23:00 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 21-06-2020 / 11:06

"GESTAPO" CRIOLLA

Macri, para lo único que sirvió es para espiar ilegalmente

Dos de los personajes clave del entramado de espionaje ilegal de Mauricio Macri le andan escapando a la citación de la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Uno es Alan Ruiz, que era el director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al cuál varios de los espías que ya pasaron por el Congreso señalaron como el jefe de la banda. La otra es Susana Martinengo, que recibió a los espías en la Casa Rosada donde estaba a cargo de la recepción de documentación.

Las investigaciones que avanzan en distintos juzgados y en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia apuntan a una persona de quien nada se sabía hasta ahora, pero cuya estrecha relación con el ex presidente Mauricio Macri la convierte en un eslabón importante de una cadena que ciñe con fuerza a la alianza que gobernó entre 2015 y 2019.

Desde 2007, Susana Martinengo ha sido una de las personas más próximas a Macri y de su mayor confianza. Los espías que declararon en el Congreso revelaron que se reunían en Casa de Gobierno con Martinengo, la coordinadora de Documentación Presidencial. La mujer tiene antecedentes en Seguridad y sospechan que tuvo un rol muy importante en el espionaje ilegal.

Además, ayer por la tarde, fue detenido en su domicilio de Merlo, el ex director de Operaciones Especiales de la AFI de Macri, Alan Ruiz, quien por directivas de Silvia Majdalani montó una operación de espionaje ilegal sobre Cristina Fernández en 2018. Ruiz fue un hombre de confianza de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y está imputado como quien daba las órdenes para todos esos operativos. Es la primera detención por el espionaje ilegal. No va a ser la última.

En el esquema hecho por el juez Federico Villena que investiga a los servicios, aparecen hasta pedidos de información para Macri desde la Casa Rosada. Además de los agentes de la AFI, participaban miembros de la Policía Federal, la PSA y la Gendarmería. El espionaje incluye "informes de inteligencia" y "seguimientos" desde octubre de 2017 a finales de 2019.

Los investigadores del juzgado de Lomas de Zamora le presentaron a Cristina Fernández las pruebas del espionaje ilegal que sufrió durante el gobierno de Macri. De la documentación se desprende que participaron casi todas las fuerzas de seguridad y también queda claro el rol de la ex funcionaria Martinengo, mano derecha de Macri en Casa Rosada, quien les pedía a los agentes información sobre CFK "para el Presidente".

La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri, una verdadera "gestapo" criolla, no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.

Pero, el interés principal de los espías estaba puesto en las causas judiciales contra la vicepresidenta, sus reuniones y la actividad del Instituto Patria. Frente a tanta evidencia, la respuesta de los dirigentes de Pro es forzar la confrontación con el gobierno nacional, por Vicentin y la cuarentena, acelerando la operación de acoso y derribo. Muy poco democrático todo.

La Opinión Popular

LOS INFORMES DE INTELIGENCIA QUE ELABORABA LA AFI MACRISTA SOBRE LA EX PRESIDENTA

Espionaje ilegal: Los nombres, las fechas y los datos del seguimiento a CFK

El día que fue al juzgado de Lomas de Zamora para ver las pruebas de cómo la espiaron durante el gobierno de Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner se encontró con un enorme croquis desplegado en una pizarra en el que se detallaban en una columna los "informes de inteligencia" sobre ella y en otra los "seguimientos y espionaje".

El gran cuadro estaba lleno de nombres, muchos de ellos de los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se ocupaban de seguirla, algunos ya conocidos a esta altura como Jorge "el Turco" Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo y su jefe, Alan Ruiz. Pero en medio del material había otros datos reveladores.

Uno es que en la confección de informes sobre la vida de la vicepresidenta colaboraban casi todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, además de que varios espías estaban en comisión en la AFI pero cobraban su sueldo de la Policía porteña.

El otro tema es que aparece con claridad que la ex funcionaria Susana Martinengo, mano derecha de Mauricio Macri en la Casa Rosada, pedía información de inteligencia para él, "para el Presidente", según reconstruyó el juez Federico Villena. Es ostensible que la agenda de los agentes sobre CFK hacía foco en las causas judiciales, sus reuniones y el Instituto Patria.

La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.

Una de las denuncias que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre la recolección de información acerca de periodistas y miembros de organizaciones que se querían acreditar para la Conferencia de la OMC en 2017 y la Cumbre del G-20 en 2018 muestra que el punto de partida era un protocolo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para evaluar a quién admitían y a quién no.

Para evaluar los datos volcados en fichas personales usaban los colores de un semáforo. Esta denuncia y otra que investiga correos electrónicos interceptados a políticos, colaboradores y periodistas, están a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

De 2017 a 2019

En el cuadro que le mostraron a la ex presidenta, con actividades de inteligencia que comienzan en octubre de 2017 y se extienden hasta fines de 2019, se advierte la presencia en los seguimientos de buena parte del grupo de espías que se autodenominaba "Super Mario Bros".

Es notorio el papel preponderante del Turco Sáez, quien aparece como "T.S." y operaba como una especie de jefe. Por encima tenía a Alan Ruiz , que también figura en la pizarra con sus iniciales, "A.R". Sáez había integrado el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Ciudad.

Ruiz había estado con Bullrich en Seguridad, desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 8 de marzo de 2018 como coordinador de Asuntos Legales y Despacho; luego como coordinador de Búsqueda de Prófugos hasta el 30 de abril de 2018. Después pasó a la AFI, como jefe de Operaciones Especiales: lo curioso es que ahí nunca tuvo nombramiento formal.

