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Nacionales - 14-06-2020 / 09:06

La insólita oferta de los CEOs de Vicentin: entre el pagadiós, la fuga y el rescate

La insólita oferta de los CEOs de Vicentin: entre el pagadiós, la fuga y el rescate
Vicentin, en convocatoria de acreedores y que incurrió en cesación de pagos a fin del año pasado, un pagadiós formidable, hizo una oferta imposible de aceptar: "capitalizar" los créditos públicos, transformarlos en acciones, asociar al Estado manteniendo a las actuales autoridades de la empresa. En criollo, que el Estado quedara como socio bobo-minoritario y sus funcionarios como cómplices del saqueo.
Vicentin, en convocatoria de acreedores y que incurrió en cesación de pagos a fin del año pasado, un pagadiós formidable, hizo una oferta imposible de aceptar: "capitalizar" los créditos públicos, transformarlos en acciones, asociar al Estado manteniendo a las actuales autoridades de la empresa. En criollo, que el Estado quedara como socio bobo-minoritario y sus funcionarios como cómplices del saqueo.
 
Millones de dólares se fueron por la canaleta de la especulación financiera. La empresa en jaque. De ponerse, ni hablar. Levantar un muerto colosal, hacerse cargo. Justo lo que no asume Sergio Nardelli. Finge demencia o amnesia por lo menos.
 
La intervención y la expropiación siguen transitando un camino de cornisa sembrado con clavos miguelitos. Los obstáculos surgirán en el Parlamento, en los medios hegemónicos, en los tribunales. Nada más previsible que las reacciones de Juntos por el Cambio. Los legisladores opositores claman por debatir en el Congreso salvo que el oficialismo promueva leyes importantes. La palabra "Venezuela" es de uso obligatorio.
 
Las crónicas y entrevistas de los grandes diarios sobre los dueños de Vicentin los describen con ternura, como un conjunto de gente común. Granjeros apacibles y frugales como los Ingalls. O como los Campanelli con mejor posición económica.
 
Esta gente linda está bajo sospecha de haber fugado divisas, entre otros delitos, lo que explica la presentación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el expediente penal que tramita ante el juez federal Julián Ercolini. Los créditos otorgados en los estertores de la gestión del macrista Javier González Fraga al frente del Banco Nación son injustificables y posiblemente ilícitos.
 

 
La militancia balconera del macrismo porteño cacerolea contra lo que venga, una agenda por semana. Antaño para que "los políticos se bajen el sueldo". Tras cartón contra las inexistentes liberaciones masivas de presos. Ahora "todos somos Vicentin" lo que no significa un compromiso conjunto de pagar sus faraónicas deudas.
 
Llegan tarde quienes objetan que el Estado no debe comprometer la plata de los argentinos en empresas privadas. La deuda total que se reclama a Vicentin en el concurso ronda los 200.000 millones de pesos. Al BNA le corresponden 18.182 millones. Si se suma la AFIP superan el 25 por ciento del total.
 
Productores y proveedores de servicios tienen créditos superiores a los 28.000 millones. Los acreedores en el juicio concursal son productores, algunos pequeños, otros medianos... a todos los curraron. Difícil que se embanderen con la cerealera salvo que sean masoquistas o los aqueje el síndrome de Estocolmo.
 
Por último; la expropiación está prevista en la Constitución que defiende a ultranza la propiedad privada. Y acusar de traidores a la Patria a quienes cuestionan el statu quo es una vieja costumbre de la derecha. Aquella que contrajo una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional y se encolumna simiescamente detrás de "la Embajada" yanqui.
 
 
 
LA INSÓLITA OFERTA DE LOS EMPRESARIOS
 
Vicentin entre el pagadiós, la fuga y el rescate
 
El lunes pasado a las tres de la tarde la agroexportadora Vicentin estaba en convocatoria de acreedores ("concurso preventivo" en jerga). Incurrió en cesación de pagos a fin del año pasado, un pagadiós formidable.
 
El Banco de la Nación Argentina (BNA), es el principal acreedor. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está en la lista. Con opinable espíritu democrático, la cerealera dejó de garpe a miles de productores y proveedores de servicios. Santafesinos la mayoría aunque también hay perjudicados en Córdoba y otras provincias.
 
