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Nacionales - 23-06-2020 / 09:06
LA INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE SANTA FE LE APUNTÓ AL DIRECTORIO

Denuncian maniobras de vaciamiento en Vicentin

Denuncian maniobras de vaciamiento en Vicentin
Apenas conocido el estado de cesación de pagos, varios directivos de la empresa, a través de donaciones y venta de activos, "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios".
El gobierno de Santa Fe, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia, aportó ayer a la Justicia una información clave para la causa Vicentin: dio a conocer maniobras de vaciamiento patrimonial a través de donaciones y venta de activos de un grupo de accionistas y directores de la empresa, llevadas adelante apenas conocido el estado de cesación de pagos y la apertura del concurso preventivo, a principios de este año.
 
La denuncia da a conocer varios trámites iniciados en el Registro General de la Propiedad del Gobierno de Santa Fe que dan cuenta de que, apenas declarado el estado de cesación de pagos, integrantes del directorio, entre los cuales se encuentran Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente), "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus patrimonios personales", según expresa María Victoria Stratta, la Inspectora General de Personas Jurídicas.
 
Durante febrero del 2020, el presidente del directorio de Vicentin inició los trámites para dos certificados de donación, uno de los cuales fue al día siguiente de solicitar la apertura del concurso. Roberto Vicentin, por su parte, realizó siete trámites entre enero y mayo: entre ellos, certificados de desafectación de bien de familia y venta.
 
Martín Colombo efectuó una donación el 27 de enero y un certificado para venta el 14 de febrero. En el informe elaborado por la IGJP asocian estos mecanismos como una maniobra de vaciamiento patrimonial utilizada por los directivos de la empresa, para no tener que solventar con esos bienes "en caso de que tuvieran que dar respuesta ante demandas judiciales".
 
La jugada se conoció por una nota dirigida al juez que lleva adelante el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, en respuesta a la resolución emitida durante el mediodía del viernes en la que reasignó las facultades al antiguo directorio de la empresa, a la vez que degradó a los interventores propuestos por el Gobierno Nacional al título de veedores.
 

 
Apenas conocido el estado de cesación de pagos, varios directivos de la empresa, a través de donaciones y venta de activos, "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios".
 
"Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales", sentencia la nota emitida por el organismo provincial.
 
"Hago notar que se está agregando información a la contenida en un escrito presentado hace apenas un día hábil. Es que continuamente aparecen datos que corroboran lo allí manifestado e incrementan la gravedad en el proceder de los integrantes del directorio", afirmó Stratta.
 
La inspectora había presentado una nota casi en simultáneo a la resolución de Lorenzini del viernes, en la que nombraba algunas de las causas que se investigan por graves delitos denunciados tanto por tribunales del país como extranjeros. Entre ellos el caso Renova.
 
Estos nuevos datos son específicamente relevantes dado su carácter técnico: son brindados por la IGPJ, una subsecretaría que cuenta con atribuciones para solicitar la intervención judicial en las sociedades cuando hay sospecha de fraude, entre otros casos.
 
 
 
La nota contiene además varias críticas con respecto al accionar de Lorenzini. "La resolución 169 es un conjunto de contradicciones; confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas" y agrega "que no está a la altura de las circunstancias".
 
Entre los diversos argumentos que se pueden leer en el escrito, la inspectora se detiene en el tema de los plazos. Al respecto, cuestiona la rapidez con que el juez resolvió la demanda de la empresa: "Demoró más la promotora en formular el planteo, que el juez en resolverlo". El fallo emitido el viernes por el juez viene a cuenta de una demanda que la empresa ingresó el miércoles anterior. Teniendo que cuenta que el DNU emitido por el Ejecutivo había sido el 9 de junio, la empresa se tomó siete días en responder, al tiempo que el juez lo resolvió en apenas tres.
 
Dicho esto, queda en manos de Lorenzini resolver si hace o no lugar al pedido de la IGPJ, que solicitó la conformación de una intervención asignando como presidente a Roberto Gabriel Delgado y vocal a Luciano Zarich, ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y proponiendo como vicepresidente al funcionario provincial Alejandro Alberto Bento. En caso de aceptarlo, significaría para el juez desdecirse de todo lo expresado en el fallo del viernes.
 
En el caso de que el juez rechace esta petición, será función del Gobierno de la Provincia de Santa Fe elegir qué camino tomar para lograr el objetivo que planteó Alberto Fernández. El Presidente ya advirtió que sigue en la búsqueda del consenso: "Sigo buscando una solución acordada, los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero, un sector muy importante, que ha sufrido un proceso de concentración muy grande en los últimos años, una empresa que nos permita ver cómo funciona ese mercado y cómo se desarrolla". Para eso, señaló, "no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa, porque son los causantes del problema".
 
Fuente: Página12
 

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24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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