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Nacionales - 23-06-2020 / 09:06
LA INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE SANTA FE LE APUNTÓ AL DIRECTORIO

Denuncian maniobras de vaciamiento en Vicentin

Denuncian maniobras de vaciamiento en Vicentin
Apenas conocido el estado de cesación de pagos, varios directivos de la empresa, a través de donaciones y venta de activos, "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios".
El gobierno de Santa Fe, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia, aportó ayer a la Justicia una información clave para la causa Vicentin: dio a conocer maniobras de vaciamiento patrimonial a través de donaciones y venta de activos de un grupo de accionistas y directores de la empresa, llevadas adelante apenas conocido el estado de cesación de pagos y la apertura del concurso preventivo, a principios de este año.
 
La denuncia da a conocer varios trámites iniciados en el Registro General de la Propiedad del Gobierno de Santa Fe que dan cuenta de que, apenas declarado el estado de cesación de pagos, integrantes del directorio, entre los cuales se encuentran Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente), "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus patrimonios personales", según expresa María Victoria Stratta, la Inspectora General de Personas Jurídicas.
 
Durante febrero del 2020, el presidente del directorio de Vicentin inició los trámites para dos certificados de donación, uno de los cuales fue al día siguiente de solicitar la apertura del concurso. Roberto Vicentin, por su parte, realizó siete trámites entre enero y mayo: entre ellos, certificados de desafectación de bien de familia y venta.
 
Martín Colombo efectuó una donación el 27 de enero y un certificado para venta el 14 de febrero. En el informe elaborado por la IGJP asocian estos mecanismos como una maniobra de vaciamiento patrimonial utilizada por los directivos de la empresa, para no tener que solventar con esos bienes "en caso de que tuvieran que dar respuesta ante demandas judiciales".
 
La jugada se conoció por una nota dirigida al juez que lleva adelante el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, en respuesta a la resolución emitida durante el mediodía del viernes en la que reasignó las facultades al antiguo directorio de la empresa, a la vez que degradó a los interventores propuestos por el Gobierno Nacional al título de veedores.
 

 
Apenas conocido el estado de cesación de pagos, varios directivos de la empresa, a través de donaciones y venta de activos, "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios".
 
"Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales", sentencia la nota emitida por el organismo provincial.
 
"Hago notar que se está agregando información a la contenida en un escrito presentado hace apenas un día hábil. Es que continuamente aparecen datos que corroboran lo allí manifestado e incrementan la gravedad en el proceder de los integrantes del directorio", afirmó Stratta.
 
La inspectora había presentado una nota casi en simultáneo a la resolución de Lorenzini del viernes, en la que nombraba algunas de las causas que se investigan por graves delitos denunciados tanto por tribunales del país como extranjeros. Entre ellos el caso Renova.
 
Estos nuevos datos son específicamente relevantes dado su carácter técnico: son brindados por la IGPJ, una subsecretaría que cuenta con atribuciones para solicitar la intervención judicial en las sociedades cuando hay sospecha de fraude, entre otros casos.
 
 
 
La nota contiene además varias críticas con respecto al accionar de Lorenzini. "La resolución 169 es un conjunto de contradicciones; confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas" y agrega "que no está a la altura de las circunstancias".
 
Entre los diversos argumentos que se pueden leer en el escrito, la inspectora se detiene en el tema de los plazos. Al respecto, cuestiona la rapidez con que el juez resolvió la demanda de la empresa: "Demoró más la promotora en formular el planteo, que el juez en resolverlo". El fallo emitido el viernes por el juez viene a cuenta de una demanda que la empresa ingresó el miércoles anterior. Teniendo que cuenta que el DNU emitido por el Ejecutivo había sido el 9 de junio, la empresa se tomó siete días en responder, al tiempo que el juez lo resolvió en apenas tres.
 
Dicho esto, queda en manos de Lorenzini resolver si hace o no lugar al pedido de la IGPJ, que solicitó la conformación de una intervención asignando como presidente a Roberto Gabriel Delgado y vocal a Luciano Zarich, ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y proponiendo como vicepresidente al funcionario provincial Alejandro Alberto Bento. En caso de aceptarlo, significaría para el juez desdecirse de todo lo expresado en el fallo del viernes.
 
En el caso de que el juez rechace esta petición, será función del Gobierno de la Provincia de Santa Fe elegir qué camino tomar para lograr el objetivo que planteó Alberto Fernández. El Presidente ya advirtió que sigue en la búsqueda del consenso: "Sigo buscando una solución acordada, los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero, un sector muy importante, que ha sufrido un proceso de concentración muy grande en los últimos años, una empresa que nos permita ver cómo funciona ese mercado y cómo se desarrolla". Para eso, señaló, "no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa, porque son los causantes del problema".
 
