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Nacionales - 25-06-2020 / 10:06
INTEGRANTES DE LA "MESA JUDICIAL" DEL GOBIERNO DE MACRI

Efecto dominó: la Justicia imputó a los macristas Peña y Triaca por presiones a jueces

Efecto dominó: la Justicia imputó a los macristas Peña y Triaca por presiones a jueces
El fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en temas del Poder Judicial a través de la denominada “mesa judicial” de Cambiemos durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Pero como, ¿estos no eran los adalides de la república?
El fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en temas del Poder Judicial a través de la denominada "mesa judicial" de Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
En fiscal también dispuso que sean citados a prestar declaración testimonial el juez recientemente jubilado, Enrique Arias Gibert, que estuvo al frente de la sala V de la Cámara Nacional del Trabajo y los magistrados de otras salas de la misma cámara, Graciela Marino, Diana Cañal y Néstor Rodríguez Brunengo, informaron fuentes judiciales.
 
Triaca quedó imputado luego de que ayer el juez Luis Raffaghelli declarara como testigo que en marzo de 2016 el entonces ministro de Trabajo visitó la Cámara laboral junto a colaboradores que plantearon "la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica", lo que fue entendido como un intento de injerencia indebida.
 
En el caso del exjefe de Gabinete, fue imputado luego de que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara una serie de correos electrónicos en la que era la oficina del extitular de ese organismo, Gustavo Arribas, en los que se destacaba que Peña era uno de los convocantes a las reuniones de la denominada "mesa judicial". Por eso se había ido a Sudáfrica donde no hay extradición.
 
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del ex presidente Macri.
 
Pero como, ¿estos no eran los adalides de la república?
 

 
En la denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Figueroa, quien dijo en un programa de la Radio AM750 que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.
 
Los denunciantes sindicaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.
 
En ese sentido, apuntaron al ex Presidente; su jefe de asesores, José Torello; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.
 
La Opinión Popular
 
 
Fiscal suma a Marcos Peña a la causa por la "mesa judicial M" y cita a más jueces presionados
 
La causa que investiga la denominada "mesa judicial" de Mauricio Macri escaló ayer otro peldaño al incorporar los correos electrónicos en los que Marcos Peña supuestamente centralizaba las convocatorias a sus integrantes, denunciados por magistrados y legisladores por presuntos aprietes en expedientes sensibles para la administración de Cambiemos.
 
El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, sumó al expediente los mails que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aportó a la bicameral de Inteligencia del Congreso. Este diario ayer había adelantado que ambas pesquisas comenzaban a confluir en una gran megacausa que eventualmente apuntará a establecer si hubo una coordinación desde lo más alto del gobierno anterior entre las aparentes presiones y las maniobras de espionaje expuestas.
 
El expediente que instruye el fiscal González y que se encuentra bajo la órbita del juez federal Sebastián Ramos agregó ayer un nuevo testimonio sobre el accionar de los funcionarios que Macri había puesto a seguir las causas que le interesaban a la Casa Rosada: el camarista laboral Luis Raffaghelli, que había dicho en una entrevista que el exministro de Trabajo Jorge Triaca y otros funcionarios les habían planteado a los magistrados del fuero su interés en "consensuar" la reforma laboral que pretendía Cambiemos, respondió por escrito acerca de esa supuesta injerencia.
 
De inmediato González decidió citar a testimonial al resto de los jueces que asistieron a ese encuentro con los exfuncionarios. El fiscal también pidió informes al Consejo de la Magistratura acerca de las denuncias que se tramitaron en los últimos años contra los jueces del fuero laboral, que Raffaghelli había señalado como parte de las maniobras de la "mesa judicial" tendientes a cercarlos.
 
Lo mismo había pedido días atrás Ramiro González luego de la presentación por escrito de la camarista de Casación federal penal Ana María Figueroa, quien además de confirmar que el actual procurador porteño, Juan Bautista Mahíques, había sido quien intentó presionarla en diciembre de 2015, dijo que al no prosperar esa acción se presentaron tres denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura.
 
Con estas requisitorias el fiscal intentará revisar si las presentaciones contra Figueroa y los jueces laborales tenían algún fundamento o eran meros mecanismos de coerción.
 
La novedad de mayor volumen político, sin embargo, fue la decisión del fiscal de integrar a la causa los correos que Marcos Peña enviaba bajo el título "Invitación coordinación de Justicia" y que incluían, además de funcionarios naturales del rubro como el exministro de Justicia Germán Garavano, al extitular de la AFI Gustavo Arribas, entre otros en teoría ajenos a esa temática.
 
La Bicameral de Inteligencia, que se hizo de estos mails la semana pasada a instancias de Caamaño, tenía previsto presentarse ante el fiscal para pedirle que los sumara a la investigación por entender que la "mesa judicial" y las supuestas maniobras ilegales de inteligencia interna formarían parte de una misma operatoria.
 
La Cámara Federal ya le había dado un primer carácter de "megacausa" a la investigación por la mesa de funcionarios interesados en expedientes judiciales al ordenar que todas las denuncias fueran tramitadas por Ramos y González. Y la inclusión de los hallazgos de Caamaño en la computadora de una secretaria de Arribas parece reforzar esa condición.
 
Será la primera vez que formalmente comparten expediente como sospechados Marcos Peña con Garavano, Arribas, Mahíques, el exjefe de asesores de Presidencia José Torello; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y operadores como Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y el expresidente de Boca, Daniel Angelici, con Marcos Peña, los miembros de la "mesa judicial".
 
Por Mariano Martín
 
Fuente: ámbito.com
 

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09-08-2026 / 17:08
08-08-2026 / 09:08
El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-08-2026 / 14:08
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