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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 05-06-2020 / 12:06
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Amores y odios empresariales en la Argentina Unida Pero Ajustada

Amores y odios empresariales en la Argentina Unida Pero Ajustada
Con reservas menguantes pese a que el control de cambios es cada vez más severo, el Gobierno optó por el racionamiento para no convalidar una devaluación que -todos coinciden- generaría inflación.
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

 
Rápidos de reflejos, los empresarios interpretaron la frase al revés: quienes no importen esos insumos para las fábricas sí van a tener problemas para hacerse de dólares mientras sigan escaseando. No fue casual que la Cámara de Comercio (CAC) haya decidido quejarse anoche por escrito por la resolución 7030 del Central. Casi una semana después, como si hubieran aguardado hasta saber a quién apuntaba la medida.
 
La realidad es que, con reservas menguantes pese a que el control de cambios es cada vez más severo, el Gobierno optó por el racionamiento para no convalidar una devaluación que -todos coinciden- generaría inflación. No ayudó, por supuesto, haber dilatado tanto la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Es un milhojas de crisis: la estructural, la heredada de Macri, la derivada de errores propios y la que generó la pandemia.
 
El torniquete de Pesce cumplió su rol, porque ayer el Central compró U$S 65 millones y en una semana recuperó más de U$S 500 millones. Pero los técnicos de la UIA que acompañaron a Acevedo a la videoconferencia de ayer le advirtieron otro riesgo: que si alguna empresa termina pagando importaciones al precio del contado con liqui (el mecanismo vía bonos que les permite comprar sin límites), habrá "contaminación cruzada" de tipos de cambio. Es decir, precios que sigan a ese dólar paralelo, que hoy ronda los $110. Algo que en 2015 no pasaba, como confirmó la devaluación del oficial con la que debutaron Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger.
 
 
Criterios
  
Los buenos y los malos a los ojos de los dueños de las fábricas, en realidad, vienen trabajando sigilosa y coordinadamente para cerrar las rendijas por las cuales se filtran divisas en medio de la cuarentena. El 12 de mayo, Marcó del Pont envió a la directora de Aduanas, Silvia Traverso, a una reunión con el vice del Central, Sergio Woyecheszen. También acudió el secretario de Industria, Ariel Schale, en representación de Kulfas. Ahí empezaron a definirse las últimas restricciones.
 
Del cruce de los datos de la Aduana y el Central salió el informe que convenció a Alberto de endurecer el cepo: entre abril y mayo se pagaron importaciones por 30% más del volumen realmente importado. En otros términos, se importó por U$S 5.800 millones y los importadores accedieron a divisas por U$S 7.500 millones. La diferencia la explica una práctica habitual de las épocas de controles de cambios: la sobrefacturación de importaciones. Es la contracara de la subfacturación de exportaciones, que también drena reservas del Central. ¿El resultado? Del superávit comercial de U$S 1.411 millones que registró el INDEC para abril, al país no entró ni un dólar.
 
Hubo otro dato de ese paper que sorprendió al Presidente. De los 24.000 CUITs que registran operaciones de comercio exterior habitualmente, casi 9.000 quedaron en la mira como sospechosos de haber sobrefacturado compras al exterior durante la cuarentena. No necesariamente habrá sanciones, pero el dato llegó a todos los escritorios que importan. Y Kulfas confirmó algo más: que algunos de esos agentes compraron dólares vía bolsa, los ingresaron al país, los cambiaron por pesos y después compraron en el mercado oficial más barato. Como el "puré" que hace la clase media con los 200 dólares mensuales para embolsar la diferencia con el blue, pero a gran escala.
 
Aunque retribuye las sonrisas de Acevedo, Marcó del Pont se muestra tan partidaria como Pesce y Kulfas de reforzar los controles. El mes pasado repuso los precios mínimos y de referencia fijados por la Aduana para las exportaciones. Durante el gobierno de Macri se había reducido un 20% la cantidad de productos regidos por esos valores criterio, de 24.000 a unos 19.000.
 
 
Desinflación y valor
  
La esperanza a la que se aferra el Gobierno es a que la inflación siga en descenso. Hoy el Central difundirá su Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que por primera vez indica que las consultoras privadas proyectan menos del 40% de inflación para 2020. El promedio dio 38%, pero hay algunas de las 10 líderes que ya prevén un 30%. Algo impensable a principios de año y muy sorprendente para los economistas ortodoxos, porque se da en paralelo al mayor pico de emisión monetaria de los últimos 30 años.
 
Los precios siguen congelados hasta el 30 de junio, con la excepción de frescos y estacionales. Ante Comercio Interior no hay reclamos masivos para actualizarlos. Tampoco presiones mayores a las habituales. Lo que sí irrita a algunos empresarios es el rol de Martín Guzmán. No tanto por sus políticas sino porque en privado les dice lo mismo que en público. "Para volver a escucharlo hablar sobre consistencia macroeconómica y sustentabilidad ni me tomo el trabajo de abrir un Zoom otra vez", le dijo a BAE Negocios uno de los que lo vio en persona esta semana.
 
Esos precios, sin embargo, están planchados no tanto por el congelamiento como por la recesión rampante que disimula el aislamiento social obligatorio. Y nada está barato para quienes dejaron de cobrar el sueldo completo, que son muchos más que los que admite el Ministerio de Trabajo.
 
Pasó en todas las fábricas de cerámicos y azulejos, por ejemplo, porque los empresarios pagaron solo el 75% de los sueldos escudados en el acuerdo entre la CGT y la UIA aun cuando no había sido avalado por el gremio de ceramistas. Claudio Moroni, el ministro nacional, no intimó a ninguna a pagar el 100% del sueldo, aunque habría correspondido que lo hiciera. Sí lo hizo Mara Ruiz Malec, la ministra de Trabajo bonaerense, en las plantas ubicadas bajo su jurisdicción.
 
En Ceramica Cormela, una planta de Campana, la diferencia de criterios entre Nación y provincia se hizo sentir físicamente. Anteayer, los empleados solo habían cobrado los $33.750 del programa ATP y unos pocos pesos más. Se instalaron en la reja "amigablemente" para que no saquen mercadería. La respuesta del dueño fue enviar a una escribana que llegó escoltada por gendarmes. Es decir, efectivos de una fuerza federal. Como la Guardia Nacional que procura desplegar Donald Trump contra la voluntad de algunos gobernadores estadoundenses.
 
La pregunta crucial, más que cuánto dura la cuarentena, es cómo planea el Gobierno reactivar la producción y el empleo una vez que haya pasado la pandemia. ¿Planea hacerlo con los sueldos de 2019, un 20% inferiores a los de 2015 en términos reales? ¿Acaso con salarios todavía peores, si Moroni sigue dilatando esta ronda de paritarias y tolerando rebajas ilegales? ¿Será el gasto público la única locomotora de la actividad, con las exportaciones en jaque por la parálisis global del comercio? ¿Y cuando haya que salir a aspirar parte de los pesos que imprimió Pesce para financiar el rescate?
 
"Locomotora no hay ninguna. Va a haber que inventarla", respondió anoche a este diario uno de los ministros del área económica. El Presidente, mientras tanto, estiraba otra vez el aislamiento.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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