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Nacionales - 23-06-2020 / 10:06
EMPRESA OFF SHORE PARA FUGAR DINERO Y OCULTAR ACTIVOS

Nacadie Comercial, de Vicentín, tiene la mitad del dinero por cobrar de Vicentín

Nacadie Comercial, de Vicentín, tiene la mitad del dinero por cobrar de Vicentín
Según registros oficiales de Uruguay, Nacadie Comercial realizó en los últimos 5 años millonarios envíos de fondos a Nacadie en Panamá, una sociedad constituida en ese país en 2005; y por eso se sospecha que este conglomerado de empresas off shore fue un vehículo financiero de Vicentin para fugar dinero y ocultar activos. Seguramente ahora el juez que está a cargo de la convocatoria les conseguirá el dinero para que no desaparezcan los 1.500 productores acreedores. Y si se funden... bueno, son las reglas del mercado, mala suerte.
La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la Provincia de Santa Fe advirtió: "Vicentin SAIC es un grupo conformado por más de 20 empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas, que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso", cuestionando así el fallo que repuso al directorio al frente de la compañía.

Un dato: en el ítem "Créditos por Ventas" de Vicentín (que totaliza $ 4.292.413.623) hay un listado de más de 1.800 deudores. De ese monto, la firma Nacadie Comercial SA explica poco más de la mitad: $ 2.164.681.943,52, un 50,4%. Lo curioso es que Nacadie Comercial es de los accionistas de Vicentín. Una sociedad extranjera, Nacadie Comercial, que es propiedad de los propios accionistas de Vicentín, hace que así se adeudan a sí mismos una fortuna, dejando de garpe a miles de productores de Santa Fe, Cordoba y Entre Rios, que le vendieron la cosecha y no cobrarán ni un peso.

Este grave tema es ignorado totalmente por la derecha macrista: mediática, política y empresarial. Lo que menos importa a los periodistas macristas de los grandes medios de comunicación porteños: Clarín, La Nación, canal América e Infobae, es el respeto a los hechos y los datos más significativos son ocultados. Ninguno de esos medios habla de los aportes de Vicentin a la campaña de Macri; tampoco mencionan los descomunales créditos que les otorgó el Banco Nación; sus oscuras maniobras económicas y financieras ni siquiera se esbozan, como tampoco sus operaciones de triangulación con el exterior para evadir impuestos.

El grupo empresario Vicentin es embellecido con historias falaces, que omiten los múltiples beneficios que recibió del Estado, sus turbios vínculos con la represión de la última dictadura genocida y, como frutilla del postre, lo presentan ahora como "víctima" de la "voracidad" del Estado. ¿Quién no saldría a golpear cacerolas y a enarbolar banderas argentinas en defensa de semejantes "benefactores" de la humanidad?


 
La derecha, encabezada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se ha propuesto ponerle palos en la rueda al Gobierno nacional en toda iniciativa que tienda a hacer un poco menos injusta a la sociedad argentina. Y en favor de ese objetivo decidió no ahorrar esfuerzos: la maquinaria periodística funciona 24 horas al día, siete días a la semana, con ese objetivo. Toda piedra que puedan arrojar los sectores reaccionarios contra el Gobierno, será arrojada.
 
En el fondo, lo que no acepta el poder económico es un cambio en las reglas de juego que imperaron en los cuatro años de macrismo. No es novedad, la clase alta siempre aceptó el juego democrático a regañadientes y cuando tuvo la garantía que sus privilegios no serían tocados. Por eso su odio visceral al peronismo, la única fuerza política que logró plantarse y desafiar su poder.
 
No importa que la empresa Vicentin haya sido endeudada y vaciada durante el macrismo, ahora armaron una furiosa campaña alrededor de una palabra: expropiación. Como si se tratara de un mecanismo diabólico, ajeno a la Constitución y a las leyes. Y llegaron al extremo de vociferar que "está en juego la propiedad privada" o, peor aún, que el Gobierno implementa medidas "comunistas". Semejante nivel de extravío solo cabe en las mentalidades más retrógradas, que son, precisamente, las que hoy comandan los ataques más furiosos contra el gobierno.
 
