01:25 | Domingo 22 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 21-06-2020 / 11:06

"GESTAPO" CRIOLLA

Macri, para lo único que sirvió es para espiar ilegalmente

Dos de los personajes clave del entramado de espionaje ilegal de Mauricio Macri le andan escapando a la citación de la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Uno es Alan Ruiz, que era el director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al cuál varios de los espías que ya pasaron por el Congreso señalaron como el jefe de la banda. La otra es Susana Martinengo, que recibió a los espías en la Casa Rosada donde estaba a cargo de la recepción de documentación.

Las investigaciones que avanzan en distintos juzgados y en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia apuntan a una persona de quien nada se sabía hasta ahora, pero cuya estrecha relación con el ex presidente Mauricio Macri la convierte en un eslabón importante de una cadena que ciñe con fuerza a la alianza que gobernó entre 2015 y 2019.

Desde 2007, Susana Martinengo ha sido una de las personas más próximas a Macri y de su mayor confianza. Los espías que declararon en el Congreso revelaron que se reunían en Casa de Gobierno con Martinengo, la coordinadora de Documentación Presidencial. La mujer tiene antecedentes en Seguridad y sospechan que tuvo un rol muy importante en el espionaje ilegal.

Además, ayer por la tarde, fue detenido en su domicilio de Merlo, el ex director de Operaciones Especiales de la AFI de Macri, Alan Ruiz, quien por directivas de Silvia Majdalani montó una operación de espionaje ilegal sobre Cristina Fernández en 2018. Ruiz fue un hombre de confianza de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y está imputado como quien daba las órdenes para todos esos operativos. Es la primera detención por el espionaje ilegal. No va a ser la última.

En el esquema hecho por el juez Federico Villena que investiga a los servicios, aparecen hasta pedidos de información para Macri desde la Casa Rosada. Además de los agentes de la AFI, participaban miembros de la Policía Federal, la PSA y la Gendarmería. El espionaje incluye "informes de inteligencia" y "seguimientos" desde octubre de 2017 a finales de 2019.

Los investigadores del juzgado de Lomas de Zamora le presentaron a Cristina Fernández las pruebas del espionaje ilegal que sufrió durante el gobierno de Macri. De la documentación se desprende que participaron casi todas las fuerzas de seguridad y también queda claro el rol de la ex funcionaria Martinengo, mano derecha de Macri en Casa Rosada, quien les pedía a los agentes información sobre CFK "para el Presidente".

La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri, una verdadera "gestapo" criolla, no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.

Pero, el interés principal de los espías estaba puesto en las causas judiciales contra la vicepresidenta, sus reuniones y la actividad del Instituto Patria. Frente a tanta evidencia, la respuesta de los dirigentes de Pro es forzar la confrontación con el gobierno nacional, por Vicentin y la cuarentena, acelerando la operación de acoso y derribo. Muy poco democrático todo.

La Opinión Popular

LOS INFORMES DE INTELIGENCIA QUE ELABORABA LA AFI MACRISTA SOBRE LA EX PRESIDENTA

Espionaje ilegal: Los nombres, las fechas y los datos del seguimiento a CFK

El día que fue al juzgado de Lomas de Zamora para ver las pruebas de cómo la espiaron durante el gobierno de Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner se encontró con un enorme croquis desplegado en una pizarra en el que se detallaban en una columna los "informes de inteligencia" sobre ella y en otra los "seguimientos y espionaje".

El gran cuadro estaba lleno de nombres, muchos de ellos de los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se ocupaban de seguirla, algunos ya conocidos a esta altura como Jorge "el Turco" Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo y su jefe, Alan Ruiz. Pero en medio del material había otros datos reveladores.

Uno es que en la confección de informes sobre la vida de la vicepresidenta colaboraban casi todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, además de que varios espías estaban en comisión en la AFI pero cobraban su sueldo de la Policía porteña.

