, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático.
 
Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos, como Luis Majul.
 
El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.
 
Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
 
'/> Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas / La Opinión Popular
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                  17:40  |  Martes 15 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
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Nacionales - 29-06-2020 / 10:06
PARA ENTENDER EL ENTRAMADO DE ESCUCHAS Y APRIETES ILÍCITOS DE LA ERA MACRI

Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas

Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
El grupo de espionaje ilegal Súper Mario Bros reportaba, por una vía, al director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y por otro lado, a través del secretario personal, directamente a Mauricio Macri.
 
El falso abogado Marcelo D'Alessio, que espiaba y armaba causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático.
 
Las cámaras y micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo distribuía en programas de periodistas amigos, como Luis Majul.
 
El espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández lo hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20 fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y Pablo Moyano.
 
Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La estrategia consistió en tapar la feroz política económica neoliberal, la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia, denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
 

 
También se buscó el control político vigilando a los propios dirigentes de Cambiemos, que no se mostraban los suficientemente duros, que amagaban con lanzar la candidatura de María Eugenia Vidal, o que dialogaban demasiado con la oposición.
 
Como era de esperar, el uso masivo de la escoria del espionaje derivó en maniobras para quitarle las empresas a los empresarios, para hacerlos renunciar a licitaciones y un agente trucho como D'Alessio no se privó de extorsionar, exigiendo dinero a cambio de no armar causas truchas o plata para que no se publique tal o cual falsedad.
 
Como es obvio, hubo casos de corrupción como el de José López, a quien se le encontraron nueve millones de dólares, pero la ofensiva hablaba de tesoros enterrados, bóvedas, cuentas en Seychelles u otros paraísos fiscales y sociedades en Panamá.
 
Lo que se encontró de ese estilo fueron sociedades, cuentas y blanqueo de la familia Macri o fabulosos negocios en peajes, energía eólica, construcción y líneas aéreas, siempre con los Macri como beneficiarios. El espionaje global, como se ve en los expedientes, fue al servicio de esas políticas económicas y esos negocios.
 
 
 
Primeros
 
El primer detenido --el ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz-- y el primer arrepentido --uno de los agentes que supo del espionaje al instituto Patria y el domicilio de CFK-- se produjeron en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
 
El expediente se inició de manera escandalosa. Un agente de la AFI dijo que escuchó a dos personas en la plaza de Avellaneda. En el diálogo, los desconocidos dijeron que se venía la cumbre del G-20 (noviembre de 2018), que por lo tanto las fuerzas de seguridad estaban ocupadas y que era buen momento para atentar con CFK.
 
Dado que los individuos --que nunca se supo quiénes eran ni en qué fuerza "anarquista" militaban-- mantuvieron el supuesto diálogo en Avellaneda, "correspondía" hacer la denuncia en Lomas de Zamora. El magistrado interviniente, Federico Villena, autorizó que se protegiera a CFK, claro que nadie le avisó a la expresidenta y todo se hizo de manera clandestina.
 
O sea que el diálogo de la plaza no existió, la denuncia fue trucha y todo consistió en una burda maniobra para espiar a CFK y determinar con quién se reunía y con quién hablaba. Villena dice que fue engañado por la AFI, se excusó en la causa y será testigo.
 
 
Trotyl I
  
En el juzgado de Villena, mientras tanto, se investigaba una banda de narcotraficantes que, entre otros, manejaba un tal Sergio Verdura Rodríguez. El individuo terminó detenido y contó que un abogado lo había reclutado para hacer "trabajitos" para la AFI. Por ejemplo, colocar una caja con trotyl en la puerta de un edificio de la avenida Callao, donde había vivido un secretario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila.
 
El seguimiento a Melo confirmó que visitaba varios puntos de venta de droga, pero no resultaba fácil constatar que participó de la amenaza --el trotyl no estaba preparado para explotar-- contra Vila. Sin embargo, en el celular del abogado se encontró un archivo llamado susto.ar sobre la amenaza al exfuncionario.
 
Ante la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, cuyo titular es Leopoldo Moreau, Melo admitió que trabajaba para la AFI y para un grupo de espías que se autodenominaba Super Mario Bros, aunque negó su participación en lo del trotyl. Lo encontrado en su celular le jugará en contra.
 
