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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 30-05-2020 / 07:05
AHORA ES “VIVA EL VIRUS”

Campaña mediática de fanáticos ultramacristas famosos contra la cuarentena

Campaña mediática de fanáticos ultramacristas famosos contra la cuarentena
Denuncian una "infectadura" y que la democracia "está en peligro". Parece una joda pero no. En plena pandemia por el coronavirus, unos 300 ultra macristas y libertarios firmaron un desopilante documento contra la cuarentena en el que denunciaron que la Argentina vive una “infectadura”, un disparate que despertó todo tipo de reacciones burlescas. En las imágenes: Juan José Sebreli, Sandra Pitta, Luis Brandoni y Santiago Kovadloff, son algunas de los supuestos intelectuales que firmaron un delirante documento.
Susana Giménez, Maximiliano Guerra, Oscar Martínez, Juan José Sebreli son algunos de los nombres que alimentan la inverosímil ofensiva opositora contra las medidas sanitarias del Gobierno. Para hacerlo ignoran elementos centrales de la realidad actual y aquella que los convocaba durante el gobierno de Macri.
 
La empleada doméstica de una casa de Retiro cuya empleadora había regresado de Alemania, vive en la villa Mugica, en una habitación con su marido y sus padres y comparte el baño con otras 13 personas. Ella fue la primera contagiada por el virus en la villa. Y su madre, Toribia Balbuena, de 84 años, la primera víctima fatal.
 
Fue a principios de mayo cuando el gobierno de CABA no había aplicado un protocolo de cuarentena real en la villa. Otras tres muertes por la epidemia en la villa fueron dirigentes sociales que sostenían comedores populares, los tres, menores de 60 años.
 
Hay una campaña mediática de macristas famosos, como Maximiliano Guerra, Susana Giménez y Juan José Sebreli contra la cuarentena. Se sumaron así al actor Oscar Martínez que afirmó que amigos suyos mayores de 70 años se habían auto contagiado el virus para inmunizarse.
 
Estos personajes tendrían que explicarle sus argumentos contra la cuarentena a la señora Balbuena, a Ramona Medina, a Víctor Giracoy, a Agustín Navarro y a otros centenares de personas. Pero no podrán hacerlo porque estas personas murieron contagiadas por el virus.
 
Martínez tendría que demostrar que su anécdota no fue simple mala fe y que realmente cree tanto en esa afirmación que está dispuesto a cumplirla. Sebreli proclamó con indignación que un policía no lo dejó pasear por una plaza. La próxima vez que vaya a una plaza por favor que se saque una fotografía. No le vamos a creer hasta verlo.
 
Sebreli no habló de la villa Mugica, que está en la CABA, sino de la Villa Azul, que está en Quilmes y fue abandonada a su suerte por la gestión anterior del intendente macrista Martiniano Molina, pero que ahora fue desplazado por la intendenta Mayra Mendoza, de La Cámpora. Sebreli no es un viejito que habla con inocencia. Sabe perfectamente porqué no habla de las villas de CABA que tienen mil veces más infectados. 
 

 
Y Sebreli dijo que la villa Azul "es el gheto de Varsovia" argentino. "Allí no se van a morir por el virus --dijo-- se van a morir de hambre". A diferencia de lo que sucede en la CABA, la intendenta Mendoza y el gobernador Axel Kiciloff visitaron la villa de cinco mil habitantes, que fue aislada en un intento de evitar que el contagio se transmita a la villa Itatí, que tiene más de 25 mil habitantes.
 
La intendenta y el gobernador se internaron en la villa Azul provistos del equipo que utiliza el personal sanitario. Hablaron con los vecinos y pasaron revista a las acciones de contención social. No sucedió lo mismo en la CABA, donde la gestión macrista ni siquiera separó al funcionario responsable por la criminal falta de agua.
 
Y la gestión de alimentos en la villa Azul se hace entre la intendencia y los movimientos sociales. Es más fácil, porque es una villa chica. Y lo más probable es que, a pesar de las precauciones, la epidemia se extienda hacia asentamientos más grandes donde es mucho más difícil gestionar la cuarentena. Esa fue la razón de la desesperación de Kiciloff y su ministro de Salud, Daniel Gollán.
 
Sebreli habló de la Villa Azul por astucia política o llevado por los periodistas. Y en cualquier caso eligieron mal porque de esa manera se convirtieron en propagandistas del kirchnerismo.
 
