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Nacionales - 16-06-2020 / 09:06
POR LA CRISIS, HAY COMPAÑÍAS QUE ANALIZAN RECORTARLO Y NEGOCIAN CON SINDICATOS

El Gobierno evalúa créditos a tasa cero para que las empresas en problemas puedan pagar el aguinaldo

El Gobierno evalúa créditos a tasa cero para que las empresas en problemas puedan pagar el aguinaldo
En tiempo de descuento, el Gobierno de Alberto Fernández avanzará a partir de hoy en la definición de una ayuda destinada al sector empresario para pagar el medio aguinaldo de junio.
En tiempo de descuento, el Gobierno de Alberto Fernández avanzará a partir de hoy en la definición de una ayuda destinada al sector empresario para pagar el medio aguinaldo de junio.
 
Una de las variantes que cosecha más adhesiones por estas horas es la de incorporar al programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) un crédito a tasa cero, como el que existe para monotributistas y autónomos, pero con la finalidad de que las empresas puedan abonar en tiempo y forma el Salario Anual Complementario (SAC), un tema que pasó al primer plano de la agenda oficial y ya abrió un fuerte debate ante eventuales recortes de hasta el 50% en un beneficio vigente por ley desde 1945.
 
La propuesta de abrir una nueva línea de préstamos, aparte del subsidio vigente a los sueldos privados, quedó en manos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y deberá pasar por último el filtro del ministro de Economía, Martín Guzmán, el encargado de bajarle o subirle el pulgar al financiamiento de cualquier medida con impacto económico.
 
"Estas semanas siguen reuniones por ATP y se evalúa una suerte de préstamos a tasa cero, capaz se puede utilizar para aguinaldos, lo propone el Ministerio de Trabajo, pero Guzmán ve si es viable o no", confirmaron fuentes de la cartera laboral, en donde tampoco descartan otras modalidades.
 
El gabinete económico deberá resolverlo cuanto antes en un escenario cruzado por los crecientes tironeos entre los empresarios y la CGT, la decisión de algunas provincias de empezar a fraccionar el haber para afrontar sus deudas, y el ingreso al tramo final de la negociación con los bonistas. 
 

 
Todas esas presiones serán sopesadas por Guzmán cuando se reúna esta semana con el gabinete económico, encabezado por Santiago Cafiero.
 
Allí también talla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, partidario de una expansión del gasto y una baja de las tasas para enfrentar la recesión frente a la mayor cautela de su par del Banco Central, Miguel Pesce, por estas horas más preocupado por el dólar y los depósitos.
 
 
¿El Gobierno avala el aguinaldo con rebaja?
 
Si bien el SAC se pagó en sus inicios en un solo tramo, se fraccionó en dos tramos bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1968, algo que luego fue recogido por la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 y se mantuvo hasta la actualidad, con algunos cambios.
 
Así, en la actualidad el primer pago debe efectuarse antes del 30 de junio y el segundo vence el 18 de diciembre, mientras que el importe se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual de cada semestre.
 
En el Ministerio de Trabajo aseguran que habría plazo para pagarlo hasta el cuarto día hábil de julio, pero muchas empresas lo hacían entre la primera y la segunda semana de junio, por lo que ahora aguardan una señal para efectuar las liquidaciones, cuyo cierre está previsto entre una y dos semanas antes de la fecha de pago.
 
A pedido de los empresarios, el Ejecutivo también analiza la reglamentación de la Ley Pyme, una normativa aprobada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem que prevé el pago del medio aguinaldo en hasta tres cuotas. O, en su defecto, la posibilidad de acuerdos entre empresas y sindicatos, similares al sellado entre la UIA y la CGT para fijar suspensiones con rebajas salariales de hasta el 25%.
 
Moroni reconoció la semana pasada que si bien no se evalúa la posibilidad de diferir el haber, se mostró abierto a avalar eventuales entendimientos con los gremios. La principal traba viene por el lado de la central obrera.
 
"Es un principio irrenunciable y se pagará", dijo a este medio el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez.
 
Los empresarios esperaban un guiño para postergar el pago del SAC con la reciente prórroga del acuerdo UIA-CGT o bien, con el anuncio de nuevos subsidios estatales. Pero ambas gestiones fracasaron. Sin expectativas de recibir auxilio oficial, la Cámara de Comercio (CAC) le propuso de manera informal al titular del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, abonarlo en hasta tres cuotas.
 