 
Trotyl II
  
La operación contra Vila tiene su propia causa judicial, que instruye el juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py. El magistrado entendió que debía seguir investigando el juzgado de Lomas porque detrás de la amenaza hubo una organización más vasta integrada por narcos y agentes de la AFI y las operaciones empezaron antes.
 
Pero el aparato de Comodoro Py, siempre del lado de Cambiemos, jugó sus fichas. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión de Ramos y el camarista Rafael Llorens le dio la razón: dijo que el expediente debía quedar en Py. Ahora parece que Marijuán pide toda la causa de Lomas: el edificio de Retiro no quiere que nadie investigue sus vínculos con la AFI y el show mediático.
 
 
Super Mario Bros
  
La trama narco-inteligencia de Verdura y Melo llevó al análisis de los teléfonos de este último y la actuación del grupo de la AFI denominado, como su grupo de whatsapp, Super Mario Bros. En escena aparecieron entonces otros dos integrantes principales de la banda, los policías Leandro Araque y Jorge "El Turco" Sáez, este último con paso por el Servicio Penitenciario.
 
En el celular de Araque, que llevaba seis meses secuestrado en un juzgado, se encontraron unos 2500 archivos de seguimientos y escuchas a políticos macristas, opositores, periodistas, dirigentes gremiales y hasta el obispo Jorge Lugones, amigo del papa Francisco.
 
Como frutilla del postre, también espiaron a Florencia Macri, la hermana menor de Mauricio, y a su pareja, Salvatore Pica. Todo se hizo con el mismo cuento: que era para proteger a la chica, claro que sin avisarle. En cambio, contactaron a un arquitecto que estaba haciendo reformas en una casa de enfrente y desde ahí sacaban fotos y vigilaban.
 
Lo mismo hicieron hasta con los propios aliados de Macri, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot. El objetivo fue ver con quién se reunían.
 
Los jefes de Super Mario Bros recibían órdenes de Alan Ruiz --detenido en la otra causa--, que a su vez decía obedecer a Gustavo Arribas, titular de la AFI. Pero el grupo también se reunía en Casa Rosada con Susana Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial. Hay escuchas que indican que Martinengo le pasaba los informes a Darío Nieto, secretario presidencial, y éste a Macri.
 
 
Cables
  
Las andanzas del expenitenciario Jorge "El Turco" Sáez hicieron que la mirada del juez Villena se posara rápidamente en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), porque Super Mario Bros evidenciaba relaciones con el SPF.
 
A través de una penitenciaria que se presentó en el juzgado fue quedando en claro que el Area 50, inteligencia del SPF, y la Dirección de Seguridad, se había concretado una enorme operación de espionaje sobre los detenidos --ex funcionarios del gobierno de CFK y empresarios-- en el penal de Ezeiza, también en Melchor Romero y posiblemente en Marcos Paz. El juez ordenó los allanamientos y se encontraron cables y restos del tendido de espionaje.
 
Toda la operación fue siniestra: se espiaba a los presos en sus celdas, en los salones donde se reunían con los abogados y hasta en los encuentros con sus parejas y familias. Había una clasificación de cada uno de los detenidos --semáforo rojo, anaranjado o verde, según su importancia-- y un protocolo que le indicaba a los agentes que debían informar si había quiebres en la familia, peleas en las parejas, las tácticas de la defensa y las estrategias empresarias.
 
El objetivo era quebrar a una parte de los detenidos, lograr que se "arrepientan" y declaren contra CFK o contra el peronismo, y en el caso de los empresarios, que entreguen sus empresas.
 
 
Celda
  
En la causa de Lomas se confirmó que uno de los objetivos de Macri y de la AFI macrista era meter presos a Hugo y Pablo Moyano. El expresidente decía que los camioneros encarecían la logística argentina y, desde una mirada empresaria, apuntaba contra los dirigentes gremiales con las herramientas que fueran: judiciales, de espionaje y mediáticas. Al punto de que el juez Villena encontró evidencias de que ya se había preparado una celda, con cámaras y micrófonos ocultos, para alojarlos.
 
El abogado Facundo Melo, de Super Mario Bros, contó que se tuvo que ir de la AFI porque no estuvo dispuesto a obligar a uno de sus defendidos, barrabrava de Independiente, a declarar contra los Moyano.
 
