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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 20-06-2020 / 08:06
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El banderazo macrista por Vicentín: La fuerza del dinero de los ricos

El banderazo macrista por Vicentín: La fuerza del dinero de los ricos
La defensa de Vicentín que hacen el radicalismo PRO y Cambiemos tiene los pies de barro: defienden a quien les dio mucho dinero para que fueran gobierno. Y cuando fueron gobierno, ellos le dieron mucha plata en condiciones de favoritismo, saltándose, los reglamentos del Nación. Y ahora vuelven a defenderlo.
Cambiemos y el radicalismo PRO se han abroquelado contra la expropiación de la corporación Vicentín que fue su mayor respaldo económico en las campañas electorales, con lo cual aparece como si la empresa hubiera comprado esa defensa.
 
O sea: si cualquier millonario aporta lo suficiente a la campaña de una fuerza política, compra impunidad para recibir créditos irregulares del Banco Nación para después no pagarlos. La operación se realizó cuando ellos eran gobierno y el titular del banco que la autorizó, Javier González Fraga, está relacionado con esa fuerza.
 
La defensa de Vicentín que hacen el radicalismo PRO y Cambiemos tiene los pies de barro: defienden a quien les dio mucho dinero para que fueran gobierno. Y cuando fueron gobierno, ellos le dieron mucha plata en condiciones de favoritismo, saltándose, los reglamentos del Nación. Y ahora vuelven a defenderlo.
 
El banderazo forma parte de esa ofensiva de la oposición en defensa de la corporación que los financió. Aprovecha el malestar creado por la cuarentena y se constituye al mismo tiempo en una convocatoria para transgredirla en el peor momento de transmisión del coronavirus. Los infectados ya son dos mil por día y los sistemas de salud están en un nivel de alarma amarilla, con más de la mitad de las camas ocupadas.
 
En la propaganda dan a entender que la medida amenaza la propiedad de cualquier persona, o sea de todos. Por el contrario la expropiación trata de resguardar la propiedad de la sociedad, a través de una empresa pública el Banco Nación --que es de todos, esta sí-- que necesita recuperar su capital. Y también resguarda la propiedad que le fue expropiada por Vicentín a miles de pequeños y medianos productores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
 
Más que "defender la propiedad", la intención política del "banderazo" macrista es volver a un país sin cuarentena, sin hospitales, ni científicos, ni universidades públicas.
 

 
Un banco privado nunca hubiera prestado 300 millones de dólares en esas condiciones. Y, de hacerlo, ahora estaría quebrado. El Nación no quiebra porque tiene respaldo del Estado.
 
El PRO y Cambiemos, beneficiados por el dinero de Vicentín, tienen responsabilidad en el desfalco al Nación, a los demás bancos y a las cooperativas y productores rurales, porque era su gobierno y eran sus funcionarios.
 
Pero, amparados por la complicidad de las corporaciones mediáticas, disfrazan su defensa del turbio negociado con acusaciones de "inconstitucionalidad".
 
Vicentín es mucho más que un conglomerado económico. Se respalda en ese poderío para proyectar su influencia sobre todo en la política, pero también en los medios y en la Justicia. La operatoria solamente hubiera podido funcionar amparada en esa trama vigorosa de influencias.
 
Ahora, en coincidencia con los directivos que los financiaron, ese bloque demoledor de política, funcionarios judiciales, periodistas y corporaciones mediáticas se puso en movimiento para rechazar la expropiación propuesta por el gobierno.
 
Alberto Padoán, uno de los directivos más importantes, fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario hasta diciembre del año pasado. Todos los miembros de la actual directiva lo acompañaron en esa gestión.
 
Pero ahora abrieron un sumario a Máximo Padoán (hijo de Alberto) y a Roberto Gazze, directivos de Vicentín, por incumplir laudos de la Cámara de Cereales de Rosario.
 
