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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 16-06-2020 / 09:06
POR LA CRISIS, HAY COMPAÑÍAS QUE ANALIZAN RECORTARLO Y NEGOCIAN CON SINDICATOS

El Gobierno evalúa créditos a tasa cero para que las empresas en problemas puedan pagar el aguinaldo

El Gobierno evalúa créditos a tasa cero para que las empresas en problemas puedan pagar el aguinaldo
En tiempo de descuento, el Gobierno de Alberto Fernández avanzará a partir de hoy en la definición de una ayuda destinada al sector empresario para pagar el medio aguinaldo de junio.
En tiempo de descuento, el Gobierno de Alberto Fernández avanzará a partir de hoy en la definición de una ayuda destinada al sector empresario para pagar el medio aguinaldo de junio.
 
Una de las variantes que cosecha más adhesiones por estas horas es la de incorporar al programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) un crédito a tasa cero, como el que existe para monotributistas y autónomos, pero con la finalidad de que las empresas puedan abonar en tiempo y forma el Salario Anual Complementario (SAC), un tema que pasó al primer plano de la agenda oficial y ya abrió un fuerte debate ante eventuales recortes de hasta el 50% en un beneficio vigente por ley desde 1945.
 
La propuesta de abrir una nueva línea de préstamos, aparte del subsidio vigente a los sueldos privados, quedó en manos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y deberá pasar por último el filtro del ministro de Economía, Martín Guzmán, el encargado de bajarle o subirle el pulgar al financiamiento de cualquier medida con impacto económico.
 
"Estas semanas siguen reuniones por ATP y se evalúa una suerte de préstamos a tasa cero, capaz se puede utilizar para aguinaldos, lo propone el Ministerio de Trabajo, pero Guzmán ve si es viable o no", confirmaron fuentes de la cartera laboral, en donde tampoco descartan otras modalidades.
 
El gabinete económico deberá resolverlo cuanto antes en un escenario cruzado por los crecientes tironeos entre los empresarios y la CGT, la decisión de algunas provincias de empezar a fraccionar el haber para afrontar sus deudas, y el ingreso al tramo final de la negociación con los bonistas. 
 

 
Todas esas presiones serán sopesadas por Guzmán cuando se reúna esta semana con el gabinete económico, encabezado por Santiago Cafiero.
 
Allí también talla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, partidario de una expansión del gasto y una baja de las tasas para enfrentar la recesión frente a la mayor cautela de su par del Banco Central, Miguel Pesce, por estas horas más preocupado por el dólar y los depósitos.
 
 
¿El Gobierno avala el aguinaldo con rebaja?
 
Si bien el SAC se pagó en sus inicios en un solo tramo, se fraccionó en dos tramos bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1968, algo que luego fue recogido por la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 y se mantuvo hasta la actualidad, con algunos cambios.
 
Así, en la actualidad el primer pago debe efectuarse antes del 30 de junio y el segundo vence el 18 de diciembre, mientras que el importe se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual de cada semestre.
 
En el Ministerio de Trabajo aseguran que habría plazo para pagarlo hasta el cuarto día hábil de julio, pero muchas empresas lo hacían entre la primera y la segunda semana de junio, por lo que ahora aguardan una señal para efectuar las liquidaciones, cuyo cierre está previsto entre una y dos semanas antes de la fecha de pago.
 
A pedido de los empresarios, el Ejecutivo también analiza la reglamentación de la Ley Pyme, una normativa aprobada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem que prevé el pago del medio aguinaldo en hasta tres cuotas. O, en su defecto, la posibilidad de acuerdos entre empresas y sindicatos, similares al sellado entre la UIA y la CGT para fijar suspensiones con rebajas salariales de hasta el 25%.
 
Moroni reconoció la semana pasada que si bien no se evalúa la posibilidad de diferir el haber, se mostró abierto a avalar eventuales entendimientos con los gremios. La principal traba viene por el lado de la central obrera.
 
"Es un principio irrenunciable y se pagará", dijo a este medio el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez.
 
Los empresarios esperaban un guiño para postergar el pago del SAC con la reciente prórroga del acuerdo UIA-CGT o bien, con el anuncio de nuevos subsidios estatales. Pero ambas gestiones fracasaron. Sin expectativas de recibir auxilio oficial, la Cámara de Comercio (CAC) le propuso de manera informal al titular del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, abonarlo en hasta tres cuotas.
 