En la semana que pasó, Pablo presencialmente y Hugo por Zoom, estuvieron con el juez Villena. El dirigente camionero y su abogado, Daniel Llermanos, explicaron que vieron grabaciones, seguimientos y hasta el armado de material de programas de televisión --con mano de obra de la AFI y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich-- que luego fue puesto al aire por el periodista Luis Majul.
 
Como ya se conoció en su momento, el juez Luis Carzoglio denunció una maniobra de la AFI con el mismo contenido: dos altos cargos de la central de espías, el director de Legales, Sebastián "El Enano" De Estéfano y el director de Finanzas, Fernando Di Pasquale, fueron a ver al magistrado para que firmara una resolución para detener a Pablo Moyano.
 
El texto estaba escrito y la presencia de Di Pasqueale sugiere que tal vez iban a ofrecerle dinero. La insólita visita de ambos directores en el juzgado de Carzoglio fue reconocida por Arribas en el Congreso.
 
 
Trucho
  
El falso abogado Marcelo D'Alessio también reportaba a Arribas, aunque con intermediarios. Su trato cotidiano era con dos comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, que formaron parte de una estructura armada por la AFI en el Gran Buenos Aires. Los expolicías bonaerenses reportaban a Pablo Pinamonti y éste a la estructura en la que revistaban otros directores de la AFI.
 
Como se sabe, el juez Alejo Ramos Padilla descubrió que D'Alessio armaba causas falsas en un entramado en el que apareció la pata judicial, a través del procesado fiscal Carlos Stornelli, y la pata mediática, con el también procesado periodista Daniel Santoro.
 
En el expediente de Dolores ahora se investiga, por ejemplo, cómo se le hizo un guion al arrepentido Leonardo Fariña; ya constaba cómo apretaron al exgerente de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, y cómo se dibujó una falsa declaración en la causa del Gas Natural Licuado. Todo supervisado por la AFI y los ministerios de Justicia y Seguridad.
 
 
Masivo
  
El instrumento del espionaje ilegal fue masivo. En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño, encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones kirchneristas, pero también del radicalismo. La causa la instruye Marcelo Martínez de Giorgi.
 
Igualmente en la AFI se encontraron investigaciones, más profundas y menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20, clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri. La investigación también está a cargo de Martínez de Giorgi.
 
En la causa de Dolores quedó evidenciado que se accedía a los archivos de Migraciones para saber las entradas y salidas del país, entre otros, de los jueces. No sólo se buscaba saber cuántas veces viajaron y adónde, sino con quién. Todo indica que esa información --que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral-- se usaba para presionar a los magistrados.
 
 
Maquinaria
  
El macrismo puso en marcha una gigantesca maquinaria de escuchas ilegales sobre las que hay numerosas causas judiciales. Por ejemplo, grabaron de forma clandestina a los presos en Ezeiza y con eso armaron un expediente al que llamaron Puf, porque supuestamente eran diálogos que mostraban que la denuncia contra D'Alessio se armó en el penal. Las escuchas de ninguna manera demuestran eso, pero el expediente sigue abierto.
 
En el centro de la escena esta Martin Irurzun, responsable de la Dajudecu, el organismo que realiza las escuchas: desde que estuvo en sus manos, se produjeron difusiones masivas de audios obtenidos de forma ilegal.
 
Irurzun fue uno de los hombres clave de Cambiemos en Comodoro Py. En su momento, el juez Claudio Bonadio quiso usar ese expediente para contrarrestar el de Dolores. Hoy el expediente lo tiene Martínez de Giorgi.
 
De la misma manera armaron un show con aquella escucha entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner, diálogo que no evidenciaba ninguna ilegalidad pero se usó en programas de televisión adictos. Algo similar hicieron con un llamada entre Lázaro Báez y su abogada, la que utilizaron mediáticamente pero sobre todo para apretar al empresario y lograr que se "arrepintiera". La causa estaba cerrada, pero Parrilli le está pidiendo a Canicoba que la reabra.
 
 
Mesa
  
Entre las doce causas que se tramitan en distintos distritos, el juez Sebastián Ramos instruye un expediente significativo: el que se conoce como "la mesa judicial". En realidad, las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales.
 
En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas, el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores, José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador, Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de Trabajo, Jorge Triacca. Todos están imputados en esta causa.
 
 
Política
  
Buena parte de las 12 causas judiciales son anteriores al gobierno de Fernández-Fernández: o sea que no constituyen revanchas, sino denuncias que se hicieron en su momento, aun cuando gobernaba el macrismo.
 
