12:51 | Viernes 10 de Julio de 2013 | Entre Ríos

Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar

“Opinar libremente por redes sociales sin rigor científico es muy fácil, gobernar con sensatez y responsabilidad es otra cosa, no es para cualquiera". Jorge Busti

Nacionales - 23-06-2020 / 09:06

LA INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE SANTA FE LE APUNTÓ AL DIRECTORIO

Denuncian maniobras de vaciamiento en Vicentin

El gobierno de Santa Fe, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia, aportó ayer a la Justicia una información clave para la causa Vicentin: dio a conocer maniobras de vaciamiento patrimonial a través de donaciones y venta de activos de un grupo de accionistas y directores de la empresa, llevadas adelante apenas conocido el estado de cesación de pagos y la apertura del concurso preventivo, a principios de este año.

La denuncia da a conocer varios trámites iniciados en el Registro General de la Propiedad del Gobierno de Santa Fe que dan cuenta de que, apenas declarado el estado de cesación de pagos, integrantes del directorio, entre los cuales se encuentran Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente), "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus patrimonios personales", según expresa María Victoria Stratta, la Inspectora General de Personas Jurídicas.

Durante febrero del 2020, el presidente del directorio de Vicentin inició los trámites para dos certificados de donación, uno de los cuales fue al día siguiente de solicitar la apertura del concurso. Roberto Vicentin, por su parte, realizó siete trámites entre enero y mayo: entre ellos, certificados de desafectación de bien de familia y venta.

Martín Colombo efectuó una donación el 27 de enero y un certificado para venta el 14 de febrero. En el informe elaborado por la IGJP asocian estos mecanismos como una maniobra de vaciamiento patrimonial utilizada por los directivos de la empresa, para no tener que solventar con esos bienes "en caso de que tuvieran que dar respuesta ante demandas judiciales".

La jugada se conoció por una nota dirigida al juez que lleva adelante el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, en respuesta a la resolución emitida durante el mediodía del viernes en la que reasignó las facultades al antiguo directorio de la empresa, a la vez que degradó a los interventores propuestos por el Gobierno Nacional al título de veedores.

Apenas conocido el estado de cesación de pagos, varios directivos de la empresa, a través de donaciones y venta de activos, "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios".

"Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales", sentencia la nota emitida por el organismo provincial.

"Hago notar que se está agregando información a la contenida en un escrito presentado hace apenas un día hábil. Es que continuamente aparecen datos que corroboran lo allí manifestado e incrementan la gravedad en el proceder de los integrantes del directorio", afirmó Stratta.

La inspectora había presentado una nota casi en simultáneo a la resolución de Lorenzini del viernes, en la que nombraba algunas de las causas que se investigan por graves delitos denunciados tanto por tribunales del país como extranjeros. Entre ellos el caso Renova.

Estos nuevos datos son específicamente relevantes dado su carácter técnico: son brindados por la IGPJ, una subsecretaría que cuenta con atribuciones para solicitar la intervención judicial en las sociedades cuando hay sospecha de fraude, entre otros casos.

La nota contiene además varias críticas con respecto al accionar de Lorenzini. "La resolución 169 es un conjunto de contradicciones; confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas" y agrega "que no está a la altura de las circunstancias".

Entre los diversos argumentos que se pueden leer en el escrito, la inspectora se detiene en el tema de los plazos. Al respecto, cuestiona la rapidez con que el juez resolvió la demanda de la empresa: "Demoró más la promotora en formular el planteo, que el juez en resolverlo". El fallo emitido el viernes por el juez viene a cuenta de una demanda que la empresa ingresó el miércoles anterior. Teniendo que cuenta que el DNU emitido por el Ejecutivo había sido el 9 de junio, la empresa se tomó siete días en responder, al tiempo que el juez lo resolvió en apenas tres.

Dicho esto, queda en manos de Lorenzini resolver si hace o no lugar al pedido de la IGPJ, que solicitó la conformación de una intervención asignando como presidente a Roberto Gabriel Delgado y vocal a Luciano Zarich, ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y proponiendo como vicepresidente al funcionario provincial Alejandro Alberto Bento. En caso de aceptarlo, significaría para el juez desdecirse de todo lo expresado en el fallo del viernes.