Pero en su entorno temen que se superpongan luego con el tramo de diciembre. El sindicalista fijará su postura este miércoles en una reunión del secretariado nacional de su organización organizada por zoom. Lo hará en medio de un clima agitado por los reclamos de los empleados de Carrefour que denunciaron a la empresa por su presunta decisión de dejar de pagar un vale de $5.000 por realizar tareas esenciales y postergar 10 días el pago del aguinaldo, que antes percibían el 20 de junio.
 
En las últimas horas, se sumó un nuevo factor de tensión a partir de la recomendación de la revista especializada Errepar de calcular el aguinaldo con una reducción de hasta el 50%. Desde que el Gobierno habilitó las suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo mediante el artículo 223 bis, muchas actividades pactaron una prestación no remunerativa no inferior al 75% del ingreso neto entre abril, mayo y junio.
 
Como el sueldo anual complementario es el equivalente a la doceava parte del total de las remuneraciones, ahora algunos estudios contables consideran que debería devengarse en forma proporcional sobre enero, febrero y marzo únicamente. Esa fórmula no haría más que alimentar el malestar social, el que hoy intentará poner de relieve la protesta convocada por la izquierda sindical.
 
La otra opción sugerida por los asesores de empresas es la posibilidad de que las autoridades eximan el haber del pago de aportes y contribuciones, mediante acuerdos de sumas no remunerativas.
 
"El pago del SAC de este primer semestre es un tema enormemente preocupante. Las empresas que están en el ATP o están con una facturación del 30% hace tres meses se les dificulta el pago. Necesitamos que el Ejecutivo se pronuncie sobre cómo liquidarlo y que apoye con el ATP y acuerdos dentro del 223 bis en cuotas", señaló Juan Carlos Cerutti, director de la dirección laboral de la consultora Plan-A. Pero esa variante implicaría nuevamente disminuir la caja de la AFIP, cuando todavía el Gobierno no definió nuevos impuestos para engrosar los golpeados ingresos del fisco.
 
En ese escenario, el crédito subsidiado se convirtió en las últimas horas en la herramienta con más simpatías en diversos sectores. No solo en la CGT, sino también paradójicamente en el kirchnerismo y el empresariado.
 
El exdiputado nacional Héctor Recalde propuso la semana pasada el otorgamiento de un préstamo oficial para sostener el aguinaldo. El abogado laboralista señaló en declaraciones radiales que "si se paga en cuotas, se desnaturaliza" y desechó la aplicación de la Ley Pyme por considerarla "flexibilizadora". Mientras que el secretario general de la CAC, Mario Grinman, confirmó a este medio su visto bueno a la aplicación de esa medida. "Es lo más lógico", sostuvo.
 
 
Sacando cuentas
  
La discusión pasó a ocupar un lugar clave de la agenda oficial y hasta el Presidente se involucró en las últimas semanas. Primero, mostrándose reacio a destinar subsidios para el medio aguinaldo al sostener que "el ATP es para los sueldos" y luego, más recientemente, abriendo la puerta a la posibilidad de incluirlo dentro del programa asistencial.
 
Las idas y venidas responden a la creciente preocupación dentro del Gobierno por el impacto de la recesión en la recaudación y el fuerte incremento del gasto en subsidios por la emergencia sanitaria. En este caso, si se toma el medio aguinaldo de diciembre, se pagaron $400.000 a 12,1 millones de empleados del sector público y privado, con un sueldo promedio de bolsillo cercano a $40.000 por mes, según datos del Ministerio de Trabajo.
 
Con esas preocupaciones en mente y la atención puesta también en el empleo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, autorizó la semana pasada la extensión en junio de los fondos para el pago de salarios, pero bajo una nueva modalidad "low cost".
 
Esto implica, tal como adelantó iProfesional, la reducción de la cantidad de trabajadores alcanzados de 2,4 a 2 millones y la focalización de los subsidios a los sectores con menores niveles de actividad. Los funcionarios consideran que las firmas en actividad no deberían seguir recibiendo el ATP.
 
El gabinete económico ya había restringido el acceso al programa en mayo, ante la fuerte interna en el oficialismo por los beneficios otorgados a las grandes empresas.
 
Ahora, resta por ver si Guzmán aceptará financiar el aguinaldo sin cobrar intereses. Sobre todo cuando busca enviar señales de moderación fiscal a los acreedores.  
 
Por Juan Manuel Barca
 
Fuente: iProfesional
 

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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

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