Pero la cantidad de expedientes es una demostración de que cada una de estas operaciones ilegales no era producto de monotributistas del espionaje, sino que conformaron una estrategia global que tenía un objetivo básico: tapar los resultados de la política económica que favoreció a los sectores de más recursos, incluyendo el endeudamiento, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, la caída del salario real.
 
Por un lado, se buscó el control político, con el espionaje a CFK y otros dirigentes. El macrismo supo a través de los espías, por ejemplo, que la expresidenta se reunió con Sergio Massa a fines de 2017, algo de lo que no dieron cuenta los medios.
 
El corazón de las operaciones fueron las escuchas y el espionaje para armar causas judiciales y presionar para que los ex funcionarios o empresarios se "arrepientan" y declaren contra CFK y el peronismo. La detención en sí misma fue una extorsión para que declaren contra la exmandataria.
 
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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Cómo funcionaba la red ilegal de espionaje macrista contra opositores, aliados y periodistas
ESPIONAJE ILEGAL: OTRO ALLANAMIENTO EN EL ENTORNO MACRI. El juez Villena ordenó un procedimiento en la casa de Susana Martinengo. La ex secretaria de Documentación de Macri (que él dice no conocer) fue señalada como una de las personas que recibía los informes de los seguimientos que realizaban los espías. El magistrado pidió secuestrar “agendas telefónicas, teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos; dinero, divisas, documentación contable, anotaciones, como todo otro elemento relacionado con la investigación y aquellos que pudieran ser indiciarios de actividades de inteligencia”.
15-07-2025 / 08:07
Una vez más, el sistema judicial yanqui avanza como ariete de los fondos buitre contra la soberanía de nuestro país. La jueza Loretta Preska, que es incapaz de distinguir entre países y empresas, rechazó este lunes el pedido del gobierno de Javier Milei para frenar la ejecución de una sentencia que ordena la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF a los especuladores.
 
El fallo responde a una demanda impulsada por los fondos buitre: Burford Capital y Eton Park, quienes no son en realidad los "damnificados" por la expropiación de la petrolera estatal en 2012, sino capitales especulativos que "compraron" el derecho a litigar de los dueños originales. El cipayo Milei les dio la razón a los buitres.
 
La sentencia de Preska, quien durante todo el proceso ha mostrado sus vínculos con los buitres sin tapujo y que no ha tenido la menor consideración sobre el derecho de soberanía argentino, representa un ataque directo a la independencia política, jurídica y económica de nuestro país. Aunque el Gobierno de Milei ya presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito y se prepara para llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Estados Unidos, Preska dejó en claro que la presión económica no dará tregua.
 
Su decisión de no suspender el fallo permite avanzar con medidas que, en los hechos, significarían un vaciamiento del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Todo esto, en nombre de una exorbitante "compensación" de más de 16 mil millones de dólares por una decisión soberana tomada por el Congreso argentino en 2012 con amplio respaldo legislativo.
 
La defensa argentina argumentó que se trata de un caso excepcional, sin antecedentes jurídicos claros, donde incluso el propio gobierno de Estados Unidos expresó reparos a la interpretación del tribunal. El temor en Washington no es menor: que una jurisprudencia tan agresiva siente un precedente peligroso, que habilite a otros países a embargar activos yanquis en futuros litigios. El fallo de Preska podría volverse un búmeran para el propio imperio que lo impulsa.
 
Además, los representantes legales de la Argentina advirtieron que ejecutar la sentencia implicaría violar la legislación nacional, ya que, según la ley de expropiación aprobada en 2012, las acciones de YPF no pueden transferirse sin una ley del Congreso votada por dos tercios. Preska estaría ordenando al Estado argentino a quebrantar su propio marco legal para cumplir con una orden foránea. Es una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un país soberano.
 
A todo esto, se suma el hecho de que los demandantes no demostrarían un perjuicio inmediato si se posterga la ejecución, mientras que la afectación al interés público argentino sería mayúscula: pérdida de control estratégico sobre recursos energéticos, impacto en provincias accionistas y en bonistas internacionales, y la posibilidad de activar cláusulas contractuales perjudiciales para YPF.
 