El otro tema es que aparece con claridad que la ex funcionaria Susana Martinengo, mano derecha de Mauricio Macri en la Casa Rosada, pedía información de inteligencia para él, "para el Presidente", según reconstruyó el juez Federico Villena. Es ostensible que la agenda de los agentes sobre CFK hacía foco en las causas judiciales, sus reuniones y el Instituto Patria.

La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.

Una de las denuncias que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre la recolección de información acerca de periodistas y miembros de organizaciones que se querían acreditar para la Conferencia de la OMC en 2017 y la Cumbre del G-20 en 2018 muestra que el punto de partida era un protocolo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para evaluar a quién admitían y a quién no.

Para evaluar los datos volcados en fichas personales usaban los colores de un semáforo. Esta denuncia y otra que investiga correos electrónicos interceptados a políticos, colaboradores y periodistas, están a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

De 2017 a 2019

En el cuadro que le mostraron a la ex presidenta, con actividades de inteligencia que comienzan en octubre de 2017 y se extienden hasta fines de 2019, se advierte la presencia en los seguimientos de buena parte del grupo de espías que se autodenominaba "Super Mario Bros".

Es notorio el papel preponderante del Turco Sáez, quien aparece como "T.S." y operaba como una especie de jefe. Por encima tenía a Alan Ruiz , que también figura en la pizarra con sus iniciales, "A.R". Sáez había integrado el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Ciudad.

Ruiz había estado con Bullrich en Seguridad, desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 8 de marzo de 2018 como coordinador de Asuntos Legales y Despacho; luego como coordinador de Búsqueda de Prófugos hasta el 30 de abril de 2018. Después pasó a la AFI, como jefe de Operaciones Especiales: lo curioso es que ahí nunca tuvo nombramiento formal.

El mecanismo por el cual algunos de los agentes guardaban vinculación con otra dependencia de origen fue habitual. Varios miembros de "Súper Mario Bros" estuvieron comisionados desde la Policía de la Ciudad, que les seguía pagando el sueldo. Habían pertenecido a la Metropolitana y cuando Macri asumió la Presidencia fueron derivados a la AFI; el año pasado volvieron a la policía porteña.

Algunos de los que aparecen reincorporados a las filas de la Policía de la Ciudad en noviembre y que también figuran en el espionaje a CFK son Jonatan Nievas (que en 2016 registra una visita en Casa Rosada junto con Javier Bustos al ex secretario presidencial Fernando De Andreis) y Mercedes Funes Silva, mencionada como "Mechi".

Su familia era la dueña de un departamento de la calle Pilar 1460, donde había una base de operaciones. En diciembre, después del cambio de gobierno, fueron reincorporados Araque y el propio Sáez. Araque también aparece en múltiples operaciones de inteligencia y al menos en 12 visitas a Martinengo en la Rosada. En su celular se encontró mucho material de espionaje, incluso sobre la vicepresidenta.

Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia, Sáez no asumió haber sido parte de los seguimientos a CFK, a pesar de que en el croquis aparece mencionado seis veces. Sí dijo que los conocía. Algo que reveló fue que espiaron a la hermana de Macri, Florencia Macri, por una supuesta causa de narcotráfico que involucraba a su pareja, Salvador Pica. "Macri tenía miedo" de que lo "salpicara", dijo, y por eso lo mandó a investigar. Sáez también hizo una referencia clave en esta declaración, la primera que alude directamente al ex jefe de la central de inteligencia, Arribas: relató que él dio la orden de espiar a políticos y en particular a peronistas. Esto, explicó, fue lo que le dijo otro espía, Diego Dalmau Perayra, que era jefe de Contrainteligencia y aparece en una serie de audios que pudo escuchar la vicepresidenta. Según Sáez, Dalmau le dijo: "El (Arribas) quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embargo". Este espía fue enviado como delegado a Chile. Caamaño lo hizo volver y ahora está sumariado.

Otros espías que siguieron a CFK según documentos que le exhibieron son Facundo Melo, Emiliano Matta, Andrea Fermani, Daiana "Bucky" Baldasarre y Denise Aya Tenorio.