En medio de esta crisis, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, propuso como uno de los posibles miembros del directorio del banco municipal a Adrián Giacchino, quien, como funcionario del Banco Nación, durante la gestión de González Fraga, estaba a cargo de la operatoria con Vicentín.
 
A su vez, el juez de la convocatoria de acreedores de Vicentín, Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, repuso en sus funciones al directorio de la empresa y designó a los interventores del gobierno nacional como simples veedores.
 
Es un directorio que les mintió sobre la situación de la empresa a sus mismos accionistas, gran parte de los cuales se han presentado ahora como perjudicados ante la Justicia. Es el mismo directorio que mientras declaraba que no podía pagar sus deudas, vendía una de sus empresas en el exterior y recaudaba 120 millones de dólares.
 
Es un acto bisagra en la relación de la oposición con el gobierno porque muestra la decisión de salir como lo hicieron contra la resolución 125. Las encuestas sobre la expropiación de Vincentín replican con variantes mínimas los resultados de la elección en la que ganó Alberto Fernández.
 
En otros temas el gobierno había conseguido que parte de ese caudal lo respaldara. La movilización tiene en ese sentido un componente antiperonista muy fuerte que excede al conflicto con Vicentín. Esa es la parte del voto que nunca cambió y que respaldó a Mauricio Macri.
 
Pero también cabalga sobre el malestar que crea la cuarentena en sectores adonde no llegó la ayuda estatal, por retraso, por burocracia o porque no estaba contemplado. Y también hay cansancio en parte de los que han sostenido el aislamiento.
 
El acto romperá una cuarentena que ha sido tomada como ejemplo en todo el mundo. El periódico norteamericano The Nation contrastó esta semana las políticas sanitarias de Alberto Fernández con las de Jair Bolsonaro.
 
Los muertos por coronavirus en Argentina están llegando a los mil. En Brasil, sin cuarentena, ya llegan a los 50 mil. Aún haciendo equivalencias por la diferencia de habitantes, las cifras del país vecino son muchísimo más altas y terroríficas. Sectores del macrismo cuestionan esta decisión por las pérdidas en la economía.
 
Es cierto, el PBI, en la comparación interanual, cayó algo más del 11 por ciento. Lo que ocultan los críticos de la cuarentena es que en Brasil, sin aislamiento, la caída de la economía ha sido aún más abrupta: más del 15 por ciento. La cuarentena de este gobierno salvó miles de vida y al mismo tiempo atenuó la caída de la economía con medidas dentro de sus recursos limitados.
 
La pandemia puso en crisis todos los principios que aplicó Mauricio Macri. La meritocracia en términos de pandemia es la de Bolsonaro: que se salven los más aptos. En cambio, el gobierno argentino priorizó la responsabilidad social, es decir, la respuesta comunitaria, que el individualismo neoliberal desprecia.
 
El gobierno de Macri con los radicales PRO perjudicó la salud pública. Convirtió al Ministerio de Salud en Secretaría y redujo su presupuesto en más del 25 por ciento. El gobierno kirchnerista había dejado 13 hospitales prácticamente terminados en todo el país, siete de ellos en el conurbano.
 
A algunos sólo les faltó el equipamiento y todos tenían más del 80 por ciento de la obra avanzada. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que no iba a poner un peso en hospitales y se negó a terminarlos. Se dijo que inaugurar hospitales era demagogia. Pero ahora muchos de los que la votaron deberán atenderse en los hospitales que ha construido el gobierno, sobre la base de los que ya estaban.
 
Se dijo que la creación de universidades en el conurbano era demagogia "porque los pobres no van a la universidad". Y esas universidades, junto con científicos y técnicos del Conicet han desarrollado kits de testeo para detectar masivamente a los enfermos.
 
Está prevista su exportación porque son más baratos que los extranjeros. Se desarrolló un suero para atenuar los síntomas de la enfermedad y bajar su índice de mortalidad y se construyeron respiradores más baratos y sencillos que los anteriores.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

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