Es evidente que la sentencia de Preska, lejos de hacer justicia, profundiza una lógica de subordinación colonial a los intereses del capital financiero internacional. En juego no está solo la propiedad de una empresa. Está la soberanía energética, el respeto a las decisiones democráticas y la dignidad de un país frente a tribunales que actúan como garantes del saqueo imperialista.
 
La Opinión Popular
 

14-07-2025 / 08:07
El presidente Javier "el Loco" Milei está preso de que un proyecto sin sustentos y eso quedó más que claro durante la semana que pasó. El entusiasmo mileísta, de a poco, abre paso a la resignación. Ahora resta saber si ese vacío de entusiasmo podrá ser llenado por un nuevo Nosotros.
 
No tiene mayor sentido detenerse en los aspectos técnicos, o de cálculos transeros, acerca de lo sucedido en el Congreso. Sí lo tiene comprender que la presunta aplanadora de las Fuerzas del Cielo comenzó a encontrar algunos límites.
 
Podrá acontecer que algunos favores presidenciales, a algunas provincias y aliados solícitos, alleguen votos para sostener vetos. Podrá ocurrir que nunca faltará un Kueider por acá, un símil por allá, dispuestos al qué pretende usted de mí. Podrán ofertar todas las Banelco de época que se quieran.
 
Pero ya no habría retorno, nodal, de que al Gobierno empezaron a entrarle las balas (propias). A uno no le gusta esa figura, y sobre todo cuando las guerrillas digitales del neofascismo convocan a la violencia. Se acepta por razones de imagen expresiva.
 
Es impactante la sucesión de errores y horrores ejecutivos que cometieron los adolescentes de Casa Rosada, tal vez porque se acumularon en una misma semana.
 
Puede admitirse, cómo no, que el capital de Javier Milei es permanecer como un intransigente disruptivo a toda costa. Pero de ahí a carecer de todo rasgo de inteligencia política, siquiera para tener fusibles que lo amparen, hay mucha distancia.
 
Podría mantener al personaje y dejar que por abajo negocien lo que fuere, a fines de salvar las papas en instancias determinadas. Por ejemplo, para haber evitado una derrota parlamentaria que se transformó -él transformó- en crisis de alcances inciertos.
 
Hubiera bastado con que no se sometiera al papelón de refugiarse en la niebla, para justificar su ausencia en Tucumán. Juntaba dos, tres, cuatro gobernadores, con algún caramelito de liberar fondos básicos, y prácticamente listo.
 
Pero Milei no sabe. No quiere. No entiende nada, porque siente que le sobra con que todo es cuestión de ganar en las redes, de que su hermana se cargue a quien viniere y de que un coro de bufones corporativos lo aplauda sin percibir que da vergüenza ajena.
 
Sin embargo, eso podría llevar a la conclusión de que el Presidente está preso de sí mismo. No. Eso es una mirada psicologista, que antes de válida es insuficiente. Está preso de que lo que encarna no tiene ni pies ni cabeza como proyecto sustentable. Y como incumbe a la Argentina, con su cultura bimonetaria, le saltó la ficha desde las perspectivas con el dólar.
 
El domingo pasado, bajo la pregunta de si se puede sostener el modelo cambiario, Hernán Letcher describe el panorama de los próximos meses con precisión quirúrgica. Comienza por la canchereada de Caputo Toto ("Si creés que está barato, agarrá los pesos y comprá dólares, campeón"). Fue apenas unos días antes de que el mismo Toto, con imagen desvencijada, apareciera de urgencia en uno de los programas de la televisión oficial.
 

13-07-2025 / 11:07
El presidente Javier "el Loco" Milei avanza contra el Congreso nacional y la democracia misma, opera para vaciar las instituciones y amenaza con cerrar el Legislativo si no logra imponer su voluntad; lejos de moderarse, su estrategia es profundizar la confrontación y tensar el sistema hasta forzar una ruptura o afianzarse en el poder absoluto.
 
Nadie podrá decir que no estaba prevenido. Milei avisó en campaña que las convicciones democráticas no eran parte de su repertorio. Una burda lectura del teorema de la imposibilidad de Arrow era la excusa en la que se refugiaba para no decir, con todas las letras, que su anarcocapitalismo ideal requiere de otras formas de gobierno, menos sensibles a las necesidades de las mayorías.
 
