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Nacionales - 16-06-2020 / 11:06

No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión

No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión
¿Es un presidente débil Alberto? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín. No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. A los comentarios meramente informativos, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales.
 
Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre "el camino hacia el chavismo" o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.
 
Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.
 
La oposición macrista debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno. Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera correcto otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.
 
Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Así, se acercaría mas al universo ideológico K, que a lo que Alberto Fernández piensa. La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin.
 
¿Es un presidente débil Alberto? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín.
 
Las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tiranteces políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
 

 
El poder del presidente
 
Quizás por primera vez luego de tres meses el acontecer político se ha desplazado desde la pandemia hacia otra dimensión. Eso ha sucedido porque el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. Luego de semanas, las pantallas de los noticieros y los portales de internet se poblaban de comentarios sobre estas decisiones.
 
Como suele suceder a los comentarios meramente informativos de las primeras horas, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales.
 
Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre "el camino hacia el chavismo" o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.
 
Es curioso: para quienes endilgan al peronsimo emular al chavismo, o al comunismo o al nazismo, o cualquier otra referencia política, todas les parecen lo mismo, repitiéndolas incesantemente, que al final no terminan significando nada, salvo la idea de un gobierno del mal.
 
Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.
 
Uno en cambio no logra entender cómo el sexto exportador agropecuario de la Argentina y que el año pasado encabezó las exportaciones de harina y aceite de soja, pueda llegar a la quiebra. Seguro que el mundo se ha vuelto un lugar mucho más complejo en términos económicos, pero el esfuerzo de algunos empresarios parece inmenso, solo que en el sentido contrario del esperado.
 
La oposición macrista además debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno, hecho por el cual Javier González Fraga, (ese que decía que te hicieron creer que te podías comprar un televisor porque cobrabas un sueldo medio) está imputado.
 
Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera una política productiva otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.
 
Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Al igual que el macrismo, no creyeron necesario contextualizar en cuales circunstancias se hacia la propuesta, apelando a valores como el trabajo y el esfuerzo, dos que justamente no estuvieron muy presente en los últimos años de la conducción de la firma.
 
Tampoco ninguno de los dos, macrismo y grandes medios, dan cuenta de las alternativas, dada la convocatoria de acreedores; esto es la compra de la empresa a un precio menor dada su situación, por capitales extranjeras.
 
Y no es una cuestión de nacionalismo de bandera, sino del peligro de profundizar la extranjerización que el sector ya tiene en nuestro país, lo que hace que las decisiones económicas dependan más de sus casas matrices de las empresas que de una dinámica local.
 
Ya es una dificultad que los precios de los productos agrícolas que exportamos sean definidos en otros mercados, para qué también el conjunto de las dimensiones de ese rubro, quede totalmente deslocalizado.
 
Desde luego ese debate refiere al tipo de capitalismo que se desea construir, y que un gobierno tiene derecho a proponer y a tomar medidas en esa dirección. Desde luego: hubo apoyos en la cuidad santafesina de Avellaneda, donde radica parte de la empresa. Y si hay otros elementos en juego, también materiales, pero también ideológicos, como ya lo hemos vivido.
 
La otra dimensión criticada sobre la decisión presidencial es que en realidad no fue tomada por Alberto Fernández. Esa afirmación, contundente imposible de cuestionar, no se basa en pruebas efectivas, sino en que la expropiación se acercaría mas al universo ideológico del kirchnerismo, que a lo que Alberto Fernández piensa.
 
Asentados en esa certeza que sostienen desde que se anunció la fórmula del Frente de Todos, no necesitan otra prueba más que sus propias certezas ideológicas y, en una medida proporcional, el recelo hacia Cristina Fernández.
 
La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin. (Recordemos que hasta 2010 afirmaban que Cristina no gobernaba, sino que era solo una vocera de su esposo). Una versión matizada de esta concepción es que Alberto Fernández es un presidente débil, que gobierna una coalición que no controla.
 
Quizás esta versión sea más prolija, pero parte de una idea semejante y es que el presidente no puede tomar demasiadas decisiones en su rol de tal.
 
Ambas lecturas conciben la política como un proceso casi automático, donde a una decisión solo corresponde un tipo de reacción, o bien que la voluntad se puede desplegar sólo porque la institucionalidad otorga determinados poderes, ausente de otras dinámicas.
 
Los presidentes son quienes firman los decretos o envían proyectos de ley al congreso. Pero eso jamás sucede en soledad; comparten esa decisión con discusiones técnicas y principalmente con actores políticos implicados en esa cuestión.
 
 En este caso, existe un gobierno peronista con una composición de coalición a la que no estamos acostumbrados, donde una líder clave como Cristina Fernández no ocupa la presidencia sino la vice; donde el presidente ha decidido no construir "el albertismo" sino seguir apostando a ser el eje de un frente político que aunque peronista mayoritariamente, reúne a fracciones que hace un año, tan solo un año, estaban en apuestas políticas divergentes.
 
Por eso el primer dato, fruto de la innovación política, es que esa coalición peronista haya sucedido y hoy gobierne.
 
¿Es un presidente débil Alberto Fernández? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín y las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tensiones políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronsimo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.
 
Por Sergio De Piero
 
Fuente: El Destape
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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