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Nacionales - 13-06-2020 / 10:06
PARA EL MACRISMO Y LOS MEDIOS, LO PROPIO ES LO PRIVADO Y LO PÚBLICO ES LO AJENO

La “expropiación” ya la protagonizó Vicentin, que no pagó sus deudas y se quedó con bienes de sus proveedores

La “expropiación” ya la protagonizó Vicentin, que no pagó sus deudas y se quedó con bienes de sus proveedores
Nunca deja de sorprender la forma en que una campaña mediática de confusión y verdades a medias puede dar como resultado ignorancia y bajísimo nivel de ciudadanía. La consigna para convocar al caceroleo contra la expropiación fue “defendamos lo nuestro”. No hay nada más nuestro, en ese caso, que el Banco Nación, que es el perjudicado por esa acción. Pero en esa consigna es al revés: lo público es “lo ajeno” y lo privado es “lo nuestro”.
El radicalismo PRO, los legisladores que denunciaron a Alberto Fernández y los empresarios que pusieron el grito en el cielo no plantearon alternativas que: rescaten al grupo Vicentin, paguen su deuda con el Banco Nación y la AFIP, paguen sus deudas con 2500 productores de Córdoba y Santa Fe, eviten la transnacionalización o el desguace de la empresa y mantengan las fuentes de trabajo.
 
Hasta ahora las salidas que proponen implican trasnacionalización o desguace. Lo cual implica además despidos en masa. Y ninguna contempla el pago de las deudas, lo cual mezcla la quiebra de miles de productores rurales y un agujero considerable en las finanzas públicas ya en crisis. Los planteos opositores y empresarios no tienen salida concreta y sólo tratan de hacer una cruzada ideológica.
 
Desde 2015, Vicentin aportó unos 50 millones de pesos a las campañas de Mauricio Macri y fue el principal sostén de las campañas de Miguel del Sel en Santa Fe. Es un dato que explica el  favoritismo en la concesión de préstamos tan irregulares, por lo cual la oposición no lo agita demasiado.
 
El endeudamiento de Vicentin está plagado de irregularidades. Cerca de 100 millones de dólares fueron prestados por el Nación entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, después que Macri perdiera las elecciones. Fueron 26 operaciones por las cuales el Banco prestó 95,5 millones de dólares. La empresa ya estaba en cesación de pagos. Y cuando recibió los préstamos, se declaró en concurso de acreedores, o sea en quiebra.
 
Le daban esa fortuna inmensa a quien no estaba pagando sus deudas, cosa que lógicamente, no hace nadie, y menos un banco. Esa deuda sería imposible de cobrar. Pero como cambiaba el gobierno, le dejaban el muerto al que venía. La operatoria es irregular a dos bandas, por parte del Banco de esa época, cuando lo presidía Javier González Fraga, y por parte de los empresarios de Vicentin.
 
Como sucede con las quiebras en situación de crisis, los compradores privados que se insinuaron buscan una pichincha. No van a pagar demasiado por una megaempresa con semejante agujero en las cuentas. La jugada es comprar por migajas y después vender por partes y aprovechar la desidia estatal para diluir esa deuda.
 
La reunión con Alberto se realizó en ese marco. El sueño del empresario en problemas es sumar al Estado como el "socio bobo" que pone la plata pero no interviene en las decisiones. Es la idea subyacente en la oposición a la expropiación y fue la que planteó Nardelli y rechazó Fernández.
 

 
Banco Nación y Vicentin: Lo propio, lo ajeno
 
El radicalismo PRO, los legisladores que denunciaron a Alberto Fernández y los empresarios que pusieron el grito en el cielo no plantearon alternativas que rescaten al grupo Vicentin, paguen su deuda con el Banco Nación y la AFIP, paguen sus deudas con 2500 productores de Córdoba y Santa Fe, eviten la transnacionalización o el desguace de la empresa y mantengan las fuentes de trabajo.
 