En el caso de que el juez rechace esta petición, será función del Gobierno de la Provincia de Santa Fe elegir qué camino tomar para lograr el objetivo que planteó Alberto Fernández. El Presidente ya advirtió que sigue en la búsqueda del consenso: "Sigo buscando una solución acordada, los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero, un sector muy importante, que ha sufrido un proceso de concentración muy grande en los últimos años, una empresa que nos permita ver cómo funciona ese mercado y cómo se desarrolla". Para eso, señaló, "no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa, porque son los causantes del problema".

Fuente: Página12

10-07-2020 / 11:07

Agredieron a periodistas en el "banderazo" macrista del Obelisco

Nuevo "banderazo" anti cuarentena con las consignas de siempre. La protesta porteña se concentró en el obelisco, aunque hubo grupos también en Belgrano y frente a la quinta de Olivos. Las demostraciones de a pie no fueron muy importantes, unos cientos de personas terminaron frente a la Casa Rosada, pero algunos miles se manifestaron desde sus lujosos autos en contra el gobierno. Hubo protestas en varias ciudades del interior.

En el centro porteño, una turba de manifestantes exaltados se acercaron al móvil de C5N y en medio de insultos y gritos golpearon la camioneta de los trabajadores de prensa que realizaban la cobertura periodística de la manifestación en el lugar. El SiPreBA (sindicato de prensa) repudió la brutal agresión.

El ataque ocurrió dentro del contexto de manifestaciones en distintos puntos del país referidas como "anticuarentena" o "por las libertades y la República". Las mismas son supuestamente auto convocadas desde las redes sociales, pero es visible la manipulación y el aliento dado por sectores políticos de la oposición de derecha macrista.

En la concentración en el Obelisco algunos de los manifestantes impidieron realizar el trabajo a periodistas y el equipo de C5N, mediante golpes al móvil, a sus ventanillas, insultos y gritos de amenaza a los trabajadores. El móvil terminó siendo expulsado del lugar a los empujones. Luego, persiguieron y golpearon en patota al periodista Ezequiel Guazzora y los de Crónica TV también tuvieron que soportar amenazas de los manifestantes. Repudiable.

Indudablemente que no es todo el macrismo, sino grupos minoritarios y violentos, odiadores seriales porque fueron derrotados en las urnas en las últimas elecciones. Un macrismo residual cada vez más agresivo, profundamente anti democrático. Quieren imponer un clima de violencia política porque no conciben una sociedad democrática e igualitaria. Una sociedad que pueda pensar en el bien común de la mayoría de los argentinos.

09-07-2020 / 13:07

AFI macrista: la Justicia imputa a Arribas y Majdalani por venta ilegal de armas

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron imputados por la venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad. La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, quien además le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.

La cúpula de la AFI macrista ya está siendo investigada por espionaje ilegal a políticos oficialistas y opositores, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre otros. En este caso, se trata de una causa iniciada a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien detectó que la Agencia hizo una venta ilegal de 296 armas propias, de distinto calibre, entre 73 espías y funcionarios a precios que eran un 20 por ciento de su valor real, y con mínimos requisitos.

Ahora, el fiscal imputó tanto a Arribas como a Majdalani, y también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia.

Entre las primeras medidas, el fiscal González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre funcionarios y agentes.

De acuerdo con la denuncia, el ilícito se basó en dos resoluciones dictadas por Arribas en 2017 y 2018, que habilitaron esta suerte de mercado de armas en la AFI: primero se declaró al armamento en condiciones de "rezago" "por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación" y, en función de eso, se autorizó su venta "a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean credencial de legítimo usuario". El procedimiento de venta que aprobaba consistía en el descuento del valor establecido a través del pago de haberes.

09-07-2020 / 11:07

Resucitó Macri y criticó a Alberto por su manejo de la pandemia

Tras dejar una economía devastada y un país sumido en una profunda deuda externa, Mauricio Macri volvió. Un ex presidente que durante su gobierno bajó el Ministerio de Salud a secretaría, desatendió el plan de vacunas y volvieron enfermedades que habían desaparecido como el sarampión, se permitió cuestionar la política sanitaria de Alberto Fernández para combatir la pandemia.

