23:08 | Jueves 26 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 25-06-2020 / 10:06

INTEGRANTES DE LA "MESA JUDICIAL" DEL GOBIERNO DE MACRI

Efecto dominó: la Justicia imputó a los macristas Peña y Triaca por presiones a jueces

El fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en temas del Poder Judicial a través de la denominada “mesa judicial” de Cambiemos durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Pero como, ¿estos no eran los adalides de la república?

El fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en temas del Poder Judicial a través de la denominada "mesa judicial" de Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri.

En fiscal también dispuso que sean citados a prestar declaración testimonial el juez recientemente jubilado, Enrique Arias Gibert, que estuvo al frente de la sala V de la Cámara Nacional del Trabajo y los magistrados de otras salas de la misma cámara, Graciela Marino, Diana Cañal y Néstor Rodríguez Brunengo, informaron fuentes judiciales.

Triaca quedó imputado luego de que ayer el juez Luis Raffaghelli declarara como testigo que en marzo de 2016 el entonces ministro de Trabajo visitó la Cámara laboral junto a colaboradores que plantearon "la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica", lo que fue entendido como un intento de injerencia indebida.

En el caso del exjefe de Gabinete, fue imputado luego de que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara una serie de correos electrónicos en la que era la oficina del extitular de ese organismo, Gustavo Arribas, en los que se destacaba que Peña era uno de los convocantes a las reuniones de la denominada "mesa judicial". Por eso se había ido a Sudáfrica donde no hay extradición.

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del ex presidente Macri.

Pero como, ¿estos no eran los adalides de la república?

En la denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Figueroa, quien dijo en un programa de la Radio AM750 que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.

Los denunciantes sindicaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.

En ese sentido, apuntaron al ex Presidente; su jefe de asesores, José Torello; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.

La Opinión Popular

Fiscal suma a Marcos Peña a la causa por la "mesa judicial M" y cita a más jueces presionados

La causa que investiga la denominada "mesa judicial" de Mauricio Macri escaló ayer otro peldaño al incorporar los correos electrónicos en los que Marcos Peña supuestamente centralizaba las convocatorias a sus integrantes, denunciados por magistrados y legisladores por presuntos aprietes en expedientes sensibles para la administración de Cambiemos.

El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, sumó al expediente los mails que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aportó a la bicameral de Inteligencia del Congreso. Este diario ayer había adelantado que ambas pesquisas comenzaban a confluir en una gran megacausa que eventualmente apuntará a establecer si hubo una coordinación desde lo más alto del gobierno anterior entre las aparentes presiones y las maniobras de espionaje expuestas.

El expediente que instruye el fiscal González y que se encuentra bajo la órbita del juez federal Sebastián Ramos agregó ayer un nuevo testimonio sobre el accionar de los funcionarios que Macri había puesto a seguir las causas que le interesaban a la Casa Rosada: el camarista laboral Luis Raffaghelli, que había dicho en una entrevista que el exministro de Trabajo Jorge Triaca y otros funcionarios les habían planteado a los magistrados del fuero su interés en "consensuar" la reforma laboral que pretendía Cambiemos, respondió por escrito acerca de esa supuesta injerencia.

De inmediato González decidió citar a testimonial al resto de los jueces que asistieron a ese encuentro con los exfuncionarios. El fiscal también pidió informes al Consejo de la Magistratura acerca de las denuncias que se tramitaron en los últimos años contra los jueces del fuero laboral, que Raffaghelli había señalado como parte de las maniobras de la "mesa judicial" tendientes a cercarlos.

Lo mismo había pedido días atrás Ramiro González luego de la presentación por escrito de la camarista de Casación federal penal Ana María Figueroa, quien además de confirmar que el actual procurador porteño, Juan Bautista Mahíques, había sido quien intentó presionarla en diciembre de 2015, dijo que al no prosperar esa acción se presentaron tres denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura.

Con estas requisitorias el fiscal intentará revisar si las presentaciones contra Figueroa y los jueces laborales tenían algún fundamento o eran meros mecanismos de coerción.

La novedad de mayor volumen político, sin embargo, fue la decisión del fiscal de integrar a la causa los correos que Marcos Peña enviaba bajo el título "Invitación coordinación de Justicia" y que incluían, además de funcionarios naturales del rubro como el exministro de Justicia Germán Garavano, al extitular de la AFI Gustavo Arribas, entre otros en teoría ajenos a esa temática.

La Bicameral de Inteligencia, que se hizo de estos mails la semana pasada a instancias de Caamaño, tenía previsto presentarse ante el fiscal para pedirle que los sumara a la investigación por entender que la "mesa judicial" y las supuestas maniobras ilegales de inteligencia interna formarían parte de una misma operatoria.

La Cámara Federal ya le había dado un primer carácter de "megacausa" a la investigación por la mesa de funcionarios interesados en expedientes judiciales al ordenar que todas las denuncias fueran tramitadas por Ramos y González. Y la inclusión de los hallazgos de Caamaño en la computadora de una secretaria de Arribas parece reforzar esa condición.

Será la primera vez que formalmente comparten expediente como sospechados Marcos Peña con Garavano, Arribas, Mahíques, el exjefe de asesores de Presidencia José Torello; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y operadores como Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y el expresidente de Boca, Daniel Angelici, con Marcos Peña, los miembros de la "mesa judicial".

Por Mariano Martín

Fuente: ámbito.com

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 13:03

El negacionismo de Milei como combustible del ajuste y la impunidad

A medio siglo del golpe que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta un escenario inédito: un gobierno que no solo reivindica la metodología represiva, sino que utiliza el negacionismo como pantalla para aplicar el mismo programa económico que Martínez de Hoz. La batalla hoy es por la memoria, pero también por el futuro.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no encuentra a la Argentina en un momento de reflexión institucional, sino en una trinchera. El gobierno de Javier Milei, escoltado por una Victoria Villarruel que ha hecho de la apología de la dictadura su plataforma política, ha decidido romper el pacto democrático de 1983. Ya no se trata de "matices" históricos; estamos ante una ofensiva sistemática para demoler la base ética sobre la cual se reconstruyó la nación.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

Recordando a las Primeras Víctimas del Golpe Militar

Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.

Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.

La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.

Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

A 50 años del Golpe Cívico-Militar Genocida que estableció el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.

Carlos Morales para La Opinión Popular

23-03-2026 / 10:03

Se desploma la imagen de Javier Milei y la desaprobación trepa al 60%

La "luna de miel" que el gobierno de Javier Milei logró estirar artificialmente tras el respiro de las legislativas de 2025 parece haber llegado a un final abrupto y doloroso. Los datos no mienten: la realidad económica y los escándalos éticos han perforado el blindaje mediático del libertario, dejando al descubierto una gestión que hoy cosecha el rechazo de la mayoría de los argentinos.

Según el último informe de la consultora Zuban Córdoba, la desaprobación a la gestión presidencial se disparó en marzo al 58,7%, marcando un punto de quiebre que pulveriza el "empate técnico" de finales del año pasado.