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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-06-2020 / 10:06
LA POSICIÓN DEL FONDO DESORIENTA A LOS ACREEDORES PRIVADOS

¿Por qué el FMI apoya la oferta argentina?

¿Por qué el FMI apoya la oferta argentina?
El FMI, histórico auditor de la economía para garantizar el pago de la deuda ahora respalda la quita a los acreedores. Las alianzas internacionales que tejió Alberto Fernández, la corresponsabilidad del FMI con el fiasco macrista y el coronavirus. Argentina como caso testigo para las crisis de deuda que se vienen de varios países.
El Fondo Monetario Internacional ha sido históricamente el auditor de los acreedores de los países endeudados. Su tarea tradicional es exigir ajustes en la economía para generar los excedentes necesarios para garantizar el pago de la deuda.
 
El trabajo de estrujar las cuentas públicas y de presionar a los gobiernos para cuidar los intereses de los acreedores no lo está ejerciendo en estos momentos.
 
En las actuales circunstancias de una economía global en jaque, el FMI ha cambiado el lugar que ocupaba en esa disputa: está apoyando la posición del deudor y ahora la presión la aplica sobre los acreedores, aunque con modales más suaves de los que tenía con los países endeudados.
 
Es una alteración del rol del Fondo que resulta interesante analizar, por encima de consignas previsibles de izquierda y de derecha, y conociendo que está generando también tensiones al interior del organismo.
 
Nunca antes el FMI respaldó las posiciones de la Argentina con tanta firmeza como ahora, y más cuando está en juego miles de millones de dólares por un acuerdo con poderosos acreedores de Wall Street.
 
Es probable que, luego de superar la instancia de negociación con los grandes fondos de inversión, el gobierno de Alberto Fernández se encuentre con el viejo FMI.
 
La luna de miel que está viviendo el staff del Fondo con el equipo económico puede concluir cuando esos mismos técnicos pasen a exigir ajuste fiscal y monetario para redefinir un nuevo programa financiero por la deuda de 44 mil millones de dólares.
 
Mientras tanto y hasta que llegue ese momento, el equipo económico liderado por Martín Guzmán disfruta de un impensado aliado en la puja con los acreedores privados.
 

 
Disputa
  
La negociación de la deuda en virtual default es bastante diferente al previsto antes de que las partes comenzaran a preparar el escenario de disputa.
 
Como indicaba la historia de las refinanciaciones de deuda, los acreedores esperaban que primero el país cerrara un programa de ajuste con el FMI para sentarse en la mesa a conversar.
 
Ese acuerdo marcaría un sendero fiscal para definir los excedentes disponibles para pagar los intereses de la deuda. O sea, el deudor debía pasar por las manos de la tecnoburocracia de Washington para, luego de ser ablandado con exigencias sobre el plan económico, comenzar la negociación con los acreedores.
 
El Fondo actuaba de ese modo como la primera pinza de apriete al deudor para que los acreedores pueden utilizar la segunda para cerrar un acuerdo favorable a sus finanzas.
 
Por varios factores locales y externos que confluyeron en estos meses, esa dinámica tuvo una súbita alteración. Ha sido tan imprevista que los fondos de inversión y sus voceros todavía no pueden aceptar ese cambio y quedan una y otra vez descolocados ante cada pronunciamiento del FMI, desde opiniones de Kristalina Georgieva, la número uno de la institución, pasando por informes técnicos del staff hasta por simples declaraciones del encargado de prensa.
 
Una prueba de la desorientación de los acreedores fue la bravuconada del mexicano Gerardo Rodríguez, el financista de BlackRock , cuando le dijo al ministro Guzmán que ellos tienen espalda para esperar a negociar con otro gobierno. No le fue bien a Rodríguez con esa amenaza. BlackRock lo retiró del trato con Argentina.
 
A Guzmán también lo apuraron diciendo que ellos -los fondos acreedores- podrían cambiar el staff del Fondo todas las veces que quisieran. La orientación que está teniendo la negociación no muestra esa capacidad de remover técnicos del organismo que elaboran documentos que respaldan la oferta argentina .
 
