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Nacionales - 23-06-2020 / 10:06
EMPRESA OFF SHORE PARA FUGAR DINERO Y OCULTAR ACTIVOS

Nacadie Comercial, de Vicentín, tiene la mitad del dinero por cobrar de Vicentín

Nacadie Comercial, de Vicentín, tiene la mitad del dinero por cobrar de Vicentín
Según registros oficiales de Uruguay, Nacadie Comercial realizó en los últimos 5 años millonarios envíos de fondos a Nacadie en Panamá, una sociedad constituida en ese país en 2005; y por eso se sospecha que este conglomerado de empresas off shore fue un vehículo financiero de Vicentin para fugar dinero y ocultar activos. Seguramente ahora el juez que está a cargo de la convocatoria les conseguirá el dinero para que no desaparezcan los 1.500 productores acreedores. Y si se funden... bueno, son las reglas del mercado, mala suerte.
La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la Provincia de Santa Fe advirtió: "Vicentin SAIC es un grupo conformado por más de 20 empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas, que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso", cuestionando así el fallo que repuso al directorio al frente de la compañía.

Un dato: en el ítem "Créditos por Ventas" de Vicentín (que totaliza $ 4.292.413.623) hay un listado de más de 1.800 deudores. De ese monto, la firma Nacadie Comercial SA explica poco más de la mitad: $ 2.164.681.943,52, un 50,4%. Lo curioso es que Nacadie Comercial es de los accionistas de Vicentín. Una sociedad extranjera, Nacadie Comercial, que es propiedad de los propios accionistas de Vicentín, hace que así se adeudan a sí mismos una fortuna, dejando de garpe a miles de productores de Santa Fe, Cordoba y Entre Rios, que le vendieron la cosecha y no cobrarán ni un peso.

Este grave tema es ignorado totalmente por la derecha macrista: mediática, política y empresarial. Lo que menos importa a los periodistas macristas de los grandes medios de comunicación porteños: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, es el respeto a los hechos y los datos más significativos son ocultados. Ninguno de esos medios habla de los aportes de Vicentin a la campaña de Macri; tampoco mencionan los descomunales créditos que les otorgó el Banco Nación; sus oscuras maniobras económicas y financieras ni siquiera se esbozan, como tampoco sus operaciones de triangulación con el exterior para evadir impuestos.

El grupo empresario Vicentin es embellecido con historias falaces, que omiten los múltiples beneficios que recibió del Estado, sus turbios vínculos con la represión de la última dictadura genocida y, como frutilla del postre, lo presentan ahora como "víctima" de la "voracidad" del Estado. ¿Quién no saldría a golpear cacerolas y a enarbolar banderas argentinas en defensa de semejantes "benefactores" de la humanidad?


 
La derecha, encabezada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se ha propuesto ponerle palos en la rueda al Gobierno nacional en toda iniciativa que tienda a hacer un poco menos injusta a la sociedad argentina. Y en favor de ese objetivo decidió no ahorrar esfuerzos: la maquinaria periodística funciona 24 horas al día, siete días a la semana, con ese objetivo. Toda piedra que puedan arrojar los sectores reaccionarios contra el Gobierno, será arrojada.
 
En el fondo, lo que no acepta el poder económico es un cambio en las reglas de juego que imperaron en los cuatro años de macrismo. No es novedad, la clase alta siempre aceptó el juego democrático a regañadientes y cuando tuvo la garantía que sus privilegios no serían tocados. Por eso su odio visceral al peronismo, la única fuerza política que logró plantarse y desafiar su poder.
 
No importa que la empresa Vicentin haya sido endeudada y vaciada durante el macrismo, ahora armaron una furiosa campaña alrededor de una palabra: expropiación. Como si se tratara de un mecanismo diabólico, ajeno a la Constitución y a las leyes. Y llegaron al extremo de vociferar que "está en juego la propiedad privada" o, peor aún, que el Gobierno implementa medidas "comunistas". Semejante nivel de extravío solo cabe en las mentalidades más retrógradas, que son, precisamente, las que hoy comandan los ataques más furiosos contra el gobierno.
 
