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Nacionales - 12-06-2020 / 10:06
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La pelea no es por Vicentin sino por el control del mercado de granos

La pelea no es por Vicentin sino por el control del mercado de granos
La reacción que generó la intervención no tuvo que ver con la empresa sino con el límite político que el establishment le quiso imponer a Fernández. Un límite que, de paso, le sirvió a la oposición macrista para tomar algo de aire y salir del debate sobre la cuarentena justo cuando el pico de contagios empezaba a devolverle legitimidad.
El problema -y lo que está en juego- en Vicentín es precisamente el control. No solo en términos accionarios. Lo que procura el Gobierno con la Vicentín mixta pero conducida por el Estado es tener una empresa testigo que le sirva en el mercado de granos para lo que le sirve YPF en el de energía: para no estar ciego.
 
Lo más parecido a construir una Junta de Granos del siglo XXI, aun cuando la coyuntura global actual no le permita siquiera arrimarse a las atribuciones que tenía el organismo que fundó Agustín P. Justo en 1933 y disolvió Domingo Cavallo en 1991. Ese objetivo -saber de primera mano si hay triangulación de exportaciones, si se retacean divisas o si se evade en el sector más dinámico de la economía- vale el riesgo de eventuales juicios, dicen en Olivos.
 
Nardelli venía tratando de evitar perder ese control desde agosto, cuando Macri perdió las PASO. Ese mes reunió a sus competidores y les propuso venderles parte de la compañía o trabajar para ellos "a façon". Es decir, alquilarles su planta de molienda a cambio de un canon.
 
Pero con 3 dólares por tonelada (lo que se paga por esa façon) no llegaba a cubrir los intereses comprometidos. "Acá se arrastran malos manejos empresariales de años. Y mucha soberbia", disparó uno de esos competidores, que antes de la gestión de Nardelli tenía buena relación con la firma.
 
La maldición del mundo corporativo dice que la primera generación funda una empresa familiar exitosa, la segunda la hace crecer y la tercera la funde. Pero la reacción que generó la intervención no tuvo que ver con la empresa sino con el límite político que el establishment le quiso imponer a Fernández. Un límite que, de paso, le sirvió a la oposición macrista para tomar algo de aire y salir del debate sobre la cuarentena justo cuando el pico de contagios empezaba a devolverle legitimidad.
 

 
El martes a la mañana, Paolo Rocca dejó mudo al directorio de su constructora.
 
-Le voy a pedir a Alberto que nos estatice. Así se queda con la deuda de todo este año.
 
El CEO de Techint Ingeniería y Construcción, Carlos Bacher, tragó saliva. Recién respiró aliviado cuando su jefe se largó a reír a carcajadas, un segundo después, de la cara de susto que habían puesto todos. Habitualmente parco y hasta desdeñoso con quienes no considera a su altura, el magnate disfruta mucho de la ironía en la intimidad.
 
El anuncio del día antes de Alberto Fernández sobre Vicentin había puesto las palabras "intervención" y "expropiación" en boca de todo el círculo rojo.
 
Al mediodía, el mismo martes, el lobista en jefe de la "T" llevó la opinión de Rocca a la Junta Directiva de la Unión Industrial. "Esto es el primer paso pero no va a ser el último. No lo podemos permitir", vociferó Luis Betnaza desde su casa, frente a su laptop.
 
Más de 50 industriales de todo el país lo escuchaban por Zoom. El aceitero Miguel Acevedo, jefe de la central fabril y CEO de la última competidora nacional de Vicentin, presidía la sesión en silencio.
 
La arenga dio lugar a una catarsis colectiva. "Hay que trazar una línea y demostrarles que hasta acá llegaron. Éste es el límite, no lo podemos permitir", dijo el presidente de la Cámara del Software, Miguel Calello.
 
"La UIA tiene que ser muy clara en el mensaje", sumó el protesorero Martín Rappallini. El presidente de la Federación de la Industria Textil (FITA) y dueño de Algodonera Del Valle, Luis Tendlarz, fue más allá: "¡Hay que gritar! ¡Gritar sin reparos!", exigió.
 
El rosarino Guillermo Moretti les salió al cruce. Pidió cautela y advirtió que muchas fábricas santafesinas corren riesgo de quebrar en caso de que Vicentin termine haciéndolo, tal como aseguran en el Gobierno que ocurrirá si no hacen nada.
 
Cercano al oficialismo nacional pero con mejor llegada al gobierno de Omar Perotti, Moretti también les recordó a sus colegas que la asistencia del Estado se convirtió en una norma por la pandemia. Incluso entre los que protestaban, salvo los que se bajaron del plan ATP porque tienen sedes offshore o porque no aceptaron el requisito de no comprar dólares en la Bolsa por dos años.
 
José de Mendiguren operó desde las sombras. Aunque Fernández lo puso al frente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una de las víctimas estatales del pagadiós de Vicentin, sigue ocupando una silla en la Junta de la UIA.
 