Fuente: Página12
 

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13-01-2026 / 10:01
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que refleja el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre los jubilados. "Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán", señaló el escrito.
 
El centro de estudios calculó que la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023, cuando inició la gestión libertaria. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei.
 
Esto significó un brutal ajuste. Desde MATE alertaron que el Estado "ahorró" 100,8 billones de pesos desde que gobierna Milei, siendo los recortes en jubilaciones junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados.
 
"El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos", detallaron. De esta manera, los adultos mayores se transformaron en "el sector social más castigado por el gobierno".
 
En paralelo, días atrás, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que el haber mínimo jubilatorio sería 27% superior si la gestión libertaria no hubiera modificado la fórmula en 2024.
 
En este sentido, en diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 pesos. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279 pesos, un 27,4% más.
 
La Opinión Popular
 
13-01-2026 / 08:01
Cinismo libertario al palo. Después de desfinanciar el Plan de Manejo de Fuego en un 80% y rebajar los sueldos del área hasta un 30%, Javier "el Loco" Milei buscó capitalizar el trabajo de los que están controlando los incendios en el sur. Publicó una imagen suya con fuego y brigadistas, creada con IA, y los llamó "héroes". Le respondieron denunciando el destrato que reciben, la pérdida salarial y la precarización creciente.

Luego que su gobierno desfinanciara el Plan de Manejo del Fuego y negara las consecuencias del cambio climático, ni él ni sus funcionarios pisaron la zona de los incendios que llevan arrasadas 21 mil hectáreas en la Patagonia. Pero el presidente Milei se mostró en la red X en una foto trucha con las llamas de fondo y saludando a un brigadista. ¿Nos gobierna un idiota?

En medio de una ola de críticas en las redes sociales, el gobierno libertario esperó a la lluvia que este domingo cayó en la zona de Epuyén y El Hoyo, la más afectada por el desastre de los incendios, para salir a chapear sobre el despliegue de recursos nacionales que supuestamente ayudó a extinguir 22 de los 32 focos.
 
"Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego", escribió un muy formal Milei en X. Pero en Instagram compartió imágenes hechas con IA que lo muestran como un héroe en la zona de los incendios.
 
Pero la realidad es que Milei no viajó a la zona de incendios y ni siquiera llamó por teléfono al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, según contó en declaraciones televisivas. Pero además el gobierno nacional viene recortando sistemáticamente los fondos para combate de los incendios.
 
Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Presupuesto 2026 establece un recorte del 78,5% en términos reales de las partidas para Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, los ambientalistas denunciaron que en 2025 el gobierno dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignado al SNMF y en 2024 apenas había ejecutado el 22%.
 
En ese sentido, este fin de semana los brigadistas de Parques Nacionales denunciaron las condiciones en las que trabajan. "Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", afirman.
 
El brigadista Hernán Mondino explicó que en la Patagonia están cobrando alrededor de 860 mil pesos de sueldo, mientras que en otras zonas del país perciben unos 600 mil pesos. "Empezamos a las 7 de la mañana y, si hay cierta estabilidad en el incendio, trabajamos hasta las 8 de la noche. Si pasa como el otro día, que el fuego estaba descontrolado, estás hasta las 12 o 1 de la mañana. Y no se pagan horas extras, no te devuelven el día", contó en radio Led.
 
Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, apuntó que la pérdida salarial oscila entre un 25 y un 30 por ciento desde 2023: "Nos llaman héroes porque ahora les sirve, pero durante dos años nos castigaron salarialmente y nos tuvieron con contratos trimestrales, con el miedo de no saber si el periodo siguente ibamos o no a tener trabajo".
 
La Opinión Popular
 

12-01-2026 / 10:01
Una denuncia penal presentada en el ámbito de la Justicia Federal volvió a poner en el centro de la escena al presidente Javier "el Loco" Milei, esta vez por presuntas responsabilidades internacionales vinculadas al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. El planteo fue registrado bajo el expediente CFP 58/2026 y lleva la firma de Aldo Sergio Parodi, quien acusa a Milei de ser cómplice y encubridor de un crimen de agresión cometido contra el Estado soberano de Venezuela.
 
Según el escrito, la denuncia se basa en la Ley 25.390, mediante la cual la Argentina aprobó el Estatuto de Roma en 1998, aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Parodi sostiene que el 3 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se habría producido un "brutal y terrorista crimen de agresión" atribuido al presidente yanqui Donald Trump, con un saldo de víctimas fatales aún indeterminado.
 