 
2001/2005
  
El antecedente cercano para identificar la modificación del comportamiento del FMI se encuentra en la anterior crisis de deuda. El default 2001 se declaró un año después de que el Fondo otorgara al gobierno de Fernando de la Rúa un apoyo importante para sostener la convertibilidad.
 
Cuatro meses antes de la cesación de pagos, cuando la devaluación y la debacle financiera eran debatidas como una probabilidad cercana en los mercados local e internacional, el FMI amplió el stand by en 8000 millones de dólares, efectivizó inmediatamente un desembolso y cuando tenía que hacer otro, a principios de diciembre de 2001, lo frenó.
 
La debacle argentina fue puesta como un caso emblemático para los críticos de la gestión del FMI en la administración de crisis económicas que derivan en financieras.
 
Los cuestionamientos motorizados por el nuevo gobierno republicano de Estados Unidos endurecieron al directorio y a su staff. El Fondo apoyó el rechazo de los acreedores a la primera propuesta de canje de deuda, denominada Plan Dubai.
 
El FMI presionó de diversas formas al gobierno de Néstor Kirchner y le reclamó en más de una oportunidad que diera señales concretas de actuar de "buena fe".
 
Los ministros de Finanzas de los países potencia reunidos en el G-7 también manifestaron en un comunicado conjunto, en junio de 2004, que Argentina debía acelerar los tiempos y dar muestras de estar actuando de "buena fe".
 
El giro de las posiciones en el actual proceso de negociación es notable: el FMI alienta la oferta argentina, exige que los acreedores bajen sus pretensiones y los países europeos miembros del G-7 acompañan al gobierno de Fernández. El silencio de Estados Unidos en esta puja es una pieza a favor de Argentina.
 
La muletilla "buena fe" fue parte de la estrategia inicial de los acreedores, pero rápidamente tuvieron que descartarla por la eficaz política de sumar aliados y la voluntad de pago -previa quita- demostrada por el ministro Guzmán.
 
 
Trauma
  
El gobierno de Mauricio Macri arrojó al FMI a registrar uno de sus más resonantes fracasos. El plan económico y el consiguiente programa financiero naufragaron en forma estrepitosa.
 
El Fondo entregó el crédito más abultado de su historia a un solo país y a ritmo acelerado. En apenas doce meses desembolsó 44 mil millones de dólares.
 
Concentró gran parte de su cartera crediticia de ese modo en un solo deudor debilitando el perfil de su estructura financiera.
 
Si había que dar todos los pasos para construir un desastre económico, la conducción de Christine Lagarde los concretó con soberbia asombrosa.
 
Lagarde consiguió el ascenso a ser titular del Banco Central Europeo y ocupó su lugar la búlgara Kristalina Georgieva.
 
Los lectores de este diario fueron informados en estas páginas desde hace varios meses, a mediados de enero pasado, de los cambios que implicaba la nueva conducción del FMI. La ironía "Georgieva peronista" muchos no la entendieron, pero quienes sí lo hicieron hoy no deberían estar sorprendidos con el apoyo que recibe la oferta argentina y la confluencia de intereses para cerrar un acuerdo de deuda con los acreedores.
 
Después de la sucesión de fiascos de los '90, la crisis de 2008 le permitió al FMI recuperar un papel relevante en el sistema financiero internacional. Una eventual debacle argentina volvería a arrojar al organismo a un espacio público de cuestionamientos generalizados acerca de la calidad de sus intervenciones en los países.
 
Georgieva y el staff técnico necesitan con urgencia superar el trauma del gobierno de Macri para dar vuelta la página de ese estruendoso fracaso.
 
En la práctica, el FMI reconoce implícitamente la corresponsabilidad por el fiasco macrista y avanza entonces en apoyar la reestructuración de deuda del gobierno de Fernández que vino a ordenar el desquicio financiero heredado.
 
 
Covid-19
  
La conducción de Georgieva es una anomalía respecto a las anteriores, que han estado subordinadas a la línea política del número dos de la institución, que siempre es estadounidense.
 
Asumió imponiendo una impronta personal, no sólo como figura pública como los anteriores número uno del organismo desde Michel Camdessus, Horst Köhler, Rodrigo Rato, Dominique Strauss-Kahn y Christine Lagarde, sino que también al renovar con rapidez la dirección de la institución.
 