La agenda

Por lo que muestra el listado de actividades de los espías, el gobierno de Macri tenía gran interés en seguir de cerca las causas en las que estaba implicada CFK. En poder del grupo de WhatsApp aparecen documentos de las causas de lavado, de las fotocopias de los cuadernos y otra denuncia de Beraldi sobre el fallecido juez Claudio Bonadio.

Pero, además, siguen de cerca los allanamientos y lo que le secuestran, como obras de arte del departamento de Recoleta. Ruiz le pide a Sáez que consiga actas y fotos de lo secuestrado. Se meten también en las movilizaciones que la acompañan a Comodoro Py y reportan, por ejemplo, que iba allí con el actual diputado Eduardo Valdés.

El abogado de Cristina le presentó a Villena actas de una serie de allanamientos que guardan cierta vinculación con este escenario: Araque y Sáez participaron en allanamientos ordenados por Bonadio en causas contra ella. Después incluso les mandó una felicitación.

Otros ejes de preocupación de los espías eran los movimientos en el departamento de Recoleta, por lo que hacen alusión a la denuncia de CFK sobre las cámaras instaladas en la cuadra para observarla, y en el Instituto Patria, donde se monta un operativo ilegal, con la excusa del G-20, por lo que tramita una causa judicial. El juzgado le mostró que había una dedicación especial al armado de noticias falsas, como una reunión de la dirigente con venezolanos en marzo de 2018, entre otras que no eran reales.

Macri y otras fuerzas

El papel clave de Susana Martinengo, una mujer que tenía su oficina a metros de la de Macri en la Casa Rosada, como jefa de Documentación presidencial, se empezó a conocer a partir de una presentación que hizo el abogado Carlos Beraldi, donde queda claro que Araque, Melo y Sáez la iban a ver con asiduidad y que, todo indica, le iban a llevar partes de inteligencia. En el cuadro que le mostró Villena a CFK se lee: "13/5/2018: Martinengo solicita información a T.S. sobre reunión secreta en Calafate para el presidente".

De las pruebas de seguimientos que pudo ver el jueves el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, también espiado, surge que Martinengo participaba en reuniones donde Sáez le llevaba a Alex Campbell --ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal-- información sobre él y sus tíos, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y su hermano Luis Lugones, titular del PJ platense, por sus vinculaciones con el Papa Francisco.

En el esquema de las actividades de inteligencia aparecen anotados en rojo y azul los nombres o dependencias de otras fuerzas de seguridad que colaboraban con la AFI. Un nombre que se repite es el de un agente que perteneció a la Policía Federal, cuyo domicilio fue allanado la semana pasada, Gustavo Marcelo Cicarelli. Otra supuesta policía que aparece figura con el nombre Vanesa Arbiza. Figuran como "informantes" en operaciones específicas la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.

Esta semana se presentarán en Lomas de Zamora Hugo y Pablo Moyano, sobre cuyo espionaje hablaron los agentes en la Bicameral y hasta se cotejó que espiaban en la cárcel de Melchor Romero a los barras de Independiente que debían acusarlos y les habían montado una celda. También está pendiente que vayan --aún sin fecha cierta-- los hombres de PRO Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

Macri cada vez más solo: la justicia investiga nuevos espionajes y comenzaron las detenciones. Detuvieron al ex espía Alan Ruiz en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. El jefe del grupo de la AFI durante la presidencia de Macri, acusado de haber espiado ilegalmente al Instituto Patria, será indagado este lunes.

21-02-2026 / 10:02

Esclavos argentinos: Pese al masivo paro y a la oposición del peronismo, el Loco Milei avanzó con la reforma laboral

Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.

El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.

En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".

Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.

El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.

La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.

Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.

En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.

Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.

20-02-2026 / 10:02

El paro fue contundente y la movilización reprimida, pero la lucha recién comienza

La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.

El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.

La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.

Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.

Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.

Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.

Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.

La Opinión Popular

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular