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El clima en Paraná
"Vine a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos". Alberto Fernández
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Nacionales - 06-06-2020 / 09:06

Macri, Bullrich y la herencia policial de espiar y reprimir

Macri, Bullrich y la herencia policial de espiar y reprimir
El espionaje sistemático y el abuso policial forman parte de una concepción macrista de poder, donde el que lo tiene, lo ejerce sin regulaciones ni límites ni controles, igual que la economía. Tiene que ver con la famosa polémica de los llamados libertarios: el que tiene el poder tiene la libertad de ejercerlo.
Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri una doctrina predominó en el gobierno. Los medios la denominaron "doctrina Chocobar". Como toda propuesta conservadora, la Chocobar no inventó nada sino que estimuló el lado oscuro, subyacente, que puja por aprovechar esa violencia en forma discrecional.
 
Además de la represión violenta a la protesta social, hubo grandes inversiones en equipo represivo, se elaboró un discurso que alentó a los efectivos de las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar, garantizándoles protección mediática y judicial.
 
Una doctrina no es un discurso nada más. Requiere un programa, acción política para aplicarlo, complicidad mediática para bloquear la reacción de la sociedad y complicidad judicial para garantizar impunidad, como quedó demostrado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Esas son las fuerzas de seguridad que dejaron los cuatro años del gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Carrió. Y en algunos casos esa práctica está aún más contaminada en algunas provincias, por el racismo y por prácticas feudales como si las policías fueran propiedad privada del poder económico local.
 
Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, repudiaron estos abusos criminales de policías de San Luis, Tucumán y Chaco. "Venimos de cuatro años en los que todo esto estuvo habilitado", graficó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
 
La subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch, pertenece al CELS, y allí el gobierno provincial separó a los policías, inició la investigación y se sumó a la querella. No es la primera vez que se producen abusos contra la comunidad qom, pero ni el gobierno nacional ni el provincial reaccionaron para esconder el abuso policial como sucedió en los casos de Maldonado y de Rafael Nahuel y, por el contrario, se impulsó la investigación y la intervención de la justicia.
 

 
Tres casos graves de abuso policial desde que empezó la pandemia desafían al gobierno. A ellos se suman las denuncias que la interventora de la AFI realiza en base a lo que encontró en la central de los espías. Además de la económica, el Gobierno deberá lidiar con otra herencia del macrismo.
 
El espionaje sistemático y el abuso policial forman parte de una concepción de poder, donde el que lo tiene, lo ejerce sin regulaciones ni límites ni controles, igual que la economía. Tiene que ver con la famosa polémica de los llamados libertarios: el que tiene el poder tiene la libertad de ejercerlo.
 
Para ellos, el que está enfermo tiene la libertad de contagiar y autoritario es el que impide que infecten a los demás. Dicen que Alberto Fernández está enamorado de la cuarentena pero, en todo caso, habría que decir: enamorado del esfuerzo por evitar el contagio. La idea de por sí es una estupidez, pero encima, la dan vuelta y dicen que está enamorado de impedirles a ellos que infecten a los demás.
 
Resulta increíble que trescientas personas que saben leer y escribir deambulen por ese nivel de sótano. La conmoción que produce esta pandemia desplaza a un segundo plano el desfile de simplezas y reduccionismos de la derecha así como las prácticas de espionaje sistemático, manipulación de la justicia y prácticas de abuso policial que dejó como herencia el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados del radicalismo PRO y los fieles de Elisa Carrió.
 
Desde que empezó la epidemia se produjeron por lo menos tres hechos graves de abuso policial. En San Luis aparecieron muertos dos presos en las comisarías donde estaban detenidos. En Tucumán, una patota policial fusiló al peón rural Luis Espinoza. Y en Chaco una patrulla de la policía provincial atacó a golpes a una familia qom.
 
Cuando la sociedad concede el monopolio de la fuerza a las fuerzas de seguridad, no está otorgando un privilegio, como lo concebía la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich. No es un privilegio del poder, sino un compromiso y una responsabilidad que debe ser controlada y limitada por la sociedad civil. Las dictaduras son las que asumieron ese contrato de la misma forma que Bullrich.
 