El primer subdirector gerente, delegado de los Estados Unidos en la gestión diaria del Fondo, David Lipton, fue desplazado. Lipton fue uno de los principales impulsores del salvataje financiero extraordinario al gobierno de Macri. Su reemplazante es Geoffrey Okamoto que viene directo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
 
El FMI enfrenta una situación de stress financiero como nunca antes lo vivió. Esto se debe a que la crisis Covid-19 es inédita por su magnitud. Una debacle similar fue la del '30 del siglo pasado, pero en esos años el FMI no existía. Es una situación que lo pone entonces bajo tensión financiera por la cantidad de pedidos de auxilio que está recibiendo.
 
Por eso es tan importante el precedente que dejará el acuerdo argentino con los acreedores porque existe una extensa lista de países con problemas de deuda externa. Varios ya tocaron la puerta del Fondo para pedir un préstamo de urgencia. Sólo este viernes la junta ejecutiva aprobó dos créditos, uno de la línea rápida Covid-19 a Liberia por 50 millones para atender la pandemia y otro dentro del programa stand by para Egipto por 5200 millones de dólares.
 
Entre los países de Latinoamérica que en estas semanas recibieron líneas de asistencia financiera se encuentran Paraguay (274 millones de dólares), Ecuador (643 millones), Perú (11.000 millones), Bolivia (327 millones) y Chile (23.930 millones de dólares).
 
 
¿Quién paga la cuenta?
  
La crisis financiera global provocada por el coronavirus colaboró para que la oferta de reestructuración de deuda argentina alejara momentáneamente a los organismos multilaterales de los intereses de los grandes fondos de inversión.
 
Como se explicó arriba, muchos países demandan auxilios urgentes que definen un cuadro muy exigente sobre las finanzas del FMI. Aparece entonces la tensión acerca de cómo se distribuirá el costo de esta crisis, o sea quienes ponen los recursos para los salvatajes y quienes asumen pérdidas por defaults o reestructuraciones de deudas soberanas.
 
El dinero del FMI es aportado por sus países miembros pero algunos tienen una participación mayor en el capital de la institución. Estados Unidos es el principal accionista con casi el 17 por ciento del total y, por lo tanto, es el país que más fondos debería sumar.
 
Para que el alivio financiero a los países sea mayor y, por lo tanto, el FMI (el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y los ministerios de Finanzas de países europeos) tenga que aportar menos recursos, los acreedores privados deberían aceptar una quita (capital e intereses) de la deuda.
 
Esta tensión está produciendo provisorios -no definitivos- variaciones en el ordenamiento del poder financiero internacional. El Fondo seguirá como auditor gerente de los acreedores privados, pero ahora no está preparado para amortiguar el monto de sus quebrantos.
 
Estos acreedores además no son los tradicionales bancos comerciales (Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank) o de inversión (Goldman Sachs, Merrill Lynch), sino que son fondos administradores de carteras de inversión (BlackRock, Templeton, Fidelity) que no tienen una historia de vínculos con el FMI.
 
Por su parte, Estados Unidos se resiste a la emisión adicional de DEG (la moneda del FMI) que significaría un giro de recursos para cada uno de los miembros de la institución (a la Argentina le correspondería el equivalente a unos 3500 millones de dólares), lo que aliviaría el cuadro financiero global. No quiere ampliar el capital de DEG porque entregaría fondos a países (Venezuela, Irán) con los cuales está en conflicto.
 
La administración Trump considera además que sería una medida pro globalización, como la que impulsó Barack Obama en 2009. Quienes conocen los pasillos del FMI dicen con sarcasmo que Estados Unidos aprobaría la emisión DEG si se lo convence de que es una iniciativa que perjudicaría a China.
 
 
Sustentabilidad
  
En el Fondo insisten y quieren enfatizar con que no apoyan a ninguna de las dos partes de la negociación (ni a los acreedores ni a la Argentina). Están inquietos con que haya una evaluación de preferencia sobre la posición argentina.
 
