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Nacionales - 08-06-2020 / 10:06
LA POSICIÓN DEL FONDO DESORIENTA A LOS ACREEDORES PRIVADOS

¿Por qué el FMI apoya la oferta argentina?

¿Por qué el FMI apoya la oferta argentina?
El FMI, histórico auditor de la economía para garantizar el pago de la deuda ahora respalda la quita a los acreedores. Las alianzas internacionales que tejió Alberto Fernández, la corresponsabilidad del FMI con el fiasco macrista y el coronavirus. Argentina como caso testigo para las crisis de deuda que se vienen de varios países.
El Fondo Monetario Internacional ha sido históricamente el auditor de los acreedores de los países endeudados. Su tarea tradicional es exigir ajustes en la economía para generar los excedentes necesarios para garantizar el pago de la deuda.
 
El trabajo de estrujar las cuentas públicas y de presionar a los gobiernos para cuidar los intereses de los acreedores no lo está ejerciendo en estos momentos.
 
En las actuales circunstancias de una economía global en jaque, el FMI ha cambiado el lugar que ocupaba en esa disputa: está apoyando la posición del deudor y ahora la presión la aplica sobre los acreedores, aunque con modales más suaves de los que tenía con los países endeudados.
 
Es una alteración del rol del Fondo que resulta interesante analizar, por encima de consignas previsibles de izquierda y de derecha, y conociendo que está generando también tensiones al interior del organismo.
 
Nunca antes el FMI respaldó las posiciones de la Argentina con tanta firmeza como ahora, y más cuando está en juego miles de millones de dólares por un acuerdo con poderosos acreedores de Wall Street.
 
Es probable que, luego de superar la instancia de negociación con los grandes fondos de inversión, el gobierno de Alberto Fernández se encuentre con el viejo FMI.
 
La luna de miel que está viviendo el staff del Fondo con el equipo económico puede concluir cuando esos mismos técnicos pasen a exigir ajuste fiscal y monetario para redefinir un nuevo programa financiero por la deuda de 44 mil millones de dólares.
 
Mientras tanto y hasta que llegue ese momento, el equipo económico liderado por Martín Guzmán disfruta de un impensado aliado en la puja con los acreedores privados.
 

 
Disputa
  
La negociación de la deuda en virtual default es bastante diferente al previsto antes de que las partes comenzaran a preparar el escenario de disputa.
 
Como indicaba la historia de las refinanciaciones de deuda, los acreedores esperaban que primero el país cerrara un programa de ajuste con el FMI para sentarse en la mesa a conversar.
 
Ese acuerdo marcaría un sendero fiscal para definir los excedentes disponibles para pagar los intereses de la deuda. O sea, el deudor debía pasar por las manos de la tecnoburocracia de Washington para, luego de ser ablandado con exigencias sobre el plan económico, comenzar la negociación con los acreedores.
 
El Fondo actuaba de ese modo como la primera pinza de apriete al deudor para que los acreedores pueden utilizar la segunda para cerrar un acuerdo favorable a sus finanzas.
 
Por varios factores locales y externos que confluyeron en estos meses, esa dinámica tuvo una súbita alteración. Ha sido tan imprevista que los fondos de inversión y sus voceros todavía no pueden aceptar ese cambio y quedan una y otra vez descolocados ante cada pronunciamiento del FMI, desde opiniones de Kristalina Georgieva, la número uno de la institución, pasando por informes técnicos del staff hasta por simples declaraciones del encargado de prensa.
 
Una prueba de la desorientación de los acreedores fue la bravuconada del mexicano Gerardo Rodríguez, el financista de BlackRock , cuando le dijo al ministro Guzmán que ellos tienen espalda para esperar a negociar con otro gobierno. No le fue bien a Rodríguez con esa amenaza. BlackRock lo retiró del trato con Argentina.
 
A Guzmán también lo apuraron diciendo que ellos -los fondos acreedores- podrían cambiar el staff del Fondo todas las veces que quisieran. La orientación que está teniendo la negociación no muestra esa capacidad de remover técnicos del organismo que elaboran documentos que respaldan la oferta argentina .
 