Pero demonizan la decisión del Gobierno que es la única que cumple esas condiciones. Si fueran honestos, deberían decir que aceptan el desguace y los despidos y que quieren que las deudas las pague Magoya, que viene a ser el Gobierno.
 
La expropiación de Vicentin no es ideológica para un Gobierno, que es lo que menos hubiera deseado. Ni siquiera forma parte de la oleada de estatizaciones que se producen en el mundo como consecuencia de la crisis pandémica.
 
En el Frente de Todos no estaba en discusión la expropiación de ninguna empresa y menos de semejante monstruo. La negociación de la deuda externa impagable que dejó el gobierno macrista postergó los debates sobre otros aspectos de la economía.
 
Lo que menos hubiera deseado es verse en la obligación de expropiar una de las empresas más grandes del país en medio de una negociación que se articula con respaldos internacionales que no tienen simpatía por estas medidas.
 
Los planteos que tratan de ideologizar la medida extrema que tomó el Gobierno no tienen sustento. Pero es evidente que la decisión tensiona grandes intereses que intervienen en los negocios de Vicentin o tienen deudas con el Estado en condiciones similares. Y como no pueden reconocer que lo hacen por interés, acuden a una especie de macarteada ideológica: "vamos a ser Venezuela".
 
Ni siquiera se trata sólo del "rescate" de una empresa nacional, que de por sí lo ameritaría. Sino que se trata también del "rescate" del Banco Nación, que no puede tener una deuda impaga que ascienda a la tercera parte de sus beneficios. Esa deuda impaga pone el Banco al borde de la quiebra.
 
El Nación es el mayor acreedor por lejos con relación a otros bancos: 300 millones de dólares. Y AFIP (150 millones de dólares) es el segundo en esa categoría. O sea, el Estado, la sociedad, nosotros, los argentinos, perdemos mucho dinero si el Estado no expropia.
 
Hasta ahora las otras salidas implican trasnacionalización o desguace. Lo cual implica además despidos en masa. Y ninguna puede contemplar el pago de las deudas, lo cual implica la quiebra de miles de productores rurales y un agujero considerable en las finanzas públicas ya en crisis. Los planteos opositores y empresarios no tienen salida concreta y sólo tratan de hacer esta campaña ideológica como guerra de desgaste.
 
El endeudamiento de Vicentin está plagado de irregularidades. Cerca de 100 millones de dólares fueron prestados por el Nación entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, después que Mauricio Macri perdiera las elecciones. Fueron 26 operaciones por las cuales el Banco prestó 95,5 millones de dólares. La empresa ya estaba en cesación de pagos. Y cuando terminó de recibir los préstamos, se declaró en concurso de acreedores, o sea en quiebra.
 
Le daban esa fortuna inmensa a quien no estaba pagando sus deudas, cosa que lógicamente, no hace nadie, y menos un banco. Esa deuda sería imposible de cobrar. Pero como cambiaba el gobierno, le dejaban el muerto al que venía. La operatoria es irregular a dos bandas, por parte de las autoridades del Banco de esa época, cuando lo presidía Javier González Fraga, y por parte de los empresarios de Vicentin.
 
Como sucede con las quiebras en situación de crisis, los compradores privados que se insinuaron buscan una pichincha. No van a pagar demasiado por una megaempresa con semejante agujero en las cuentas. La jugada es comprar por migajas y después vender por partes y aprovechar todo lo que se pueda la desidia estatal para diluir esa deuda.
 
Como dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti: "El Presidente está abierto a todas las propuestas". Si es que surge alguna que cumpla las condiciones necesarias.
 
Con la expropiación, el Estado no reembolsa el dinero que prestó, ni el que le deben a la AFIP, pero lo recupera a través de un activo que además es productivo y puede cumplir un papel estratégico en la economía como empresa testigo en el mercado de una actividad tan sensible como es la producción, comercialización y exportación de alimentos.
 
