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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 30-05-2020 / 07:05
AHORA ES “VIVA EL VIRUS”

Campaña mediática de fanáticos ultramacristas famosos contra la cuarentena

Campaña mediática de fanáticos ultramacristas famosos contra la cuarentena
Denuncian una "infectadura" y que la democracia "está en peligro". Parece una joda pero no. En plena pandemia por el coronavirus, unos 300 ultra macristas y libertarios firmaron un desopilante documento contra la cuarentena en el que denunciaron que la Argentina vive una “infectadura”, un disparate que despertó todo tipo de reacciones burlescas. En las imágenes: Juan José Sebreli, Sandra Pitta, Luis Brandoni y Santiago Kovadloff, son algunas de los supuestos intelectuales que firmaron un delirante documento.
Susana Giménez, Maximiliano Guerra, Oscar Martínez, Juan José Sebreli son algunos de los nombres que alimentan la inverosímil ofensiva opositora contra las medidas sanitarias del Gobierno. Para hacerlo ignoran elementos centrales de la realidad actual y aquella que los convocaba durante el gobierno de Macri.
 
La empleada doméstica de una casa de Retiro cuya empleadora había regresado de Alemania, vive en la villa Mugica, en una habitación con su marido y sus padres y comparte el baño con otras 13 personas. Ella fue la primera contagiada por el virus en la villa. Y su madre, Toribia Balbuena, de 84 años, la primera víctima fatal.
 
Fue a principios de mayo cuando el gobierno de CABA no había aplicado un protocolo de cuarentena real en la villa. Otras tres muertes por la epidemia en la villa fueron dirigentes sociales que sostenían comedores populares, los tres, menores de 60 años.
 
Hay una campaña mediática de macristas famosos, como Maximiliano Guerra, Susana Giménez y Juan José Sebreli contra la cuarentena. Se sumaron así al actor Oscar Martínez que afirmó que amigos suyos mayores de 70 años se habían auto contagiado el virus para inmunizarse.
 
Estos personajes tendrían que explicarle sus argumentos contra la cuarentena a la señora Balbuena, a Ramona Medina, a Víctor Giracoy, a Agustín Navarro y a otros centenares de personas. Pero no podrán hacerlo porque estas personas murieron contagiadas por el virus.
 
Martínez tendría que demostrar que su anécdota no fue simple mala fe y que realmente cree tanto en esa afirmación que está dispuesto a cumplirla. Sebreli proclamó con indignación que un policía no lo dejó pasear por una plaza. La próxima vez que vaya a una plaza por favor que se saque una fotografía. No le vamos a creer hasta verlo.
 
Sebreli no habló de la villa Mugica, que está en la CABA, sino de la Villa Azul, que está en Quilmes y fue abandonada a su suerte por la gestión anterior del intendente macrista Martiniano Molina, pero que ahora fue desplazado por la intendenta Mayra Mendoza, de La Cámpora. Sebreli no es un viejito que habla con inocencia. Sabe perfectamente porqué no habla de las villas de CABA que tienen mil veces más infectados. 
 

 
Y Sebreli dijo que la villa Azul "es el gheto de Varsovia" argentino. "Allí no se van a morir por el virus --dijo-- se van a morir de hambre". A diferencia de lo que sucede en la CABA, la intendenta Mendoza y el gobernador Axel Kiciloff visitaron la villa de cinco mil habitantes, que fue aislada en un intento de evitar que el contagio se transmita a la villa Itatí, que tiene más de 25 mil habitantes.
 
La intendenta y el gobernador se internaron en la villa Azul provistos del equipo que utiliza el personal sanitario. Hablaron con los vecinos y pasaron revista a las acciones de contención social. No sucedió lo mismo en la CABA, donde la gestión macrista ni siquiera separó al funcionario responsable por la criminal falta de agua.
 
Y la gestión de alimentos en la villa Azul se hace entre la intendencia y los movimientos sociales. Es más fácil, porque es una villa chica. Y lo más probable es que, a pesar de las precauciones, la epidemia se extienda hacia asentamientos más grandes donde es mucho más difícil gestionar la cuarentena. Esa fue la razón de la desesperación de Kiciloff y su ministro de Salud, Daniel Gollán.
 
Sebreli habló de la Villa Azul por astucia política o llevado por los periodistas. Y en cualquier caso eligieron mal porque de esa manera se convirtieron en propagandistas del kirchnerismo.
 