Se rumoreaba la perspectiva de compra por capitales extranjeros en la que operaba el filántropo ex ministro José Luis Manzano. Los dueños de Vicentin pedían auxilio al gobernador santafesino Omar Perotti y enviaban palomas (o aves de rapiña) mensajeras a la Casa Rosada.
 
A diferencia de El Padrino hacían una oferta imposible de aceptar: "capitalizar" los créditos públicos, transformarlos en acciones, asociar al Estado manteniendo a las actuales autoridades de la empresa. En criollo, que el Estado quedara como socio bobo-minoritario y sus funcionarios como cómplices del saqueo.
 
A las tres de la tarde del lunes nadie podía fundar en problemas de mercado la fulminante caída de una cerealera durante el macrismo. Aún en quinchos VIP se suponía que millones de dólares se fueron por la canaleta de la especulación financiera. "Estrés financiero" neologizaba Vicentin en sus comunicados mientras cerraba la ventanilla de pagos.
 
La empresa estaba en jaque. De ponerse, ni hablar.
 
El presidente Alberto Fernández anunció entonces el combo intervención-expropiación. Como herramienta para evitar distintos escenarios imaginables, todos nefastos: la quiebra, la liquidación del patrimonio con desguace, la compra hostil por jugadores foráneos o supuestamente nacionales. No como castigo a la falta de escrúpulos ni a posibles delitos.
 
"Rescate", palabra clave. He ahí el objetivo, afirma desde el primer día Alberto Fernández. Confiscación, ilegalidad, inconstitucionalidad, ponen el grito en el cielo sus adversarios.
 
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La alternativa virtual
 
Perotti no estuvo en el anuncio de la movida. Sí en el encuentro entre el presidente y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas con el gerente general de Vicentin, Sergio Nardelli y un par de acólitos.
 
El gobernador aspiraba a otro tipo de salida. Jamás la venta a conglomerados extranjeros. Pero sí una "alternativa superadora" (nueva expresión clave) a la expropiación.
 
Las variantes manejadas son que el Estado santafesino integre el nuevo diseño comandado por YPF-Agro. O que se sumen cooperativas a la nueva empresa. O confiar en un nuevo emprendedor privado: un virtual comprador argentino dispuesto a honrar las deudas y seguir adelante.
 
Levantar un muerto colosal, hacerse cargo. Justo lo que no asume Nardelli quien, explican asistentes a esa cita en Olivos, "quiere seguir adelante sin hacerse cargo de las consecuencias". Finge demencia o amnesia por lo menos.
 
Hasta ahora se puede apodar Magoya a ese comprador ejemplar. Magoya no existía en el siglo pasado, ya lo cantaba María Elena Walsh. A esta altura del siglo XXI tampoco se deja ver.
 
Pese a ello (o por eso) la cúpula de Vicentin se empaca en su oferta inviable en Olivos o ante el interventor Gabriel Delgado y el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca Luis Basterra que serán sus interlocutores en el futuro.
 
Antes Fernández conversó para abrir espacios de diálogo y probar que no hay ningún ánimo persecutorio personal.
 
La intervención y la expropiación siguen transitando un camino de cornisa sembrado con clavos miguelitos. Los obstáculos surgirán en el Parlamento, en los medios hegemónicos, en los tribunales.
 
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La opo predecible y sacada
 
Nada más previsible que las reacciones de Juntos por el Cambio. Los legisladores opositores claman por debatir en el Congreso salvo que el oficialismo promueva leyes importantes. La palabra "Venezuela" es de uso obligatorio.
 
Un columnista Monsanto friendly de Clarín pierde la chaveta: escribe que la "soberanía alimentaria" es una "pelotudez". La derecha se ne frega de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)... no extraña entonces que injurie un concepto acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mucho tiempo atrás.
 
Las crónicas y entrevistas de los grandes diarios sobre los dueños de Vicentin los describen con ternura, como un conjunto de gente común. Granjeros apacibles y frugales como los Ingalls. O como los Campanelli con mejor posición económica.
 
