forma virtual. Para recuperar el valor de noviembre de 2015, el ingreso que hoy es de $322 mi debería ser de $760 mil.
 
La reunión se realizará en formato virtual a pesar del reclamo formulado por las dos CTA para que la misma retomara la presencialidad que dejó atrás desde la pandemia. Con todo, esas organizaciones sindicales junto con las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP y las que militan en el Frente de Lucha Piquetero marcharán a la cartera laboral desde las 15.30 en lo que, además, será el comienzo de un plan de acción conjunto que incluye una movilización en los primeros días de diciembre y, casi con seguridad, una gran marcha el 20 de diciembre cuando se conmemore el 24 aniversario del levantamiento popular que puso fin al gobierno neoliberal de Fernando De La Rúa.
 
La movilización del miércoles exige una mejora inmediata y sustancial del salario mínimo vital y móvil hoy fijado en $322 mil, valor en el que se encuentra congelado desde agosto de este año. Se trata del monto más bajo desde el punto de vista del poder adquisitivo desde al menos el año 1994 y representa menos de la mitad del valor que llegó a alcanzar en diciembre de 2015.
 
Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), "las cinco reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo que tuvieron lugar en esta gestión finalizaron sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores". Como resultado, continúan, "fue la Secretaría de Trabajo la que determinó los aumentos nominales -prácticamente equivalentes a la propuesta empresarial-, los cuales no sólo no buscaron recuperar el poder de compra perdido tras la devaluación, sino que incluso continuaron erosionándolo".
 
Para CIFRA "la pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en octubre de 2025 en un nivel real que resulta 45,6% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 58,4% menor que noviembre de 2015". Más en concreto, concluyen "si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, se acercaría actualmente los $ 760.000".
 
El informe destaca que el haber "representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado" y que "es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad".
 
Pero, además, el informe de centro de la CTA de los Trabajadores indica que "la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001. En octubre, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza, que ronda los $ 1,2 millones". En la misma línea, en agosto de 2025, el salario mínimo vital y móvil equivalía a 0,62 canastas básicas alimentarias que miden la indigencia para una familia integrada por dos mayores y dos menores cuando, en agosto de 2017, llegaba a representar 1,44 canastas básicas alimentarias.
 
La reunión será el primer encuentro entre la nueva conducción de la CGT y el gobierno libertario. La conducción sindical no adelantó cuál será el reclamo que llevarán a la negociación. Es posible que, como hicieron en anteriores encuentros, lleven un reclamo elevado para que, sin plan de lucha mediante, resulte testimonial y deje en manos del gobierno de los Hermanos Milei la definición del valor.
 
La Opinión Popular
 

24-11-2025 / 09:11
Las ficciones en que se desenvuelve el Gobierno de los Hermanos Milei volvieron a quedar plasmadas con la caída del préstamo por 20 mil millones de dólares diseñado por el JP Morgan, junto con el Citigroup y el Bank of América. Decían que estaban bosquejándolo, en realidad. El ministro de Economía ensayó responder que nunca habían aludido a la probable existencia de ese empréstito. Que, por tanto, se trataba de otra de las "operaciones" dirigidas a afectar la firme marcha hacia nuestro destino de potencia mundial.
 
Es cierto, convengamos, que las autoridades económicas jamás dieron seguridad ni información acerca de esa ayuda. Simplemente, resulta veraz porque el gobierno argentino es ajeno por completo a cualquier notificación del área. Todo, desde la asunción de Scott Bessent como ministro real, es comunicado desde Estados Unidos en formas oficiales u oficiosas. Todo.
 
Caputo Toto, quien persiste como el ícono de la timba financiera puesto en funciones de Estado, busca ahora un "repo" por mucho menos que aquella cifra. Necesita al menos 5 mil millones de dólares a fines de pagar vencimientos en enero, que corresponden a la deuda contraída por Macri.
 
Es muy probable que, apoyo de Washington mediante, consiga la plata. En esa perspectiva, los medios oficialistas prácticamente ningunearon la información y se dedicaron al nuevo título que inventó la AFA, al fin de semana largo, a los incendios en el gremio de Camioneros o a las transas en ambas Cámaras que continúan preanunciando el grave astillamiento del peronismo.
 
En estas horas, metieron otra cuña los nombramientos de Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti. La mano derechísima de Patricia Bullrich en Seguridad estaba prevista. Pero no deja de impactar que el jefe del Ejército será el primer militar en ocupar Defensa desde el regreso de la democracia, "dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", según el comunicado de la Oficina del Presidente.
 
Mientras tanto, inclusive si no quisiera estimarse la incertidumbre de mediano plazo sobre el frente financiero externo, los relevamientos de la economía "micro" son contundentes. No transcurre día sin que se acumulen cierres y quebrantos de empresas, con las pymes a la cabeza.
 
En la medición interanual, descendió marcadamente el consumo en hipermercados, mayoristas y farmacias. La actividad industrial acusa lo mismo. La suba en el precio de los alimentos, con carne y frescos en primer lugar, explican un tercio del Índice de Precios al Consumidor; pero el Indec no quiere, o no consigue, que se actualice la medición. Las tarifas de servicios públicos, los alquileres, el transporte, las prepagas, determinan sumado a lo anterior el peso aplastante en la canasta familiar.
 
Si acaso no fuera suficiente con la credibilidad de esos números, que surgen de consultoras como de entes oficiales, debería bastar el semblante vacío o poco menos que exhiben los comercios, los súper, los changuitos, los lugares de entretenimiento.  No hay casi nada que no dé para abajo, salvo los indicadores "macro" que, como el superávit fiscal, el Gobierno dibuja. Pero simultáneamente, el acostumbramiento a que esto es lo que hay redunda en la estabilidad precaria, aceptada, que enfrente no tiene rival.
 
En las encuestas post-electorales, publicadas y reservadas, la coincidencia es unánime: la imagen negativa de Milei supera con amplitud a la positiva, y una mayoría de la población -alrededor del 60 por ciento- se manifiesta pesimista en cuanto al futuro económico. Esos datos no provienen de encuestólogos adversos al oficialismo. Todo lo contrario.
 

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