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Entre Ríos - 27-06-2020 / 17:06

Ángel Giano salió a respaldar el proyecto de Emergencia Solidaria: “Procura un esfuerzo colectivo de quienes más ganancias han tenido”

Ángel Giano salió a respaldar el proyecto de Emergencia Solidaria: “Procura un esfuerzo colectivo de quienes más ganancias han tenido”
El Poder Ejecutivo Provincial presentó un proyecto de Ley para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia. El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, valoró la iniciativa. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
En la mañana de este viernes, el gobernador Gustavo Bordet ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de Ley que declara hasta el 30 de junio de 2021 (prorrogable por única vez por 180 días) el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, aplicada a los tres poderes, municipios adheridos al sistema previsional, entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado.
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, valoró la iniciativa que "procura un esfuerzo colectivo y solidario en base a quienes más ganancias han tenido y tienen mayor capacidad contributiva", resaltó un comunicado del área de prensa de la cámara baja. "Es una ley progresista que claramente busca la solidaridad", expresó.
 
Además, el representante del Poder Legislativo explicó que también "pretende la centralización del aumento de los haberes en manos del Poder Ejecutivo en base a paritarias que se acuerde con los gremios, porque hay organismos del Estado que tienen regímenes especiales para aumentar salarios a diferencia del Ejecutivo. Por lo tanto, se quiere que, cuando se puedan aumentar los sueldos, el porcentaje sea el mismo para todos los poderes y organismos del Estado".
 
 
El proyecto tiene como objetivos:
 
- Asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la administración pública consistente en el sostenimiento y fortalecimiento del sistema de salud, seguridad, servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
 
- A nivel impositivo, procurar un esfuerzo colectivo basado en la capacidad contributiva para superar la crisis económica de la provincia.
 
- Fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen provisional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema.
 
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aumenta la base imponible para el pago de impuestos de las entidades financieras, modifica la alícuota establecida por el Art. 8 de la Ley Impositiva 9.622 para la actividad de comercio mayorista de medicamentos para uso humano, que quedará fijada en un 4% mientras dure la emergencia dictada. Además, establece que en dicho período se realice un aporte extraordinario del 10% de Impuesto Inmobiliario Anual, aplicable a los inmuebles de la planta 6 y 7 de una superficie igual o superior a las 1.000 hectáreas.
 
El proyecto de Ley establece, en el marco de la emergencia declarada, los porcentajes de los aportes personales, calculados sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad que perciben más de $ 75000, orientados a reforzar el carácter solidario del sistema y requiriendo un esfuerzo temporal por parte de los aportantes con mayores recursos.
 
Asimismo, se determinan los aportes solidarios, calculados proporcionalmente al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial que perciben más de $ 75000, con el fin de cubrir el déficit previsional.
 
"Las medidas que se proponen obedecen a un propósito de justicia contributiva y tributaria, resultando razonables las restricciones que eventualmente pudieran imponerse en función de la entidad de la crisis que busca superarse", se afirma en el texto presentado.
 
Fuente: Prensa Cámara de Diputados
 
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Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.
 
La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).
 
Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.
 
Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:
 
- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.
 
- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.
 
- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.
 
Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias. 
 

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