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Nacionales - 16-06-2020 / 09:06
POR LA CRISIS, HAY COMPAÑÍAS QUE ANALIZAN RECORTARLO Y NEGOCIAN CON SINDICATOS

El Gobierno evalúa créditos a tasa cero para que las empresas en problemas puedan pagar el aguinaldo

El Gobierno evalúa créditos a tasa cero para que las empresas en problemas puedan pagar el aguinaldo
En tiempo de descuento, el Gobierno de Alberto Fernández avanzará a partir de hoy en la definición de una ayuda destinada al sector empresario para pagar el medio aguinaldo de junio.
En tiempo de descuento, el Gobierno de Alberto Fernández avanzará a partir de hoy en la definición de una ayuda destinada al sector empresario para pagar el medio aguinaldo de junio.
 
Una de las variantes que cosecha más adhesiones por estas horas es la de incorporar al programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) un crédito a tasa cero, como el que existe para monotributistas y autónomos, pero con la finalidad de que las empresas puedan abonar en tiempo y forma el Salario Anual Complementario (SAC), un tema que pasó al primer plano de la agenda oficial y ya abrió un fuerte debate ante eventuales recortes de hasta el 50% en un beneficio vigente por ley desde 1945.
 
La propuesta de abrir una nueva línea de préstamos, aparte del subsidio vigente a los sueldos privados, quedó en manos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y deberá pasar por último el filtro del ministro de Economía, Martín Guzmán, el encargado de bajarle o subirle el pulgar al financiamiento de cualquier medida con impacto económico.
 
"Estas semanas siguen reuniones por ATP y se evalúa una suerte de préstamos a tasa cero, capaz se puede utilizar para aguinaldos, lo propone el Ministerio de Trabajo, pero Guzmán ve si es viable o no", confirmaron fuentes de la cartera laboral, en donde tampoco descartan otras modalidades.
 
El gabinete económico deberá resolverlo cuanto antes en un escenario cruzado por los crecientes tironeos entre los empresarios y la CGT, la decisión de algunas provincias de empezar a fraccionar el haber para afrontar sus deudas, y el ingreso al tramo final de la negociación con los bonistas. 
 

 
Todas esas presiones serán sopesadas por Guzmán cuando se reúna esta semana con el gabinete económico, encabezado por Santiago Cafiero.
 
Allí también talla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, partidario de una expansión del gasto y una baja de las tasas para enfrentar la recesión frente a la mayor cautela de su par del Banco Central, Miguel Pesce, por estas horas más preocupado por el dólar y los depósitos.
 
 
¿El Gobierno avala el aguinaldo con rebaja?
 
Si bien el SAC se pagó en sus inicios en un solo tramo, se fraccionó en dos tramos bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1968, algo que luego fue recogido por la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 y se mantuvo hasta la actualidad, con algunos cambios.
 
Así, en la actualidad el primer pago debe efectuarse antes del 30 de junio y el segundo vence el 18 de diciembre, mientras que el importe se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual de cada semestre.
 
En el Ministerio de Trabajo aseguran que habría plazo para pagarlo hasta el cuarto día hábil de julio, pero muchas empresas lo hacían entre la primera y la segunda semana de junio, por lo que ahora aguardan una señal para efectuar las liquidaciones, cuyo cierre está previsto entre una y dos semanas antes de la fecha de pago.
 
A pedido de los empresarios, el Ejecutivo también analiza la reglamentación de la Ley Pyme, una normativa aprobada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem que prevé el pago del medio aguinaldo en hasta tres cuotas. O, en su defecto, la posibilidad de acuerdos entre empresas y sindicatos, similares al sellado entre la UIA y la CGT para fijar suspensiones con rebajas salariales de hasta el 25%.
 
Moroni reconoció la semana pasada que si bien no se evalúa la posibilidad de diferir el haber, se mostró abierto a avalar eventuales entendimientos con los gremios. La principal traba viene por el lado de la central obrera.
 
"Es un principio irrenunciable y se pagará", dijo a este medio el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez.
 
Los empresarios esperaban un guiño para postergar el pago del SAC con la reciente prórroga del acuerdo UIA-CGT o bien, con el anuncio de nuevos subsidios estatales. Pero ambas gestiones fracasaron. Sin expectativas de recibir auxilio oficial, la Cámara de Comercio (CAC) le propuso de manera informal al titular del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, abonarlo en hasta tres cuotas.
 
