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Entre Ríos - 27-06-2020 / 17:06

Ángel Giano salió a respaldar el proyecto de Emergencia Solidaria: “Procura un esfuerzo colectivo de quienes más ganancias han tenido”

Ángel Giano salió a respaldar el proyecto de Emergencia Solidaria: “Procura un esfuerzo colectivo de quienes más ganancias han tenido”
El Poder Ejecutivo Provincial presentó un proyecto de Ley para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia. El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, valoró la iniciativa. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
En la mañana de este viernes, el gobernador Gustavo Bordet ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de Ley que declara hasta el 30 de junio de 2021 (prorrogable por única vez por 180 días) el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, aplicada a los tres poderes, municipios adheridos al sistema previsional, entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado.
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, valoró la iniciativa que "procura un esfuerzo colectivo y solidario en base a quienes más ganancias han tenido y tienen mayor capacidad contributiva", resaltó un comunicado del área de prensa de la cámara baja. "Es una ley progresista que claramente busca la solidaridad", expresó.
 
Además, el representante del Poder Legislativo explicó que también "pretende la centralización del aumento de los haberes en manos del Poder Ejecutivo en base a paritarias que se acuerde con los gremios, porque hay organismos del Estado que tienen regímenes especiales para aumentar salarios a diferencia del Ejecutivo. Por lo tanto, se quiere que, cuando se puedan aumentar los sueldos, el porcentaje sea el mismo para todos los poderes y organismos del Estado".
 
 
El proyecto tiene como objetivos:
 
- Asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la administración pública consistente en el sostenimiento y fortalecimiento del sistema de salud, seguridad, servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
 
- A nivel impositivo, procurar un esfuerzo colectivo basado en la capacidad contributiva para superar la crisis económica de la provincia.
 
- Fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen provisional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema.
 
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aumenta la base imponible para el pago de impuestos de las entidades financieras, modifica la alícuota establecida por el Art. 8 de la Ley Impositiva 9.622 para la actividad de comercio mayorista de medicamentos para uso humano, que quedará fijada en un 4% mientras dure la emergencia dictada. Además, establece que en dicho período se realice un aporte extraordinario del 10% de Impuesto Inmobiliario Anual, aplicable a los inmuebles de la planta 6 y 7 de una superficie igual o superior a las 1.000 hectáreas.
 
El proyecto de Ley establece, en el marco de la emergencia declarada, los porcentajes de los aportes personales, calculados sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad que perciben más de $ 75000, orientados a reforzar el carácter solidario del sistema y requiriendo un esfuerzo temporal por parte de los aportantes con mayores recursos.
 
Asimismo, se determinan los aportes solidarios, calculados proporcionalmente al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial que perciben más de $ 75000, con el fin de cubrir el déficit previsional.
 
"Las medidas que se proponen obedecen a un propósito de justicia contributiva y tributaria, resultando razonables las restricciones que eventualmente pudieran imponerse en función de la entidad de la crisis que busca superarse", se afirma en el texto presentado.
 
Fuente: Prensa Cámara de Diputados
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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