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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 16-06-2020 / 11:06

No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión

No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión
¿Es un presidente débil Alberto? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín. No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. A los comentarios meramente informativos, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales.
 
Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre "el camino hacia el chavismo" o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.
 
Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.
 
La oposición macrista debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno. Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera correcto otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.
 
Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Así, se acercaría mas al universo ideológico K, que a lo que Alberto Fernández piensa. La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin.
 
¿Es un presidente débil Alberto? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín.
 
Las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tiranteces políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
 

 
El poder del presidente
 
Quizás por primera vez luego de tres meses el acontecer político se ha desplazado desde la pandemia hacia otra dimensión. Eso ha sucedido porque el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. Luego de semanas, las pantallas de los noticieros y los portales de internet se poblaban de comentarios sobre estas decisiones.
 
Como suele suceder a los comentarios meramente informativos de las primeras horas, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales.
 
Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre "el camino hacia el chavismo" o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.
 
Es curioso: para quienes endilgan al peronsimo emular al chavismo, o al comunismo o al nazismo, o cualquier otra referencia política, todas les parecen lo mismo, repitiéndolas incesantemente, que al final no terminan significando nada, salvo la idea de un gobierno del mal.
 
Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.
 
Uno en cambio no logra entender cómo el sexto exportador agropecuario de la Argentina y que el año pasado encabezó las exportaciones de harina y aceite de soja, pueda llegar a la quiebra. Seguro que el mundo se ha vuelto un lugar mucho más complejo en términos económicos, pero el esfuerzo de algunos empresarios parece inmenso, solo que en el sentido contrario del esperado.
 
La oposición macrista además debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno, hecho por el cual Javier González Fraga, (ese que decía que te hicieron creer que te podías comprar un televisor porque cobrabas un sueldo medio) está imputado.
 
Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera una política productiva otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.
 
Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Al igual que el macrismo, no creyeron necesario contextualizar en cuales circunstancias se hacia la propuesta, apelando a valores como el trabajo y el esfuerzo, dos que justamente no estuvieron muy presente en los últimos años de la conducción de la firma.
 
Tampoco ninguno de los dos, macrismo y grandes medios, dan cuenta de las alternativas, dada la convocatoria de acreedores; esto es la compra de la empresa a un precio menor dada su situación, por capitales extranjeras.
 
Y no es una cuestión de nacionalismo de bandera, sino del peligro de profundizar la extranjerización que el sector ya tiene en nuestro país, lo que hace que las decisiones económicas dependan más de sus casas matrices de las empresas que de una dinámica local.
 
Ya es una dificultad que los precios de los productos agrícolas que exportamos sean definidos en otros mercados, para qué también el conjunto de las dimensiones de ese rubro, quede totalmente deslocalizado.
 
Desde luego ese debate refiere al tipo de capitalismo que se desea construir, y que un gobierno tiene derecho a proponer y a tomar medidas en esa dirección. Desde luego: hubo apoyos en la cuidad santafesina de Avellaneda, donde radica parte de la empresa. Y si hay otros elementos en juego, también materiales, pero también ideológicos, como ya lo hemos vivido.
 
La otra dimensión criticada sobre la decisión presidencial es que en realidad no fue tomada por Alberto Fernández. Esa afirmación, contundente imposible de cuestionar, no se basa en pruebas efectivas, sino en que la expropiación se acercaría mas al universo ideológico del kirchnerismo, que a lo que Alberto Fernández piensa.
 
Asentados en esa certeza que sostienen desde que se anunció la fórmula del Frente de Todos, no necesitan otra prueba más que sus propias certezas ideológicas y, en una medida proporcional, el recelo hacia Cristina Fernández.
 
La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin. (Recordemos que hasta 2010 afirmaban que Cristina no gobernaba, sino que era solo una vocera de su esposo). Una versión matizada de esta concepción es que Alberto Fernández es un presidente débil, que gobierna una coalición que no controla.
 
Quizás esta versión sea más prolija, pero parte de una idea semejante y es que el presidente no puede tomar demasiadas decisiones en su rol de tal.
 
Ambas lecturas conciben la política como un proceso casi automático, donde a una decisión solo corresponde un tipo de reacción, o bien que la voluntad se puede desplegar sólo porque la institucionalidad otorga determinados poderes, ausente de otras dinámicas.
 
Los presidentes son quienes firman los decretos o envían proyectos de ley al congreso. Pero eso jamás sucede en soledad; comparten esa decisión con discusiones técnicas y principalmente con actores políticos implicados en esa cuestión.
 
 En este caso, existe un gobierno peronista con una composición de coalición a la que no estamos acostumbrados, donde una líder clave como Cristina Fernández no ocupa la presidencia sino la vice; donde el presidente ha decidido no construir "el albertismo" sino seguir apostando a ser el eje de un frente político que aunque peronista mayoritariamente, reúne a fracciones que hace un año, tan solo un año, estaban en apuestas políticas divergentes.
 
Por eso el primer dato, fruto de la innovación política, es que esa coalición peronista haya sucedido y hoy gobierne.
 
¿Es un presidente débil Alberto Fernández? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín y las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tensiones políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronsimo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
 
Por Sergio De Piero
 
Fuente: El Destape
 

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20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
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