Pero en su entorno temen que se superpongan luego con el tramo de diciembre. El sindicalista fijará su postura este miércoles en una reunión del secretariado nacional de su organización organizada por zoom. Lo hará en medio de un clima agitado por los reclamos de los empleados de Carrefour que denunciaron a la empresa por su presunta decisión de dejar de pagar un vale de $5.000 por realizar tareas esenciales y postergar 10 días el pago del aguinaldo, que antes percibían el 20 de junio.
 
En las últimas horas, se sumó un nuevo factor de tensión a partir de la recomendación de la revista especializada Errepar de calcular el aguinaldo con una reducción de hasta el 50%. Desde que el Gobierno habilitó las suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo mediante el artículo 223 bis, muchas actividades pactaron una prestación no remunerativa no inferior al 75% del ingreso neto entre abril, mayo y junio.
 
Como el sueldo anual complementario es el equivalente a la doceava parte del total de las remuneraciones, ahora algunos estudios contables consideran que debería devengarse en forma proporcional sobre enero, febrero y marzo únicamente. Esa fórmula no haría más que alimentar el malestar social, el que hoy intentará poner de relieve la protesta convocada por la izquierda sindical.
 
La otra opción sugerida por los asesores de empresas es la posibilidad de que las autoridades eximan el haber del pago de aportes y contribuciones, mediante acuerdos de sumas no remunerativas.
 
"El pago del SAC de este primer semestre es un tema enormemente preocupante. Las empresas que están en el ATP o están con una facturación del 30% hace tres meses se les dificulta el pago. Necesitamos que el Ejecutivo se pronuncie sobre cómo liquidarlo y que apoye con el ATP y acuerdos dentro del 223 bis en cuotas", señaló Juan Carlos Cerutti, director de la dirección laboral de la consultora Plan-A. Pero esa variante implicaría nuevamente disminuir la caja de la AFIP, cuando todavía el Gobierno no definió nuevos impuestos para engrosar los golpeados ingresos del fisco.
 
En ese escenario, el crédito subsidiado se convirtió en las últimas horas en la herramienta con más simpatías en diversos sectores. No solo en la CGT, sino también paradójicamente en el kirchnerismo y el empresariado.
 
El exdiputado nacional Héctor Recalde propuso la semana pasada el otorgamiento de un préstamo oficial para sostener el aguinaldo. El abogado laboralista señaló en declaraciones radiales que "si se paga en cuotas, se desnaturaliza" y desechó la aplicación de la Ley Pyme por considerarla "flexibilizadora". Mientras que el secretario general de la CAC, Mario Grinman, confirmó a este medio su visto bueno a la aplicación de esa medida. "Es lo más lógico", sostuvo.
 
 
Sacando cuentas
  
La discusión pasó a ocupar un lugar clave de la agenda oficial y hasta el Presidente se involucró en las últimas semanas. Primero, mostrándose reacio a destinar subsidios para el medio aguinaldo al sostener que "el ATP es para los sueldos" y luego, más recientemente, abriendo la puerta a la posibilidad de incluirlo dentro del programa asistencial.
 
Las idas y venidas responden a la creciente preocupación dentro del Gobierno por el impacto de la recesión en la recaudación y el fuerte incremento del gasto en subsidios por la emergencia sanitaria. En este caso, si se toma el medio aguinaldo de diciembre, se pagaron $400.000 a 12,1 millones de empleados del sector público y privado, con un sueldo promedio de bolsillo cercano a $40.000 por mes, según datos del Ministerio de Trabajo.
 
Con esas preocupaciones en mente y la atención puesta también en el empleo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, autorizó la semana pasada la extensión en junio de los fondos para el pago de salarios, pero bajo una nueva modalidad "low cost".
 
Esto implica, tal como adelantó iProfesional, la reducción de la cantidad de trabajadores alcanzados de 2,4 a 2 millones y la focalización de los subsidios a los sectores con menores niveles de actividad. Los funcionarios consideran que las firmas en actividad no deberían seguir recibiendo el ATP.
 
El gabinete económico ya había restringido el acceso al programa en mayo, ante la fuerte interna en el oficialismo por los beneficios otorgados a las grandes empresas.
 
Ahora, resta por ver si Guzmán aceptará financiar el aguinaldo sin cobrar intereses. Sobre todo cuando busca enviar señales de moderación fiscal a los acreedores.  
 
Por Juan Manuel Barca
 
Fuente: iProfesional
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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