Es un compromiso delicado porque a las armas hay que saber llevarlas para que no sean ellas las que lo lleven a uno. La tentación de ejercer la superioridad que otorga la portación de un arma es una fuerza elemental, como sucede con todos los factores de poder. Que se convierten así en enemigos de la democracia, si no son encuadrados en marcos regulatorios como las leyes y las instituciones. Las concepciones autoritarias del poder aprovechan esas tendencias y las estimulan.
 
En el caso Maldonado, el gobierno macrista y los radicales PRO utilizaron todos los recursos no democráticos, desde la manipulación de funcionarios judiciales, que fueron presionados y removidos, hasta el espionaje a familiares y amigos de la víctima y la realización de campañas mediáticas para confundir y desviar la atención pública.
 
Si bien la comisión de estos delitos es consecuencia de políticas anteriores, automáticamente se convierten en responsabilidad de los gobiernos actuales, que deben afrontarlas desde una concepción opuesta a la de esas políticas. No pueden permitir complicidad ni impunidad. Impúdicamente, los que en el gobierno anterior fueron garantes de la impunidad, ahora denuncian lo que ellos generaron.
 
Las políticas que estimulan la impunidad policial y de hecho los abusos que se cometen a su amparo, visualizan a la represión de la protesta social como función principal de las fuerzas de seguridad. Necesitan garantizarles impunidad para que sean eficientes en esa función. La protesta social afecta los intereses de elite de quienes impulsan esas políticas. O sea que las fuerzas de seguridad son concebidas como una policía privada que defiende esos intereses.
 
Desde que fue intervenida la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la ex fiscal Cristina Caamaño, la interventora ha encontrado pruebas muy concretas del espionaje que realizaba el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, para su amigo Mauricio Macri. Por otro lado saltaron denuncias de agentes arrepentidos, y por otro lado se abrieron otras causas donde están involucrados espías de la AFI, periodistas y funcionarios judiciales.
 
El oculto mundo del espionaje sistemático que usaba Mauricio Macri como herramienta de poder en su gobierno va surgiendo a la luz para dejar al descubierto un mecanismo prácticamente institucionalizado.
 
El abuso policial va siempre de la mano del espionaje. Sucedió en la dictadura y sucede con todos los regímenes autoritarios. La doctrina Chocobar, que hizo estragos en la ideología de las fuerzas de seguridad, está necesariamente entrelazada con la idea de control social. Y el espionaje es otro mecanismo que funciona con ese objetivo. El gobernante tiene que saber (lo que hacen los demás) y controlar y no dejar que se sepa lo que hace ni que se controle.
 
Las dos herramientas tan funestas para la democracia constituyen una tentación para cualquier gobierno. Alberto Fernández ha dicho que se llegará hasta el final con la investigación del espionaje durante el gobierno macrista. Y de la misma forma tendrá que abordar el diseño de nuevas políticas sobre seguridad que involucren a fuerzas policiales democráticas.
 
Para apuntalar la idea de impunidad, Patricia Bullrich dijo que "no vamos a tirar todos los días un gendarme por la ventana". No se trata de eso. Pero los asesinos y abusadores, sean policías, gendarmes o prefectos, tienen que ir presos.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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11-07-2020 / 09:07
El diputado Fernando Iglesias y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron denunciados por "incitación a la violencia" y "daño agravado" por ser convocantes de las manifestaciones virulentas realizadas el 9 de julio con epicentro en el Obelisco.
 
La denuncia, presentada por el abogado José Luis Ferrari,  acusa a la presidenta del PRO y al diputado de ser responsables de los hechos violentos en la movilización y de fomentar la violación de la cuarentena obligatoria.
 
¿De qué manera se puede definir al sector de la dirigencia macrista más gurka que convocó a la población a desafiar la cuarentena social y salir a las calles a protestar este 9 de julio con un claro sentimiento de oposición al gobierno nacional? ¿No queda claro que fue una incitación a la violencia?
 
Sus consignas, sus gestos, hasta sus actos de violencia contra sus adversarios, son evidentes. Los que salieron a la calle no hicieron más que multiplicar aquellos gestos, volverlo masivo y traducirlo en un acto de barbarie contra un grupo de comunicadores al que identificaron como "oficialistas". Y después, la ausencia de autocrítica seria sobre estos desbordes violentos.
 
