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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 21-06-2020 / 11:06
"GESTAPO" CRIOLLA

Macri, para lo único que sirvió es para espiar ilegalmente

Macri, para lo único que sirvió es para espiar ilegalmente
Dos de los personajes clave del entramado de espionaje ilegal de Mauricio Macri le andan escapando a la citación de la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Uno es Alan Ruiz, que era el director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al cuál varios de los espías que ya pasaron por el Congreso señalaron como el jefe de la banda. La otra es Susana Martinengo, que recibió a los espías en la Casa Rosada donde estaba a cargo de la recepción de documentación.
Las investigaciones que avanzan en distintos juzgados y en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia apuntan a una persona de quien nada se sabía hasta ahora, pero cuya estrecha relación con el ex presidente Mauricio Macri la convierte en un eslabón importante de una cadena que ciñe con fuerza a la alianza que gobernó entre 2015 y 2019.
 
Desde 2007, Susana Martinengo ha sido una de las personas más próximas a Macri y de su mayor confianza. Los espías que declararon en el Congreso revelaron que se reunían en Casa de Gobierno con Martinengo, la coordinadora de Documentación Presidencial. La mujer tiene antecedentes en Seguridad y sospechan que tuvo un rol muy importante en el espionaje ilegal.
 
Además, ayer por la tarde, fue detenido en su domicilio de Merlo, el ex director de Operaciones Especiales de la AFI de Macri, Alan Ruiz, quien por directivas de Silvia Majdalani montó una operación de espionaje ilegal sobre Cristina Fernández en 2018. Ruiz fue un hombre de confianza de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y está imputado como quien daba las órdenes para todos esos operativos. Es la primera detención por el espionaje ilegal. No va a ser la última.

En el esquema hecho por el juez Federico Villena que investiga a los servicios, aparecen hasta pedidos de información para Macri desde la Casa Rosada. Además de los agentes de la AFI, participaban miembros de la Policía Federal, la PSA y la Gendarmería. El espionaje incluye "informes de inteligencia" y "seguimientos" desde octubre de 2017 a finales de 2019.

Los investigadores del juzgado de Lomas de Zamora le presentaron a Cristina Fernández las pruebas del espionaje ilegal que sufrió durante el gobierno de Macri. De la documentación se desprende que participaron casi todas las fuerzas de seguridad y también queda claro el rol de la ex funcionaria Martinengo, mano derecha de Macri en Casa Rosada, quien les pedía a los agentes información sobre CFK "para el Presidente".
 

 
La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri, una verdadera "gestapo" criolla, no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.
 
Pero, el interés principal de los espías estaba puesto en las causas judiciales contra la vicepresidenta, sus reuniones y la actividad del Instituto Patria. Frente a tanta evidencia, la respuesta de los dirigentes de Pro es forzar la confrontación con el gobierno nacional, por Vicentin y la cuarentena, acelerando la operación de acoso y derribo. Muy poco democrático todo.
 
La Opinión Popular
 
 
 
LOS INFORMES DE INTELIGENCIA QUE ELABORABA LA AFI MACRISTA SOBRE LA EX PRESIDENTA
 
Espionaje ilegal: Los nombres, las fechas y los datos del seguimiento a CFK
 
El día que fue al juzgado de Lomas de Zamora para ver las pruebas de cómo la espiaron durante el gobierno de Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner se encontró con un enorme croquis desplegado en una pizarra en el que se detallaban en una columna los "informes de inteligencia" sobre ella y en otra los "seguimientos y espionaje".
 
El gran cuadro estaba lleno de nombres, muchos de ellos de los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se ocupaban de seguirla, algunos ya conocidos a esta altura como Jorge "el Turco" Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo y su jefe, Alan Ruiz. Pero en medio del material había otros datos reveladores.
 
Uno es que en la confección de informes sobre la vida de la vicepresidenta colaboraban casi todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, además de que varios espías estaban en comisión en la AFI pero cobraban su sueldo de la Policía porteña.
 
