20:33 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 21-06-2020 / 11:06

"GESTAPO" CRIOLLA

Macri, para lo único que sirvió es para espiar ilegalmente

Dos de los personajes clave del entramado de espionaje ilegal de Mauricio Macri le andan escapando a la citación de la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Uno es Alan Ruiz, que era el director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al cuál varios de los espías que ya pasaron por el Congreso señalaron como el jefe de la banda. La otra es Susana Martinengo, que recibió a los espías en la Casa Rosada donde estaba a cargo de la recepción de documentación.

Las investigaciones que avanzan en distintos juzgados y en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia apuntan a una persona de quien nada se sabía hasta ahora, pero cuya estrecha relación con el ex presidente Mauricio Macri la convierte en un eslabón importante de una cadena que ciñe con fuerza a la alianza que gobernó entre 2015 y 2019.

Desde 2007, Susana Martinengo ha sido una de las personas más próximas a Macri y de su mayor confianza. Los espías que declararon en el Congreso revelaron que se reunían en Casa de Gobierno con Martinengo, la coordinadora de Documentación Presidencial. La mujer tiene antecedentes en Seguridad y sospechan que tuvo un rol muy importante en el espionaje ilegal.

Además, ayer por la tarde, fue detenido en su domicilio de Merlo, el ex director de Operaciones Especiales de la AFI de Macri, Alan Ruiz, quien por directivas de Silvia Majdalani montó una operación de espionaje ilegal sobre Cristina Fernández en 2018. Ruiz fue un hombre de confianza de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y está imputado como quien daba las órdenes para todos esos operativos. Es la primera detención por el espionaje ilegal. No va a ser la última.

En el esquema hecho por el juez Federico Villena que investiga a los servicios, aparecen hasta pedidos de información para Macri desde la Casa Rosada. Además de los agentes de la AFI, participaban miembros de la Policía Federal, la PSA y la Gendarmería. El espionaje incluye "informes de inteligencia" y "seguimientos" desde octubre de 2017 a finales de 2019.

Los investigadores del juzgado de Lomas de Zamora le presentaron a Cristina Fernández las pruebas del espionaje ilegal que sufrió durante el gobierno de Macri. De la documentación se desprende que participaron casi todas las fuerzas de seguridad y también queda claro el rol de la ex funcionaria Martinengo, mano derecha de Macri en Casa Rosada, quien les pedía a los agentes información sobre CFK "para el Presidente".

La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri, una verdadera "gestapo" criolla, no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.

Pero, el interés principal de los espías estaba puesto en las causas judiciales contra la vicepresidenta, sus reuniones y la actividad del Instituto Patria. Frente a tanta evidencia, la respuesta de los dirigentes de Pro es forzar la confrontación con el gobierno nacional, por Vicentin y la cuarentena, acelerando la operación de acoso y derribo. Muy poco democrático todo.

La Opinión Popular

LOS INFORMES DE INTELIGENCIA QUE ELABORABA LA AFI MACRISTA SOBRE LA EX PRESIDENTA

Espionaje ilegal: Los nombres, las fechas y los datos del seguimiento a CFK

El día que fue al juzgado de Lomas de Zamora para ver las pruebas de cómo la espiaron durante el gobierno de Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner se encontró con un enorme croquis desplegado en una pizarra en el que se detallaban en una columna los "informes de inteligencia" sobre ella y en otra los "seguimientos y espionaje".

El gran cuadro estaba lleno de nombres, muchos de ellos de los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se ocupaban de seguirla, algunos ya conocidos a esta altura como Jorge "el Turco" Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo y su jefe, Alan Ruiz. Pero en medio del material había otros datos reveladores.

Uno es que en la confección de informes sobre la vida de la vicepresidenta colaboraban casi todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, además de que varios espías estaban en comisión en la AFI pero cobraban su sueldo de la Policía porteña.

El otro tema es que aparece con claridad que la ex funcionaria Susana Martinengo, mano derecha de Mauricio Macri en la Casa Rosada, pedía información de inteligencia para él, "para el Presidente", según reconstruyó el juez Federico Villena. Es ostensible que la agenda de los agentes sobre CFK hacía foco en las causas judiciales, sus reuniones y el Instituto Patria.

La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.

Una de las denuncias que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre la recolección de información acerca de periodistas y miembros de organizaciones que se querían acreditar para la Conferencia de la OMC en 2017 y la Cumbre del G-20 en 2018 muestra que el punto de partida era un protocolo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para evaluar a quién admitían y a quién no.

Para evaluar los datos volcados en fichas personales usaban los colores de un semáforo. Esta denuncia y otra que investiga correos electrónicos interceptados a políticos, colaboradores y periodistas, están a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

De 2017 a 2019

En el cuadro que le mostraron a la ex presidenta, con actividades de inteligencia que comienzan en octubre de 2017 y se extienden hasta fines de 2019, se advierte la presencia en los seguimientos de buena parte del grupo de espías que se autodenominaba "Super Mario Bros".

Es notorio el papel preponderante del Turco Sáez, quien aparece como "T.S." y operaba como una especie de jefe. Por encima tenía a Alan Ruiz , que también figura en la pizarra con sus iniciales, "A.R". Sáez había integrado el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Ciudad.

Ruiz había estado con Bullrich en Seguridad, desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 8 de marzo de 2018 como coordinador de Asuntos Legales y Despacho; luego como coordinador de Búsqueda de Prófugos hasta el 30 de abril de 2018. Después pasó a la AFI, como jefe de Operaciones Especiales: lo curioso es que ahí nunca tuvo nombramiento formal.