La Opinión Popular
 
 
 
CON DIRECTAS CONEXIONES CON PANAMÁ
 
La mitad de las acreencias de Vicentin corresponden a una firma del mismo grupo
 
En el diario El Litoral, de Santa Fe de la Vera Cruz, Juan Chiummiento afirmó:
 
"La mitad de los créditos por cobrar que Vicentin informó a la Justicia corresponden a una firma perteneciente al mismo grupo: Nacadie Comercial SA, radicada en Uruguay y sobre la que se están investigando posibles maniobras de evasión. La información, que surge del propio expediente de la convocatoria, suma un interrogante más al complejo entramado societario de la empresa santafesina, un aspecto sobre el que también puso la lupa el gobierno provincial.
 
Como requisito previo a ingresar en concurso preventivo, la agroexportadora debió revelar cierta información interna. Entre esa documentación ingresada se encontraba el estado del activo y pasivo al 10 de febrero, que fue refrendada por el contador Mario Sandrigo -perteneciente al estudio W. H. Correa y Asociados con fecha 18 de febrero-.
 
Así, pudo conocerse que dentro del campo "Créditos por Ventas" (que totaliza $ 4.292.413.623) hay un listado de más de 1.800 deudores. De ese monto, la firma Nacadie Comercial SA explica poco más de la mitad: $ 2.164.681.943,52, un 50,4%. No se detallan mayores precisiones sobre esa operación, pero la simple aparición del dato echa luz sobre el complejo entramado societario de la compañía santafesina, que comunicó en diciembre pasado una situación de "estrés financiero" que le impidió hacer frente a sus compromisos.
 
 
Revelaciones
 
¿Qué se sabe de la principal deudora de la agroexportadora? El estudio jurídico porteño Moyano & Asociados -especializado en casos de insolvencia transnacional con perfil de rastreo y recupero de activos- reveló días atrás que Nacadie Comercial SA es una firma radicada en Uruguay que otorgaba las garantías para los préstamos que Vicentin solicitaba al fondo TriLinc Global Impact Fund.
 
Por tratarse de operaciones que operan bajo el régimen de oferta pública en Estados Unidos, estos trámites quedan reflejados en documentos públicos de la Comisión de Bolsa y Valores. Allí se indica que la compañía pertenece al grupo Vicentin.
 
Esta relación también figura en otra presentación que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), sobre una maniobra de dumping en biodiesel.
 
 
Desde la Provincia
 
Cuando la agroexportadora solicitó la apertura del concurso preventivo en febrero, nada dijo respecto a esa relación. El viernes pasado, en ocasión de presentarse ante el juez de la convocatoria, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe advirtió sobre estas maniobras: "(Vicentin) parece controlar muchas más sociedades en las que en apariencia aparece como socia minoritaria", dice María Victoria Stratta, abogada del organismo.
 
"Vicentin SAIC es un grupo conformado por más de 20 empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas, que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso", plantea Stratta, que ayer presentó un nuevo escrito donde critica en términos muy duros el fallo que repuso al directorio al frente de la compañía.
 
 
Nacadie Comercial
 
Según la información que hizo pública la comisión de seguimiento de la causa Vicentin de la Cámara de Diputados, Nacadie Comercial SA tiene domicilio en Montevideo. Si bien no está disponible la nómina de accionistas y directores, sí pudo conocerse el nombre de su apoderado: Patricio María Coghlan. Esta persona es, a su vez, director, junto a Máximo Padoan, Gustavo Nardelli y Pablo Estrada -entre otros-, de Enav SA, radicada en Mendoza e identificada como integrante del grupo Vicentin por sus propios miembros.
 
Coghlan, en representación de Nacadie Comercial SA constituyó el 9 de septiembre de 2019 una sociedad en Santa Fe, denominada Nacadie Comercial SA, fijando domicilio en Hipólito Yrigoyen 298 de la ciudad de Reconquista. Allí funciona el frigorífico Friar.
 
"Según registros oficiales de Uruguay, Nacadie Comercial realizó en los últimos 5 años millonarios envíos de fondos a Nacadie en Panamá (NdR: una sociedad constituída en ese país en 2005); y por eso sospechamos que este conglomerado de empresas off shore fue un vehículo financiero de Vicentin para fugar dinero y ocultar activos", dijo oportunamente el titular del estudio jurídico Mariano Moyano. (...)".
 
Fuentes: El Litoral, Urgente24 y La Arena
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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