 
2001/2005
  
El antecedente cercano para identificar la modificación del comportamiento del FMI se encuentra en la anterior crisis de deuda. El default 2001 se declaró un año después de que el Fondo otorgara al gobierno de Fernando de la Rúa un apoyo importante para sostener la convertibilidad.
 
Cuatro meses antes de la cesación de pagos, cuando la devaluación y la debacle financiera eran debatidas como una probabilidad cercana en los mercados local e internacional, el FMI amplió el stand by en 8000 millones de dólares, efectivizó inmediatamente un desembolso y cuando tenía que hacer otro, a principios de diciembre de 2001, lo frenó.
 
La debacle argentina fue puesta como un caso emblemático para los críticos de la gestión del FMI en la administración de crisis económicas que derivan en financieras.
 
Los cuestionamientos motorizados por el nuevo gobierno republicano de Estados Unidos endurecieron al directorio y a su staff. El Fondo apoyó el rechazo de los acreedores a la primera propuesta de canje de deuda, denominada Plan Dubai.
 
El FMI presionó de diversas formas al gobierno de Néstor Kirchner y le reclamó en más de una oportunidad que diera señales concretas de actuar de "buena fe".
 
Los ministros de Finanzas de los países potencia reunidos en el G-7 también manifestaron en un comunicado conjunto, en junio de 2004, que Argentina debía acelerar los tiempos y dar muestras de estar actuando de "buena fe".
 
El giro de las posiciones en el actual proceso de negociación es notable: el FMI alienta la oferta argentina, exige que los acreedores bajen sus pretensiones y los países europeos miembros del G-7 acompañan al gobierno de Fernández. El silencio de Estados Unidos en esta puja es una pieza a favor de Argentina.
 
La muletilla "buena fe" fue parte de la estrategia inicial de los acreedores, pero rápidamente tuvieron que descartarla por la eficaz política de sumar aliados y la voluntad de pago -previa quita- demostrada por el ministro Guzmán.
 
 
Trauma
  
El gobierno de Mauricio Macri arrojó al FMI a registrar uno de sus más resonantes fracasos. El plan económico y el consiguiente programa financiero naufragaron en forma estrepitosa.
 
El Fondo entregó el crédito más abultado de su historia a un solo país y a ritmo acelerado. En apenas doce meses desembolsó 44 mil millones de dólares.
 
Concentró gran parte de su cartera crediticia de ese modo en un solo deudor debilitando el perfil de su estructura financiera.
 
Si había que dar todos los pasos para construir un desastre económico, la conducción de Christine Lagarde los concretó con soberbia asombrosa.
 
Lagarde consiguió el ascenso a ser titular del Banco Central Europeo y ocupó su lugar la búlgara Kristalina Georgieva.
 
Los lectores de este diario fueron informados en estas páginas desde hace varios meses, a mediados de enero pasado, de los cambios que implicaba la nueva conducción del FMI. La ironía "Georgieva peronista" muchos no la entendieron, pero quienes sí lo hicieron hoy no deberían estar sorprendidos con el apoyo que recibe la oferta argentina y la confluencia de intereses para cerrar un acuerdo de deuda con los acreedores.
 
Después de la sucesión de fiascos de los '90, la crisis de 2008 le permitió al FMI recuperar un papel relevante en el sistema financiero internacional. Una eventual debacle argentina volvería a arrojar al organismo a un espacio público de cuestionamientos generalizados acerca de la calidad de sus intervenciones en los países.
 
Georgieva y el staff técnico necesitan con urgencia superar el trauma del gobierno de Macri para dar vuelta la página de ese estruendoso fracaso.
 
En la práctica, el FMI reconoce implícitamente la corresponsabilidad por el fiasco macrista y avanza entonces en apoyar la reestructuración de deuda del gobierno de Fernández que vino a ordenar el desquicio financiero heredado.
 
 
Covid-19
  
La conducción de Georgieva es una anomalía respecto a las anteriores, que han estado subordinadas a la línea política del número dos de la institución, que siempre es estadounidense.
 
Asumió imponiendo una impronta personal, no sólo como figura pública como los anteriores número uno del organismo desde Michel Camdessus, Horst Köhler, Rodrigo Rato, Dominique Strauss-Kahn y Christine Lagarde, sino que también al renovar con rapidez la dirección de la institución.
 