El presidente Alberto Fernández, en su discurso por la fecha patria, hizo una clara convocatoria a la unidad nacional: "Vine acá para terminar con los odiadores seriales y para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad, la celebro y propicio", expresó.
 
Al día siguiente el diario ultra macrista Clarín le dedicó dos títulos en su tapa: "Fernández, duro en el discurso del 9 de julio. 'Voy a terminar con los odiadores'"; y un poco más abajo: "Alberto cae en la trampa de la política extrema".
 
No hace falta demasiada astucia para reconocer la matriz derechista de semejante interpretación -y distorsión- de las palabras del presidente. Es bien sabido que ese diario fue uno de los principales fogoneros de la movilización y que su línea editorial es favorable al macrismo kamikase, que es la fuerza que representa como ninguna otra a la derecha argentina.
 

11-07-2020 / 08:07
Los actos anticuarentena como el del 9 de Julio pasado convocan pelajes de todos los colores, algunos con protestas más legítimas que otros, pero todos con el mismo común denominador de odio y violencia.
 
No se trata de un pequeño sector que no representa a la mayoría de los que asisten porque la violencia es generalizada, está en el tono de las consignas que gritan, en los carteles que llevan y en la actitud de los manifestantes.
 
No puede ser de otra forma porque la convocatoria es en términos violentos y porque sus referentes se expresan en forma violenta. Los manifestantes acatan los términos como fueron convocados y reproducen las actuaciones de sus referentes.
 
Hay una responsabilidad política por este tipo de manifestaciones que llevan a su punto más crítico la posibilidad de convivencia con la mayoría de las personas que piensa de otra forma.
 
Cada golpeador y agresor tiene una responsabilidad, pero la alianza Juntos por el Cambio y el grupo de periodistas afines al macrismo deberían asumir la responsabilidad principal de este fenómeno que atenta contra la posibilidad de vivir en paz y en democracia.
 
No hay un reclamo puntual, como puede ser una marcha por aumento salarial o en defensa de las jubilaciones. Los planteos que se escuchan ni siquiera están en relación con la consigna de la convocatoria, que se convierte en una excusa.
 
El odio está puesto en el otro. Odian al gobierno que no es el que ellos quieren. No conciben que tendrán oportunidad de volver a votar. Si no es el gobierno que ellos quieren, hasta ahí llega el concepto que tienen de democracia.
 
Convertir a la cuarentena por la peste en una dictadura stalinista es de un silogismo tan simplón que no resiste la inteligencia de un mono. 
 

10-07-2020 / 13:07
"En los últimos meses surgió un virus nuevo, no hay motivo para el pánico."
"El miedo y el pánico te hacen tomar decisiones extremas que después resultan estúpidas y muy destructivas."
 
Parece una única frase de un único autor. Pero son dos, con diferentes emisores. La primera pertenece al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La segunda, a Mauricio Macri.
 
No son lo mismo. En realidad, a favor de Bolsonaro, hay que decir que su frase es del 6 de marzo de este año, cuando no había ningún muerto y apenas 9 contagiados de coronavirus en Brasil. Ese día, en Argentina había 8 contagiados y 1 muerto.
 
La de Macri es de la noche del 8 de julio, cuando los contagiados en Brasil llegaban a 1.716.196 y los muertos a 68.055. En la Argentina, los contagiados sumaban 87.030 y los muertos 1.694.
 
Ya se hizo costumbre preguntarse qué hubiera pasado en Argentina si las elecciones de 2019 las hubiese ganado Macri. Por suerte, nunca lo sabremos. Y las especulaciones contrafácticas no tiene mayor sentido.
 
Pero sí resulta relevante conocer qué opina la principal figura de la oposición sobre la amenaza del coronavirus y cuáles son las políticas que impulsa para enfrentarla. Para ello, las definiciones que dejó en la entrevista que difundió este miércoles resultan reveladoras.
  
Lo primero que hace Macri es destacar la frase que inicia esta nota. Considera que el mundo "tomó decisiones extremas y estúpidas" para enfrentar la pandemia. Y sorprende con la confesión de que hace poco leyó un libro, y "lo volví a releer" asegura orgulloso, donde el médico sueco Hans Rosling sostiene que para tomar estas decisiones no hay que guiarse por "el miedo o la intuición" sino "por los datos".
 