Dicha gente linda está bajo sospecha de haber fugado divisas, entre otros delitos, lo que explica la presentación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el expediente penal que tramita ante el juez federal Julián Ercolini. Los créditos otorgados en los estertores de la gestión de Javier González Fraga al frente del BNA son injustificables y posiblemente ilícitos.
 
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El mercado opaco
 
En una entrevista difundida en Radio Nacional Folklórica el economista Fernando Porta explicó que el mercado agroexportador es muy opaco pese a lo que afirma la narrativa de las grandes corporaciones "del campo". Se conocen --detalló-- los precios de las transacciones pero no su cantidad.
 
Una parte apreciable del comercio de granos y aceites (desde luego jamás medida) se oculta tras una madeja de subfacturaciones y ventas clandestinas. Con nuestras palabras, el primer objetivo es evadir retenciones. La mercadería gravada se lleva por tierra a Brasil o Paraguay tras atravesar el NEA. A veces el contrabando se traslada en barcaza. Se cobra en negro sin dejar rastro.
 
Las divisas sustraídas al Fisco pueden quedarse en el exterior, configurando fuga. O retornar a suelo patrio por vía de lavado porque esa plata debe "blanquearse". La UIF tiene como labor pre y post Vicentin descubrir esos manejos. Las cuentas off shore informadas por la OCDE que investiga la AFIP pueden sumar datos.
 
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Santa Fe, mitos y política
 
La militancia balconera del macrismo porteño cacerolea contra lo que venga, una agenda por semana. Antaño para que "los políticos se bajen el sueldo". Tras cartón contra las inexistentes liberaciones masivas de presos. Ahora "todos somos Vicentin" lo que no debe leerse como un compromiso conjunto de pagar sus faraónicas deudas.
 
Los movimientos vecinales en Avellaneda y Reconquista (Santa Fe) son genuinos, los protagonizan personas que saben de qué se trata. Suponer que expresan a toda la población de la provincia simplifica, distorsiona. Los trabajadores de Vicentin acompañan la decisión del Gobierno. Tal vez quienes integran su administración, "de cuello blanco" muy cercanos física y familiarmente a la cúpula de la empresa, tengan otra posición.
 
Carece de rigor identificar tamaña empresa con los gringos que trabajan la tierra de sol a sol. Los acopiadores y exportadores integran el mismo circuito productivo pero son otra clase social, facturan distinto. Los acreedores en el juicio concursal son productores, algunos pequeños, otros medianos... a todos los curraron.
 
Perotti demarcó su perspectiva al elogiar la tradición de su provincia, "el arraigo" de los productores. Afronta un escenario político complejo.
 
El socialismo santafesino perdió el año pasado la única provincia que gobernó en su historia. Prosperó allá mientras perdía peso o acaso existencia como fuerza nacional. Muchos de sus dirigentes encuentran oportunidad de reposicionarse.
 
La fracción más numerosa cuestiona a Alberto Fernández. El ex gobernador Miguel Lifschitz es el jefe de la bancada de diputados provinciales, los conduce, despotrica.
 
La ex ministra de la producción Alicia Ciciliani recorre tópicos federales contra el centralismo porteño en un tuit flamígero: "no todo se compra. No todo se vende. Hay pertenencia y dignidad. Con DNU en la CABA no". Llama dignidad a dejar un tendal de perjudicados en la provincia, no en la CABA.
 
Lifschitz conserva fuertes lazos con la crema del empresariado local. En su momento intentó, sin éxito, prorrogar hasta el año 2057 la concesión de Vicentin en el puerto de Rosario que recién vencía en el 2023. El grueso de los intendentes y presidentes comunales del socialismo gobiernan en zonas chacareras de la provincia.
 
Otro ex gobernador socialista, Antonio Bonfatti, encabeza el ala más transigente. Tramitó diferencias con Lifschitz ya durante el gobierno macrista.
 
La figura interna más díscola del peronismo local es el ministro de Producción Daniel Costamagna, ex dirigente ruralista, de CRA. Amenazó con renunciar, hizo declaraciones críticas.
 
Los senadores provinciales peronistas se encolumnan con la movida presidencial y con su gobernador. Representan a toda la geografía provincial porque se los elige por circunscripciones uninominales. No lista única, sino una por cada departamento.
 