Para el presidente, el Poder Legislativo es un objetivo estratégico desde el primer día. Pero no a partir de la búsqueda de construcción de consensos para consolidar sus decisiones ejecutivas sino como un obstáculo a su poder que debía ser corrido o anulado. Esa escalada recrudeció este jueves, luego de sufrir una histórica paliza en el Senado, pero no es nueva, ni es casual, ni está fuera de libreto.
 
El 10 de diciembre de 2023 Milei asumió su cargo de espaldas al Congreso, rompiendo la tradición centenaria de inaugurar el mandato con una asamblea legislativa. Todavía era el presidente que venía a prender fuego el Banco Central y terminar con la casta. Hoy la imagen es muy distinta: el Central mantiene el dólar planchado y la casta finge demencia y se enriquece en medio de la destrucción.
 
Días más tarde anunciaba el DNU 70/23, con el que se adjudicó facultades legislativas en un espectro muy amplio, usurpando, de facto, el rol del Congreso. La ley de Bases, en tanto, con cientos de artículos, se trató en despachos exprés de sólo cuatro comisiones y, en el recinto, se votó por bloques para evitar que se cayeran los aspectos más escandalosos de la letra chica.
 
Durante el tratamiento de esa ley, que duró varios meses, Milei trató de ratas y de corruptos a los diputados y senadores mientras era el oficialismo el que cambiaba el sentido de algunos votos clave a partir de mecanismos nunca aclarados. Uno de ellos, el senador Eduardo Kueider, está detenido en Paraguay desde el año pasado. Lo encontraron tratando de cruzar la frontera con 200 mil dólares.
 
Cuando los aprietes y la corrupción no alcanzaban para frenar iniciativas contrarias a los intereses del gobierno, el presidente recurrió al veto. Para sostenerlo necesita un tercio de los votos en una de los dos cámaras. En el Senado siempre estuvo lejos. En la cámara baja pudo reunir 87 "héroes", con aliados radicales, del PRO y de algunas provincias, que le permitieron imponerse. Lo celebraron con un gran asado.
 
Esa pólvora está mojada. En la Casa Rosada admiten que no pueden garantizar el tercio que blinda las decisiones de Milei. Por eso recurren a otro recurso: bloquear el funcionamiento del Congreso, incluso mediante la violencia. Clausuran las comisiones para evitar dictámenes en proyectos que no quieren tratar e intentan levantar las sesiones por escándalo (esto es literal) para ahorrarse derrotas. Era una táctica con patas cortas. 
 

12-07-2025 / 09:07
Desde el "no fui por la neblina" de Javier "el Loco" Milei, hasta el hurto de fusibles del tablero del Senado, más tuiteros rentados, empleados por el gobierno, pidiendo que "saquen los tanques a la calle" y que "dinamiten el Congreso", todo fue mugriento y tosco. Fantino y JP Morgan empezaron la escalada que aisló al gobierno en sus limitaciones y vilezas destinadas a ahogar a las provincias, saquear a los jubilados y abandonar a enfermos, discapacitados y a víctimas de la tragedia de Bahía Blanca.
 
El desquiciado Milei decidió no concurrir al acto central por el 9 de Julio en Tucumán cuando se enteró que no irían los gobernadores. Pero como no podía confesarlo, dijo que no iba por la neblina. Hizo un día espectacular y para que se notara más, la vicepresidenta se tomó un avión y llegó con pleno sol.
 
Victoria Villarruel puso en evidencia a Milei -quien la considera una "traidora"- y puso en un aprieto al ubicuo gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, interesado en reclamar lo que incumplió el gobierno nacional, pero poco dispuesto a intervenir en la interna entre el presidente y su vice.
 
Lejos quedó la imagen de la doble fila de gobernadores serviciales que recibió a Milei en la Casa Histórica de Tucumán el año pasado. Le votaron poderes especiales, una inconstitucional ley bases y el RIGI que entrega riquezas. A cambio recibieron promesas de financiamientos e inversiones que nunca llegaron.
 
La rebelión de los gobernadores un año después de aquel acto de sumisión demostró la explosión de la crisis en sus provincias con descalabros en las economías regionales, en las rutas, la educación o la seguridad. Pero también fue un indicio de que las expectativas de la sociedad en el gobierno se redujeron con respecto al 2024.
 
Tras ganar las elecciones, las expectativas de la sociedad en el gobierno de Milei crecieron más que los votos con los que había ganado. Los gobernadores miden esos climas y por eso se sumaron al circo del año pasado. Ahora le dijeron que sin ellos no puede ganar porque esas ilusiones están a la baja.
 