Pero en su entorno temen que se superpongan luego con el tramo de diciembre. El sindicalista fijará su postura este miércoles en una reunión del secretariado nacional de su organización organizada por zoom. Lo hará en medio de un clima agitado por los reclamos de los empleados de Carrefour que denunciaron a la empresa por su presunta decisión de dejar de pagar un vale de $5.000 por realizar tareas esenciales y postergar 10 días el pago del aguinaldo, que antes percibían el 20 de junio.
 
En las últimas horas, se sumó un nuevo factor de tensión a partir de la recomendación de la revista especializada Errepar de calcular el aguinaldo con una reducción de hasta el 50%. Desde que el Gobierno habilitó las suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo mediante el artículo 223 bis, muchas actividades pactaron una prestación no remunerativa no inferior al 75% del ingreso neto entre abril, mayo y junio.
 
Como el sueldo anual complementario es el equivalente a la doceava parte del total de las remuneraciones, ahora algunos estudios contables consideran que debería devengarse en forma proporcional sobre enero, febrero y marzo únicamente. Esa fórmula no haría más que alimentar el malestar social, el que hoy intentará poner de relieve la protesta convocada por la izquierda sindical.
 
La otra opción sugerida por los asesores de empresas es la posibilidad de que las autoridades eximan el haber del pago de aportes y contribuciones, mediante acuerdos de sumas no remunerativas.
 
"El pago del SAC de este primer semestre es un tema enormemente preocupante. Las empresas que están en el ATP o están con una facturación del 30% hace tres meses se les dificulta el pago. Necesitamos que el Ejecutivo se pronuncie sobre cómo liquidarlo y que apoye con el ATP y acuerdos dentro del 223 bis en cuotas", señaló Juan Carlos Cerutti, director de la dirección laboral de la consultora Plan-A. Pero esa variante implicaría nuevamente disminuir la caja de la AFIP, cuando todavía el Gobierno no definió nuevos impuestos para engrosar los golpeados ingresos del fisco.
 
En ese escenario, el crédito subsidiado se convirtió en las últimas horas en la herramienta con más simpatías en diversos sectores. No solo en la CGT, sino también paradójicamente en el kirchnerismo y el empresariado.
 
El exdiputado nacional Héctor Recalde propuso la semana pasada el otorgamiento de un préstamo oficial para sostener el aguinaldo. El abogado laboralista señaló en declaraciones radiales que "si se paga en cuotas, se desnaturaliza" y desechó la aplicación de la Ley Pyme por considerarla "flexibilizadora". Mientras que el secretario general de la CAC, Mario Grinman, confirmó a este medio su visto bueno a la aplicación de esa medida. "Es lo más lógico", sostuvo.
 
 
Sacando cuentas
  
La discusión pasó a ocupar un lugar clave de la agenda oficial y hasta el Presidente se involucró en las últimas semanas. Primero, mostrándose reacio a destinar subsidios para el medio aguinaldo al sostener que "el ATP es para los sueldos" y luego, más recientemente, abriendo la puerta a la posibilidad de incluirlo dentro del programa asistencial.
 
Las idas y venidas responden a la creciente preocupación dentro del Gobierno por el impacto de la recesión en la recaudación y el fuerte incremento del gasto en subsidios por la emergencia sanitaria. En este caso, si se toma el medio aguinaldo de diciembre, se pagaron $400.000 a 12,1 millones de empleados del sector público y privado, con un sueldo promedio de bolsillo cercano a $40.000 por mes, según datos del Ministerio de Trabajo.
 
Con esas preocupaciones en mente y la atención puesta también en el empleo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, autorizó la semana pasada la extensión en junio de los fondos para el pago de salarios, pero bajo una nueva modalidad "low cost".
 
Esto implica, tal como adelantó iProfesional, la reducción de la cantidad de trabajadores alcanzados de 2,4 a 2 millones y la focalización de los subsidios a los sectores con menores niveles de actividad. Los funcionarios consideran que las firmas en actividad no deberían seguir recibiendo el ATP.
 
El gabinete económico ya había restringido el acceso al programa en mayo, ante la fuerte interna en el oficialismo por los beneficios otorgados a las grandes empresas.
 
Ahora, resta por ver si Guzmán aceptará financiar el aguinaldo sin cobrar intereses. Sobre todo cuando busca enviar señales de moderación fiscal a los acreedores.  
 
Por Juan Manuel Barca
 
Fuente: iProfesional
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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