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Entre Ríos - 27-06-2020 / 17:06

Ángel Giano salió a respaldar el proyecto de Emergencia Solidaria: “Procura un esfuerzo colectivo de quienes más ganancias han tenido”

Ángel Giano salió a respaldar el proyecto de Emergencia Solidaria: “Procura un esfuerzo colectivo de quienes más ganancias han tenido”
El Poder Ejecutivo Provincial presentó un proyecto de Ley para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia. El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, valoró la iniciativa. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
En la mañana de este viernes, el gobernador Gustavo Bordet ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de Ley que declara hasta el 30 de junio de 2021 (prorrogable por única vez por 180 días) el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, aplicada a los tres poderes, municipios adheridos al sistema previsional, entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado.
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, valoró la iniciativa que "procura un esfuerzo colectivo y solidario en base a quienes más ganancias han tenido y tienen mayor capacidad contributiva", resaltó un comunicado del área de prensa de la cámara baja. "Es una ley progresista que claramente busca la solidaridad", expresó.
 
Además, el representante del Poder Legislativo explicó que también "pretende la centralización del aumento de los haberes en manos del Poder Ejecutivo en base a paritarias que se acuerde con los gremios, porque hay organismos del Estado que tienen regímenes especiales para aumentar salarios a diferencia del Ejecutivo. Por lo tanto, se quiere que, cuando se puedan aumentar los sueldos, el porcentaje sea el mismo para todos los poderes y organismos del Estado".
 
 
El proyecto tiene como objetivos:
 
- Asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la administración pública consistente en el sostenimiento y fortalecimiento del sistema de salud, seguridad, servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
 
- A nivel impositivo, procurar un esfuerzo colectivo basado en la capacidad contributiva para superar la crisis económica de la provincia.
 
- Fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen provisional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema.
 
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo aumenta la base imponible para el pago de impuestos de las entidades financieras, modifica la alícuota establecida por el Art. 8 de la Ley Impositiva 9.622 para la actividad de comercio mayorista de medicamentos para uso humano, que quedará fijada en un 4% mientras dure la emergencia dictada. Además, establece que en dicho período se realice un aporte extraordinario del 10% de Impuesto Inmobiliario Anual, aplicable a los inmuebles de la planta 6 y 7 de una superficie igual o superior a las 1.000 hectáreas.
 
El proyecto de Ley establece, en el marco de la emergencia declarada, los porcentajes de los aportes personales, calculados sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad que perciben más de $ 75000, orientados a reforzar el carácter solidario del sistema y requiriendo un esfuerzo temporal por parte de los aportantes con mayores recursos.
 
Asimismo, se determinan los aportes solidarios, calculados proporcionalmente al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial que perciben más de $ 75000, con el fin de cubrir el déficit previsional.
 
"Las medidas que se proponen obedecen a un propósito de justicia contributiva y tributaria, resultando razonables las restricciones que eventualmente pudieran imponerse en función de la entidad de la crisis que busca superarse", se afirma en el texto presentado.
 
Fuente: Prensa Cámara de Diputados
 
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Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


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