Cuando le preguntaron qué hubiera hecho él, dio una respuesta bastante evasiva: dijo que hubiera equilibrado la salud pública con la "salud laboral". Aunque también se quejó de que, según él, "desmantelaron el sistema de salud". Criticó la cuarentena obligatoria y acusó al Ejecutivo nacional de avanzar "sobre la Justicia e independencia de los poderes". Lo afirmó el que intentó nombrar a jueces de la Corte Suprema por decreto, algo que es inconstitucional.

Recurriendo al tremendismo opositor, manifestó: "Acá lamentablemente hemos visto un Gobierno que intentó avanzar sobre las libertades: la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia, la independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero generó una reacción activa y fuerte de la sociedad, que se movilizó para expresarse en contra de estos abusos."

Macri resucitó cuando se acumulan causas judiciales en su contra, como la de espionaje ilegal donde fue allanado su secretario Darío Nieto. También en un contexto partidario álgido, donde los sectores que responden a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal consiguieron crear una mesa ejecutiva del PRO para limitar el accionar de la lugarteniente de Macri, la polémica Patricia Bullrich. Tocado tras la avanzada de Larreta, Macri salió a polarizar con el gobierno.

08-07-2020 / 12:07

La Justicia pide inhibir los bienes del macrista González Fraga y de los dueños de Vicentin

En un duro dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que las autoridades macristas del Banco Nación "incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo". Afirmó que los empresarios accedieron a créditos mientras postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que la entidad finalmente no tuviera de donde cobrar la deuda.

Pollicita pidió que se ordene la inhibición de bienes al ex presidente del Banco Nación (BN) Javier González Fraga y a su segundo Lucas Llach, así como también a ex funcionarios de esa entidad y a empresarios de Vicentin involucrados en la causa penal que investiga una supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa cerealera.

"Otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera", dice el planteo presentado ante el juez de la causa, Julián Ercolini. En el escrito de 79 páginas, el fiscal pidió que se disponga esas medidas contra los 24 investigados en esa causa, entre los que están involucradas las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA. Sobre estos se pidió que se dicte la "prohibición de innovar sobre su composición accionaria".

El dictamen sostiene que "los elementos probatorios" indican que los funcionarios del Banco Nación, "algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria".

"Otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba", puntualizó.

08-07-2020 / 11:07

Con consignas de odio, desde el macrismo llaman a una nueva marcha anticuarentena

Los datos revelan que el país transita el peor momento de la pandemia. Más de dos mil contagiados diarios y un trabajo arduo de los profesionales de la salud para controlar que no haya más casos. Aún así desde diversos sectores cercanos al macrismo siguen con sus ideas anticuarentena que ponen en peligro a toda la sociedad, llaman a una marcha para el 9 de julio aunque el riesgo de un contagio masivo se alto.

Con su habitual modus operandi, los trolls macristas empezaron a militar movilizaciones para el día de la independencia. Una vez más volvieron a agitar con fake news y consignas de odio que se multiplicaron en todas las redes sociales.

Como suele suceder, en las imágenes se pueden ver fotos de Vicentin, Venezuela y de diferentes puntos del campo. En algunos de los videos, se escucha hasta una amenaza anti democrática y destituyente en la que sostienen que "hay que ponerle un freno contundente y definitivo" al actual Gobierno.

Entre los promotores visibles de la movida está el poeta Santiago Kovadloff y el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano "Lucho" Bugallo que compartieron diferentes afiches y comentarios sobre la movida.

Uno de los movimientos que genera este tipo de contenido es el reconocido como "Campo+Ciudad" en el que justamente está Bugallo y otros dirigentes. En las imágenes se ven comentarios sorprendentes como la falsa dicotomía entre "salud y economía". Además, acusan sin pruebas de "rotura de silobolsas" y reclaman, entre otras cosas, el retorno a las "sesiones presenciales" en el Congreso.

Justamente, sobre este último punto, en las últimas semanas se conocieron diversos casos positivos de COVID-19 tras la presentación de varios legisladores de la oposición entre los que estuvieron los macristas Julio Sahad y Miguel Bazze.