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Nacionales - 09-06-2020 / 12:06
ESTÁN IMPUTADOS PENALMETE JAVIER GONZÁLEZ FRAGA Y LOS TITULARES DE LA EMPRESA

La escandalosa historia de los créditos del Banco Nación a Vicentin en el macrismo

La escandalosa historia de los créditos del Banco Nación a Vicentin en el macrismo
La cerealera no cumplió con ninguna de las reglamentaciones bancarias pero el Nación encabezado por González Fraga le siguió prestando. Hasta le otorgó 5.785 millones cuando la empresa ya estaba en cesación de pagos y faltaban días para que Macri deje el Gobierno. La empresa fue uno de los principales aportantes a la campaña macrista.
La historia del default de Vicentin va en paralelo al sostenido apoyo crediticio obtenido por la firma por parte del Banco Nación (BNA) conducido por Javier González Fraga. La desastrosa gestión de Cambiemos al frente del mayor banco público del país le otorgó préstamos a Vicentin por 18.182 millones de pesos. Solamente en noviembre del año pasado, con la empresa ya en cesación de pagos y el gobierno en la puerta de salida, el Banco Nación le otorgó 5785,4 millones de pesos.
 
"Si surgiera evidencia de defraudación al Estado durante la administración anterior, se harán la denuncias pertinentes ante la Justicia. Ésta no es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Es un empresa que estaba en un concurso preventivo de acreedores", indicó el presidente, Alberto Fernández, en el anuncio de la intervención estatal en la firma y el envío de un proyecto de ley para expropiarla.
 
El tema ya está en la Justicia. De hecho, González Fraga está imputado por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita, junto con los responsables de la firma Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.
 
En su presentación, Pollicita sostuvo que "se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin S.A.". La investigación está a cargo del juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal pidió medidas de prueba.


Cuando el Estado "intervino" dándole 300 millones de dólares al Grupo Vincentin -sin respaldo ni garantías- ninguno de los dirigentes neoliberales macristas que hoy se indignan dijo nada, de nada. Tampoco cuando Vicentín pretendió estafar al banco de todos los argentinos. Ni explican que peligraba la continuidad operativa de la empresa y los puestos de trabajo.

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En su informe sobre la actuación del banco en relación a Vicentin, Claudio Lozano, actual director del BNA, explicó que "el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas".
 
"Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco".
 
"Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión".
 
De la deuda total con el Banco Nación que la exportadora de granos, harinas y aceites Vicentin acumuló al momento de la convocatoria de acreedores, 18.182,3 millones de pesos, casi la tercera parte, 5785,4 millones, le fueron otorgados en el mes de noviembre de 2019, cuando ya la empresa estaba en cesación de pagos.
 
Así consta en el legajo del Banco Nación en el expediente por el que se tramita la convocatoria de acreedores de Vicentin. Allí se detallan las 26 autorizaciones de crédito que el Banco Nación, presidido todavía por González Fraga, le otorgó a Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre para que retirara en créditos de prefinanciación de exportaciones 95,5 millones de dólares. Una semana después del último retiro, la empresa se presentó en convocatoria de acreedores.
 
Según explicó el actual vocero de la entidad bancaria, Sergio Resumil, "al asumir la nueva conducción se hizo un análisis de la situación y se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes y que no se habían cumplido la mejoras prácticas en su otorgamiento. Entonces se dispuso iniciar un sumario administrativo".
 
A la fecha la empresa tiene una deuda bancaria total de poco más de 23.500 millones de pesos, entre ellos los 18.000 millones tomados con el Banco Nación. Además, la firma tiene cheques rechazados por un total de 60 millones de pesos y fuertes deudas con proveedores.
 
Fuente: Página12
 

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05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
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05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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