23:23 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 16-06-2020 / 11:06

No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión

¿Es un presidente débil Alberto? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín. No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. A los comentarios meramente informativos, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales.

Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre "el camino hacia el chavismo" o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.

Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.

La oposición macrista debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno. Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera correcto otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.

Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Así, se acercaría mas al universo ideológico K, que a lo que Alberto Fernández piensa. La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin.

¿Es un presidente débil Alberto? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín.

Las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tiranteces políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.

El poder del presidente

Quizás por primera vez luego de tres meses el acontecer político se ha desplazado desde la pandemia hacia otra dimensión. Eso ha sucedido porque el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. Luego de semanas, las pantallas de los noticieros y los portales de internet se poblaban de comentarios sobre estas decisiones.

Como suele suceder a los comentarios meramente informativos de las primeras horas, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales.

Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre "el camino hacia el chavismo" o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.

Es curioso: para quienes endilgan al peronsimo emular al chavismo, o al comunismo o al nazismo, o cualquier otra referencia política, todas les parecen lo mismo, repitiéndolas incesantemente, que al final no terminan significando nada, salvo la idea de un gobierno del mal.

Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.

Uno en cambio no logra entender cómo el sexto exportador agropecuario de la Argentina y que el año pasado encabezó las exportaciones de harina y aceite de soja, pueda llegar a la quiebra. Seguro que el mundo se ha vuelto un lugar mucho más complejo en términos económicos, pero el esfuerzo de algunos empresarios parece inmenso, solo que en el sentido contrario del esperado.

La oposición macrista además debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno, hecho por el cual Javier González Fraga, (ese que decía que te hicieron creer que te podías comprar un televisor porque cobrabas un sueldo medio) está imputado.

Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera una política productiva otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.

Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Al igual que el macrismo, no creyeron necesario contextualizar en cuales circunstancias se hacia la propuesta, apelando a valores como el trabajo y el esfuerzo, dos que justamente no estuvieron muy presente en los últimos años de la conducción de la firma.

Tampoco ninguno de los dos, macrismo y grandes medios, dan cuenta de las alternativas, dada la convocatoria de acreedores; esto es la compra de la empresa a un precio menor dada su situación, por capitales extranjeras.

Y no es una cuestión de nacionalismo de bandera, sino del peligro de profundizar la extranjerización que el sector ya tiene en nuestro país, lo que hace que las decisiones económicas dependan más de sus casas matrices de las empresas que de una dinámica local.

Ya es una dificultad que los precios de los productos agrícolas que exportamos sean definidos en otros mercados, para qué también el conjunto de las dimensiones de ese rubro, quede totalmente deslocalizado.

Desde luego ese debate refiere al tipo de capitalismo que se desea construir, y que un gobierno tiene derecho a proponer y a tomar medidas en esa dirección. Desde luego: hubo apoyos en la cuidad santafesina de Avellaneda, donde radica parte de la empresa. Y si hay otros elementos en juego, también materiales, pero también ideológicos, como ya lo hemos vivido.

La otra dimensión criticada sobre la decisión presidencial es que en realidad no fue tomada por Alberto Fernández. Esa afirmación, contundente imposible de cuestionar, no se basa en pruebas efectivas, sino en que la expropiación se acercaría mas al universo ideológico del kirchnerismo, que a lo que Alberto Fernández piensa.

Asentados en esa certeza que sostienen desde que se anunció la fórmula del Frente de Todos, no necesitan otra prueba más que sus propias certezas ideológicas y, en una medida proporcional, el recelo hacia Cristina Fernández.

La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin. (Recordemos que hasta 2010 afirmaban que Cristina no gobernaba, sino que era solo una vocera de su esposo). Una versión matizada de esta concepción es que Alberto Fernández es un presidente débil, que gobierna una coalición que no controla.

Quizás esta versión sea más prolija, pero parte de una idea semejante y es que el presidente no puede tomar demasiadas decisiones en su rol de tal.

Ambas lecturas conciben la política como un proceso casi automático, donde a una decisión solo corresponde un tipo de reacción, o bien que la voluntad se puede desplegar sólo porque la institucionalidad otorga determinados poderes, ausente de otras dinámicas.

Los presidentes son quienes firman los decretos o envían proyectos de ley al congreso. Pero eso jamás sucede en soledad; comparten esa decisión con discusiones técnicas y principalmente con actores políticos implicados en esa cuestión.

En este caso, existe un gobierno peronista con una composición de coalición a la que no estamos acostumbrados, donde una líder clave como Cristina Fernández no ocupa la presidencia sino la vice; donde el presidente ha decidido no construir "el albertismo" sino seguir apostando a ser el eje de un frente político que aunque peronista mayoritariamente, reúne a fracciones que hace un año, tan solo un año, estaban en apuestas políticas divergentes.

Por eso el primer dato, fruto de la innovación política, es que esa coalición peronista haya sucedido y hoy gobierne.

¿Es un presidente débil Alberto Fernández? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín y las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tensiones políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronsimo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.

Por Sergio De Piero

Fuente: El Destape

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.