Resulta difícil descubrir a qué datos se refiere Macri, que en el curso de la entrevista acusa a la Organización Mundial de la Salud de haber "confundido" al mundo con sus instrucciones equivocadas, en línea con lo afirmado con Donald Trump.
 
Para hacerlo, elige el ejemplo extraordinario de una clave fundamental que él descubrió, y que se le había pasado por alto a los epidemiólogos de todo el mundo: "en esta globalización no se tuvo en cuenta que mientras hay unos que están en verano hay otros que están en invierno".
 
En realidad, como lo demostró en su gobierno dinamitando a los sistemas: científico y de salud pública, no solo rebajándolos de ministerios a secretarías sino desfinanciando hasta la asfixia a cada una de sus partes, ni Macri ni sus más leales seguidores están pensando en datos científicos.
 
Por eso crearon el término de "Infectadura", para burlarse de que se tome en cuenta la opinión de los infectólogos a la hora de tomar decisiones sobre cómo combatir la pandemia.
 

10-07-2020 / 11:07
Nuevo "banderazo" anti cuarentena con las consignas de siempre. La protesta porteña se concentró en el obelisco, aunque hubo grupos también en Belgrano y frente a la quinta de Olivos. Las demostraciones de a pie no fueron muy importantes, unos cientos de personas terminaron frente a la Casa Rosada, pero algunos miles se manifestaron desde sus lujosos autos en contra el gobierno. Hubo protestas en varias ciudades del interior.
 
En el centro porteño, una turba de manifestantes exaltados se acercaron al móvil de C5N y en medio de insultos y gritos golpearon la camioneta de los trabajadores de prensa que realizaban la cobertura periodística de la manifestación en el lugar. El SiPreBA (sindicato de prensa) repudió la brutal agresión.
 
El ataque ocurrió dentro del contexto de manifestaciones en distintos puntos del país referidas como "anticuarentena" o "por las libertades y la República". Las mismas son supuestamente auto convocadas desde las redes sociales, pero es visible la manipulación y el aliento dado por sectores políticos de la oposición de derecha macrista.

En la concentración en el Obelisco algunos de los manifestantes impidieron realizar el trabajo a periodistas y el equipo de C5N, mediante golpes al móvil, a sus ventanillas, insultos y gritos de amenaza a los trabajadores. El móvil terminó siendo expulsado del lugar a los empujones. Luego, persiguieron y golpearon en patota al periodista Ezequiel Guazzora y los de Crónica TV también tuvieron que soportar amenazas de los manifestantes. Repudiable. 

Indudablemente que no es todo el macrismo, sino grupos minoritarios y violentos, odiadores seriales porque fueron derrotados en las urnas en las últimas elecciones. Un macrismo residual cada vez más agresivo, profundamente anti democrático. Quieren imponer un clima de violencia política porque no conciben una sociedad democrática e igualitaria. Una sociedad que pueda pensar en el bien común de la mayoría de los argentinos.
 

09-07-2020 / 13:07
Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri,  Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron imputados por la venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad. La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, quien además le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.
 
La cúpula de la AFI macrista ya está siendo investigada por espionaje ilegal a políticos oficialistas y opositores, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre otros. En este caso, se trata de una causa iniciada a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien detectó que la Agencia hizo una venta ilegal de 296 armas propias, de distinto calibre, entre 73 espías y funcionarios a precios que eran un 20 por ciento de su valor real, y con mínimos requisitos.
 
Ahora, el fiscal imputó tanto a Arribas como a Majdalani, y también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia.
 
Entre las primeras medidas, el fiscal González solicitó que se realice una tasación del armamento cuestionado y que se le consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre funcionarios y agentes.
 
De acuerdo con la denuncia, el ilícito se basó en dos resoluciones dictadas por Arribas en 2017 y 2018, que habilitaron esta suerte de mercado de armas en la AFI: primero se declaró al armamento en condiciones de "rezago" "por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación" y, en función de eso, se autorizó su venta "a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean credencial de legítimo usuario". El procedimiento de venta que aprobaba consistía en el descuento del valor establecido a través del pago de haberes. 
 

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