En ese contexto, afirma que el presidente Milei omitió denunciar el hecho ante los organismos internacionales correspondientes, lo que, a su entender, configura un grave encubrimiento. El denunciante argumenta que, al ser la Argentina un Estado parte del Estatuto de Roma, el Poder Ejecutivo no solo puede sino que debe denunciar ante la Corte Penal Internacional cualquier crimen de lesa humanidad, especialmente aquellos tipificados como crimen de agresión en el artículo 8 bis del tratado.
 
En su presentación, Parodi afirma que la supuesta inacción del presidente Milei no sería un hecho menor, sino una violación directa a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. En el escrito se remarca que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal, conforme a lo establecido también por la Ley 26.200.
 
Bajo esa premisa, Parodi solicita que se investigue penalmente al presidente Milei para que explique por qué motivo no promovió una denuncia internacional y por qué, según su interpretación, habría avalado públicamente el accionar atribuido a Trump. La denuncia va más allá del ámbito local y pide que la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional investigue el comportamiento de los jefes de Estado miembros del Estatuto de Roma que, siempre según el planteo, habrían aceptado o tolerado el hecho denunciado.
 
Parodi sostiene que, hasta el momento, la única acción penal internacional concreta estaría radicada ante la Justicia Federal argentina, situación que califica como "preocupante" por el impacto que estos hechos tendrían sobre la paz mundial. En otro tramo del escrito, el denunciante solicita expresamente que sea citado el ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que, desde su experiencia en derechos humanos, ilustre al fiscal interviniente sobre la responsabilidad del Estado argentino frente a este tipo de situaciones.
 
También afirma que las expresiones públicas de Milei ante organismos internacionales, lejos de condenar el crimen, lo habrían avalado, lo que encuadra, a su criterio, en el delito de apología del crimen previsto en el Código Penal argentino. La presentación concluye con un pedido formal para que se investigue a Milei por una presunta violación a la Ley 25.390 y por apología de un crimen de agresión en perjuicio de un Estado soberano miembro del Estatuto de Roma.
 
El expediente quedó en manos del fiscal federal interviniente, quien deberá evaluar la viabilidad jurídica de la denuncia y los pasos a seguir. Por el momento, no se conocieron respuestas oficiales de Milei ni pronunciamientos de la Justicia sobre el fondo de la acusación, en torno a la política exterior argentina y a las obligaciones internacionales del Estado.
 
La Opinión Popular
 

10-01-2026 / 09:01
El video con la imagen de un guardia de inmigración norteamericano que asesina a una mujer en Minneapolis, Estados Unidos, tiene muchas similitudes con el del asesinato de Juan Gabriel González, en Villa Lugano, por un efectivo policial. Ambos videos circularon por las redes. En la brutalidad de esas escenas está la esencia de dos proyectos de país que coinciden en su desprecio al prójimo.
 
El presidente norteamericano Donald Trump declaró al New York Times que "mi único límite es mi mente" que es el mismo criterio que siguieron los dos efectivos de seguridad, en Minneapolis y en Buenos Aires, para disparar a quemarropa contra personas desarmadas. Trump lo hizo al secuestrar al presidente de Venezuela.
 
Javier "el Loco" Milei es un admirador de Trump, cuyo gobierno se aleja de la idea de democracia y libertad. El estadounidense creó una fuerza policial de carácter federal para perseguir a inmigrantes. Estos policías tienen la prerrogativa de detener a cualquier persona solamente por el color de su piel.
 
La fuerza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "tienen inmunidad absoluta para hacer su trabajo" respondió el vicepresidente J.D. Vance cuando le preguntaron por el asesino de Renee Nicole-Good, de 37 años y madre de tres hijos.
 
La mujer era una poetiza premiada en su país. Se interpuso con su camioneta a un contingente del ICE que iba a realizar razzias en su barrio. Un agente le ordenó que bajara de automóvil, pero ella dio marcha atrás para alejarse y el tipo le descerrajó tres tiros en la cara. En Estados Unidos, el pueblo bautizó al ICE como la Gestapo.
 
Para no ser menos, el mandatario argentino emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia que le da prerrogativas similares a los servicios de espionaje. Podrán detener personas sin orden judicial, exigir datos personales de ciudadanos a instituciones públicas como la AFIP, así como incorporar al espionaje interno a los servicios de inteligencia militar. Creó una policía política o una policía secreta. Una Gestapo.
 