El otro tema es que aparece con claridad que la ex funcionaria Susana Martinengo, mano derecha de Mauricio Macri en la Casa Rosada, pedía información de inteligencia para él, "para el Presidente", según reconstruyó el juez Federico Villena. Es ostensible que la agenda de los agentes sobre CFK hacía foco en las causas judiciales, sus reuniones y el Instituto Patria.
 
La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.
 
Una de las denuncias que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre la recolección de información acerca de periodistas y miembros de organizaciones que se querían acreditar para la Conferencia de la OMC en 2017 y la Cumbre del G-20 en 2018 muestra que el punto de partida era un protocolo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para evaluar a quién admitían y a quién no.
 
Para evaluar los datos volcados en fichas personales usaban los colores de un semáforo. Esta denuncia y otra que investiga correos electrónicos interceptados a políticos, colaboradores y periodistas, están a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
 
 
De 2017 a 2019
 
En el cuadro que le mostraron a la ex presidenta, con actividades de inteligencia que comienzan en octubre de 2017 y se extienden hasta fines de 2019, se advierte la presencia en los seguimientos de buena parte del grupo de espías que se autodenominaba "Super Mario Bros".
 
Es notorio el papel preponderante del Turco Sáez, quien aparece como "T.S." y operaba como una especie de jefe. Por encima tenía a Alan Ruiz , que también figura en la pizarra con sus iniciales, "A.R". Sáez había integrado el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Ciudad.
 
Ruiz había estado con Bullrich en Seguridad, desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 8 de marzo de 2018 como coordinador de Asuntos Legales y Despacho; luego como coordinador de Búsqueda de Prófugos hasta el 30 de abril de 2018. Después pasó a la AFI, como jefe de Operaciones Especiales: lo curioso es que ahí nunca tuvo nombramiento formal.
 
El mecanismo por el cual algunos de los agentes guardaban vinculación con otra dependencia de origen fue habitual. Varios miembros de "Súper Mario Bros" estuvieron comisionados desde la Policía de la Ciudad, que les seguía pagando el sueldo. Habían pertenecido a la Metropolitana y cuando Macri asumió la Presidencia fueron derivados a la AFI; el año pasado volvieron a la policía porteña.
 
Algunos de los que aparecen reincorporados a las filas de la Policía de la Ciudad en noviembre y que también figuran en el espionaje a CFK son Jonatan Nievas (que en 2016 registra una visita en Casa Rosada junto con Javier Bustos al ex secretario presidencial Fernando De Andreis) y Mercedes Funes Silva, mencionada como "Mechi".
 
Su familia era la dueña de un departamento de la calle Pilar 1460, donde había una base de operaciones. En diciembre, después del cambio de gobierno, fueron reincorporados Araque y el propio Sáez. Araque también aparece en múltiples operaciones de inteligencia y al menos en 12 visitas a Martinengo en la Rosada. En su celular se encontró mucho material de espionaje, incluso sobre la vicepresidenta.
 
Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia, Sáez no asumió haber sido parte de los seguimientos a CFK, a pesar de que en el croquis aparece mencionado seis veces. Sí dijo que los conocía. Algo que reveló fue que espiaron a la hermana de Macri, Florencia Macri, por una supuesta causa de narcotráfico que involucraba a su pareja, Salvador Pica. "Macri tenía miedo" de que lo "salpicara", dijo, y por eso lo mandó a investigar. Sáez también hizo una referencia clave en esta declaración, la primera que alude directamente al ex jefe de la central de inteligencia, Arribas: relató que él dio la orden de espiar a políticos y en particular a peronistas. Esto, explicó, fue lo que le dijo otro espía, Diego Dalmau Perayra, que era jefe de Contrainteligencia y aparece en una serie de audios que pudo escuchar la vicepresidenta. Según Sáez, Dalmau le dijo: "El (Arribas) quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embargo". Este espía fue enviado como delegado a Chile. Caamaño lo hizo volver y ahora está sumariado.
 