El mecanismo por el cual algunos de los agentes guardaban vinculación con otra dependencia de origen fue habitual. Varios miembros de "Súper Mario Bros" estuvieron comisionados desde la Policía de la Ciudad, que les seguía pagando el sueldo. Habían pertenecido a la Metropolitana y cuando Macri asumió la Presidencia fueron derivados a la AFI; el año pasado volvieron a la policía porteña.

Algunos de los que aparecen reincorporados a las filas de la Policía de la Ciudad en noviembre y que también figuran en el espionaje a CFK son Jonatan Nievas (que en 2016 registra una visita en Casa Rosada junto con Javier Bustos al ex secretario presidencial Fernando De Andreis) y Mercedes Funes Silva, mencionada como "Mechi".

Su familia era la dueña de un departamento de la calle Pilar 1460, donde había una base de operaciones. En diciembre, después del cambio de gobierno, fueron reincorporados Araque y el propio Sáez. Araque también aparece en múltiples operaciones de inteligencia y al menos en 12 visitas a Martinengo en la Rosada. En su celular se encontró mucho material de espionaje, incluso sobre la vicepresidenta.

Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia, Sáez no asumió haber sido parte de los seguimientos a CFK, a pesar de que en el croquis aparece mencionado seis veces. Sí dijo que los conocía. Algo que reveló fue que espiaron a la hermana de Macri, Florencia Macri, por una supuesta causa de narcotráfico que involucraba a su pareja, Salvador Pica. "Macri tenía miedo" de que lo "salpicara", dijo, y por eso lo mandó a investigar. Sáez también hizo una referencia clave en esta declaración, la primera que alude directamente al ex jefe de la central de inteligencia, Arribas: relató que él dio la orden de espiar a políticos y en particular a peronistas. Esto, explicó, fue lo que le dijo otro espía, Diego Dalmau Perayra, que era jefe de Contrainteligencia y aparece en una serie de audios que pudo escuchar la vicepresidenta. Según Sáez, Dalmau le dijo: "El (Arribas) quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embargo". Este espía fue enviado como delegado a Chile. Caamaño lo hizo volver y ahora está sumariado.

Otros espías que siguieron a CFK según documentos que le exhibieron son Facundo Melo, Emiliano Matta, Andrea Fermani, Daiana "Bucky" Baldasarre y Denise Aya Tenorio.

La agenda

Por lo que muestra el listado de actividades de los espías, el gobierno de Macri tenía gran interés en seguir de cerca las causas en las que estaba implicada CFK. En poder del grupo de WhatsApp aparecen documentos de las causas de lavado, de las fotocopias de los cuadernos y otra denuncia de Beraldi sobre el fallecido juez Claudio Bonadio.

Pero, además, siguen de cerca los allanamientos y lo que le secuestran, como obras de arte del departamento de Recoleta. Ruiz le pide a Sáez que consiga actas y fotos de lo secuestrado. Se meten también en las movilizaciones que la acompañan a Comodoro Py y reportan, por ejemplo, que iba allí con el actual diputado Eduardo Valdés.

El abogado de Cristina le presentó a Villena actas de una serie de allanamientos que guardan cierta vinculación con este escenario: Araque y Sáez participaron en allanamientos ordenados por Bonadio en causas contra ella. Después incluso les mandó una felicitación.

Otros ejes de preocupación de los espías eran los movimientos en el departamento de Recoleta, por lo que hacen alusión a la denuncia de CFK sobre las cámaras instaladas en la cuadra para observarla, y en el Instituto Patria, donde se monta un operativo ilegal, con la excusa del G-20, por lo que tramita una causa judicial. El juzgado le mostró que había una dedicación especial al armado de noticias falsas, como una reunión de la dirigente con venezolanos en marzo de 2018, entre otras que no eran reales.

Macri y otras fuerzas

El papel clave de Susana Martinengo, una mujer que tenía su oficina a metros de la de Macri en la Casa Rosada, como jefa de Documentación presidencial, se empezó a conocer a partir de una presentación que hizo el abogado Carlos Beraldi, donde queda claro que Araque, Melo y Sáez la iban a ver con asiduidad y que, todo indica, le iban a llevar partes de inteligencia. En el cuadro que le mostró Villena a CFK se lee: "13/5/2018: Martinengo solicita información a T.S. sobre reunión secreta en Calafate para el presidente".

De las pruebas de seguimientos que pudo ver el jueves el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, también espiado, surge que Martinengo participaba en reuniones donde Sáez le llevaba a Alex Campbell --ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal-- información sobre él y sus tíos, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y su hermano Luis Lugones, titular del PJ platense, por sus vinculaciones con el Papa Francisco.

En el esquema de las actividades de inteligencia aparecen anotados en rojo y azul los nombres o dependencias de otras fuerzas de seguridad que colaboraban con la AFI. Un nombre que se repite es el de un agente que perteneció a la Policía Federal, cuyo domicilio fue allanado la semana pasada, Gustavo Marcelo Cicarelli. Otra supuesta policía que aparece figura con el nombre Vanesa Arbiza. Figuran como "informantes" en operaciones específicas la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.

Esta semana se presentarán en Lomas de Zamora Hugo y Pablo Moyano, sobre cuyo espionaje hablaron los agentes en la Bicameral y hasta se cotejó que espiaban en la cárcel de Melchor Romero a los barras de Independiente que debían acusarlos y les habían montado una celda. También está pendiente que vayan --aún sin fecha cierta-- los hombres de PRO Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

Macri cada vez más solo: la justicia investiga nuevos espionajes y comenzaron las detenciones. Detuvieron al ex espía Alan Ruiz en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. El jefe del grupo de la AFI durante la presidencia de Macri, acusado de haber espiado ilegalmente al Instituto Patria, será indagado este lunes.

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular