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Nacionales - 16-06-2020 / 11:06

No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión

No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión
¿Es un presidente débil Alberto? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín. No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. A los comentarios meramente informativos, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales.
 
Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre "el camino hacia el chavismo" o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.
 
Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.
 
La oposición macrista debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno. Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera correcto otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.
 
Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Así, se acercaría mas al universo ideológico K, que a lo que Alberto Fernández piensa. La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin.
 
¿Es un presidente débil Alberto? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín.
 
Las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tiranteces políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
 

 
El poder del presidente
 
Quizás por primera vez luego de tres meses el acontecer político se ha desplazado desde la pandemia hacia otra dimensión. Eso ha sucedido porque el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. Luego de semanas, las pantallas de los noticieros y los portales de internet se poblaban de comentarios sobre estas decisiones.
 
Como suele suceder a los comentarios meramente informativos de las primeras horas, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales.
 
Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre "el camino hacia el chavismo" o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.
 
Es curioso: para quienes endilgan al peronsimo emular al chavismo, o al comunismo o al nazismo, o cualquier otra referencia política, todas les parecen lo mismo, repitiéndolas incesantemente, que al final no terminan significando nada, salvo la idea de un gobierno del mal.
 
Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.
 
Uno en cambio no logra entender cómo el sexto exportador agropecuario de la Argentina y que el año pasado encabezó las exportaciones de harina y aceite de soja, pueda llegar a la quiebra. Seguro que el mundo se ha vuelto un lugar mucho más complejo en términos económicos, pero el esfuerzo de algunos empresarios parece inmenso, solo que en el sentido contrario del esperado.
 
La oposición macrista además debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno, hecho por el cual Javier González Fraga, (ese que decía que te hicieron creer que te podías comprar un televisor porque cobrabas un sueldo medio) está imputado.
 
Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera una política productiva otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.
 
Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Al igual que el macrismo, no creyeron necesario contextualizar en cuales circunstancias se hacia la propuesta, apelando a valores como el trabajo y el esfuerzo, dos que justamente no estuvieron muy presente en los últimos años de la conducción de la firma.
 
Tampoco ninguno de los dos, macrismo y grandes medios, dan cuenta de las alternativas, dada la convocatoria de acreedores; esto es la compra de la empresa a un precio menor dada su situación, por capitales extranjeras.
 
Y no es una cuestión de nacionalismo de bandera, sino del peligro de profundizar la extranjerización que el sector ya tiene en nuestro país, lo que hace que las decisiones económicas dependan más de sus casas matrices de las empresas que de una dinámica local.
 
Ya es una dificultad que los precios de los productos agrícolas que exportamos sean definidos en otros mercados, para qué también el conjunto de las dimensiones de ese rubro, quede totalmente deslocalizado.
 
Desde luego ese debate refiere al tipo de capitalismo que se desea construir, y que un gobierno tiene derecho a proponer y a tomar medidas en esa dirección. Desde luego: hubo apoyos en la cuidad santafesina de Avellaneda, donde radica parte de la empresa. Y si hay otros elementos en juego, también materiales, pero también ideológicos, como ya lo hemos vivido.
 
La otra dimensión criticada sobre la decisión presidencial es que en realidad no fue tomada por Alberto Fernández. Esa afirmación, contundente imposible de cuestionar, no se basa en pruebas efectivas, sino en que la expropiación se acercaría mas al universo ideológico del kirchnerismo, que a lo que Alberto Fernández piensa.
 
Asentados en esa certeza que sostienen desde que se anunció la fórmula del Frente de Todos, no necesitan otra prueba más que sus propias certezas ideológicas y, en una medida proporcional, el recelo hacia Cristina Fernández.
 
La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin. (Recordemos que hasta 2010 afirmaban que Cristina no gobernaba, sino que era solo una vocera de su esposo). Una versión matizada de esta concepción es que Alberto Fernández es un presidente débil, que gobierna una coalición que no controla.
 
Quizás esta versión sea más prolija, pero parte de una idea semejante y es que el presidente no puede tomar demasiadas decisiones en su rol de tal.
 
Ambas lecturas conciben la política como un proceso casi automático, donde a una decisión solo corresponde un tipo de reacción, o bien que la voluntad se puede desplegar sólo porque la institucionalidad otorga determinados poderes, ausente de otras dinámicas.
 
Los presidentes son quienes firman los decretos o envían proyectos de ley al congreso. Pero eso jamás sucede en soledad; comparten esa decisión con discusiones técnicas y principalmente con actores políticos implicados en esa cuestión.
 
 En este caso, existe un gobierno peronista con una composición de coalición a la que no estamos acostumbrados, donde una líder clave como Cristina Fernández no ocupa la presidencia sino la vice; donde el presidente ha decidido no construir "el albertismo" sino seguir apostando a ser el eje de un frente político que aunque peronista mayoritariamente, reúne a fracciones que hace un año, tan solo un año, estaban en apuestas políticas divergentes.
 
Por eso el primer dato, fruto de la innovación política, es que esa coalición peronista haya sucedido y hoy gobierne.
 
¿Es un presidente débil Alberto Fernández? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín y las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tensiones políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronsimo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
 
Por Sergio De Piero
 
Fuente: El Destape
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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