La Opinión Popular
 
 
 
CON DIRECTAS CONEXIONES CON PANAMÁ
 
La mitad de las acreencias de Vicentin corresponden a una firma del mismo grupo
 
En el diario El Litoral, de Santa Fe de la Vera Cruz, Juan Chiummiento afirmó:
 
"La mitad de los créditos por cobrar que Vicentin informó a la Justicia corresponden a una firma perteneciente al mismo grupo: Nacadie Comercial SA, radicada en Uruguay y sobre la que se están investigando posibles maniobras de evasión. La información, que surge del propio expediente de la convocatoria, suma un interrogante más al complejo entramado societario de la empresa santafesina, un aspecto sobre el que también puso la lupa el gobierno provincial.
 
Como requisito previo a ingresar en concurso preventivo, la agroexportadora debió revelar cierta información interna. Entre esa documentación ingresada se encontraba el estado del activo y pasivo al 10 de febrero, que fue refrendada por el contador Mario Sandrigo -perteneciente al estudio W. H. Correa y Asociados con fecha 18 de febrero-.
 
Así, pudo conocerse que dentro del campo "Créditos por Ventas" (que totaliza $ 4.292.413.623) hay un listado de más de 1.800 deudores. De ese monto, la firma Nacadie Comercial SA explica poco más de la mitad: $ 2.164.681.943,52, un 50,4%. No se detallan mayores precisiones sobre esa operación, pero la simple aparición del dato echa luz sobre el complejo entramado societario de la compañía santafesina, que comunicó en diciembre pasado una situación de "estrés financiero" que le impidió hacer frente a sus compromisos.
 
 
Revelaciones
 
¿Qué se sabe de la principal deudora de la agroexportadora? El estudio jurídico porteño Moyano & Asociados -especializado en casos de insolvencia transnacional con perfil de rastreo y recupero de activos- reveló días atrás que Nacadie Comercial SA es una firma radicada en Uruguay que otorgaba las garantías para los préstamos que Vicentin solicitaba al fondo TriLinc Global Impact Fund.
 
Por tratarse de operaciones que operan bajo el régimen de oferta pública en Estados Unidos, estos trámites quedan reflejados en documentos públicos de la Comisión de Bolsa y Valores. Allí se indica que la compañía pertenece al grupo Vicentin.
 
Esta relación también figura en otra presentación que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), sobre una maniobra de dumping en biodiesel.
 
 
Desde la Provincia
 
Cuando la agroexportadora solicitó la apertura del concurso preventivo en febrero, nada dijo respecto a esa relación. El viernes pasado, en ocasión de presentarse ante el juez de la convocatoria, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe advirtió sobre estas maniobras: "(Vicentin) parece controlar muchas más sociedades en las que en apariencia aparece como socia minoritaria", dice María Victoria Stratta, abogada del organismo.
 
"Vicentin SAIC es un grupo conformado por más de 20 empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas, que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso", plantea Stratta, que ayer presentó un nuevo escrito donde critica en términos muy duros el fallo que repuso al directorio al frente de la compañía.
 
 
Nacadie Comercial
 
Según la información que hizo pública la comisión de seguimiento de la causa Vicentin de la Cámara de Diputados, Nacadie Comercial SA tiene domicilio en Montevideo. Si bien no está disponible la nómina de accionistas y directores, sí pudo conocerse el nombre de su apoderado: Patricio María Coghlan. Esta persona es, a su vez, director, junto a Máximo Padoan, Gustavo Nardelli y Pablo Estrada -entre otros-, de Enav SA, radicada en Mendoza e identificada como integrante del grupo Vicentin por sus propios miembros.
 
Coghlan, en representación de Nacadie Comercial SA constituyó el 9 de septiembre de 2019 una sociedad en Santa Fe, denominada Nacadie Comercial SA, fijando domicilio en Hipólito Yrigoyen 298 de la ciudad de Reconquista. Allí funciona el frigorífico Friar.
 
"Según registros oficiales de Uruguay, Nacadie Comercial realizó en los últimos 5 años millonarios envíos de fondos a Nacadie en Panamá (NdR: una sociedad constituída en ese país en 2005); y por eso sospechamos que este conglomerado de empresas off shore fue un vehículo financiero de Vicentin para fugar dinero y ocultar activos", dijo oportunamente el titular del estudio jurídico Mariano Moyano. (...)".
 
Fuentes: El Litoral, Urgente24 y La Arena
 

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05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La Opinión Popular
 

05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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