23:01 | Miercoles 24 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 25-06-2020 / 12:06

ENARGAS LO ACUSA DE HABER VIOLADO EL MARCO REGULATORIO DE LA INDUSTRIA DEL GAS

Denuncian penalmente a Aranguren por dolarizar las tarifas para asegurarles más ganancias a las empresas

El interventor del ENARGAS, Federico Bernal, denunció penalmente a Juan José Aranguren, exministro de Energía y Minería y a parte de su equipo, por incumplimiento de los deberes de un funcionario público al dolarizar las tarifas de gas para beneficiar desmedidamente a las empresas privadas. Imagen: meme de la época

El interventor del ENARGAS, Federico Bernal, denunció penalmente al macrista Juan José Aranguren, exministro de Energía y Minería y a parte de su equipo, por incumplimiento de los deberes de un funcionario público al dolarizar las tarifas de gas.

El perjuicio económico calculado por el ENARGAS asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes.

La denuncia es sobre la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.

Además de Aranguren fueron denunciados Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM, Mauricio Roitman, ex presidente en ejercicio del Directorio del ENARGAS, y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador; en razón de de las denominadas "Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes", y determinadas durante la gestión de Mauricio Macri.

"Ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Sin embargo, el ENARGAS en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar ese acuerdo lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018", indicó el organismo en un comunicado.

Y agrega: "Así, en octubre de aquel año al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios y las usuarias en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales. Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada".

Al respecto, Federico Bernal declaró que "Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación 'contractual', con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas. Esta denuncia me corresponde no solo como funcionario público en ejercicio y en razón del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también por las obligaciones que surgen del Decreto 278/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández conforme la Ley 27.541".

La Opinión Popular

ENARGAS LO ACUSA DE HABER VIOLADO EL MARCO REGULATORIO DE LA INDUSTRIA DEL GAS

Denuncian a Aranguren por pactar precios

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Lo acusa de pactar precios con las gasíferas, violando la ley que regula la industria del gas, para garantizarles un ingreso superior al que supuestamente hubiera surgido de la oferta y la demanda del mercado.

La denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a la que tuvo acceso Página12, se basa en la decisión intencional de violar la ley 24.076, regulatoria del gas, a fin de asegurarles a las empresas una ganancia ilegal en dólares por el término de dos años, ganancia que pagarían los usuarios en sus tarifas.

El ex ministro de Energía había sido cuestionado al ser designado porque se había desempeñado como CEO de la filial argentina de la petrolera shell. Durante su gestión abundaron las críticas por haber beneficiado a la compañía cuando todavía tenía acciones de esa empresa.

Junto con Aranguren están apuntados el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Porteau, y el ex directorio de Enargas. "Los ex directores del Enargas incumplieron intencionalmente y con el mismo fin, sus obligaciones específicas como integrantes del ente regulador que también le impone la ley citada", destaca el texto en referencia a la ley 24.076.

En la denuncia se solicita la fijación de una medida cautelar preventiva sobre el patrimonio de los denunciados de acuerdo al perjuicio económico sobre el fisco y los usuarios del servicio público de gas por redes que asciende, según detalla el documento, a 561 millones de dólares.

El interventor sostiene además que los funcionarios incurrieron en negociaciones incompatibles con la función pública porque "intervinieron en la fijación de un precio que debía surgir de una negociación privada, es decir de la libre interacción entre la oferta y la demanda". El objetivo, siempre según la denuncia, sería asegurarles a las empresas ganancias en dólares por el término de dos años sin estar ajustadas a costos o variables previstas en la ley.La conducta que se les imputa es la de haber promovido un acuerdo entre las empresas gasíferas (productoras y distribuidoras) para imponer un precio en dólares (tipo de cambio variable) para la compraventa de gas por dos años, lo que iba a ser trasladado a tarifas y pagado por los usuarios.

La conducción de Enargas sostiene que mientras estuvo vigente la ley de Emergencia Económica Nº 25.561, entre 2002 y 2017, el precio del gas lo fijaba el Poder Ejecutivo Nacional, pero luego se acordaron precios en dólares "en franca violación del marco regulatorio del gas, 24.076, plenamente vigente a partir del 1 de enero de 2018 y que establece la desregulación del precio del gas, es decir la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras". La denuncia dice que el gobierno de Mauricio Macri avaló ese acuerdo, llamado "bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes", y efectuó el traslado a tarifas en abril de 2018 en perjuicio de los usuarios.

"Mientras se pudo establecer el precio desde el gobierno nacional las ganancias de las productoras de gas estaban aseguradas, pero al abrirse el libre juego de la oferta y la demanda por la re entrada en vigencia de la ley 24.076 esas ganancias podían comprometerse y entonces se buscó la forma de pactar precios en dólares y trasladarlos a las tarifas", dejaron trascender desde Enargas.

A su vez, remarca que el acuerdo contempló precios únicos por cuenca, algo que califica como inédito en la historia de la comercialización del gas mientras estuvo vigente la ley 24.076.

El Ente estimó en 168 millones de dólares el perjuicio a usuarios del servicio público de gas natural. El monto surge del incremento del precio del gas trasladado a tarifa a partir de abril de 2018, ya que el precio PIST ponderado vigente era de 2,96 dólares por millón de BTU -que debería haberse mantenido hasta septiembre- y pasó a ser 3,73 dólares.

Cuando en octubre del 2018 se produce una devaluación peso, el gobierno decide no trasladar a las tarifas el precio dolarizado por el rechazo que generó la iniciativa impulsada por el entonces secretario de Energía Javier Iguacel de hacerlo en 24 cuotas fijas que se incorporarían a la factura, pero, dice Bernal, se siguió reconociendo el precio en dólares de la tarifa.

El fiscal Guillermo Marijuán, octubre del 2018, denunció penalmente a Javier Iguacel por pretender pasar a tarifas las 'compensaciones' a las empresas de gas por variación del tipo de cambio. Luego el Poder Ejecutivo decidió que fuera el Estado Nacional el encargado de absorber ese costo, estimado en unos 25.000 millones de pesos a pagar en 30 cuotas por parte del Gobierno, de las cuales finalmente solo se pagó una.

La denuncia sostiene que "se abre ahora, entonces, un período de análisis por parte del gobierno sobre el destino o desconocimiento de esa deuda denunciada por ilegal por el actual Interventor del Enargas".

Fuente: Página12

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.