Ese asentamiento está dividido por la calle Caviglia. Hay una villa miseria muy pobre del lado de Quilmes que estuvo gobernado por el macrismo hasta principios de año. Del lado de Avellaneda la villa fue urbanizada con casitas de dos pisos y patio o jardín, con centro de salud y centro deportivo.
 
Avellaneda es gestionada desde hace varios años por el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, hijo de un sindicalista luchador de la resistencia peronista. Ferraresi es dirigente del Instituto Patria que encabeza la ex presidenta Cristina Kirchner.
 
La diferencia entre la villa miseria en Quilmes y un barrio de casitas dignas en Avellaneda es abrumadora. Allí apuntaron Sebreli y los periodistas de La Nación, solamente para cuestionar a Kiciloff y Mendoza.
 
Sebreli equiparó la cuarentena con una "detención domiciliaria" y acusó a Alberto Fernández de convertirla en una "cuarentena política". Pero los que politizaron la cuarentena fueron este personaje y los demás cuyo discurso tiene solamente esa intención.
 
Las redes se inundaron con este tipo de declaraciones. Patricia Bullrich se sumó y dijo que la cuarentena es de "izquierda fascista o de derecha stalinista". Maximiliano Guerra, dijo que la medida contra la epidemia es claramente "comunista" y Susana Giménez aseguró que "nos llevan a ser como Venezuela".
 
Es un momento delicado. Es un punto de inflexión en el que las personas empiezan a sentir el esfuerzo, tanto en el aislamiento como en la economía, pero al mismo tiempo es cuando la epidemia está llegando al punto más alto de la curva de contagios.
 
La farándula y los intelectuales macristas aprovecharon esta situación de vulnerabilidad para acusar a Alberto Fernández de conculcar las libertades. Por supuesto que la cuarentena implica restricción de libertades y otras calamidades que si se mantienen más allá de la situación de excepción configurarían una verdadera dictadura.
 
Pero hay una situación extraordinaria y de peso. Y además, no hay una sola cuarentena. En realidad cada provincia aplica una modalidad diferente. La mitad del total de infectados del país está en la CABA y el Conurbano y por lo tanto allí la medida tiene que ser más rigurosa.
 
Hasta casi podría decirse que hay tantas modalidades de aplicación, como ciudades hay en el territorio. Pero no hay argumento más fuerte que el descalabro mundial que ha producido la epidemia que estos energúmenos tratan de subestimar para atacar la figura de Alberto Fernández.
 
"Juicio y castigo a los infectólogos" arengaba una de las manifestantes anticuarentena del martes. Cuando una causa se desliza a expresiones imbéciles pone en evidencia que no importan los argumentos. Se supone que varios de ellos son personas inteligentes. Saben que no tienen razón, que la epidemia es grave y que sería criminal levantar la cuarentena.
 
Julio Cortázar escribió que "en algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones". No tiene sentido discutir si la epidemia es grave o si la cuarentena no es necesaria. Si lo niegan será por sus propios egoísmos, o prejuicios o por el interés de erosionar a alguien que fue elegido en forma democrática pero con quien desacuerdan. Claro que la forma de hacerlo es criminal, no se puede convocar a la población a infectarse.
 
Si les preocuparan las libertades no apoyarían al régimen de espionaje del gobierno macrista que está quedando al descubierto. En la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla, hay tres agentes de inteligencia, un periodista y un fiscal involucrados en prácticas extorsivas contra empresarios. A veces por interés en metálico y otras para obligarlos a declarar en contra de disidentes políticos.
 
Era un gobierno que entregaba a los periodistas ultramacristas las escuchas telefónicas a opositores; y hay un archivo entero con mensajes espiados de artistas, dirigentes políticos y empresarios. Hasta un arrepentido se presentó dispuesto a informar la manera en que el macrismo espiaba a todo el mundo.
 
Es como dijo Marcelo Tinelli: "Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la Afip. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse".
 
Con todos estos antecedentes, Mauricio Macri acaba de ser imputado por el fiscal Jorge Di Lello en una causa por espionaje junto con su jefe de espías, su amigo Gustavo Arribas. El sistema que había implantado a través de su amigo convertía a la Argentina en el país del Gran Hermano de George Orwell. No hay excesos ni bandas descontroladas, sino una cadena de mando que usaba el espionaje como sistema de poder.
 
Si esta gente, como Sebreli, están tan preocupados por las libertades y garantías constitucionales, antes de criticar una medida sanitaria de carácter extraordinario, tendrían que preocuparse por el régimen que apoyaron y por la gente que los aconseja.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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