Otros espías que siguieron a CFK según documentos que le exhibieron son Facundo Melo, Emiliano Matta, Andrea Fermani, Daiana "Bucky" Baldasarre y Denise Aya Tenorio.
 
 
La agenda
 
Por lo que muestra el listado de actividades de los espías, el gobierno de Macri tenía gran interés en seguir de cerca las causas en las que estaba implicada CFK. En poder del grupo de WhatsApp aparecen documentos de las causas de lavado, de las fotocopias de los cuadernos y otra denuncia de Beraldi sobre el fallecido juez Claudio Bonadio.
 
Pero, además, siguen de cerca los allanamientos y lo que le secuestran, como obras de arte del departamento de Recoleta. Ruiz le pide a Sáez que consiga actas y fotos de lo secuestrado. Se meten también en las movilizaciones que la acompañan a Comodoro Py y reportan, por ejemplo, que iba allí con el actual diputado Eduardo Valdés.
 
El abogado de Cristina le presentó a Villena actas de una serie de allanamientos que guardan cierta vinculación con este escenario: Araque y Sáez participaron en allanamientos ordenados por Bonadio en causas contra ella. Después incluso les mandó una felicitación.
 
Otros ejes de preocupación de los espías eran los movimientos en el departamento de Recoleta, por lo que hacen alusión a la denuncia de CFK sobre las cámaras instaladas en la cuadra para observarla, y en el Instituto Patria, donde se monta un operativo ilegal, con la excusa del G-20, por lo que tramita una causa judicial. El juzgado le mostró que había una dedicación especial al armado de noticias falsas, como una reunión de la dirigente con venezolanos en marzo de 2018, entre otras que no eran reales.
 
 
Macri y otras fuerzas
 
El papel clave de Susana Martinengo, una mujer que tenía su oficina a metros de la de Macri en la Casa Rosada, como jefa de Documentación presidencial, se empezó a conocer a partir de una presentación que hizo el abogado Carlos Beraldi, donde queda claro que Araque, Melo y Sáez la iban a ver con asiduidad y que, todo indica, le iban a llevar partes de inteligencia. En el cuadro que le mostró Villena a CFK se lee: "13/5/2018: Martinengo solicita información a T.S. sobre reunión secreta en Calafate para el presidente".
 
De las pruebas de seguimientos que pudo ver el jueves el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, también espiado, surge que Martinengo participaba en reuniones donde Sáez le llevaba a Alex Campbell --ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal-- información sobre él y sus tíos, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y su hermano Luis Lugones, titular del PJ platense, por sus vinculaciones con el Papa Francisco.
 
En el esquema de las actividades de inteligencia aparecen anotados en rojo y azul los nombres o dependencias de otras fuerzas de seguridad que colaboraban con la AFI. Un nombre que se repite es el de un agente que perteneció a la Policía Federal, cuyo domicilio fue allanado la semana pasada, Gustavo Marcelo Cicarelli. Otra supuesta policía que aparece figura con el nombre Vanesa Arbiza. Figuran como "informantes" en operaciones específicas la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.
 
Esta semana se presentarán en Lomas de Zamora Hugo y Pablo Moyano, sobre cuyo espionaje hablaron los agentes en la Bicameral y hasta se cotejó que espiaban en la cárcel de Melchor Romero a los barras de Independiente que debían acusarlos y les habían montado una celda. También está pendiente que vayan --aún sin fecha cierta-- los hombres de PRO Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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Macri, para lo único que sirvió es para espiar ilegalmente
Macri cada vez más solo: la justicia investiga nuevos espionajes y comenzaron las detenciones. Detuvieron al ex espía Alan Ruiz en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. El jefe del grupo de la AFI durante la presidencia de Macri, acusado de haber espiado ilegalmente al Instituto Patria, será indagado este lunes.
19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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