La diferencia está en que el argentino se llenó la boca para gritar ¡Viva la libertad, carajo! pero creó una policía secreta para controlar a los argentinos. En cambio, el Trump que admira Milei nunca dijo que estaba por la libertad, ni siquiera por el libre comercio, y por eso tiene su Gestapo propia. Lo que dijo fue: "Hagamos grande a América, otra vez", lo que anunció un imperialismo más agresivo, sobre todo donde considera que está su "patio trasero". Y Milei acepta encantado poner a la Argentina como patio trasero de Trump.
 
En Estados Unidos, la justicia aclaró que el Cartel de los Soles que Trump usó como excusa para el secuestro de Nicolás Maduro, no existe. Lo tendrían que haber soltado. Pero ya le agregaron otros cargos sacados de la manga. El Senado, a su vez, busca prohibirle al inquilino de la Casa Blanca otros actos de agresión contra Venezuela.
 
En Argentina, la justicia declaró inconstitucional el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que penalizaba la protesta social, gremial o política. Igual se aplica contra los jubilados, pero no cuando los venezolanos antichavistas hacen manifestaciones para festejar la invasión de su patria y el asesinato de sus compatriotas. Al mismo tiempo, dirigentes de la oposición de distintas corrientes, plantearon recursos en la Justicia contra el decreto que pretende institucionalizar una policía secreta "libertaria".
 
En esta puja está en juego una democracia que va perdiendo por goleada. Tanto Trump como Milei tienen el respaldo de gran parte del capital concentrado, grandes corporaciones y millonarios que consideran que la democracia, más que facilitar, constituye un obstáculo para aumentar sus ganancias. 
 

10-01-2026 / 09:01
Los incendios forestales volvieron a desatar una tragedia ambiental y social en la Patagonia, con especial impacto en la Comarca Andina de Chubut. Miles de hectáreas de bosque nativo ya fueron consumidas por el fuego, decenas de viviendas quedaron reducidas a escombros, se registran animales muertos y el trabajo de bomberos y brigadistas se desarrolla en condiciones límite, con recursos escasos y una logística claramente insuficiente.
 
La brutal política de recortes sistemáticos impulsada por el gobierno de Javier "el Loco" Milei, continúa desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el organismo clave para la prevención y el combate de incendios en áreas naturales. Las emergencias tienen una postal: equipamiento mínimo, personal sobreexigido y un Estado nacional que aparece tarde, mal o directamente no aparece.
 
Mientras Epuyén y El Hoyo atraviesan momentos críticos y otras zonas como El Chaltén también registran focos activos, organizaciones ambientalistas denunciaron que el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego volverá a sufrir un recorte real en 2026, además de una persistente subejecución de partidas.
 
Según detallaron 18 organizaciones, el presupuesto previsto para el próximo año asciende a 20.131 millones de pesos, lo que representa una caída real del 69 por ciento respecto de 2023 y del 78 coma 5 por ciento frente a 2025. El ajuste se profundiza si se observa la ejecución: durante 2024 apenas se utilizó el 22 por ciento del presupuesto asignado, a pesar de haber sido el año con mayor cantidad de incendios desde 2016.
 
La situación no mejoró en 2025. De acuerdo con el mismo informe, quedó sin ejecutar el 25 por ciento de los recursos disponibles, una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejores condiciones laborales para brigadistas y personal operativo.
 
El ajuste también impacta en las capacidades operativas. Las metas físicas del organismo muestran una fuerte reducción en las horas de vuelo para tareas de control y combate aéreo: de 5.100 horas programadas en 2023, solo se ejecutaron 3.058, y para 2026 se proyectan apenas 3.100.
 
A esto se suma un recorte en los sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgo, herramientas fundamentales para anticipar emergencias. Los informes previstos caerían de 2.310 en 2025 a apenas 1.850 en 2026. Como si el desmantelamiento presupuestario no fuera suficiente, el mes pasado el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, anunció que el gobierno avanzará en la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020.
 
Esa norma impide durante un período de entre 30 y 60 años el cambio de uso de tierras afectadas por incendios, una herramienta clave para frenar la especulación inmobiliaria y productiva sobre territorios arrasados, muchas veces bajo sospecha de incendios intencionales. Milei ya había anticipado su intención de eliminar esa ley apenas asumió, y legisladores libertarios presentaron proyectos para avanzar en ese sentido.
 
Con bosques en llamas, comunidades en riesgo y brigadistas trabajando al límite, el ajuste no aparece como una política abstracta sino como una decisión concreta que se mide en hectáreas quemadas, viviendas perdidas y vidas expuestas. La Patagonia vuelve a pagar el costo de un Estado que se retira cuando más se lo necesita. Es el lucrativo negocio inmobiliario de Milei con el fuego.
 
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