El mecanismo por el cual algunos de los agentes guardaban vinculación con otra dependencia de origen fue habitual. Varios miembros de "Súper Mario Bros" estuvieron comisionados desde la Policía de la Ciudad, que les seguía pagando el sueldo. Habían pertenecido a la Metropolitana y cuando Macri asumió la Presidencia fueron derivados a la AFI; el año pasado volvieron a la policía porteña.

Algunos de los que aparecen reincorporados a las filas de la Policía de la Ciudad en noviembre y que también figuran en el espionaje a CFK son Jonatan Nievas (que en 2016 registra una visita en Casa Rosada junto con Javier Bustos al ex secretario presidencial Fernando De Andreis) y Mercedes Funes Silva, mencionada como "Mechi".

Su familia era la dueña de un departamento de la calle Pilar 1460, donde había una base de operaciones. En diciembre, después del cambio de gobierno, fueron reincorporados Araque y el propio Sáez. Araque también aparece en múltiples operaciones de inteligencia y al menos en 12 visitas a Martinengo en la Rosada. En su celular se encontró mucho material de espionaje, incluso sobre la vicepresidenta.

Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia, Sáez no asumió haber sido parte de los seguimientos a CFK, a pesar de que en el croquis aparece mencionado seis veces. Sí dijo que los conocía. Algo que reveló fue que espiaron a la hermana de Macri, Florencia Macri, por una supuesta causa de narcotráfico que involucraba a su pareja, Salvador Pica. "Macri tenía miedo" de que lo "salpicara", dijo, y por eso lo mandó a investigar. Sáez también hizo una referencia clave en esta declaración, la primera que alude directamente al ex jefe de la central de inteligencia, Arribas: relató que él dio la orden de espiar a políticos y en particular a peronistas. Esto, explicó, fue lo que le dijo otro espía, Diego Dalmau Perayra, que era jefe de Contrainteligencia y aparece en una serie de audios que pudo escuchar la vicepresidenta. Según Sáez, Dalmau le dijo: "El (Arribas) quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embargo". Este espía fue enviado como delegado a Chile. Caamaño lo hizo volver y ahora está sumariado.

Otros espías que siguieron a CFK según documentos que le exhibieron son Facundo Melo, Emiliano Matta, Andrea Fermani, Daiana "Bucky" Baldasarre y Denise Aya Tenorio.

La agenda

Por lo que muestra el listado de actividades de los espías, el gobierno de Macri tenía gran interés en seguir de cerca las causas en las que estaba implicada CFK. En poder del grupo de WhatsApp aparecen documentos de las causas de lavado, de las fotocopias de los cuadernos y otra denuncia de Beraldi sobre el fallecido juez Claudio Bonadio.

Pero, además, siguen de cerca los allanamientos y lo que le secuestran, como obras de arte del departamento de Recoleta. Ruiz le pide a Sáez que consiga actas y fotos de lo secuestrado. Se meten también en las movilizaciones que la acompañan a Comodoro Py y reportan, por ejemplo, que iba allí con el actual diputado Eduardo Valdés.

El abogado de Cristina le presentó a Villena actas de una serie de allanamientos que guardan cierta vinculación con este escenario: Araque y Sáez participaron en allanamientos ordenados por Bonadio en causas contra ella. Después incluso les mandó una felicitación.

Otros ejes de preocupación de los espías eran los movimientos en el departamento de Recoleta, por lo que hacen alusión a la denuncia de CFK sobre las cámaras instaladas en la cuadra para observarla, y en el Instituto Patria, donde se monta un operativo ilegal, con la excusa del G-20, por lo que tramita una causa judicial. El juzgado le mostró que había una dedicación especial al armado de noticias falsas, como una reunión de la dirigente con venezolanos en marzo de 2018, entre otras que no eran reales.

Macri y otras fuerzas

El papel clave de Susana Martinengo, una mujer que tenía su oficina a metros de la de Macri en la Casa Rosada, como jefa de Documentación presidencial, se empezó a conocer a partir de una presentación que hizo el abogado Carlos Beraldi, donde queda claro que Araque, Melo y Sáez la iban a ver con asiduidad y que, todo indica, le iban a llevar partes de inteligencia. En el cuadro que le mostró Villena a CFK se lee: "13/5/2018: Martinengo solicita información a T.S. sobre reunión secreta en Calafate para el presidente".

De las pruebas de seguimientos que pudo ver el jueves el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, también espiado, surge que Martinengo participaba en reuniones donde Sáez le llevaba a Alex Campbell --ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal-- información sobre él y sus tíos, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y su hermano Luis Lugones, titular del PJ platense, por sus vinculaciones con el Papa Francisco.

En el esquema de las actividades de inteligencia aparecen anotados en rojo y azul los nombres o dependencias de otras fuerzas de seguridad que colaboraban con la AFI. Un nombre que se repite es el de un agente que perteneció a la Policía Federal, cuyo domicilio fue allanado la semana pasada, Gustavo Marcelo Cicarelli. Otra supuesta policía que aparece figura con el nombre Vanesa Arbiza. Figuran como "informantes" en operaciones específicas la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.

Esta semana se presentarán en Lomas de Zamora Hugo y Pablo Moyano, sobre cuyo espionaje hablaron los agentes en la Bicameral y hasta se cotejó que espiaban en la cárcel de Melchor Romero a los barras de Independiente que debían acusarlos y les habían montado una celda. También está pendiente que vayan --aún sin fecha cierta-- los hombres de PRO Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

Macri cada vez más solo: la justicia investiga nuevos espionajes y comenzaron las detenciones. Detuvieron al ex espía Alan Ruiz en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. El jefe del grupo de la AFI durante la presidencia de Macri, acusado de haber espiado ilegalmente al Instituto Patria, será indagado este lunes.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".