Pero, horror, los gobernadores radicales y del PRO iban a coincidir con sus colegas del kirchnerismo, que resistieron desde el primer día el saqueo a los jubilados y la crueldad de desfinanciar el sistema de atención a la discapacidad o abandonar a las víctimas de tragedias como la de Bahía Blanca.
 
El acuerdo era dar quórum para iniciar la sesión. Los senadores kirchneristas informaron que además de la devolución de los ATN y de lo que les corresponde del impuesto a las naftas, iban a plantear el aumento a los jubilados, la declaración de emergencia en discapacidad y el rechazo del veto presidencial a la asistencia de las víctimas en Bahía Blanca. La noche previa, los gobernadores radicales y los del PRO dijeron que solamente aprobarían la devolución de los fondos a las provincias.
 
Como los puntos que le interesaban a estos gobernadores quedaron al final de la agenda porque serían tratados sobre tablas, sin pasar por comisión, los senadores que les respondían se quedaron hasta el final y algunos de ellos, incluso, votaron junto al kirchnerismo los temas sobre Bahía Blanca, jubilaciones y discapacidad. Este gobierno jugó al borde del precipicio desde que asumió. Zafó al principio con una devaluación que demolió salarios, después con un blanqueo exitoso y luego con la ayuda esclavizante del FMI. 
 

11-07-2025 / 09:07
Por paliza, Javier "el Loco" Milei sufrió una seguidilla de derrotas en el Congreso. Pese a las amenazas y las operaciones sucias, el Senado convirtió en ley por unanimidad el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y por amplia mayoría la moratoria previsional. Además, rechazó el veto al Fondo para Bahía Blanca, defendió las acciones de YPF y votó los proyectos impulsados por los gobernadores. Los oficialistas abandonaron la sesión y el Presidente, acorralado, ya adelantó que vetará las leyes sancionadas, en una nueva muestra de su autoritarismo y de su fanatismo con el ajuste fiscal a costa del hambre de los jubilados y la motosierra contra los sectores más vulnerables.
 
Enemistado con casi todos los espacios (en las últimas semanas se sumaron los gobernadores), Milei sufrió una derrota tras otra y su gobierno vivió una jornada negra en el Senado. El aumento para los jubilados y la emergencia en discapacidad se aprobaron por unanimidad. La moratoria, con amplia mayoría. Los mandatarios provinciales lograron darle media sanción a la modificación en el reparto de los ATN y en la coparticipación el Impuesto a los Combustibles.
 
La primera de las leyes aprobadas (contaba ya con media sanción en Diputados) fue el aumento de las jubilaciones y del bono para quienes cobran un haber mínimo, que está congelado en $70 mil desde marzo del 2024. De esta manera, la jubilación mínima pasa de $309 mil a $331 mil, y el bono escala a $110 mil. El aval del dictamen contó con 42 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, mientras que para su aprobación final sumó 52 votos a favor y 4 abstenciones.
 
De acuerdo con el Gobierno, este proyecto rompe el equilibrio fiscal. Sin embargo, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto durante este año será de 0,37% del PBI y en 2026 del 0,71%, número inferior al 0,41% que representó la baja de Bienes Personales a los más ricos. Además, la nueva norma prevé cubrir el impacto fiscal mediante la eliminación de exenciones impositivas, la reasignación de partidas de la SIDE, y utilización de recursos provenientes de registros automotores.
 
La segunda de las leyes que aprobó el Senado es el retorno de la moratoria previsional, con 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención. De esta forma, se restablece el mecanismo, que venció en marzo de este año, que permite el acceso a una jubilación para quienes no alcanzaron los 30 años de aportes. En tercer lugar, el Senado convirtió en ley por unanimidad la declaración de emergencia para la discapacidad. La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas. En simultáneo a su tratamiento, diferentes agrupaciones movilizaron al Congreso para presionar su aprobación.
 
Por otra parte, el Senado rechazó por unanimidad el veto de Milei a una ley que creaba un fondo de $200 millones para la restauración de Bahía Blanca tras la trágica inundación de marzo. Ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que en su momento dio media sanción a la ley con 153 votos a favor y la única oposición de LLA. Otra de las derrotas del Gobierno fue la media sanción a los proyectos presentados por los 24 gobernadores, que plantean un nuevo reparto a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.
 
La Opinión Popular
 

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