El primer subdirector gerente, delegado de los Estados Unidos en la gestión diaria del Fondo, David Lipton, fue desplazado. Lipton fue uno de los principales impulsores del salvataje financiero extraordinario al gobierno de Macri. Su reemplazante es Geoffrey Okamoto que viene directo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
 
El FMI enfrenta una situación de stress financiero como nunca antes lo vivió. Esto se debe a que la crisis Covid-19 es inédita por su magnitud. Una debacle similar fue la del '30 del siglo pasado, pero en esos años el FMI no existía. Es una situación que lo pone entonces bajo tensión financiera por la cantidad de pedidos de auxilio que está recibiendo.
 
Por eso es tan importante el precedente que dejará el acuerdo argentino con los acreedores porque existe una extensa lista de países con problemas de deuda externa. Varios ya tocaron la puerta del Fondo para pedir un préstamo de urgencia. Sólo este viernes la junta ejecutiva aprobó dos créditos, uno de la línea rápida Covid-19 a Liberia por 50 millones para atender la pandemia y otro dentro del programa stand by para Egipto por 5200 millones de dólares.
 
Entre los países de Latinoamérica que en estas semanas recibieron líneas de asistencia financiera se encuentran Paraguay (274 millones de dólares), Ecuador (643 millones), Perú (11.000 millones), Bolivia (327 millones) y Chile (23.930 millones de dólares).
 
 
¿Quién paga la cuenta?
  
La crisis financiera global provocada por el coronavirus colaboró para que la oferta de reestructuración de deuda argentina alejara momentáneamente a los organismos multilaterales de los intereses de los grandes fondos de inversión.
 
Como se explicó arriba, muchos países demandan auxilios urgentes que definen un cuadro muy exigente sobre las finanzas del FMI. Aparece entonces la tensión acerca de cómo se distribuirá el costo de esta crisis, o sea quienes ponen los recursos para los salvatajes y quienes asumen pérdidas por defaults o reestructuraciones de deudas soberanas.
 
El dinero del FMI es aportado por sus países miembros pero algunos tienen una participación mayor en el capital de la institución. Estados Unidos es el principal accionista con casi el 17 por ciento del total y, por lo tanto, es el país que más fondos debería sumar.
 
Para que el alivio financiero a los países sea mayor y, por lo tanto, el FMI (el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y los ministerios de Finanzas de países europeos) tenga que aportar menos recursos, los acreedores privados deberían aceptar una quita (capital e intereses) de la deuda.
 
Esta tensión está produciendo provisorios -no definitivos- variaciones en el ordenamiento del poder financiero internacional. El Fondo seguirá como auditor gerente de los acreedores privados, pero ahora no está preparado para amortiguar el monto de sus quebrantos.
 
Estos acreedores además no son los tradicionales bancos comerciales (Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank) o de inversión (Goldman Sachs, Merrill Lynch), sino que son fondos administradores de carteras de inversión (BlackRock, Templeton, Fidelity) que no tienen una historia de vínculos con el FMI.
 
Por su parte, Estados Unidos se resiste a la emisión adicional de DEG (la moneda del FMI) que significaría un giro de recursos para cada uno de los miembros de la institución (a la Argentina le correspondería el equivalente a unos 3500 millones de dólares), lo que aliviaría el cuadro financiero global. No quiere ampliar el capital de DEG porque entregaría fondos a países (Venezuela, Irán) con los cuales está en conflicto.
 
La administración Trump considera además que sería una medida pro globalización, como la que impulsó Barack Obama en 2009. Quienes conocen los pasillos del FMI dicen con sarcasmo que Estados Unidos aprobaría la emisión DEG si se lo convence de que es una iniciativa que perjudicaría a China.
 
 
Sustentabilidad
  
En el Fondo insisten y quieren enfatizar con que no apoyan a ninguna de las dos partes de la negociación (ni a los acreedores ni a la Argentina). Están inquietos con que haya una evaluación de preferencia sobre la posición argentina.
 