La demostración de que ni la empresa ni el Gobierno tenían demasiado margen para hacer otra cosa es que cuando el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, pidió la entrevista con el Presidente, Alberto Fernández puso como condición que los gerentes y la plana mayor de la empresa aceptaran la intervención. El Gobierno quería impedir el éxodo de los cuadros medios que conocen el funcionamiento del negocio.
 
La reunión se realizó en ese marco. El sueño del empresario en problemas es sumar al Estado como el socio bobo que pone la plata pero no interviene en las decisiones. Así sucedía con las AFJP. Es la idea subyacente en la oposición a la expropiación y fue la que planteó Nardelli y rechazó Fernández.
 
Los dueños de Vicentin no tienen buena imagen en el mundo empresario. Y en Santa Fe, la reacción contra la intervención se focalizó en Avellaneda, donde están las oficinas principales de la empresa. Pero en el resto de la provincia, la intervención no es mal vista y los trabajadores la respaldan.
 
La medida se prestó a la consabida campaña de versiones de las corporaciones mediáticas, desde supuestas críticas a la expropiación por parte de veinte embajadores que rápidamente lo desmintieron, hasta anuncios de acuerdos que evitaban la expropiación, que también fueron desmentidos.
 
Lo más simpático: Clarín publicó un extenso artículo con declaraciones de su viejo archienemigo público, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, que critica la expropiación.
 
Aparecieron Domingo Cavallo y Eduardo Duhalde para advertir y aconsejar. Y no faltaron analistas que vieron en la expropiación un avance del "cristinismo" sobre el "albertismo". Las organizaciones rurales se dividieron: CRA y SRA en contra. Coninagro más o menos y Federación Agraria respaldó la medida.
 
Desde 2015, Vicentin aportó unos 50 millones de pesos a las campañas de Mauricio Macri y fue el principal sostén de las campañas de Miguel del Sel en Santa Fe. Es un dato que puede indicar favoritismo en la concesión de préstamos tan irregulares, por lo cual la oposición no lo menea demasiado.
 
Pero también podría indicar animosidad en la decisión de expropiar. Ni el favoritismo de unos o la animosidad de otros fue determinante en una decisión que resulta molesta (por el momento en que debe concretarse) y obligatoria (por el volumen de la deuda) para unos y otros.
 
La decisión de intervenir antes de expropiar tiene figuras legales que la respaldan y el motivo es obvio. La intervención es inmediata mientras que la expropiación sufrirá las demoras de un debate arduo en el Congreso. En ese lapso pueden pasar muchas cosas.
 
La gestión de la megaempresa se realizará en función de la documentación que se encuentre y en dos o tres semanas puede desaparecer y borrarse gran cantidad de datos sobre las operatorias.
 
Hay una biblioteca de leyes para fundamentar la intervención y la expropiación. El ataque a la propiedad no lo protagonizó el Gobierno, sino la empresa que no pagó sus deudas y se quedó con bienes de sus proveedores.
 
De todos modos habrá una fuerte campaña mediática y política contra el Gobierno y se pretenderá judicializar el conflicto. La prueba de fuego para el oficialismo estará en la solidez de sus propias filas y las alianzas y en su capacidad de comunicar. En estas situaciones desaparecen los campos intermedios y el que afloja, pierde.
 
Nunca deja de sorprender la forma en que una campaña mediática de confusión y verdades a medias puede dar como resultado ignorancia y bajísimo nivel de ciudadanía. La consigna en CABA el miércoles para convocar al caceroleo contra la expropiación fue "defendamos lo nuestro".
 
No hay nada más nuestro, en ese caso, que el Banco Nación, que es el perjudicado por esa acción. Pero en esa consigna es al revés: lo público es "lo ajeno" y lo privado es "lo nuestro". Es una forma grave de enajenación.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La Opinión Popular
 

05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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