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Nacionales - 22-06-2020 / 10:06
EN ESE MARCO NO HAY SALIDA A LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA

Alberto Fernández sobre el banderazo del macrismo gurka: fue "una clara expresión de antiperonismo"

Alberto Fernández sobre el banderazo del macrismo gurka: fue
El presidente Alberto Fernández consideró que las movilizaciones macristas del sábado son "una clara expresión de antiperonismo" y comparó a las autoridades de la empresa en concurso de acreedores con "Al Capone y su banda de delincuentes".
El presidente Alberto Fernández consideró que las movilizaciones del macrismo residual del sábado son "una clara expresión de antiperonismo" y comparó a las autoridades de la empresa en concurso de acreedores con "Al Capone y su banda de delincuentes".
 
"Lo de siempre. Los argentinos antiperonistas que no nos quieren", dijo Alberto cuando le preguntaron ayer su opinión sobre el banderazo convocado para rechazar su proyecto de salvataje de Vicentin. Y remató: "Quiero salvar a la empresa, los que manejaron Vicentin son unos facinerosos, y resulta que el dictador soy yo. Estoy harto".
 
Además, resaltó que "yo no voy a hacer nada porque estamos en cuarentena, pero tendría que usar el estilo Cristina: poner mañana (por hoy) a 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Pero no lo voy a hacer, porque sería agregar más tensión a un tema que la gente tiene que entender. Mi intención es arreglar el asunto, y no complicarlo".
 
Pensando en lo que se avecina explicó: "Es todo un escándalo. Muchas irregularidades. Con fondos que han desaparecido, y nadie sabe ahora dónde están. Ponen a Vicentin como una empresa ejemplar, eso ocurrió en las manifestaciones de hoy (por ayer)".
 
"Pero no saben, o no quieren enterarse, que su directorio encabezado por Nardelli son unos ladrones que se quedaron con la plata pública. Me cuestionan a mí, por mi idea de expropiar, y no preguntan cómo Vicentin se quedó con la plata de los productores".
 
Nadie de los macristas gurkas que convocaron al banderazo explica cómo una empresa que exporta más de la mitad de su producción, en un año con buena cosecha, que cobra en dólares y paga en pesos, después de una mega devaluación y con semejante financiamiento estatal del Banco Nación en noviembre de 2019, puede haber caído en cesación de pagos en diciembre, en un inexplicable desplome el último año de la gestión de Mauricio Macri.
 
La Opinión Popular
 

 
Qué piensa Alberto Fernández del banderazo y por qué cree que la expropiación de Vicentin evita su quiebra
 
"Lo de siempre. Los argentinos antiperonistas que no nos quieren", dijo Alberto Fernández cuando le preguntaron ayer su opinión sobre el Banderazo convocado para rechazar su proyecto de expropiar Vicentin. Y remató: "Quiero salvar a la empresa, los que manejaron Vicentin son unos facinerosos, y resulta que el dictador soy yo. Estoy harto".
 
Alberto Fernández recuerda que Matías Kulfas, cuando aún no era ministro de Desarrollo Productivo, recibió a Sergio Nardelli, CEO de Vicentin. La compañía ya estaba en virtual cesación de pagos, y Nardelli solicitó a Kulfas que "el Estado entrara a la empresa, porque sino iba derecho a la quiebra". Kulfas escuchó en silencio, no prometió nada y quedó en contestar.
 
Con el pedido informal de Nardelli, el futuro ministro de Desarrollo Productivo llegó a las oficinas que Alberto Fernández ocupaba en Puerto Madero antes de asumir en la Casa Rosada. Kulfas trasmitió el mensaje de Nardelli, y Alberto Fernández ordenó que siguiera ese tema "de cerca".
 
Ya a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, Kulfas preparó un informe al Presidente de la Nación. Ese dossier mostraba las presuntas irregularidades financieras y patrimoniales cometidas por Nardelli y sus consejeros de confianza. La documentación contable fue completada por las constancias de los créditos concedidos por el Banco Nación a Vicentin.
 
"Es todo un escándalo. Muchas irregularidades. Con fondos que han desaparecido, y nadie sabe ahora adonde están", sintetizó el jefe de Estado en Olivos. Alberto Fernández asume que hubo connivencia dolosa entre Vicentin y el Banco Nación -cuando estaba manejado por Javier González Fraga-, y por eso ordenó a Claudio Lozano -actual miembro del directorio de esa entidad pública- que envíe toda la información a la justicia federal.
 