Los colegas santafesinos Diego Rubinzal y Gustavo Castro aportaron información para este párrafo. Se agradece. Las opiniones y los eventuales errores corren por cuenta de este cronista.
 
El concurso preventivo tramita en Reconquista. El jurista pampeano Gustavo Arballo alerta, con fino olfato, "el sistema concursal es el Far West del derecho, lo podemos romantizar y hasta 'civilizar' pero de movida es un peligro tanto para lugareños como para forasteros". Peor para forasteros, piensa este escriba y pasa a explicarse.
 
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La cancha inclinada
 
En la Argentina real a nadie se le niega un faso o la judicialización de cualquier medida política. En los tribunales siempre tiene ventaja deportiva quien quiere empiojar o demorar.
 
En los juzgados comerciales, los penales económicos y los contenciosos administrativos las grandes empresas casi siempre juegan de local. En convocatorias de acreedores se acrecienta, casi siempre, la ventaja de los deudores morosos. El VAR a menudo es manipulado por jueces-camaristas más cercanos a ellos que de los acreedores.
 
Para empezar es enorme la asimetría de recursos entre los juzgados y los grandes estudios jurídico contables. Personal, "fierros" informáticos, tiempo disponible. La plata que puede abrir puertas o seducir voluntades. La padecen funcionarios y magistrados honestos, consustanciados con su deber... quienes no lo son las invocan como atenuante.
 
Las distancias crecen en un juzgado de una localidad pequeña o mediana. El poder local influye. El intendente, los medios, los referentes sociales gravitan y se hacen sentir.
 
La magnitud del concurso es descomunal. Cuesta encontrar precedentes en la historia nacional pese a que es generosa en chanchullos, millonarios escapistas y bancarrotas.
 
Un punto de comparación posible, lejano en el calendario, es Sasetru, importante empresa alimenticia creada durante el primer peronismo. Uno de sus dueños, Jorge Salimei, llegó a ser ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía.
 
Caída en desgracia con la ulterior dictadura se desmoronó, terminando en una quiebra gigantesca. Se prolongo durante años, solo se recuperó parte de lo adeudado. La empresa fue desguazada, algunas unidades de negocios se vendieron, muchas fábricas de Sasetru cerraron para siempre, se consumaron despidos a granel. Ese era uno de los porvenires factibles para Vicentin el lunes a las tres de la tarde.
 
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Omisiones y puteadas
 
Llegan tarde quienes objetan que el Estado no debe comprometer la plata de los argentinos en empresas privadas. La deuda total que se reclama a Vicentin en el concurso ronda los 200.000 millones de pesos. Al BNA le corresponden 18.182 millones. Si se suma la AFIP superan el 25 por ciento del total.
 
Productores y proveedores de servicios tienen créditos superiores a los 28.000 millones. Difícil que se embanderen con la cerealera salvo que sean masoquistas o los aqueje el síndrome de Estocolmo.
 
"Fuerte rechazo de entidades empresarias mientras en la UIA hay divisiones" titula el diario Clarín. Un marciano supondría que la UIA es una ONG de librepensadores dedicada a la filatelia o al cuidado de los yaguaretés. Mas no, es la Unión Industrial Argentina cuyos popes discutieron propiamente a las puteadas. Las entidades empresarias PyME apoyan la iniciativa gubernamental.
 
La decisión está tomada, en defensa del patrimonio colectivo, de las fuentes de trabajo. Están bajo la lupa posibles delitos habituales entre los grandes jugadores de la economía doméstica que suelen quedar impunes. De nuevo: usualmente los jueces comerciales llevan la camiseta de las corporaciones. Baqueanos del Foro apodan "Penal cómico" al Fuero Penal Económico.
 
Concretar la expropiación enfrenta rivales de fuste con mucho más poder que escrúpulos. Ningún cambio se consigue sin vencer resistencia del establishment.
 
Por último; la expropiación está prevista en la Constitución que defiende a ultranza la propiedad privada. Y acusar de traidores a la Patria a quienes cuestionan el statu quo es una vieja costumbre de la derecha. Aquella que contrajo una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional y se encolumna simiescamente detrás de "la Embajada".
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La Opinión Popular
 

05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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