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Nacionales - 06-06-2020 / 09:06

Macri, Bullrich y la herencia policial de espiar y reprimir

Macri, Bullrich y la herencia policial de espiar y reprimir
El espionaje sistemático y el abuso policial forman parte de una concepción macrista de poder, donde el que lo tiene, lo ejerce sin regulaciones ni límites ni controles, igual que la economía. Tiene que ver con la famosa polémica de los llamados libertarios: el que tiene el poder tiene la libertad de ejercerlo.
Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri una doctrina predominó en el gobierno. Los medios la denominaron "doctrina Chocobar". Como toda propuesta conservadora, la Chocobar no inventó nada sino que estimuló el lado oscuro, subyacente, que puja por aprovechar esa violencia en forma discrecional.
 
Además de la represión violenta a la protesta social, hubo grandes inversiones en equipo represivo, se elaboró un discurso que alentó a los efectivos de las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar, garantizándoles protección mediática y judicial.
 
Una doctrina no es un discurso nada más. Requiere un programa, acción política para aplicarlo, complicidad mediática para bloquear la reacción de la sociedad y complicidad judicial para garantizar impunidad, como quedó demostrado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Esas son las fuerzas de seguridad que dejaron los cuatro años del gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Carrió. Y en algunos casos esa práctica está aún más contaminada en algunas provincias, por el racismo y por prácticas feudales como si las policías fueran propiedad privada del poder económico local.
 
Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, repudiaron estos abusos criminales de policías de San Luis, Tucumán y Chaco. "Venimos de cuatro años en los que todo esto estuvo habilitado", graficó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
 
La subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch, pertenece al CELS, y allí el gobierno provincial separó a los policías, inició la investigación y se sumó a la querella. No es la primera vez que se producen abusos contra la comunidad qom, pero ni el gobierno nacional ni el provincial reaccionaron para esconder el abuso policial como sucedió en los casos de Maldonado y de Rafael Nahuel y, por el contrario, se impulsó la investigación y la intervención de la justicia.
 

 
Tres casos graves de abuso policial desde que empezó la pandemia desafían al gobierno. A ellos se suman las denuncias que la interventora de la AFI realiza en base a lo que encontró en la central de los espías. Además de la económica, el Gobierno deberá lidiar con otra herencia del macrismo.
 
El espionaje sistemático y el abuso policial forman parte de una concepción de poder, donde el que lo tiene, lo ejerce sin regulaciones ni límites ni controles, igual que la economía. Tiene que ver con la famosa polémica de los llamados libertarios: el que tiene el poder tiene la libertad de ejercerlo.
 
Para ellos, el que está enfermo tiene la libertad de contagiar y autoritario es el que impide que infecten a los demás. Dicen que Alberto Fernández está enamorado de la cuarentena pero, en todo caso, habría que decir: enamorado del esfuerzo por evitar el contagio. La idea de por sí es una estupidez, pero encima, la dan vuelta y dicen que está enamorado de impedirles a ellos que infecten a los demás.
 
Resulta increíble que trescientas personas que saben leer y escribir deambulen por ese nivel de sótano. La conmoción que produce esta pandemia desplaza a un segundo plano el desfile de simplezas y reduccionismos de la derecha así como las prácticas de espionaje sistemático, manipulación de la justicia y prácticas de abuso policial que dejó como herencia el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados del radicalismo PRO y los fieles de Elisa Carrió.
 
Desde que empezó la epidemia se produjeron por lo menos tres hechos graves de abuso policial. En San Luis aparecieron muertos dos presos en las comisarías donde estaban detenidos. En Tucumán, una patota policial fusiló al peón rural Luis Espinoza. Y en Chaco una patrulla de la policía provincial atacó a golpes a una familia qom.
 
Cuando la sociedad concede el monopolio de la fuerza a las fuerzas de seguridad, no está otorgando un privilegio, como lo concebía la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich. No es un privilegio del poder, sino un compromiso y una responsabilidad que debe ser controlada y limitada por la sociedad civil. Las dictaduras son las que asumieron ese contrato de la misma forma que Bullrich.
 
Es un compromiso delicado porque a las armas hay que saber llevarlas para que no sean ellas las que lo lleven a uno. La tentación de ejercer la superioridad que otorga la portación de un arma es una fuerza elemental, como sucede con todos los factores de poder. Que se convierten así en enemigos de la democracia, si no son encuadrados en marcos regulatorios como las leyes y las instituciones. Las concepciones autoritarias del poder aprovechan esas tendencias y las estimulan.
 
En el caso Maldonado, el gobierno macrista y los radicales PRO utilizaron todos los recursos no democráticos, desde la manipulación de funcionarios judiciales, que fueron presionados y removidos, hasta el espionaje a familiares y amigos de la víctima y la realización de campañas mediáticas para confundir y desviar la atención pública.
 
Si bien la comisión de estos delitos es consecuencia de políticas anteriores, automáticamente se convierten en responsabilidad de los gobiernos actuales, que deben afrontarlas desde una concepción opuesta a la de esas políticas. No pueden permitir complicidad ni impunidad. Impúdicamente, los que en el gobierno anterior fueron garantes de la impunidad, ahora denuncian lo que ellos generaron.
 
Las políticas que estimulan la impunidad policial y de hecho los abusos que se cometen a su amparo, visualizan a la represión de la protesta social como función principal de las fuerzas de seguridad. Necesitan garantizarles impunidad para que sean eficientes en esa función. La protesta social afecta los intereses de elite de quienes impulsan esas políticas. O sea que las fuerzas de seguridad son concebidas como una policía privada que defiende esos intereses.
 
Desde que fue intervenida la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la ex fiscal Cristina Caamaño, la interventora ha encontrado pruebas muy concretas del espionaje que realizaba el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, para su amigo Mauricio Macri. Por otro lado saltaron denuncias de agentes arrepentidos, y por otro lado se abrieron otras causas donde están involucrados espías de la AFI, periodistas y funcionarios judiciales.
 
El oculto mundo del espionaje sistemático que usaba Mauricio Macri como herramienta de poder en su gobierno va surgiendo a la luz para dejar al descubierto un mecanismo prácticamente institucionalizado.
 
El abuso policial va siempre de la mano del espionaje. Sucedió en la dictadura y sucede con todos los regímenes autoritarios. La doctrina Chocobar, que hizo estragos en la ideología de las fuerzas de seguridad, está necesariamente entrelazada con la idea de control social. Y el espionaje es otro mecanismo que funciona con ese objetivo. El gobernante tiene que saber (lo que hacen los demás) y controlar y no dejar que se sepa lo que hace ni que se controle.
 
Las dos herramientas tan funestas para la democracia constituyen una tentación para cualquier gobierno. Alberto Fernández ha dicho que se llegará hasta el final con la investigación del espionaje durante el gobierno macrista. Y de la misma forma tendrá que abordar el diseño de nuevas políticas sobre seguridad que involucren a fuerzas policiales democráticas.
 
Para apuntalar la idea de impunidad, Patricia Bullrich dijo que "no vamos a tirar todos los días un gendarme por la ventana". No se trata de eso. Pero los asesinos y abusadores, sean policías, gendarmes o prefectos, tienen que ir presos.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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