Lozano ya declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la causa que investiga supuestas irregularidades del Banco Nación al otorgar a Nardelli y Alberto Padoan, también directivo de Vicentin, una sucesiva línea de crédito que acumuló 18.500 millones de pesos.
 
"Ponen a Vicentin como una empresa ejemplar, eso ocurrió en las manifestaciones de hoy (por ayer). Pero no saben, o no quieren enterarse, que su directorio encabezado por Nardelli son unos ladrones que se quedaron con la plata pública. Me cuestionan a mí, por mi idea de expropiar, y no preguntan cómo Vicentin se quedó con la plata de los productores", aseguró el Presidente mientras miraba en su celular la información que publicaba Infobae y otros portales sobre el banderazo.
 
Alberto Fernández sonrió satisfecho cuando se enteró que las presuntas irregularidades cometidas por Vicentin también estaban bajo la mirada atenta de los acreedores internacionales de la empresa en concurso. Nardelli tomó créditos por 500 millones de dólares, y la pregunta se repite una y otra vez en el exterior: adónde están los fondos y para qué se utilizaron.
 
Un comité formado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole solicitó a la justicia de New York un proceso de Discovery para determinar qué sucedió con esos 500 millones de dólares.
 
"El Banco Mundial, los bancos holandeses, capitales canadienses, quieren saber qué paso con sus líneas de crédito. Y yo estoy en la misma situación, pero respecto al Banco Nación. No tengo una posición ideológica sobre la expropiación. Sigo pensando que es la única solución a este asunto tan complejo", reflexionó ayer Alberto Fernández.
 
El Presidente estaba en la quinta de Olivos junto a Martín Guzmán y Santiago Cafiero. Trabajaron toda la tarde para diseñar las próximas etapas de la negociación de la deuda externa, mientras atronaban las cacerolas y los bocinazos a favor de Vicentin y su continuidad jurídica como empresa privada.
 
En la intimidad de Olivos, Alberto Fernández reveló una situación inesperada que protagonizó el veedor oficial Gabriel Delgado con las autoridades de Vicentin. "Le ofrecieron el 70 por ciento de las acciones", comentó el presidente. Y completó: "El 70 por ciento, al precio de un dólar".
 
-¿Y qué vas a hacer?-, le preguntaron al jefe de Estado.
 
-Nada. Es cómo que un Presidente de los Estados Unidos negocie la quiebra de una empresa manejada por Al Capone. Sería horroroso. Te quedás sin ética republicana. Te quedas sin nada. Vicentin está manejada por una banda de facinerosos. No hay nada que hacer. Si ellos se quedan con la empresa, quiebra. Así de fácil.
 
Alberto Fernández habilitó la vía judicial propuesta por Omar Perotti para salir de la encrucijada política de la expropiación. El gobernador de Santa Fe propuso al juez del concurso comercial, Fabián Lorenzini, que permita una intervención colegiada de Vicentin en lugar de mantener al directorio liderado por Nardelli. Esa intervención tendría dos miembros del Poder Ejecutivo y el restante designado por Perotti.
 
"No se qué va a pasar. El juez no tiene coraje y aplica una mirada muy particular del derecho. Yo avise: si la propuesta de Perotti no camina, lo que queda es la expropiación", adelantó el Presidente cuando ya se habían Cafiero y Guzmán.
 
Alberto Fernández tiene la ley de expropiación redactada y aguarda la decisión de Lorenzini para ejecutar su plan inicial. Esa iniciativa establece la creación de un holding mixto encabezado por el Estado Nacional y con distribución de acciones para Santa Fe, Cordoba, Entre Ríos y los productores agropecuarios que fueron supuestamente defraudados por Vicentin. Habría capitalización de la deudas y lanzamiento en la Bolsa de Comercio.
 
"Tengo el proyecto y la decisión de sancionarlo. No me importan las movilizaciones: son los antiperonistas de siempre. Yo puede explicar, y quizás lo haga en una conferencia de prensa, todas las irregularidades cometidas por Vicentin. Se trata de un tema paradójico: ellos me piden que entre a la empresa para salvarlos, y después salen a las rutas para putearme porque propongo la expropiación. Ya me van a dar la razón. Es cuestión de tiempo", concluyó el Presidente cuando ya era noche en Olivos.
 
Por Román Lejtman
 
Fuente: Infobae
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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