Ese asentamiento está dividido por la calle Caviglia. Hay una villa miseria muy pobre del lado de Quilmes que estuvo gobernado por el macrismo hasta principios de año. Del lado de Avellaneda la villa fue urbanizada con casitas de dos pisos y patio o jardín, con centro de salud y centro deportivo.
 
Avellaneda es gestionada desde hace varios años por el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, hijo de un sindicalista luchador de la resistencia peronista. Ferraresi es dirigente del Instituto Patria que encabeza la ex presidenta Cristina Kirchner.
 
La diferencia entre la villa miseria en Quilmes y un barrio de casitas dignas en Avellaneda es abrumadora. Allí apuntaron Sebreli y los periodistas de La Nación, solamente para cuestionar a Kiciloff y Mendoza.
 
Sebreli equiparó la cuarentena con una "detención domiciliaria" y acusó a Alberto Fernández de convertirla en una "cuarentena política". Pero los que politizaron la cuarentena fueron este personaje y los demás cuyo discurso tiene solamente esa intención.
 
Las redes se inundaron con este tipo de declaraciones. Patricia Bullrich se sumó y dijo que la cuarentena es de "izquierda fascista o de derecha stalinista". Maximiliano Guerra, dijo que la medida contra la epidemia es claramente "comunista" y Susana Giménez aseguró que "nos llevan a ser como Venezuela".
 
Es un momento delicado. Es un punto de inflexión en el que las personas empiezan a sentir el esfuerzo, tanto en el aislamiento como en la economía, pero al mismo tiempo es cuando la epidemia está llegando al punto más alto de la curva de contagios.
 
La farándula y los intelectuales macristas aprovecharon esta situación de vulnerabilidad para acusar a Alberto Fernández de conculcar las libertades. Por supuesto que la cuarentena implica restricción de libertades y otras calamidades que si se mantienen más allá de la situación de excepción configurarían una verdadera dictadura.
 
Pero hay una situación extraordinaria y de peso. Y además, no hay una sola cuarentena. En realidad cada provincia aplica una modalidad diferente. La mitad del total de infectados del país está en la CABA y el Conurbano y por lo tanto allí la medida tiene que ser más rigurosa.
 
Hasta casi podría decirse que hay tantas modalidades de aplicación, como ciudades hay en el territorio. Pero no hay argumento más fuerte que el descalabro mundial que ha producido la epidemia que estos energúmenos tratan de subestimar para atacar la figura de Alberto Fernández.
 
"Juicio y castigo a los infectólogos" arengaba una de las manifestantes anticuarentena del martes. Cuando una causa se desliza a expresiones imbéciles pone en evidencia que no importan los argumentos. Se supone que varios de ellos son personas inteligentes. Saben que no tienen razón, que la epidemia es grave y que sería criminal levantar la cuarentena.
 
Julio Cortázar escribió que "en algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones". No tiene sentido discutir si la epidemia es grave o si la cuarentena no es necesaria. Si lo niegan será por sus propios egoísmos, o prejuicios o por el interés de erosionar a alguien que fue elegido en forma democrática pero con quien desacuerdan. Claro que la forma de hacerlo es criminal, no se puede convocar a la población a infectarse.
 
Si les preocuparan las libertades no apoyarían al régimen de espionaje del gobierno macrista que está quedando al descubierto. En la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla, hay tres agentes de inteligencia, un periodista y un fiscal involucrados en prácticas extorsivas contra empresarios. A veces por interés en metálico y otras para obligarlos a declarar en contra de disidentes políticos.
 
Era un gobierno que entregaba a los periodistas ultramacristas las escuchas telefónicas a opositores; y hay un archivo entero con mensajes espiados de artistas, dirigentes políticos y empresarios. Hasta un arrepentido se presentó dispuesto a informar la manera en que el macrismo espiaba a todo el mundo.
 
Es como dijo Marcelo Tinelli: "Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la Afip. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse".
 
Con todos estos antecedentes, Mauricio Macri acaba de ser imputado por el fiscal Jorge Di Lello en una causa por espionaje junto con su jefe de espías, su amigo Gustavo Arribas. El sistema que había implantado a través de su amigo convertía a la Argentina en el país del Gran Hermano de George Orwell. No hay excesos ni bandas descontroladas, sino una cadena de mando que usaba el espionaje como sistema de poder.
 
Si esta gente, como Sebreli, están tan preocupados por las libertades y garantías constitucionales, antes de criticar una medida sanitaria de carácter extraordinario, tendrían que preocuparse por el régimen que apoyaron y por la gente que los aconseja.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

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