Se preocupan en dejar en claro que el objetivo que tienen es de "sustentabilidad de la deuda". Señalan que, en base a ese criterio, el staff técnico elaboró un primer informe definiendo la deuda argentina como insustentable, luego presentaron otro precisando el margen de alivio (quita de capital y de intereses) necesario para hacerla sustentable y el más reciente señalando que es muy estrecho el espacio para reconocer un valor (presente neto) superior a 50 centavos por dólar de la actual deuda.
 
Esta es la posición oficial del FMI.
 
El criterio de sustentabilidad de la deuda en la práctica favorece a la Argentina porque está en línea con la oferta elaborada por Guzmán. Ese enfoque compartido con el FMI le ha entregado al ministro un arma de negociación y de protección muy potente.
 
El golpe a los acreedores ha sido tan fuerte que no pudieron construir una campaña discursiva convincente para imponerse en el debate público. Esa carencia queda reflejada en la legión de voceros mediáticos que minimiza los pronunciamientos del FMI, cuando antes eran la biblia de sus comentarios, y sólo les queda la débil táctica de menospreciar la tarea de Guzmán.
 
El enfoque de sustentabilidad del FMI también es importante, fundamentalmente, porque ha modificado la secuencia de las exigencias.
 
La línea tradicional era reclamar un plan económico que garantice un sendero de consolidación fiscal (superávit) para luego determinar la estructura de los pasivos públicos. Ese pedido hubiera implicado definir previamente un ajuste fiscal en una economía en recesión para ofrecer un horizonte de pago a los acreedores. En cambio, fijar como prioritario el nivel de sustentabilidad de la deuda implica reestructurarla primero y después discutir el rumbo fiscal.
 
El cambio de prioridades (primero la quita de la deuda y después la cuestión fiscal con el programa del FMI) beneficia la posición argentina ante los acreedores privados.
 
Esta estrategia del FMI también está vinculada a que un mayor alivio sobre la deuda con acreedores privados mejorara el horizonte de cobrar el crédito entregado a la Argentina de Macri.
 
El Fondo ratifica de ese modo su lugar de acreedor privilegiado y prepara mejores condiciones para la renegociación de la deuda de 44 mil millones de dólares.
 
 
Merkel, Kristalina y el Papa
  
La estrategia financiera se combinó con una de política internacional para llegar al actual entorno de negociación con los acreedores, con un acuerdo que está muy cerca de concretarse en base a las condiciones definidas por el ministro Guzmán.
 
El triángulo integrado por la canciller alemana Ángela Merkel, el Papa Francisco y Kristalina Georgieva fue una base muy potente para neutralizar la arrogancia de los financistas.
 
La gira europea de Alberto Fernández fue el inicio de una paciente construcción de una red de respaldo para la oferta argentina. Los encuentros fueron con el Papa, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, el presidente de ese país, Sergio Mattarella, el de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, y Merkel.
 
La conexión de ésta última con Fernández fue muy buena, comentan miembros de la Casa Rosada, evaluando que la característica de ser ambos profesores universitarios, con diálogo abierto y franco, facilitó la construcción de una relación positiva. El ministro Guzmán también entabló un buen vínculo con el ministro de Finanzas alemán y vicecanciller, el socialdemócrata Olaf Scholz.
 
Tener de aliada a Alemania, la potencia europea y con peso propio en el FMI, es un activo importante, más aún cuando Merkel tiene una fluida relación con Kristalina, y ésta con el Papa Francisco.
 
Son conocidos a lo largo de su papado los cuestionamientos públicos de Francisco al mundo financiero global por inmoral e injusto. El 5 de febrero pasado en el Vaticano se realizó el seminario "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación", organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Georgieva encabezó el panel "Transformación de las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional". Guzmán participó de ese encuentro.
 
Para el Papa Francisco, la negociación de la deuda impagable que dejó Macri se inscribe en la tensión que denuncia acerca del abuso del capitalismo financiero globalizado sobre el Estado-Nación.
 
Mientras los grandes fondos de inversión acreedores destinaron recursos a periodistas y grandes medios locales para desplegar su estrategia de presión, el gobierno de Fernández construyó con discreción una alianza política que ha resultado muy valiosa y más efectiva en esta disputa.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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