Por Whatsapp, mientras seguía la reunión por Zoom, les escribió a varios: "¿Ustedes a quién tienen atrás? ¿A los milicos? ¿Para qué lo quieren esmerilar a Alberto? ¿Qué creen que viene si cae Alberto? ¿Cavallo? ¿O Cristina?".
 
Acevedo terció para sugerir cautela. Hizo equilibrio con un texto que instaba a "garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad", sin condenar la decisión oficial. Cuando lo leyó, Betnaza le mandó un mail iracundo con copia a casi todos los presentes.
 
"Miguel, lo que sacaste en el comunicado no refleja lo que resolvió la Junta Directiva y a pesar de que varios lo señalamos te manejaste como si fuera tu opinión más importante que el órgano más representativo de la institución. Creí que eras más respetuoso", le espetó.
 
 
Peras y Manzanos
  
La gestión de la "T" fue más efectiva en otras cámaras patronales. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde Techint y Clarín suelen imponer sus criterios casi sin discusión, advirtió que se violaba la seguridad jurídica y que el anuncio era "un grave error", como a las pocas horas repitieron desde el peronismo Guillermo Moreno y Eduardo Duhalde.
 
La Cámara de Comercio reclamó "normas claras y estables". El Foro de Convergencia Empresarial reclamó a la Justicia y al Congreso que "actúen para revertir esta medida sumamente negativa para el futuro de Argentina".
 
Paradojas de la historia: una de las adherentes al Foro es la Fundación Carlos Pellegrini, que lleva el nombre del fundador del Banco Nación, de donde salieron los préstamos más cuantiosos que recibió Vicentin. Un 40% de ese dinero, para peor, fue desembolsado cuando la empresa ya había entrado en cesación de pagos y Mauricio Macri ya había perdido las elecciones.
 
El Gobierno estuvo mucho más lento de reflejos. Recién ayer aparecieron los apoyos del Sindicato de Aceiteros San Lorenzo y de la Unión de Recibidores de Granos (URGARA).
 
La Federación de Aceiteros y Desmotadores, a la que adhieren los empleados de Vicentin fuera del polo de San Lorenzo, ya había salido a respaldar la decisión el martes. Todos, como el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se enteraron de la decisión por televisión.
 
Pero si Claudio Moroni se hubiera movido desde el Ministerio de Trabajo entre lunes y miércoles con la eficiencia de Betnaza en el mundo del lobbying o de Héctor Magnetto a la hora de construir un clima mediático adverso al anuncio, la relación de fuerzas habría sido otra.
 
El fin de semana, cuando tomó la decisión, Alberto Fernández ponderó tres datos que le aportó Matías Kulfas. Primero, que se agotaba el tiempo para una solución "de mercado" porque, por ejemplo, los sueldos no iban a ser depositados en tiempo y forma y la operación empezaba a resentirse.
 
Segundo, que las tres alternativas sobre la mesa para que Vicentin siguiera en manos privadas incorporaban al Estado como aportante -sobre todo con prórrogas impositivas y quitas de la deuda- pero no como decisor. Y tercero, que cualquiera de los 2.400 acreedores anotados en el concurso estaba en condiciones de pedir la quiebra.
 
Una de las alternativas, la que empujaba la sociedad de bolsa Allaria Ledesma y con la que colaboraba técnicamente el exviceministro Emmanuel Álvarez Agis, era la que tenía a José Luis Manzano como inversor.
 
Las otras dos salidas "de mercado" para evitar la quiebra y el colapso de la firma eran que Glencore ampliara su participación (ya es socia de Vicentin en Renova, la perla del grupo) o que entrara un exCEO de Louis Dreyfus, otra de las cinco grandes del comercio de commodities.
 
Pero el posible aterrizaje de Manzano no fue lo que Fernández quiso evitar, contra lo que sugirieron varios interesados. "Nadie nunca creyó seriamente que Manzano fuera a poner plata. ¿Alguna vez lo viste hacerlo?", se rió anoche ante BAE Negocios uno de los presentes en la reunión con el CEO, Sergio Nardelli.
 
 
Aceite y política
 
El mandamás de Vicentin, capitán los fines de semana del yate 'Champagne', no se volvió anoche a Santa Fe con ninguna noticia como para descorchar uno. "No tengo nada contra usted, no quiero tirarlo por la ventana a usted ni a nadie. Ayúdenos a que esto salga bien. Colabore con la intervención", le dijo Fernández.
 
Él contrapropuso una salida "nacional pero privada": que ingrese YPF Agro como accionista, que le compre la deuda al Banco Nación y que su familia le ceda acciones, pero no el control. El gobernador Omar Perotti, que llegó con él a la Quinta, lo respaldó tímidamente. "Para eso ya es tarde", respondió el Presidente.
 
"El tipo hablaba como si no tomara dimensión del quilombo que generó", definió ante este diario otro de los presentes.
 
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La Opinión Popular
 

05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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