Se preocupan en dejar en claro que el objetivo que tienen es de "sustentabilidad de la deuda". Señalan que, en base a ese criterio, el staff técnico elaboró un primer informe definiendo la deuda argentina como insustentable, luego presentaron otro precisando el margen de alivio (quita de capital y de intereses) necesario para hacerla sustentable y el más reciente señalando que es muy estrecho el espacio para reconocer un valor (presente neto) superior a 50 centavos por dólar de la actual deuda.
 
Esta es la posición oficial del FMI.
 
El criterio de sustentabilidad de la deuda en la práctica favorece a la Argentina porque está en línea con la oferta elaborada por Guzmán. Ese enfoque compartido con el FMI le ha entregado al ministro un arma de negociación y de protección muy potente.
 
El golpe a los acreedores ha sido tan fuerte que no pudieron construir una campaña discursiva convincente para imponerse en el debate público. Esa carencia queda reflejada en la legión de voceros mediáticos que minimiza los pronunciamientos del FMI, cuando antes eran la biblia de sus comentarios, y sólo les queda la débil táctica de menospreciar la tarea de Guzmán.
 
El enfoque de sustentabilidad del FMI también es importante, fundamentalmente, porque ha modificado la secuencia de las exigencias.
 
La línea tradicional era reclamar un plan económico que garantice un sendero de consolidación fiscal (superávit) para luego determinar la estructura de los pasivos públicos. Ese pedido hubiera implicado definir previamente un ajuste fiscal en una economía en recesión para ofrecer un horizonte de pago a los acreedores. En cambio, fijar como prioritario el nivel de sustentabilidad de la deuda implica reestructurarla primero y después discutir el rumbo fiscal.
 
El cambio de prioridades (primero la quita de la deuda y después la cuestión fiscal con el programa del FMI) beneficia la posición argentina ante los acreedores privados.
 
Esta estrategia del FMI también está vinculada a que un mayor alivio sobre la deuda con acreedores privados mejorara el horizonte de cobrar el crédito entregado a la Argentina de Macri.
 
El Fondo ratifica de ese modo su lugar de acreedor privilegiado y prepara mejores condiciones para la renegociación de la deuda de 44 mil millones de dólares.
 
 
Merkel, Kristalina y el Papa
  
La estrategia financiera se combinó con una de política internacional para llegar al actual entorno de negociación con los acreedores, con un acuerdo que está muy cerca de concretarse en base a las condiciones definidas por el ministro Guzmán.
 
El triángulo integrado por la canciller alemana Ángela Merkel, el Papa Francisco y Kristalina Georgieva fue una base muy potente para neutralizar la arrogancia de los financistas.
 
La gira europea de Alberto Fernández fue el inicio de una paciente construcción de una red de respaldo para la oferta argentina. Los encuentros fueron con el Papa, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, el presidente de ese país, Sergio Mattarella, el de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, y Merkel.
 
La conexión de ésta última con Fernández fue muy buena, comentan miembros de la Casa Rosada, evaluando que la característica de ser ambos profesores universitarios, con diálogo abierto y franco, facilitó la construcción de una relación positiva. El ministro Guzmán también entabló un buen vínculo con el ministro de Finanzas alemán y vicecanciller, el socialdemócrata Olaf Scholz.
 
Tener de aliada a Alemania, la potencia europea y con peso propio en el FMI, es un activo importante, más aún cuando Merkel tiene una fluida relación con Kristalina, y ésta con el Papa Francisco.
 
Son conocidos a lo largo de su papado los cuestionamientos públicos de Francisco al mundo financiero global por inmoral e injusto. El 5 de febrero pasado en el Vaticano se realizó el seminario "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación", organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Georgieva encabezó el panel "Transformación de las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional". Guzmán participó de ese encuentro.
 
Para el Papa Francisco, la negociación de la deuda impagable que dejó Macri se inscribe en la tensión que denuncia acerca del abuso del capitalismo financiero globalizado sobre el Estado-Nación.
 
Mientras los grandes fondos de inversión acreedores destinaron recursos a periodistas y grandes medios locales para desplegar su estrategia de presión, el gobierno de Fernández construyó con discreción una alianza política que ha resultado muy valiosa y más efectiva en esta disputa.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

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