00:06 | Lunes 05 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 05-06-2020 / 12:06

PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Amores y odios empresariales en la Argentina Unida Pero Ajustada

Con reservas menguantes pese a que el control de cambios es cada vez más severo, el Gobierno optó por el racionamiento para no convalidar una devaluación que -todos coinciden- generaría inflación.

Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!

Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.

La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.

Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).

El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.

Rápidos de reflejos, los empresarios interpretaron la frase al revés: quienes no importen esos insumos para las fábricas sí van a tener problemas para hacerse de dólares mientras sigan escaseando. No fue casual que la Cámara de Comercio (CAC) haya decidido quejarse anoche por escrito por la resolución 7030 del Central. Casi una semana después, como si hubieran aguardado hasta saber a quién apuntaba la medida.

La realidad es que, con reservas menguantes pese a que el control de cambios es cada vez más severo, el Gobierno optó por el racionamiento para no convalidar una devaluación que -todos coinciden- generaría inflación. No ayudó, por supuesto, haber dilatado tanto la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Es un milhojas de crisis: la estructural, la heredada de Macri, la derivada de errores propios y la que generó la pandemia.

El torniquete de Pesce cumplió su rol, porque ayer el Central compró U$S 65 millones y en una semana recuperó más de U$S 500 millones. Pero los técnicos de la UIA que acompañaron a Acevedo a la videoconferencia de ayer le advirtieron otro riesgo: que si alguna empresa termina pagando importaciones al precio del contado con liqui (el mecanismo vía bonos que les permite comprar sin límites), habrá "contaminación cruzada" de tipos de cambio. Es decir, precios que sigan a ese dólar paralelo, que hoy ronda los $110. Algo que en 2015 no pasaba, como confirmó la devaluación del oficial con la que debutaron Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger.

Criterios

Los buenos y los malos a los ojos de los dueños de las fábricas, en realidad, vienen trabajando sigilosa y coordinadamente para cerrar las rendijas por las cuales se filtran divisas en medio de la cuarentena. El 12 de mayo, Marcó del Pont envió a la directora de Aduanas, Silvia Traverso, a una reunión con el vice del Central, Sergio Woyecheszen. También acudió el secretario de Industria, Ariel Schale, en representación de Kulfas. Ahí empezaron a definirse las últimas restricciones.

Del cruce de los datos de la Aduana y el Central salió el informe que convenció a Alberto de endurecer el cepo: entre abril y mayo se pagaron importaciones por 30% más del volumen realmente importado. En otros términos, se importó por U$S 5.800 millones y los importadores accedieron a divisas por U$S 7.500 millones. La diferencia la explica una práctica habitual de las épocas de controles de cambios: la sobrefacturación de importaciones. Es la contracara de la subfacturación de exportaciones, que también drena reservas del Central. ¿El resultado? Del superávit comercial de U$S 1.411 millones que registró el INDEC para abril, al país no entró ni un dólar.

Hubo otro dato de ese paper que sorprendió al Presidente. De los 24.000 CUITs que registran operaciones de comercio exterior habitualmente, casi 9.000 quedaron en la mira como sospechosos de haber sobrefacturado compras al exterior durante la cuarentena. No necesariamente habrá sanciones, pero el dato llegó a todos los escritorios que importan. Y Kulfas confirmó algo más: que algunos de esos agentes compraron dólares vía bolsa, los ingresaron al país, los cambiaron por pesos y después compraron en el mercado oficial más barato. Como el "puré" que hace la clase media con los 200 dólares mensuales para embolsar la diferencia con el blue, pero a gran escala.

Aunque retribuye las sonrisas de Acevedo, Marcó del Pont se muestra tan partidaria como Pesce y Kulfas de reforzar los controles. El mes pasado repuso los precios mínimos y de referencia fijados por la Aduana para las exportaciones. Durante el gobierno de Macri se había reducido un 20% la cantidad de productos regidos por esos valores criterio, de 24.000 a unos 19.000.

Desinflación y valor

La esperanza a la que se aferra el Gobierno es a que la inflación siga en descenso. Hoy el Central difundirá su Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que por primera vez indica que las consultoras privadas proyectan menos del 40% de inflación para 2020. El promedio dio 38%, pero hay algunas de las 10 líderes que ya prevén un 30%. Algo impensable a principios de año y muy sorprendente para los economistas ortodoxos, porque se da en paralelo al mayor pico de emisión monetaria de los últimos 30 años.

Los precios siguen congelados hasta el 30 de junio, con la excepción de frescos y estacionales. Ante Comercio Interior no hay reclamos masivos para actualizarlos. Tampoco presiones mayores a las habituales. Lo que sí irrita a algunos empresarios es el rol de Martín Guzmán. No tanto por sus políticas sino porque en privado les dice lo mismo que en público. "Para volver a escucharlo hablar sobre consistencia macroeconómica y sustentabilidad ni me tomo el trabajo de abrir un Zoom otra vez", le dijo a BAE Negocios uno de los que lo vio en persona esta semana.

Esos precios, sin embargo, están planchados no tanto por el congelamiento como por la recesión rampante que disimula el aislamiento social obligatorio. Y nada está barato para quienes dejaron de cobrar el sueldo completo, que son muchos más que los que admite el Ministerio de Trabajo.

Pasó en todas las fábricas de cerámicos y azulejos, por ejemplo, porque los empresarios pagaron solo el 75% de los sueldos escudados en el acuerdo entre la CGT y la UIA aun cuando no había sido avalado por el gremio de ceramistas. Claudio Moroni, el ministro nacional, no intimó a ninguna a pagar el 100% del sueldo, aunque habría correspondido que lo hiciera. Sí lo hizo Mara Ruiz Malec, la ministra de Trabajo bonaerense, en las plantas ubicadas bajo su jurisdicción.

En Ceramica Cormela, una planta de Campana, la diferencia de criterios entre Nación y provincia se hizo sentir físicamente. Anteayer, los empleados solo habían cobrado los $33.750 del programa ATP y unos pocos pesos más. Se instalaron en la reja "amigablemente" para que no saquen mercadería. La respuesta del dueño fue enviar a una escribana que llegó escoltada por gendarmes. Es decir, efectivos de una fuerza federal. Como la Guardia Nacional que procura desplegar Donald Trump contra la voluntad de algunos gobernadores estadoundenses.

La pregunta crucial, más que cuánto dura la cuarentena, es cómo planea el Gobierno reactivar la producción y el empleo una vez que haya pasado la pandemia. ¿Planea hacerlo con los sueldos de 2019, un 20% inferiores a los de 2015 en términos reales? ¿Acaso con salarios todavía peores, si Moroni sigue dilatando esta ronda de paritarias y tolerando rebajas ilegales? ¿Será el gasto público la única locomotora de la actividad, con las exportaciones en jaque por la parálisis global del comercio? ¿Y cuando haya que salir a aspirar parte de los pesos que imprimió Pesce para financiar el rescate?

"Locomotora no hay ninguna. Va a haber que inventarla", respondió anoche a este diario uno de los ministros del área económica. El Presidente, mientras tanto, estiraba otra vez el aislamiento.

Por Alejandro Bercovich

Fuente: BAE Negocios

04-01-2026 / 17:01

Trump consuma otro ciclo imperialista con la fuerza como único argumento

La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".

El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.

"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.